Un buen amigo plantea, en una conversación de café, un tema muy interesante: ¿Cómo resolvería una economía de mercado los problemas de conectividad de las islas, particularmente, los de El Hierro? El asunto nos conduce a una larga discusión hasta que uno cae en la cuenta de que hablamos de un supuesto hipotético porque Canarias dejó de ser hace ya muchos años una economía de mercado para pasar a ser uno de los lugares más intervenidos del planeta. Ni la libertad para contratar, ni el respeto a la propiedad privada ni los precios que sirven para orientar a los operadores y consumidores en una economía libre son percibidos en estas olvidadas tierras.
Lo de El Hierro no deja de ser un nuevo capítulo en el que se ponen de manifiesto, otra vez, como los políticos tomaron posiciones que jamás les deberíamos haber consentido. No hay precios porque el coste de los billetes no reflejan su valor real gracias a las subvenciones a las mercancías o pasajeros y las soluciones a futuro, con decreto de Obligaciones de Servicio Público (OSP) incluido, harán que las personas puedan desplazarse pagando de forma directa -el resto lo harán mediante impuestos siempre que el Gobierno abone lo que adeuda a los operadores- una fracción insignificante del coste total del billete (habrá subvención que puede llegar a ser del 75%). Tampoco existe libertad para contratar pues los operadores son denunciados por no despachar billetes a alborotadores como el propio presidente insular, Alpidio Armas, ni se permite atender esas rutas con criterios empresariales para establecer qué tipo de barco, en qué frecuencia y bajo qué condiciones pueden unir a El Hierro con el resto de Islas. Y por supuesto, la propiedad privada alcanza categoría de broma pesada cuando todo un presidente del Gobierno afirma, sin rubor alguno —lo que empieza a ser una característica destacada de Rivero—, que no permitirá a los operadores hacer lo que les venga en gana.
Se podrá argüir que solo en esos supuestos se puede asegurar una cierta conectividad entre islas y que la intervención gubernamental se hace imperativa; sin embargo, esto está lejos de ser evidente por muy intuitivo que pueda parecernos, porque no hemos permitido poner en marcha la función empresarial de individuos creativos, capaces e ingeniosos que descubren oportunidades de ganancias donde otros solo observan necesidades de decreto. La cifra dada sobre las conexiones necesarias de comunicación marítima de aquella isla nos la da una comisión de transporte integrada por muchos políticos y algunos empresarios, pero de esos que no pagarán ninguna factura por cometer un error empresarial, con lo que sus peticiones deberían ser revisadas con cuidado. Crear ahora unas OSP añadirá más inconvenientes que ventajas, sobre todo si atendemos a las experiencias que conocemos del transporte aéreo, blindado de futura competencia en las rutas interinsulares gracias a las restrictivas condiciones que imponen. La solución no puede ser ni venir de quienes crean los problemas y esto es algo que hace tiempo debería habernos hecho reaccionar.
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