Control a las Universidades Privadas

La verdad es que apenas nos pueden hacer gracia las continuadas cancaburradas de nuestra muy bien pagada clase política. Los humoristas deberían estar muy preocupados, pues la competencia de toda esta caterva de privilegiados comedores de mariscos sí que es desleal al tener a su disposición el puñetero Boletín Oficial. 

No recuperados de esa muestra descarnada de sentido del humor hecha por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el Sr. Cardona, quien no tuvo reparo en viajar hasta Rabat en Marruecos para ‘compartir buenas prácticas para la gobernanza que pueden exportarse a los países de África’. Llamativo resulta que estos cosas se hagan en medio de la situación que estamos viviendo, con la credibilidad y honorabilidad de los políticos -todos- a la altura del betún, según volvió a acreditar el Centro de Investigaciones Sociológicas en su último trabajo conocido ayer. Peor, si se quiere, es el papel de los africanos, que no solo deben aguantar la excursión de todos estos vividores, si no que encima deberán soportar estoicamente que los consideren unos pobres incapaces que precisan de la ayuda del hombre blanco para aprender a gobernar bien y con buenas prácticas. ¡Impagable!

Ahora sale un nuevo personaje, encantado de la vida por haberse conocido y que a la postre es el Director General de Universidades de la Consejería de Educación, un tal Carlos Guitián. La criatura cree conveniente poner en marcha una nueva normativa que ‘sirva para tener un control público de lo que se hace en el campo educativo en las Universidades Privadas’. Existe una norma estatal que data del año 1991 que regula las titulaciones, contenidos y proceso a la hora de poner en marcha una universidad de este tipo. Por tanto, el Gobierno de Canarias solo puede -y esto es lo que le pone-  ejercer un cierto control informativo sobre las titulaciones y alumnado ‘como la que cada año proporcionan las universidades públicas en su memoria de actividad’. 

Oportuno resulta recordar lo que suele hacer el Gobierno de Canarias con cuantas cosas coloca en el ámbito de sus responsabilidades. No es un modelo de eficacia y transparencia, por ejemplo, la propia Universidad de La Laguna que sale mal parada en un estudio reciente sobre la información que facilita en su página web, siendo considerada por la web autora del informe, compromisoytransparencia.com, como opaca. ¿Pretende este señor que las universidades privadas aporten una información que hasta la fecha no están obligadas y que no le es requerida con la misma saña a las universidades públicas? Es conveniente subrayar que las universidades privadas deben responder ante sus accionistas mientras que las públicas usan recursos que nos son extraídos por la fuerza al conjunto de los ciudadanos. 

Añadan dos circunstancias no menores: por un lado, esa fe que parece profesar en la ley este dirigente socialista del PSOE, para quien cualquier problema puede dejar de serlo solo con la acción benemérita del poder político. Y por otra, el mundo de la enseñanza superior está cambiando a una velocidad absolutamente impresionante. Hoy es posible encontrar cursos por un coste ridículo en las mejores universidades del mundo, que permiten recibir la formación vía on line. Negar esta evidencia, poner más obstáculos a la instalación de futuros centros de enseñanzas es una temeridad que, efectivamente, solo puede estar al alcance de esta panda de cabestros que nos dirigen.

Ha nacido una estrella

El titular periodístico no podía ser más llamativo: ‘Astor pide separar la justicia de la política’. Astor Landete, Joaquín es el nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el viernes inauguraba el año judicial con estas sorprendentes declaraciones. Sorprendentes, aunque no por escuchar esa propuesta hecha para no ser cumplida, sino porque se lanzó por un despeñadero donde todo lo que dijo fue político. Es miembro de Jueces para la Democracia, lo que quizás explique su locuacidad y el objeto de su acerado punto de vista. Criticó la Ley de Tasas, la escasez de medios, avivó el pleito insular señalando la disparidad en el número de juzgados de lo Social existentes en ambas provincias o puso en el frontispicio de sus quejas las carencias de personal o disminución de sus emolumentos. Todo ello, faltaría más, en nombre de los ciudadanos, a los que atribuye una mentalidad única con capacidad para exigir una concepción plural del Consejo General del Poder Judicial, ese órgano de gobierno de los jueces absolutamente, también, desacreditado en nuestro país. 

