Cuando los opositores a las sociedades libres quieren caricaturizar lo que denuestan, no tienen empacho en afirmar que se terminaría privatizando el aire si la acción benefactora del estado no lo impidiese. Es una tontería con mucho éxito. Aunque es cierto que el aire es el único bien que cumple las condiciones para ser considerado público (no exclusión y no competencia), el ingenio empresarial ha conseguido ofrecerlo como un servicio a clientes en lugares donde es muy apreciado, por ejemplo en Hong Kong o Japón, donde parece que le atribuyen efectos desestresantes.
Esos mismos caricaturizadores de la función y creatividad empresarial mantienen una posición tibia contra las decisiones que ha venido tomando el Gobierno de Canarias a rebufo del de Madrid. Los unos por los otros han decidido darle la razón a Frederic Bastiat cuando afirmaba que el Estado es la ficción en la que unos ciudadanos pretender vivir a costa de otros, o más severamente, lo que Murray Rothbard establecía como diferencia entre dos tipos de individuos: los que pagan los impuestos y quienes viven de ellos. La originalidad, que no excepción, canaria es la irrupción de los antiguos arbitristas, personajes que en el siglo XVII sugerían a los reyes los impuestos o arbitrios que podrían ser implantados para poder seguir manteniendo la Corona y sus guerras. Solo así se entiende que el gabinete de Rivero haya creado tasas sin cuento, tantas que ahora sería factible que impusieran una por respirar. Hasta hace unos años se imponía la idea de crear una renta básica de ciudadanía, esto es, cobrar un subsidio por el hecho de vivir; nadie podrá objetar que se cobren impuestos exactamente por lo mismo, por respirar.
Distinta consideración merece esa disparatada idea de implantar una serie nueva de impuestos bajo criterios medioambientales. Gravar el transporte de la electricidad, cobrar por las antenas de telefonía, o crear impuestos a las grandes superficies, con la delicadeza gubernamental de señalar que no podrán ser repercutidos sobre los consumidores siquiera por pacto entre las partes, nos coloca en una complicada tesitura: Es difícil saber si nuestros gobernantes son más temerarios o más incapaces. No es complicado entender, salvo para la burocrática mente, que si una empresa ve aumentado sus costes operativos y no puede trasladarlos a sus precios, que algo pasará. No debería extrañarnos, por tanto, que nuestras redes de transporte eléctrico empezasen a mostrar fatiga sin que puedan repararse con la pericia necesaria por falta de recursos. Eso no será culpa, pongamos por caso, de Endesa sino de unos políticos empeñados en defender una idea que nadie se cree: como no hay un problema de gastos, aumentan los ingresos subiendo los impuestos y cargándose, de paso, un principio esencial en cualquier economía que merezca llamarse de mercado, la libertad para contratar pues tal cosa es impedir trasladar al precio los costes operativos entre empresas o particulares. Una economía intervenida como solución a los problemas causados por el mismo intervencionismo. ¡Notable! Eso sí, ya vendrán los neoliberales a cobrar por respirar. ¡En fin!
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