La fe que profesa Paulino Rivero en la fuerza de la ley es digna de encomio. Es lo que pasa cuando uno lleva muchos años dedicado en exclusiva a una actividad, que entiende que nada ni nadie puede oponerse a un fin, máxime si éste resulta inobjetable. Por eso ha decidido crear un nuevo órgano, pomposamente llamado «Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos», encargado de resolver los problemas que la propia burocracia ha ido creando en los últimos treinta años de expansión administrativa.
Resulta llamativo leer las apenas tres páginas del BOC en el que se anuncia su nacimiento y la exposición de motivos para hacerlo. Admite que «el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Canarias (...) resulta lastrado por la complejidad de los diferentes procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de inversión». Esto es, el gobierno reconoce la existencia de disfunciones creadas por su propio funcionamiento ordinario, pero para evitarlo no opta por reducir la reglamentación que lo provoca y fomenta, sino decide crear un comité que estudie qué proyectos pueden ser tratados de manera distinta por la misma administración, introduciendo arbitrariedad en el proceso, lo que nunca resulta ser una buena idea.
¿Cuáles serán esas actividades que se salvarán del engorro administrativo? En el artículo 3 de la norma se dice que aquellas de especial relevancia cuantitativa o cualitativa del proyecto de inversión, en la generación de empleos, o de áreas estratégicas que Rivero y su gabinete repiten como pájaros enamorados: energías limpias, innovación, nuevas tecnologías, nuevas áreas de actividad de alto valor añadido o captación de inversiones externas. ¿Qué pasará con los proyectos que no cumplan estos caprichosos requisitos gubernamentales? Seguirán sometidos a una reglamentación tan soviética como caprichosa, empeñada en que no bajen de diez los años que sean necesarios para poner en marcha un campo de golf o un puerto deportivo. Todo esto con un 34% de paro.
Escribió Anthony de Jasay que «interés general es aquel que los políticos dicen que es interés general». Todo este tipo de medidas tratan de hacer creer a la ciudadanía que lo que necesitamos son apuestas del gobierno por sectores estratégicos, en vez de intentar cambiar la forma en que nos ven desde fuera, convertirnos en un lugar amigable para hacer negocios, donde se respeten derechos de propiedad, la administración no tenga una capacidad arbitraria en su actuación ni consideren que puede ofrecerse a los elegidos un seguimiento centralizado (¡ay!) y una interlocución unificada del máximo nivel. Probablemente, esto último sea cierto, a fin de cuentas es el propio presidente quien se ha puesto al frente del mismo comité, quien -confiado en sus capacidades- lo mismo asume la política turística que preside un organismo encargado de señalar con un su infalible dedo y olfato empresarial a los llamados a alcanzar la gloria. O, como decía Ortega y Gasset, «el retorno a la causa del trastorno».
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