¿Austeridad?

ALGUNOS medios de comunicación se apresuran a poner el grito en el cielo y bramar contra los presupuestos que Canarias tendrá que aprobar, señalando el exacto culpable de que tal cosa ocurra: Madrid y el Gobierno de Mariano Rajoy. No es extraño que compren siempre la misma mercancía averiada que Paulino Rivero. Entre esos mensajes de alarma se nos ha dicho que los presupuestos volverán a los niveles de 2007. Resulta que ese es el último año de expansión económica y aún habrían de pasar unos cuantos antes de que nuestros siempre prudentes dirigentes tomasen nota de lo que se avecinaba. En el periodo que va de 1996 a 2007, España aumentó su gasto público un 100%, mientras que en esa misma etapa, Alemania lo hacía un 12%. Cierto es que todo parecía fiesta, los ingresos nunca terminaban y aunque fuesen fruto de una frenética actividad inmobiliaria (y por tanto finita), los gastos de la administración se iban consolidando. Ayudaba que nuestra deuda pública era baja en comparación con los países de nuestro entorno, nos financiábamos sin problemas y estaban lejos los tiempos en que viniese el organizador de la fiesta a retirar el ponche, en afortunada expresión (acaso la única) de Alan Greenspan.

Ahora es cuando vienen los problemas; la administración se encuentra tal si fuera el último año de la borrachera crediticia pero los operadores privados están mucho peor, aunque no parece que repare nadie en ellos. El sector del automóvil se mueve en niveles de 1990, el de la construcción como si estuviese en 1992 (en medio de otra crisis) y el turístico alcanzó el año pasado el mismo nivel que en 2001 (12 millones de turistas) pero por diversos factores tales como la primavera árabe o la rebaja de las tasas aéreas, pero sin la rentabilidad de entonces. El sector privado ha hecho su ajuste pero no parece que el público siga su ritmo, lo que nos impide soltar un lastre que es vital para avanzar. El presupuesto presentado en el parlamento avanza alguna subida de impuestos, la creación de nuevas figuras tributarias o el estudio de otras (esa idea disparatada de imponer una tasa turística) como forma de compensar el escaso esfuerzo que hace la administración, motivado por la pérdida de transferencias desde Madrid y no como convicción en que se hace lo correcto. El muchas veces citado estudio de Alesina(Universidad de Harvard) y Perotti (Universidad Milán) sobre consolidaciones fiscales muestra que aquellas que son más efectivas son las que reducen el gasto y no las que suben los impuestos. Rivero y su gobierno ya han subido el tramo autonómico del IRPF, el IGIC (un 40% de golpe), tasas e impuestos sinfín sin que nuestra yerta economía dé señales de mejoría. Va siendo hora de que contemple podar de verdad el aparataje administrativo que ellos mismos se han creado para satisfacer a tanto conmilitón. Y por una vez, cumplir con su histórica responsabilidad, abandonando esa imagen lastimosa y pedigüeña que tanto daño nos está haciendo.

Original publicado en el periódico ABC

Hotel Oasis

La capacidad que tiene la sociedad canaria para inmiscuirse en propiedad ajena es realmente llamativa. No solo existen un montón de normas que tienen a su disposición burócratas y políticos de toda laya y que son usadas para generar una escasez artificial, sino que cualquier colectivo e incluso medios de comunicación puede instar la actuación gubernamental sin aparente dificultad. Todo este ejercicio de planificación que pasa por el alto su esencia: es la supresión que hacen las autoridades de los planes de otras personas, imponiéndoles un plan colectivo creado por burócratas, armados con la fuerza de la ley y, por supuesto, exentos de pagar los costes que estos planes colectivos suponen a los individuos. Bastiat decía que todos los planificadores son iguales, lo que cambian son los planes. Y efectivamente, da igual que sean arquitectos, miembros de academias de las bellas artes, políticos o periodistas, aquí todo el mundo parece que tiene un plan que, encima, cuenta en público. ¡Qué impudicia!

Tal es lo que ocurre con el Hotel Oasis en el sur de Gran Canaria. Su empresa propietaria, acogiéndose a una norma que ninguno de los «abajo firmantes» impugnó, pretende demolerlo para crear uno nuevo,más acorde con los tiempos y demandas de sus clientes, invirtiendo la nada desdeñable cantidad de 46 millones de euros, en unos momentos en que nadie o casi nadie quiere hacerlo aquí. Surgen algunas voces que pretenden impedirlo, diciéndole al propietario qué tiene que hacer con el inmueble para evitar que su valor histórico desaparezca. Incluso, un editorial periodístico apuntaba que la solución pasaba por buscar compensaciones a los propietarios por esas limitaciones a sus planes iniciales, en «aras de la integridad de esta gran pieza hotelera, en la que tantos grancanarios, peninsulares y europeos han tenido vivencias memorables». A decir verdad, todos estos asuntos emocionales son meramente subjetivos, incluso la de aquellos que defienden que será una pérdida irreparable para el patrimonio cultural por su importancia como uno de los principales ejemplos de la arquitectura moderna de Canarias, junto a algunos edificios más. Uno de ellos, por cierto, el Cabildo de Gran Canaria, que no parece que sea el mejor ejemplo de actuación a seguir tras su remodelación.

Disgusta a gente tan sensible que las infraestructuras hoteleras sean de usar y tirar, como si un empresario hiciera otra cosa distinta que satisfacer necesidades presentes y futuras en un mercado dinámico y cambiante. Sin embargo, si tan convencidos están de que merece la pena salvar el Hotel Oasis, el mercado les otorga una solución que deberían considerar urgentemente: el periódico, los periodistas, los arquitectos y miembros de academias varias deben dejar en paz el dinero de los contribuyentes y lanzar una cuestación popular desde el mismo diario, poniendo ellos dinero y convenciendo a los demás para que lo hagan hasta poder comprar el inmueble. Eso es lo que debe esperarse de quienes creen defender un fin noble, que sean consecuentes con sus acciones y asuman la responsabilidad de sus actos. Todo lo demás, ganas de importunar en una tierra con el ¡¡¡¡34%!!!! de paro.

Publicado originalmente en ABC

Trastornos

La fe que profesa Paulino Rivero en la fuerza de la ley es digna de encomio. Es lo que pasa cuando uno lleva muchos años dedicado en exclusiva a una actividad, que entiende que nada ni nadie puede oponerse a un fin, máxime si éste resulta inobjetable. Por eso ha decidido crear un nuevo órgano, pomposamente llamado «Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos», encargado de resolver los problemas que la propia burocracia ha ido creando en los últimos treinta años de expansión administrativa.

Resulta llamativo leer las apenas tres páginas del BOC en el que se anuncia su nacimiento y la exposición de motivos para hacerlo. Admite que «el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Canarias (...) resulta lastrado por la complejidad de los diferentes procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de inversión». Esto es, el gobierno reconoce la existencia de disfunciones creadas por su propio funcionamiento ordinario, pero para evitarlo no opta por reducir la reglamentación que lo provoca y fomenta, sino decide crear un comité que estudie qué proyectos pueden ser tratados de manera distinta por la misma administración, introduciendo arbitrariedad en el proceso, lo que nunca resulta ser una buena idea.

