Invertir 19 millones en Canarias

Publicaba ayer el periódico El Economista algo que deja muy mal parada a esta comunidad autónoma, lo que no constituye novedad alguna puesto que hacemos méritos suficientes para ello. Explica ese diario económico que Mercadona invertirá 19 millones de euros en dos supermercados en Lanzarote tras 10 años de espera. Luego vendrá Paulino Rivero a decir que quiere impulsar una mayor agilidad burocrática para que la administración no entorpezca nuevas inversiones de las que estamos huérfanos. Pero pensemos un poco más allá; Mercadona es una empresa instalada en casi toda España, que ofrece unos precios bajos por productos alimenticios que son muy apreciados por sus clientes, así lo demuestran sus formidables cifras de negocio, máxime en esta época de crisis. Su actividad no tiene apenas impacto ambiental, no es insalubre, ni ruidosa ni molesta. Su personal está satisfecho y su convenio laboral es la envidia de mucha gente, no solo de quiénes no tienen trabajo. Salarios por encima de la media, descanso en festivo y otros beneficios que han hecho de la compañía una de las más apreciadas del país. Así que sus clientes se benefician de los precios bajos, sus proveedores tienen a quién venderle, su trabajadores están satisfechos... 

Fijan su objetivo en una isla que hasta ese momento se caracteriza por unos precios de la compra extraordinariamente elevados y unos productores locales que se benefician de numerosas ayudas europeas que le son dadas para que hagan lo contrario de lo que vienen haciendo, esto es, reducir la factura que tienen que pagar los conejeros por la alimentación. Cabe preguntarse qué demonios puede pasar para que un empresario tarde 10 años (6 de crisis brutal) para poder invertir en Canarias 19 millones de euros. La respuesta es tan sencilla como inquietante. Por un lado, una legislación dañina que obliga a cuidar mucho las dimensiones de los nuevos supermercados, porque pasada cierta cantidad de metros cuadrados de superficie de venta la licencia específica se tiene que solicitar al Gobierno Regional y comenzar un calvario burocrático que parece no terminar nunca. Esa cantidad es arbitraria y establece qué administración otorga qué licencia, por más que al final debas lidiar con todas para una cosa y la contraria, o la misma pedida por duplicado, tal es el disparate en que se ha convertido toda la normativa regional. Todo esto en tiempos de la directiva Bolkenstein.

Lidl pudo entrar en su momento por una sentencia judicial; Mercadona lo hace ahora agotando los plazos que la administración le ha ido imponiendo para permitirle abrir. La misma administración que ha venido velando por los intereses de empresarios ineficientes que viven de las subvenciones que han ido consiguiendo unos políticos solícitos con los menos competitivos y no hay que ser muy malpensado para entender qué clases de motivaciones puede haber detrás, con aquellos sujetos recurriendo al poder político puesto que son incapaces de confiar en sus habilidades empresariales. A nadie se le escapa que según la elección del establecimiento de compra, se puede ahorrar una familia de cuatro miembros hasta 2.000 euros al año. Multipliquen esa cantidad por los 10 años que le ha costado a Mercadona entrar en Lanzarote y tendrán bien claro el efecto carísimo de la intervención política en Canarias. 20.000 € de renta familiar que habrían podido tener usos distintos al único que permitió el gobierno en su ceguera intencionada. Y sí, esa es también una deuda que tiene el Gobierno con los ciudadanos y que, de igual modo, es impagable