Ha sido patético comprobar el nivel de debate abierto en Canarias con motivo de la disponibilidad presupuestaria de 206 millones de euros extras aprobadas por el Gobierno central. En cada político del archipiélago, y sus asociados como sindicatos y similares, ha salido el planificador que llevan dentro para sugerir usos alternativos de ese dinero. Dinero que no deja de ser deuda, porque lo que se ha hecho es flexibilizar los criterios de déficit para este año. Y deuda, como es bien sabido, son impuestos a futuro que terminarán pagando nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, así de yerta han dejado la finca.
Como al final quien decide es el gabinete de Rivero, ayer hubo consejo de gobierno para decidir el destino final de esos millones y fue el turno de González Ortíz para su particular minuto de gloria. Revestido de esa pomposidad propia de los grandes acontecimientos y echando mano del manual para subrayar lo mal que nos trata Madrid, el consejero de economía adelantó que el 54% del crédito extra irá a asuntos sociales y el 23% a dinamización de la economía. Hay un resto importante de 48 millones que se irán a pagar los compromisos -deuda- que el ejecutivo regional mantiene con los Cabildos Insulares. Esto es lo de siempre, con unos señores repartiéndose alegremente los dineros que por la vía de la fuerza extraen de nuestros estragados bolsillos.
La retórica contribuye al enfado ciudadano: gasto social es para éste gobierno destinar 40 millones a pagar la deuda farmacéutica o 5,4 millones para reducir la lista de espera, como si estos asuntos fueron meros ejercicios presupuestarios y no la constatación de la catastrófica gestión que viene haciendo la Consejera de sanidad, Brígida Mendoza. También considera social, en un retorcimiento de las palabras digno de mejor causa, dotar con 110.000 euros para que ningún universitario que tenga los requisitos se quede sin una beca pública. Habrá hecho las delicias de los demagogos que se tragan cualquier intervención de nuestros bien pagados políticos. Lo que ha hecho el gobierno central es modificar las condiciones de acceso a las becas para que accedan a ellas los estudiantes que cumplan unos determinados requisitos, que han sido elevados. Por cierto, una beca que completa el 20% del coste total de los estudios que han de pagar quienes los hacen pues el 80% restante lo reciben el conjunto de ellos sin atender a merecimiento y requisito alguno. Así que, por lo explicado, lo que hará el Gobierno de Canarias es destinar esa cifra, algo más de 100 mil euros, para atender a alumnos que no cumplan los requisitos formales de acceso, en un nuevo ejercicio de redistribución de la riqueza por una vía ineficiente, arbitraria y algo idiota. Una tontería más en el juego político que no sirve para nada, pero es algo que no puede sorprender de un gobierno ineficaz y torpe como el de Paulino Rivero.
Como el cuadro no estaba completo, el consejero González afirmó, sin rubor, que el próximo presupuesto será de base casi cero, que es como si se pudiese estar medio embarazado. Porque un presupuesto de base cero es aquel que empieza desde la nada, sin antecedentes sobre los que fijar ninguna partida presupuestaria. Sin ir más lejos, el primer presupuesto que se elaboró en Canarias hace ya casi 30 años. Otra cosa bien distinta es que estén buscando una razonada justificación para meter la tijera de una vez y por todas en ese pesebre en el que abreva tanto parásito. Y eso sí, no tendría precio
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