¿Cuáles serán esas actividades que se salvarán del engorro administrativo? En el artículo 3 de la norma se dice que aquellas de especial relevancia cuantitativa o cualitativa del proyecto de inversión, en la generación de empleos, o de áreas estratégicas que Rivero y su gabinete repiten como pájaros enamorados: energías limpias, innovación, nuevas tecnologías, nuevas áreas de actividad de alto valor añadido o captación de inversiones externas. ¿Qué pasará con los proyectos que no cumplan estos caprichosos requisitos gubernamentales? Seguirán sometidos a una reglamentación tan soviética como caprichosa, empeñada en que no bajen de diez los años que sean necesarios para poner en marcha un campo de golf o un puerto deportivo. Todo esto con un 34% de paro.

Escribió Anthony de Jasay que «interés general es aquel que los políticos dicen que es interés general». Todo este tipo de medidas tratan de hacer creer a la ciudadanía que lo que necesitamos son apuestas del gobierno por sectores estratégicos, en vez de intentar cambiar la forma en que nos ven desde fuera, convertirnos en un lugar amigable para hacer negocios, donde se respeten derechos de propiedad, la administración no tenga una capacidad arbitraria en su actuación ni consideren que puede ofrecerse a los elegidos un seguimiento centralizado (¡ay!) y una interlocución unificada del máximo nivel. Probablemente, esto último sea cierto, a fin de cuentas es el propio presidente quien se ha puesto al frente del mismo comité, quien -confiado en sus capacidades- lo mismo asume la política turística que preside un organismo encargado de señalar con un su infalible dedo y olfato empresarial a los llamados a alcanzar la gloria. O, como decía Ortega y Gasset, «el retorno a la causa del trastorno».

Original publicado en ABC

Obligaciones

UN llamativo titular de primera en un diario canario decía: «La crisis obliga a los canarios a viajar menos». No existe tal cosa como una obligación de viajar, pero hemos llegado a tal punto en los considerados derechos que cualquier cosa constituye uno. Los ciudadanos hacen elecciones que llevan implícitas renuncias, de tal suerte que cuando uno compra un kilo de carne está dejando de comprar igual cantidad de pescado (si sus precios fuesen similares). Por tanto, si una persona deja de viajar es porque asigna un valor menor a esta opción ante los usos alternativos que puede dar a su dinero. Por ejemplo, en vez de salir de vacaciones se queda en casa o tal vez prefiere pasar su descanso en su isla antes de coger un avión y abandonar el Archipiélago, pudiendo existir tantas opciones como personas.

Obsérvese que la noticia dice que la crisis nos hace viajar menos, no que hayamos dejado de hacerlo; de hecho, quienes siguen viajando probablemente asignen a la opción de viajar un alto grado en sus escalas de preferencias personales, siendo otros productos o servicios los que se vean «obligados» a dejar de consumir. No hay nada extraño en ello, salvo el titular de periódico, convertido en un poderoso incentivo para que venga un político a proclamar que nuestra singularidad archipielágica merece una atención especial y que los canarios estamos viendo cercenar nuestro derecho a viajar.

Sin abandonar el sector aéreo, un columnista considera que es una mala noticia la inminente desaparición de Islas Airways, porque consolidará un monopolio en manos de Binter. Observa quien escribe que los monopolios nunca son buenos, ni siquiera aquellos que hacen bien las cosas. Esto es un error considerable porque los monopolios los pueden otorgar los consumidores premiando precisamente la pericia del operador y nada podrá objetarse. Tampoco cabe reprensión ante aquellos empresarios que aspiran a convertirse en monopólicos siempre que lo hagan satisfaciendo los deseos de sus consumidores, en una relación «win-win» donde clientes y empresas ganan. Son los monopolios otorgados por los políticos los que nunca son buenos, porque precisamente los clientes son su mercado cautivo ignorando sus preferencias y el operador se beneficia de prerrogativas y tratos de favor que impiden la aparición de nuevos competidores.

En el caso que nos ocupa, lo importante no es el número de compañías aéreas presentes, sino que las reglas sean los suficientemente abiertas para que si en algún momento Binter dejara de prestar el servicio que viene ofreciendo, se creara una oportunidad competitiva para quien desee aprovecharla. Sin embargo, en Canarias hemos apostado por machacar al operador dominante al margen de los gustos de los clientes, primando la irrupción de competencia generada ex profeso y de la mano del propio Gobierno, hasta el punto de conseguir que el consejero Berriel actúe las más de las veces como portavoz de Islas Airways, incluso en el feo asunto del fraude con los certificados de residencia.

Original publicado en ABC

#Tfesemueve

Como era previsible, el Parlamento Europeo aceptó las enmiendas para la inclusión de Tenerife en la Red Transeuropea de Transporte. Y, de igual forma previsible, pronto se sacó pecho para proclamar urbi et orbe el gran triunfo de la sociedad civil. Vayamos por partes. Difícilmente puede considerarse un triunfo de la sociedad civil un movimiento que estaba claramente capitaneado por el Cabildo de Tenerife. Bien sea por confiar en la preparación y excelente nivel de contactos del vicepresidente Carlos Alonso o bien atendiendo a la legendaria capacidad cabildicia para ser el niño en el bautizo, el novio en la boda o el muerto en el entierro.

Esa presencia política dio pie a ciertos exabruptos que resultaban extraños en boca del resto de integrantes de la plataforma #Tfesemueve. Arremeter contra un operador aéreo que toma decisiones soberanas en función de sus intereses (criticaban que Binter se opusiese enlazar de forma directa Tenerife con destinos en África cuando hasta ahora lo hace eficazmente vía Gran Canaria), alentando viejos prejuicios pleitistas entre islas o faltando a la verdad cuando se permiten anuncios preguntando si queremos en el futuro tener que pasar por Gando para poder viajar a Madrid en avión, lo que en absoluto estaba en cuestión. Un dislate.

Llamativo resulta que toda idea de futuro que podamos plantear siga teniendo que ver con la obtención de financiación para infraestructuras. Estar en la RED supone poder pelear por los 50 mil millones de euros que se van a invertir en los próximos 25 años, un pastel demasiado goloso para dejarlo pasar. Esto en un país que, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos, ocupa el décimo lugar del mundo por calidad de infraestructuras. No hay otra categoría en la que España ocupe una posición tan de privilegio, mucho menos a la hora de contar con libertad económica (puesto 34, según el trabajo conjunto del Cato Institute y del Frasier Institute) o de facilitar la puesta en marcha de una empresa (puesto 44, ‘Doing Business’, del Banco Mundial). Por eso tenemos aeropuertos sin aviones o asistimos impertérritos a debates sobre cobros del 3% sin que la UE se corte a la hora de extender la chequera.

