La verdad es que apenas nos pueden hacer gracia las continuadas cancaburradas de nuestra muy bien pagada clase política. Los humoristas deberían estar muy preocupados, pues la competencia de toda esta caterva de privilegiados comedores de mariscos sí que es desleal al tener a su disposición el puñetero Boletín Oficial.
No recuperados de esa muestra descarnada de sentido del humor hecha por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el Sr. Cardona, quien no tuvo reparo en viajar hasta Rabat en Marruecos para ‘compartir buenas prácticas para la gobernanza que pueden exportarse a los países de África’. Llamativo resulta que estos cosas se hagan en medio de la situación que estamos viviendo, con la credibilidad y honorabilidad de los políticos -todos- a la altura del betún, según volvió a acreditar el Centro de Investigaciones Sociológicas en su último trabajo conocido ayer. Peor, si se quiere, es el papel de los africanos, que no solo deben aguantar la excursión de todos estos vividores, si no que encima deberán soportar estoicamente que los consideren unos pobres incapaces que precisan de la ayuda del hombre blanco para aprender a gobernar bien y con buenas prácticas. ¡Impagable!
Ahora sale un nuevo personaje, encantado de la vida por haberse conocido y que a la postre es el Director General de Universidades de la Consejería de Educación, un tal Carlos Guitián. La criatura cree conveniente poner en marcha una nueva normativa que ‘sirva para tener un control público de lo que se hace en el campo educativo en las Universidades Privadas’. Existe una norma estatal que data del año 1991 que regula las titulaciones, contenidos y proceso a la hora de poner en marcha una universidad de este tipo. Por tanto, el Gobierno de Canarias solo puede -y esto es lo que le pone- ejercer un cierto control informativo sobre las titulaciones y alumnado ‘como la que cada año proporcionan las universidades públicas en su memoria de actividad’.
Oportuno resulta recordar lo que suele hacer el Gobierno de Canarias con cuantas cosas coloca en el ámbito de sus responsabilidades. No es un modelo de eficacia y transparencia, por ejemplo, la propia Universidad de La Laguna que sale mal parada en un estudio reciente sobre la información que facilita en su página web, siendo considerada por la web autora del informe, compromisoytransparencia.com, como opaca. ¿Pretende este señor que las universidades privadas aporten una información que hasta la fecha no están obligadas y que no le es requerida con la misma saña a las universidades públicas? Es conveniente subrayar que las universidades privadas deben responder ante sus accionistas mientras que las públicas usan recursos que nos son extraídos por la fuerza al conjunto de los ciudadanos.
Añadan dos circunstancias no menores: por un lado, esa fe que parece profesar en la ley este dirigente socialista del PSOE, para quien cualquier problema puede dejar de serlo solo con la acción benemérita del poder político. Y por otra, el mundo de la enseñanza superior está cambiando a una velocidad absolutamente impresionante. Hoy es posible encontrar cursos por un coste ridículo en las mejores universidades del mundo, que permiten recibir la formación vía on line. Negar esta evidencia, poner más obstáculos a la instalación de futuros centros de enseñanzas es una temeridad que, efectivamente, solo puede estar al alcance de esta panda de cabestros que nos dirigen.
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