El Gobierno de Canarias plantea en ocasiones dudas razonables sobre si está integrado por incompetentes o por desalmados a la par que imprudentes. ¿Qué otra cosa, si no, se puede decir de una panda de zascandiles que niegan que conozcamos los datos sobre cuánto cuesta que veamos el fútbol de los equipos canarios de la segunda división a través de ese aparato de propaganda gubernamental que es la televisión autonómica? El asunto no tiene desperdicio pues la oposición pregunta en el Parlamento y el Gobierno replica que no facilitará ese dato porque vulneraría un pacto de confidencialidad suscrito en contrato con la empresa propietaria de los derechos televisivos, Mediapro. Hay que tener un gran cinismo para debatir, criticar, impugnar o proponer leyes de transparencia de la administración y ofrecer esta mendaz explicación sin ponerse siquiera colorado.
Cabria preguntarse hasta dónde está obligado el gobierno a guardar silencio en un contrato de éste tipo y a quién defiende obrando de tal guisa. En el Parlamento existe una comisión de control sobre la RTVC, que deberá conocer lo que ahora se niega. Pero las propias condiciones de contratación deberían ser públicas y disponibles para el acceso de cualquier ciudadano. Así que, si al final se sabe, lo que hace el gobierno es una especialidad marca de la casa, patadón para delante. Y dan pábulo a los rumores, lo que se traduce en que se empieza a escuchar que el talón extendido para poder ver a los colosos canarios del fútbol patrio estaría en el entorno de entre los tres y cuatro millones de euros, cantidades vergonzosas en cualquier caso pero que en las condiciones actuales resultan incendiarias.
Quizás, en un ataque de lucidez, han pensado en el Gobierno de Rivero que conocer las cantidades pagadas es un exceso que será mejor ocultar porque no están los tiempos para estos caprichos. Si es así, más le vale a este derrochador gobierno mantener en tinieblas a la opinión pública porque sería un escándalo inadmisible cuando hay gente pasando miserias que no pueden ser compensadas vía televisión y fútbol, métodos ensayados con éxito por la dictadura de Franco, esa que tan cara le resulta a Rivero. Estas cosas no pueden seguir sucediendo, no puede ser que sigamos permitiendo que los gobiernos identifiquen grupos de votantes a los que comprar con el dinero que previamente sacan de nuestros bolsillos. Que, encima, pretendan ocultar los importes o que se pasen por el forro de los caprichos principios básicos de buenas prácticas o de rendición de cuentas, algo que resultaría intolerable en cualquier democracia más o menos avanzada. No se puede permitir, sin más, que se mantengan estos privilegios de casta, con unos impuestos nórdicos y servicios tercermundistas mientras intentan mantener narcotizados a unos espectadores futbolísticos que, es seguro, desaprobarían que les sigan reduciendo servicios básicos a cambio de ver las evoluciones del equipo de sus amores.
Todavía resuena el esperpento de un gobierno de Rivero, entonces en minoría, que decretó que un partido de rivalidad entre el CD. Tenerife y la UD. Las Palmas habría de ser considerado de interés general porque se tenía que 'atender las especiales circunstancias de insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias, y que el hecho insular supone un claro handicap para acudir al recinto de juego como espectadores directos’
Y es que no paramos de mejorar
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