Se nos ha dicho también, que quedándonos fuera, nuestro futuro estaba en entredicho pero nadie parece reparar que nuestro Puerto de Santa Cruz tiene hoy menos tráfico que en 1996, que el Puerto de Granadilla no sale adelante por la pasividad y el miedo de los políticos (por cierto, honestamente, ¿es hoy necesario ese nuevo recinto portuario?), o que desde principio de los noventa el Cabildo nunca ha sabido qué quiere hacer en el Aeropuerto del Sur, más allá de contratar a un arquitecto de fama internacional para el edificio terminal o marear a todo el mundo sobre si convenía más una segunda pista que permitiese operaciones alternativas o simultáneas. Está bien presumir de unidad y logros pero no parece de recibo confundir a quienes han venido siendo parte esencial del problema con una solución de telediario.

Original publicado en ABC

Cerrar el círculo

Da la sensación de que el carácter de Paulino Rivero se va agriando poco a poco. Sus poco meditadas respuestas a las críticas del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, enmarcándolas en una estrategia común con el PP, son tan disparatadas como es usual pero añaden un elemento de preocupación. Descalificando se evita entrar a debatir, acaso lo que pretenden desde el Gobierno. No parece acertado desconsiderar juicios de terceros o atribuirlos a una malévola influencia del ministro Soria, colocando a quien la emite en una posición incómoda como ariete de una visión partidista concreta o cometiendo un delito de lesa patria. Por ahí no debemos pasar puesto que existen motivos suficientes para el reproche a este gobierno empeñado en tener una economía planificada de nuevo cuño pero con los resultados conocidos de pobreza y resignación.

No hay nada pro PP en decir que no es aceptable que un proyecto para construir un campo de golf tarde 10 años en salir adelante o que un muelle deportivo precise de 15 años. Es más, inversiones mimadas por ser políticamente correctas y generosamente subvencionadas, tal es el caso de las energías renovables, requieren de dos años de intenso trabajo administrativo. No resulta extraño que, mientras vemos que Cataluña lanza Barcelona World o Madrid acoge Eurovegas, en Canarias no se abre un hotel nuevo desde el año 2008 y no parece que nadie de fuera tenga la más mínima intención de invertir en este paraíso de la burocracia. ¿Criticar esto es defender la bandera del PP? ¡Ojalá los populares y el resto de partidos con poder suficiente fuesen capaces de acabar con tan delirante situación!

Claro que Rivero también afirma que «lo que quieren los empresarios es que no exista control alguno, que se pueda hacer lo que se quiera en el territorio aprovechando la situación de crisis o la promesa de crear empleo». Doble melonada pues nada de esto se dice en el documento citado, pero lo sustantivo viene en la segunda parte del argumento presidencial, explicando que la crisis es una excusa cuando más bien devora nuestros escasos recursos y ha colocado nuestra tasa de desempleo en el 33%. Conviene repetir la pregunta de los empresarios: ¿Cuál es el límite que están dispuestos a alcanzar de canarios sin empleo antes de ponerse a trabajar?

Parte de los problemas de las islas están propiciados por la cegata forma de entender las cosas del propio Rivero. En una entrevista radiofónica afirmó que entiende que algunos ciudadanos quieran más sanidad o educación privada, pero que Canarias «no es Euskadi o Cataluña donde las rentas son más altas y las personas tienen más opciones de elegir». Demuestra que, al contrario de lo que proclama, no entiende nada. Los países no tienen generosos estados del bienestar y luego se desarrollan sino que sucede lo contrario. Primero crecen económicamente y posteriormente se han ido dotando de ciertos servicios más o menos universales. Confundir la sincronía demuestra que Rivero es más parte del problema que de la solución, por más que pretenda seguir cerrando círculos.

Publicado originalmente en ABC Canarias

Burbuja administrativa

Un lamentable artículo de una información digital aportaba una cifra que pronto se descubrió falsa. En España, según “El aguijón”, hay más de 440 mil políticos profesionales. Una revisión de los datos ya advertía que aquello no cuadraba excesivamente y pronto fueron descartadas por inveraces mientras los políticos y quienes les escriben encontraron la forma de establecer una teoría general. Aunque en España no hay manera de determinar con precisión el número de políticos existentes, lo importante para aquellos era que la cifra se había exagerado a conveniencia con el fin de crear un cierto clima de cabreo. Lo sustantivo nunca se debate en nuestro país.

La discusión no puede centrarse solo en si son muchos o pocos los políticos que pagamos, más bien si son los que necesitamos y, todavía más, si mandan mucho sobre muchas cosas. Ese es el tipo de debate que deberíamos mantener. Por eso yerra Rajoy cuando plantea que se reducirán un 30% los concejales, muchos de los cuales no tienen apenas coste para las arcas públicas. Lo realmente importante sería reducir un 30% o más sus actuales competencias.

España es un país en el que demasiadas personas dependen de un resultado electoral. Quizás no, contrariamente a lo que decía el artículo de marras, investigadores científicos, pero sí hasta los gerentes de los hospitales. Ello explica las enormes reticencias que despierta afrontar una verdadera reforma administrativa que permita dotarnos de los entes que nos convengan a los ciudadanos, no a los políticos. Los que necesitemos y podamos pagar porque no parecen muy conscientes de que hasta la fecha hemos tenido que sufrir las burbujas financiera, inmobiliaria y administrativa que en este país se han cebado con los ciudadanos. Burbujas que tienen muchas características en común, no siendo la menor la negación expresa por parte de los políticos en los inicios de cada una de ellas. ¿Para qué ha servido la comisión que ha creado el presidente Rivero con el fin de reformular nuestra administración? Su punto de partida es que no sobran organismos ni personal público. ¿Podría esperarse sensatamente algo? Nueva York tiene 8 millones de habitantes y 51 concejales, cifra que aquí se conseguiría sumando apenas los dos principales ayuntamientos de los 88 que tenemos. ¿No hay un punto medio sobre el que llegar a un acuerdo?

Negar que tenemos muchos políticos con el pueril argumento de que una publicación infló su cifra —ante la ausencia de datos oficiales— no resuelve el problema, lo agrava. Definamos competencias, incluso fijemos qué cargos son políticos por más que no sean electos y evitemos el penoso espectáculo de negar que los gabinetes de prensa, por ejemplo, son parte del mismo ecosistema. Solo tienen que comprobar el “hooliganismo” de algunos en Twitter para entender hasta qué punto se han mimetizado con la casta política. Han dividido la sociedad en dos partes incompatibles, aquellos que pagamos esforzadamente los impuestos y quienes viven opíparamente de ellos. Y no se podrá mantener igual mucho tiempo.

Publicado originalmente en el Diario ABC

Incendios y propiedad privada

Los políticos canarios siguen empeñados en aumentar su muy acreditada fama de no dejar pasar oportunidad alguna para hacer el ridículo. Mientras las islas ardían, unos por los otros se reprochaban acciones y omisiones sin fin. Película ya vista muchas veces, casi tantas como las de Cantinflas en la Televisión Canaria.

Con esa estomagante cantinela se pasan por alto algunos asuntos que parecen esenciales, tan solo uno preste atención a los técnicos en la materia. Por ejemplo, el fuego es parte misma de los ecosistemas, existiendo una tasa natural de incendios que haría recomendable aprender a convivir con ellos. En la década de los 60 se quemaban aproximadamente las mismas hectáreas que hoy, solo que entonces eran más pequeños y numerosos, mientras que ahora son menos habituales y más pavorosos. ¿Por qué? Varios son los motivos que podrían explicarlo. Los propietarios de entonces tenían poca confianza en la aparición de un helicóptero salvador si se iniciaba un fuego y se encargaban personalmente y sin trabas administrativas de la mejor adaptación de su propiedad a las eventualidades. Es lo que hace la propiedad privada por el medio ambiente. Hoy no es así y la gestión burocrática les impone rellenar una infinidad de papeles y el pago de tasas por efectuar cualquier acción en una propiedad rebajada a rango de concesión administrativa por unos gobernantes que la subordinan al cumplimiento de una función social, que ellos mismos determinan.

No se diría toda la verdad sin aceptar que también explica la diferencia anterior la propia eficacia de los medios disponibles. El hecho de que los conatos puedan ser de inmediato controlados permite que se acumule biomasa para futuros incendios.

Ya que tenemos que vivir expuestos a la posibilidad de incendios (solo a un político se le ocurre pensar que un riesgo próximo a cero es algo que se pueda alcanzar), hay algunas convenciones más que convendría refutar. Por un lado, no es cierto que los inviernos secos sean favorecedores de incendios en verano y sí parece que ocurre justo lo contrario, esto es, que los inviernos húmedos aumentan las probabilidades de tener peores incendios en los veranos siguientes. Por otro, los vecinos respiran aliviados cuando ven aparecer los helicópteros, por más que su eficacia en los peores momentos del fuego sea más que cuestionable, si bien son útiles en la primera fase y cuando se precisa enfriar el terreno para permitir la entrada de cuadrillas. Lanzar 1.500 litros de agua sobre una llama viva bastante tendría con no evaporarse antes de llegar al suelo.

Con lo anterior podría deducirse que, más que una base permanente de hidroaviones en Canarias, lo que necesitamos es una mejor gestión de los montes en invierno (incluso con quemas prescritas), una menor burocracia, unos derechos de propiedad mejor definidos y sin interferencias, así como una mayor y ejemplar condena a los pirómanos que, de forma premeditada, prenden fuego a nuestros bosques en verano con total desprecio a los bienes y vidas de terceros.

Publicado originalmente en el diario ABC

Gabriel Calzada

En estos días de agosto se incorpora como nuevo Vicerrector General de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, el Doctor en Economía Gabriel Calzada Álvarez. Este joven canario es el fundador y presidente del Instituto Juan de Mariana, uno de los think tanks liberales más potentes del mundo. Requerido en varias ocasiones por el Congreso y el Senado de los EEUU para exponer sus ideas relacionadas con la energía y el medio ambiente, su tesis más difundida es que las subvenciones a las energías renovables son enormemente ineficientes con consecuencias no previstas por los legisladores. Por ejemplo, el enorme atraso competitivo que está sufriendo España como resultado de los altos precios que debe pagar por la energía o que, lejos de la propaganda gubernamental, se destruyen más empleos de los que son generados por las ayudas a las ‘energías limpias’. Demostró que cada empleo del sector costaba en subvenciones más de 570 mil euros. Toda un desatino para cualquier país pero más en aquel momento de incipiente crisis. Su trabajo, publicado por el Instituto que preside y la Universidad Rey Juan Carlos, levantó una enorme polvareda internacional que provocó la intervención de un portavoz de la Casa Blanca para tratar de apaciguarla.

Lo cierto es que Calzada se ha movido siempre en entornos no gratos. Hace unos años, ya en Madrid y como estudiante de Económicas, fue advertido por uno de sus profesores que con sus ideas no aprobaría determinadas asignaturas, tal es el ambiente académico español. Ello le permitió trasladarse a la Universidad de Friburgo, la última en la que impartió clases el Premio Nobel austriaco Friedrich von Hayek. Ante una situación así hay dos tipos de respuestas: lamentarse por las esquinas argumentando que una suerte de conspiración le impide a uno progresar y que se es víctima de fijaciones, inquinas y ataques. La segunda, la elegida por Calzada, fue la de apenas pararse para tomar nota de lo que ocurre y plantear una respuesta superadora, positiva, redoblando esfuerzos gracias a su colosal y contagiosa capacidad de trabajo en pos de lo que considera su misión. La suya, como la de la Universidad que ahora le acoge en Guatemala, es la de contribuir a implantar principios éticos, jurídicos y económicos en sociedades de personas libres y responsables.

Calzada quizás no sea muy conocido en su tierra porque apenas viene en fechas señaladas que pasa con familiares y amigos, a pesar de que ha conseguido que se celebren en las Islas tres de las siete ediciones de la Universidad de verano del Instituto Juan de Mariana. Pero Gabriel Calzada no forma parte del mainstream, ni tiene reuniones periódicas con políticos para cabildear ni solicitar apoyo empresarial para misiones más o menos arriesgadas en nombre de algún presidente interplanetario. Solo es la demostración, una vez más, de que cuando las posibilidades para marcharse son elevadas, las personas suelen responder a ese incentivo de la manera más sencilla posible: poniendo tierra de por medio. Nosotros, mientras, seguimos expulsando talento.

twitter: @antoniosalazarg

Original publicado en ABC

Las cosas del Cabildo

‘Las cosas del Cabildo’ debería ser una forma de explicar las acciones y omisiones de la institución que preside Ricardo Melchior. Aunque para ser justos, ahora ha sido su sosias Carlos Alonso el que nos ha aclarado su siguiente objetivo. Forzar a una compañía privada -Binter Canarias- a establecer conexiones aéreas con África, para que Tenerife no sea ‘tratada como un segundo plato’. Por si el mensaje no es entendido con la suficiente nitidez por parte del operador aéreo, Alonso subraya que la ‘corporación está reforzando los contactos para desarrollar proyectos alternativos con otras compañías’. Todo un dislate, secundado por la Cámara de Comercio de la provincia occidental.

La empresa transportista une Canarias con algunos destinos africanos y se plantea nuevas rutas, que son estudiadas hasta el más pequeño detalle. Conviene observar que, llevados por la euforia de muchos que creían saber pero jamás asumen las consecuencias de su falta de información, ya tuvieron que cerrar con fuertes pérdidas rutas con destinos europeos hace unos años. Ahora fijan su atención en mercados próximos y establecen conexiones en virtud de la oferta que pueden hacer con su flota, propia o alquilada, y la demanda existente. Una de las razones por las que se usa Gran Canaria como base está justificada por la enorme tradición que tiene aquella isla a la hora de hacer negocios con África. No es el caso de Tenerife, cuyos empresarios -con honrosas excepciones- nunca han mostrado demasiado interés por esa zona geográfica. Sin embargo, los hay con larga data allí, de cuando las condiciones eran muchos peores (el presidente de la Cámara , Ignacio González, sabe mucho sobre ello) como en los tiempos en que Iberia hacía escala entre Madrid y alguna capital africana, de madrugada y obligando a pasar la noche en Gran Canaria, ante la ausencia de conexión con Tenerife. Llama la atención que ahora, cuando una empresa canaria tome la iniciativa, se pretenda obligarla con falaces argumentos insularistas. Para un empresario tinerfeño, África está a media hora extra y 50 € de coste más lejos que para un empresario grancanario, razón insuficiente para que se entrometa todo un Cabildo, por muy intervencionista que sea. No cabe duda, tampoco, que si todos los que ahora celebran la ocurrencia cabildicia desean hacer negocios en países vecinos cambiando su historia reciente, pronto Binter establecerá las conexiones que considere pertinentes, so pena de que aparezca un nuevo operador que en el ejercicio de la función empresarial, descubra una descoordinación entre la oferta y la demanda, implante nuevas rutas y precios para corregirlas, colocando así en una situación complicada a la empresa que no supo oír a sus clientes. Esa es la verdadera fortaleza de la economía de mercado y la libre competencia, sin necesidad de que se preste trato de favor a nuevos operadores (¿a qué o quién se refiere el vicepresidente del Cabildo cuando habla de proyectos alternativos con otras compañías?) por parte de unos políticos cada vez más emparentados con el socialismo bolivariano.

Original publicado en el ABC

Desigualdad y pobreza

La situación que vivimos en las Islas no admite frivolidad alguna. La tasa de paro, los niveles de asistencia, la caridad de múltiples individuos y el trabajo concienzudo de muchas personas e instituciones no pueden quedar escondidos tras frías estadísticas. Por eso resulta sorprendente escuchar repetidamente algunos lugares comunes que poco o nada tienen que ver con la realidad. Que una parte significativa de la población pueda estar en situación de pobreza requiere de acciones que no precisan de más explicaciones, mucho menos si estas proceden de algunas instituciones concernidas que viven de generar alarma.

 No tiene un pase hablar de desigualdad para justificar que deba actuarse, puesto que la economía no es juego de suma cero donde unos tienen merced a que otros dejaron de poseer. De igual forma, no resulta sano señalar, como ha hecho Cáritas recientemente y sin ninguna base, que el 0,2% de la población canaria controla o posea el 80% de la riqueza que se genera en las Islas. Puestos ante la evidencia, lo único que han podido balbucear es que la cifra no se obtuvo de ningún registro oficial, sino de algo escuchado en una emisora de radio y sin más contraste. Eso no fue obstáculo para que muchos programas de radio, TV y artículos se refiriesen al dato, porque nada gusta más a un periodista que la confirmación de un viejo prejuicio. Lo malo del aserto es que confunde dos cuestiones que no tienen relación directa, tales como la desigualdad y la pobreza. La primera no siempre es un problema pero la segunda siempre lo es. ¿Acaso es preferible un territorio donde todos tengan poco en cantidades iguales a uno donde todos tengan mucho en cantidades desiguales? Claro que no. Esto explicaría también esa definición de la pobreza relativa, que establece que una persona está en ella cuando no obtiene el 75% del ingreso medio del lugar que se trate y que da lugar a curiosas paradojas, porque ya no se mide la satisfacción de necesidades básicas, desvirtuando tanto los resultados que provoca que Cuba sea un país idílicamente homogéneo y preferible a Noruega, Hong Kong o Estados Unidos. Esto explica también las razones por las que en España, incluso en el mejor momento económico con una tasa de paro del 8%, seguía presentando a casi uno de cada cuatro españoles en el umbral de la pobreza. ¿Tiene sentido hacerlo así? No parece. 

Nuestro problema no es, en esencia, que algunas familias tengan recursos si estos han sido obtenidos en buena lid, en una economía abierta y satisfaciendo necesidades ajenas, sino que exista una lista enorme de personas en situación agónica que requieren de soluciones inmediatas para dejar atrás tan complicado momento. La explicación de la desigualdad es hacer trampas al solitario, algo a lo que nos han acostumbrado los políticos como excusa para sus reiteradas subidas de impuestos y que sería deseable no fuese imitado por instituciones tan serias como Cáritas o Cruz Roja.

Publicado originalmente en ABC

Peligro: Propiedad privada

LA situación no pudo ser más sorprendente. En el programa La Gaveta, de Radio Millenium, Ángel Delgado (quien fuera Gobernador Civil de la provincia, hombre del derecho, progresista que no necesita ser puesto a prueba) proclama su perplejidad por lo que había leído sobre la intención del Gobierno de Canarias de expropiar a los hoteleros que no conserven adecuadamente sus instalaciones. Afirma, incluso, que tuvo que leer dos veces la noticia para poder asumirla. Delgado es persona cabal y lo que tenemos en el Gobierno de Canarias es un ejército indocumentado absolutamente letal y nocivo para nuestra libertad y, por supuesto, para la propiedad privada, a la que pretende subordinar hasta convertirla en mera concesión administrativa. Una simple lectura a los 23 folios del borrador de la Ley de Renovación y Cualificación Turística pone los pelos de punta partiendo de una premisa aparentemente indiscutible: es un sector estratégico. Pero es estratégico pese al gobierno, no gracias a él, puesto que nuestro turismo ha sobrevivido a muchos malos consejeros, incluyendo a quien detenta en la actualidad tal responsabilidad: el mismo presidente Rivero. Esta aberración normativa afirma que «los titulares de los establecimientos y actividades turísticas tienen el deber de mantener, conservar, mejorar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones requeridas para su uso establecido por la normativa del sector», lo que les obligará a presentar ante las autoridades un informe emitido por entidades acreditadas relativo al estado de conservación. Obsérvese que son cuestiones que resolvería mejor el interés particular del hotelero, empeñado en no quedarse fuera de mercado y satisfacer las demandas de sus clientes, por lo que procederá a cuantas mejoras sean necesarias al efecto. Pero también los poderes públicos tratan a los turistas como menores de edad, atribuyéndose funciones impropias, porque aquellos dejarían pronto de acudir a establecimientos obsoletos, más en los tiempos actuales en los que la tecnología obliga a hilar siempre muy fino a quienes pretendan satisfacer las necesidades de los clientes.

La misma norma contempla que, en consecuencia, puede obligar a un empresario a acometer actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación y que, llegado el caso, podrá procederse a la sustitución del propietario por vulnerar la función social de la propiedad, sin aclarar jurídicamente qué concepto es sustituir y si se produciría compensación económica al expropiado. Solo faltaba observar, con estos antecedentes, al presidente Rivero en su siempre complaciente televisión transmitir desde el jardín de su casa en El Sauzal un programa en directo y ante los aplausos de esos personajes de tonta sonrisa de los que ha ido rodeándose, preguntar de quién es tal hotel, y tras obtener una respuesta, proclamar a voz en grito: «¡Exprópiese!».

Es posible que todo esto quede en un borrador y que incluso los tribunales decidan anular todo el desaguisado, pero lo que nos queda clarísima es la pulsión liberticida de unos gobernantes entregados con fruición a un intervencionismo atroz, tanto que sorprende a socialistas tan bien intencionados como nuestro tertuliano Ángel Delgado.

Publicado originalmente en ABC Canarias

Lo que no se ve

Un buen amigo plantea, en una conversación de café, un tema muy interesante: ¿Cómo resolvería una economía de mercado los problemas de conectividad de las islas, particularmente, los de El Hierro? El asunto nos conduce a una larga discusión hasta que uno cae en la cuenta de que hablamos de un supuesto hipotético porque Canarias dejó de ser hace ya muchos años una economía de mercado para pasar a ser uno de los lugares más intervenidos del planeta. Ni la libertad para contratar, ni el respeto a la propiedad privada ni los precios que sirven para orientar a los operadores y consumidores en una economía libre son percibidos en estas olvidadas tierras.

Lo de El Hierro no deja de ser un nuevo capítulo en el que se ponen de manifiesto, otra vez, como los políticos tomaron posiciones que jamás les deberíamos haber consentido. No hay precios porque el coste de los billetes no reflejan su valor real gracias a las subvenciones a las mercancías o pasajeros y las soluciones a futuro, con decreto de Obligaciones de Servicio Público (OSP) incluido, harán que las personas puedan desplazarse pagando de forma directa -el resto lo harán mediante impuestos siempre que el Gobierno abone lo que adeuda a los operadores- una fracción insignificante del coste total del billete (habrá subvención que puede llegar a ser del 75%). Tampoco existe libertad para contratar pues los operadores son denunciados por no despachar billetes a alborotadores como el propio presidente insular, Alpidio Armas, ni se permite atender esas rutas con criterios empresariales para establecer qué tipo de barco, en qué frecuencia y bajo qué condiciones pueden unir a El Hierro con el resto de Islas. Y por supuesto, la propiedad privada alcanza categoría de broma pesada cuando todo un presidente del Gobierno afirma, sin rubor alguno —lo que empieza a ser una característica destacada de Rivero—, que no permitirá a los operadores hacer lo que les venga en gana.

Se podrá argüir que solo en esos supuestos se puede asegurar una cierta conectividad entre islas y que la intervención gubernamental se hace imperativa; sin embargo, esto está lejos de ser evidente por muy intuitivo que pueda parecernos, porque no hemos permitido poner en marcha la función empresarial de individuos creativos, capaces e ingeniosos que descubren oportunidades de ganancias donde otros solo observan necesidades de decreto. La cifra dada sobre las conexiones necesarias de comunicación marítima de aquella isla nos la da una comisión de transporte integrada por muchos políticos y algunos empresarios, pero de esos que no pagarán ninguna factura por cometer un error empresarial, con lo que sus peticiones deberían ser revisadas con cuidado. Crear ahora unas OSP añadirá más inconvenientes que ventajas, sobre todo si atendemos a las experiencias que conocemos del transporte aéreo, blindado de futura competencia en las rutas interinsulares gracias a las restrictivas condiciones que imponen. La solución no puede ser ni venir de quienes crean los problemas y esto es algo que hace tiempo debería habernos hecho reaccionar.

Original en el periódico ABC

Objetivo: nuestra ruina

Impertinencias liberales

Antonio Salazar

Objetivo: Nuestra ruina

El Gobierno de Canarias impide un hotel de cinco estrellas en el Sur de Gran Canaria y el consejero Berriel pide cordura a los perjudicados. En realidad se la debería exigir a los 600 empleados que no encontrarán trabajo en esa nueva infraestructura turística del Grupo Lopesan. 18 millones de euros que se dejan de invertir y los políticos lo explican por unas normas que ellos mismos aprueban en el parlamento. Nadie resta legitimidad a nuestra cámara de leyes pero sí sería correcto cuestionar cómo se llega a este punto. Entre los 60 parlamentarios, ¿Cuántos de ellos han trabajado en el sector turístico?¿Quiénes han creado alguna empresa turística —en realidad, la pregunta es igualmente válida para cualquier otro tipo de empresa—? Tenemos un problema porque el poder político se ha ido expandiendo hasta cotas absolutamente insoportables, poniendo en serio riesgo el futuro económico de nuestro Archipiélago.

¿Por qué es posible abortar un proyecto como éste? Sencillo, porque pueden. Tienen todo el poder coactivo en sus manos y no son excepcionales los cambios de norma para otorgarse aun más poder con el que intervenir en nuestras vidas. Hoy es un hotel de 200 camas de cinco estrellas, 18 millones de inversión y 600 puestos de trabajo. ¿La excusa? que tendría que ser de Gran Lujo para que encaje con unas leyes que son tan rígidas por razones sencillas de imaginar. Item más, si el gobierno quiere establecimientos de Gran Lujo, soluciones tiene a su alcance; Berriel puede aprovechar su singular acceso a los subvenciones y con otros como él, arriesgar ese dinero como mejor le convenga, siempre que no pretenda decirle a los hoteleros qué tipo de establecimiento satisface mejor la demanda de clientes y empresarios. 

Recientemente unos touroperadores pedían mejores establecimientos de tres estrellas, basados en las peticiones y gustos actuales de sus clientes. ¿Berriel o algún otro ocioso burócrata —perdón por la reiteración— ha hablado alguna vez con los encargados de traer turistas a Canarias?

Esta infinita fatal arrogancia del poder político se observa también en muchos otros órdenes. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se exige a la naviera Fred Olsen que para gestionar una terminal portuaria deben incluir servicios de cafetería o quiosco, como si esa elemental prueba de la función empresarial la hubiese pasado por alto una empresa noruega con muchos intereses en diversos lugares del mundo, y debiese ser reconducida en su error por un alcalde que lleva toda la vida dedicado de manera exclusiva a la política. O inversiones como la del colegio La Salle en Tenerife, donde el capricho político, un abogado pejiguera contratado, parece ser, por la competencia del gimnasio que pretendía instalarse, se frustran en su tramo final perdiéndose otros 130 puestos de trabajo.

Hablan de tecnicismos, pero cala la idea de que existen dos formas de interpretarse las asfixiantes normas canarias, según sea el grado de proximidad y cercanía al poder político. Un escenario aterrador el que nos toca vivir, donde nos fríen a impuestos para mantener costosos aparatos burocráticos cuyo único objetivo visible es arruinarnos.

Twitter: @antoniosalazarg

Original publicado en ABC

Cobrar por respirar

Cuando los opositores a las sociedades libres quieren caricaturizar lo que denuestan, no tienen empacho en afirmar que se terminaría privatizando el aire si la acción benefactora del estado no lo impidiese. Es una tontería con mucho éxito. Aunque es cierto que el aire es el único bien que cumple las condiciones para ser considerado público (no exclusión y no competencia), el ingenio empresarial ha conseguido ofrecerlo como un servicio a clientes en lugares donde es muy apreciado, por ejemplo en Hong Kong o Japón, donde parece que le atribuyen efectos desestresantes.

Esos mismos caricaturizadores de la función y creatividad empresarial mantienen una posición tibia contra las decisiones que ha venido tomando el Gobierno de Canarias a rebufo del de Madrid. Los unos por los otros han decidido darle la razón a Frederic Bastiat cuando afirmaba que el Estado es la ficción en la que unos ciudadanos pretender vivir a costa de otros, o más severamente, lo que Murray Rothbard establecía como diferencia entre dos tipos de individuos: los que pagan los impuestos y quienes viven de ellos. La originalidad, que no excepción, canaria es la irrupción de los antiguos arbitristas, personajes que en el siglo XVII sugerían a los reyes los impuestos o arbitrios que podrían ser implantados para poder seguir manteniendo la Corona y sus guerras. Solo así se entiende que el gabinete de Rivero haya creado tasas sin cuento, tantas que ahora sería factible que impusieran una por respirar. Hasta hace unos años se imponía la idea de crear una renta básica de ciudadanía, esto es, cobrar un subsidio por el hecho de vivir; nadie podrá objetar que se cobren impuestos exactamente por lo mismo, por respirar.

Distinta consideración merece esa disparatada idea de implantar una serie nueva de impuestos bajo criterios medioambientales. Gravar el transporte de la electricidad, cobrar por las antenas de telefonía, o crear impuestos a las grandes superficies, con la delicadeza gubernamental de señalar que no podrán ser repercutidos sobre los consumidores siquiera por pacto entre las partes, nos coloca en una complicada tesitura: Es difícil saber si nuestros gobernantes son más temerarios o más incapaces. No es complicado entender, salvo para la burocrática mente, que si una empresa ve aumentado sus costes operativos y no puede trasladarlos a sus precios, que algo pasará. No debería extrañarnos, por tanto, que nuestras redes de transporte eléctrico empezasen a mostrar fatiga sin que puedan repararse con la pericia necesaria por falta de recursos. Eso no será culpa, pongamos por caso, de Endesa sino de unos políticos empeñados en defender una idea que nadie se cree: como no hay un problema de gastos, aumentan los ingresos subiendo los impuestos y cargándose, de paso, un principio esencial en cualquier economía que merezca llamarse de mercado, la libertad para contratar pues tal cosa es impedir trasladar al precio los costes operativos entre empresas o particulares. Una economía intervenida como solución a los problemas causados por el mismo intervencionismo. ¡Notable! Eso sí, ya vendrán los neoliberales a cobrar por respirar. ¡En fin!

Original publicado en ABC Canarias

Paraísos fiscales

HACE unas semanas, en el programa «El debate de La 1», de RTVE en Canarias, se trató el asunto de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Fiel a la costumbre, enseguida derivó la disputa hacia uno de los tópicos más usuales cuando estos temas se tratan, a saber, los paraísos fiscales y el fraude. Y, por no romper la tradición, se confundió la «elusión fiscal» con el fraude fiscal, incorporando al debate a las famosas Sicav. Vayamos por partes.

La elusión fiscal se produce cuando son aprovechados los recursos legales disponibles para pagar el menor número de impuestos posibles. Esto se puede hacer de diversas maneras y una de ellas es usando, legalmente, los paraísos fiscales. Existen estrategias muy distintas que conocen bien los profesionales de la asesoría. Las famosas Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) se caracterizan por una baja tributación (1%) siempre y cuando no repartan sus beneficios entre sus accionistas, caso contrario tributarían por su tipo marginal. Por supuesto que pagan impuestos y la alternativa no es su prohibición para aumentar la recaudación del Estado, sino poner en fuga a esos ahorradores que buscarán países no tan hostiles con el ahorro privado.

Con más eficacia que razón, se incide en la vinculación de los paraísos fiscales con actividades irregulares, como si todo el dinero allí depositado fuese de procedencia ilícita, algo que casa mal con la realidad a pesar de ser lo intuitivo. Según un estudio de la Universidad de Basilea sobre crimen, terrorismo y lavado de dinero, solo hay un paraíso fiscal (Antigua y Barbuda) entre los territorios investigados (30).

Otra cuestión distinta es la razón de la existencia de lugares de baja tributación a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué tienen en común Mónaco, Suiza, Luxemburgo, Andorra o Liechtenstein? Unos estándares de desarrollo muy elevados, una baja tasa de desempleo y una administración menor y más eficaz, además de ser lugares donde iniciar un negocio no supone un esfuerzo económico y burocrático desalentador. Es decir, lugares que son paraísos en vez del infierno en que hemos convertido nuestro territorio, mucho más tras la reciente subida de impuestos decretada por el gabinete de Paulino Rivero, a la espera de nuevas subidas impositivas por el resto de administraciones, nacionales o locales. Unos elevados impuestos, acompañados por el sentir general de que son usados de manera negligente y que en absoluto responden a las necesidades más acuciantes, pero que sí se usan de manera exclusiva en servir los intereses de los administradores, son el mejor estímulo para la elusión y hasta la evasión fiscal. Al final, eso sí, les quedará el magro consuelo de seguir saqueando las nóminas de los funcionarios y las de aquellos que no podemos evitar que nos metan la mano en el bolsillo. Mientras, seguiremos manteniendo una elefantiásica organización administrativa que no nos sirve para nada y que, además, no podemos pagar. Debe ser cosa del paraíso del que presumimos en Canarias.

Original publicado en el diario ABC

Competencias para incompetentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso considerar la posibilidad de que las autonomías devolviesen las competencias en sanidad, justicia y educación, lo que conllevaría un ahorro estimado de 48 mil millones de euros. El solo enunciado de esa cifra haría imprescindible abrir el debate, pero pronto pasó a segundo plano por el escaso apoyo que recibió incluso —o principalmente— de su propio partido. Alguna crítica magra en argumentos, lo que podría dar a entender que muchos jamás han dedicado un solo segundo a reflexionar sobre el asunto y, en consecuencia, balbucearon una débil defensa destinada a defender el actual «status quo».

Fernando Ríos, Comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales del Gobierno de Canarias, dijo en el marco de un interesante seminario que está celebrando la Real Sociedad Económica Amigos del País en Tenerife que resultaba evidente que con el traspaso de competencias a las comunidades autónomas se habían producido enormes avances en Sanidad y Educación, hasta el punto de convertir en irrefutable tal aseveración. ¡No tan aprisa!

Para comparar lo que ha sido la evolución en esas dos sensibles materias, deberíamos fijarnos en su evolución comparada y no contra una fotografía en blanco y negro de las Islas de hace 30 años. Está en la lógica política que nos hagan pensar en un coche con claxon y pañuelo blanco agitado por la ventanilla en señal de socorro y anunciando emergencia poniendo en peligro su seguridad y la de los demás frente a un moderna ambulancia medicalizada. Solo que es una estafa emocional porque tal cosa ocurre ya en todas las comunidades autónomas y no hay ninguna prueba de que si la gestión fuese del Ministerio eso seguiría igual.

Estas y otras muchas cosas han cambiado y para bien, pero no como una prueba irrefutable de eficaz gestión autonómica y sí de haber sabido aprovechar los enormes avances tecnológicos que se han producido en estos últimos 30 años, más rápidos y eficaces que en los cinco siglos anteriores. A decir verdad, tenemos una mejor sanidad porque la ciencia se ha desarrollado y la hemos podido pagar con el esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos.

Con la educación nos encontramos en similar situación, ya que la comparación no puede hacerse con la que existía previamente sino en el contexto global en el que se deben mover los estudiantes, en un mundo plano en el que resultan escasamente competitivos. Nuestro nivel está a la cola de España y de los países OCDE, con lo que es complicado establecer «más verdades irrefutables».

Incluso podría decirse que la cercanía competencial ha sido un freno más que una ventaja ya que resulta complicado pensar en un modelo peor, con una «captura del regulador» al estilo de la protagonizada en su día por el sindicato STEC, en tiempos de Mendoza y Alduán, de cuyos efectos no hemos podido recuperarnos todavía. Es posible que Aguirre esté equivocada pero no será por las razones que argumenta Fernando Ríos.

Original publicado en ABC  http://www.abc.es/20120417/local-canarias/abci-salaz-201204170847.html#.T40op5imsl0.twitter

Torpes, viajeros y arrogantes

A finales de la década de los 80 en el siglo pasado, una empresa tabaquera canaria se enfrentaba a una complicada coyuntura provocada por los apresurados cambios que vivía el sector, con el agravante de un monopolio estatal en proceso de privatización que distorsionaba la competencia. Plantean entonces la posibilidad de hacer una reconversión de personal dedicado a las labores del tabaco para que, con formación y voluntariamente, pudieran dedicarse al sector turístico.

Detrás de esa posibilidad, latía con fuerza la idea del grupo empresarial de diversificar su actividad y crear un hotel de lujo en Canarias que rompiese con el paradigma del sol y la playa y que, al tiempo, sirviese para que los visitantes que acudían al sur de Tenerife fuesen de un poder adquisitivo mayor. Decir eso en tiempos en los que lo habitual eran turistas camorristas que venían en búsqueda, además de sol, de alcohol barato no resultaba del todo normal. Tanto que no lo era que las autoridades de entonces —que con algún ligero retoque de caras, son las mismas de hoy— se opusieron con fuerza, porque no entendían que se dejara una labor industrial tradicional y se empezara una turística de incierto resultado. Esas ideas que solo se pueden defender cuando siempre se ha sido personal subalterno y no un empresario visionario que pretende adelantarse a los acontecimientos. Afortunadamente, se impuso el criterio empresarial y nació el Gran Hotel Bahía del Duque, que contra aquellos pronósticos agoreros lleva ya casi dos décadas de funcionamiento eficaz, resistiendo dos crisis colosales y elevando la categoría del destino.

Principios de 2012. Otros visionarios creen que existe petróleo en las aguas canarias y se empeñan en su extracción, comprometiendo para ello inversiones iniciales que superarían los 100 millones de euros, generando actividad industrial de diversa naturaleza y la creación de muchos puestos de trabajo en una tierra asolada por el desempleo con tasas de economía de guerra (Canarias supera el 30% mientras que la franja de Gaza apenas supera el 25%). Los políticos de ahora —recuerde, con algún pequeño retoque en las caras, los mismos de entonce— dicen que cómo vamos a poner en peligro nuestro sector turístico por una actividad industrial pesada que apenas aporta nada.

¿Qué tienen en común ambas historias? Básicamente que los políticos, borrachos de fatal arrogancia, son incapaces de observar lo que los empresarios sí adelantan, pues mientras estos intentan anticipar futuros desajustes que se produzcan en la sociedad ejerciendo la función empresarial, nuestra muy bien pagada clase política se dedica a garantizar intereses a corto plazo sin haber generado jamás un solo puesto de trabajo en buena lid y sin pagar las consecuencias de sus erradas suposiciones.

Cuando un empresario comete un error empresarial puro, asume la responsabilidad de su bolsillo, algo que jamás hemos visto se produzca entre nuestra viajera dirigencia, que lo mismo pone trabas a inversiones millonarias aquí que se va a pontificar a Uruguay y Argentina sobre las bondades de invertir en turismo y energías renovables.

Original en: http://www.abc.es/20120404/local-canarias/abci-salaza-201204041251.html#.T3wsKrPTKd4.twitter

Lo que no se ve. IMPERTINENCIAS LIBERALES ABC 06/03/2012

Pocos debates resultan más decepcionantes en sus planteamientos como el que pretenden mantener algunos en torno a la posible extracción de petróleo en aguas cercanas al Archipiélago. Es cierto que son notables las voces que se oponen pero no lo es menos que son aquellos que normalmente tienen asegurados sus puestos de trabajo en las organizaciones que viven a costa de nuestros impuestos, bien sean partidos políticos, sindicalistas o integrantes de OMG (Organizaciones Muy Gubernamentales, a juzgar por las muchas subvenciones que reciben).

Sería pertinente discutir sobre ideas y estrategias pero no parece que estén especialmente predispuestos a ello, quizás porque resulta demasiado evidente la endeblez argumental. No parece pertinente renunciar a extraer lo que siempre se conoció como Oro negro porque ahora queramos convertirnos en el paradigma de las energías renovables. Muy alcalde habría que ser para creer que podemos prescindir de todo tipo de energía de procedencia fósil y reemplazarla por renovables sin resentir nuestro modo de vida.

Más creíbles resultan aquellos que, no siendo entusiastas de las procedentes del petróleo, apuestan por su extracción cuidadosa para intentar tener un mix energético más sostenible que el actual, lo que no es complicado teniendo en cuenta que en la actualidad apenas las energías limpias suponen el 3% del total que consumimos. Al menos eso he querido entender de las afirmaciones del catedrático Roque Calero.

Luego están los políticos, enfrentados a cualquier cosa que no sea su eterna pelea por meter la cuchara en asuntos esenciales. Poco aporta al debate afirmaciones del tipo «Canarias no obtendrá nada a cambio» cuando en realidad lo que se pretende decir es que el Gobierno de Canarias no podrá recaudar dinero del petróleo para malgastar en las mil y una ocurrencias de este y pasados gabinetes.

Las aportaciones de un desarrollo petrolífero en nuestro entorno no pueden ser medidas exclusivamente por ese parámetro, tampoco de si al final dispondremos de gasolinas más baratas (esto es relativamente sencillo, aunque no depende de su extracción sino ¡de los altos impuestos que pagamos al Gobierno de Canarias por el combustible!). Son otros valores, como la transferencia de tecnología de última generación y de conocimiento por parte de profesionales que podrán hacer escuela en materias que nos son desconocidas hoy.

También sería posible el retorno de canarios que trabajan en las muchas plataformas que hay en todo el mundo, otorgar nuevas alternativas profesionales para estudiantes que vegetan por facultades como la de Geografía, abocados hasta hoy a emigrar u opositar y un largo etcétera de resultados a priori no tan evidentes. Porque esa es la esencia de la política, hacernos creer que solo lo que vemos es lo que existe, que los riesgos son ciertos y que los beneficios están por determinar, lo que sugiere su inmediata participación aunque siempre invocando nuestro bien, incorregibles menores de edad. Ya lo advertía Milton Friedman, normalmente la solución de los gobiernos es, al menos, tan mala como el problema que pretendían arreglar.