Fuera de esos asuntos discutibles, también tuvo referencias curiosas. Por ejemplo, afirmar que los bancos tienen la obligación, cuanto menos moral, de devolver el dinero, volviendo a darle a su discurso un desagradable tono político que excede con mucho sus limitadas capacidades y obligaciones. Toma partido al afirmar que ‘los empresarios se dedicaron a construir, construir y destruir la costa’ cuando esto apenas tiene un pase, pues con el poder que tienen los políticos a la hora de ordenar los usos del suelo, aquellos no pueden construir donde les plazca, apenas donde les dejen en las condiciones que son fijadas por el arbitrario poder político. Bien pensado, debería haber hecho un pronunciamento más severo contra alcaldes y concejales de urbanismo que han permitido la construcción en zonas no habilitadas para ello a cambio de un miserable puñado de votos. Se equivoca y lo hace también cuando no tiene empacho en proclamar que 'el turismo aprovecha las leyes favorables y no piensa en cuántos parados hay'. Es preocupante que alguien que ocupa un lugar tan preeminente en la judicatura como éste sujeto pueda hacer consideraciones de tal guisa. Es complicado averiguar qué es lo que le molesta exactamente, si la ley, los parados, los empresarios... Pero su único cometido -y no es menor- es garantizar que la ley no pueda ser violentada, no que los ciudadanos apuren la misma es beneficio propio. Que un juez o magistrado muestre turbación porque las empresas aprovechen las leyes para obtener determinados fines es algo verdaderamente inquietante. Alguien así bien que podría ser capaz de retorcer la interpretación de la norma hasta conseguir una condena, aunque sea moral, que es lo que parece pretender. 

En fin, el Sr. Astor llega para darnos  a todos grandes momentos de gloria. No parece que vaya a ser por sus conocimientos jurídicos, su trayectoria o su impecable interpretación del derecho. Más bien da la impresión que ha nacido otro nuevo juez estrella, plaga que está lejos de remitir. Pero en su presentación en sociedad ha dado ya claras muestras de hasta dónde está dispuesto a llegar y que sus prejuicios son mucho mayores que sus conocimientos. Mal estreno

Casinos públicos en proceso de privatzación

Carlos Alonso, ya como presidente del Cabildo, ha anunciado una medida verdaderamente audaz. No porque no haya sido largamente solicitada por algunos quijotes locales ni porque no esté emparentada con el sentido común más elemental. Sencillamente porque corrige un desatino de años, uno de esos hechos inexplicables que se han ido traspasando de administración en administración. La institución insular que preside estudiará la privatización de los tres Casinos que en la Isla hay y que son propiedad pública en su integridad. Cierto es que habrá de esperarse para confirmar que existe un interés comprador porque, desgraciadamente, la simple manifestación de una intención no hace que aparezcan como por ensalmo empresarios entusiastas con la idea. Pero es un primer paso, un gran paso que debe tener su continuidad con la sucesiva privatización del impresionante holding empresarial que atesora el Cabildo Insular de Tenerife y su asfixiante presencia en sectores diversos como los hoteles, las imprentas, los campos de golf, las fábricas de yogur o las queserías. Soltar lastre que permita, también, disminuir la enorme deuda que dejó tras de sí quien ha sido presentando en las últimas semanas como una especia de guía espiritual empeñado en conseguir evitar que nos despeñáramos por los precipicios a los que nos conducíamos en el supuesto de no contar con su presencia beatífica y benemérita: Ricardo Melchior. 

Conviene preguntarse si la privatización de los Casinos habría sido posible de seguir aquel en la presidencia del Cabildo y cabe especular con la respuesta negativa: Melchior, en su infinita arrogancia, jamás consideró usos y medios distintos a los suyos, entendiendo que nada podría superar a la gestión pública de los recursos puestos a su disposición. Alonso, ungido nuevo presidente, ha dado un paso al frente que muestra osadía y reivindicación de su propio liderazgo, mereciendo el reconocimiento si en adelante su misión consiste en rebajar el tamaño y el peso que el Cabildo tiene en la economía insular. Tal cosa no ocurrirá, pues no hay político que de manera voluntaria decida disminuir el tamaño de su influencia. Si Alonso ha decidido privatizar los Casinos es por razones contingentes, por sus continuadas pérdidas, por la consabida incapacidad del sector público para hacer funcionar nada y hasta por sus propias declaraciones, pues considera que 'con el dinero fruto de la venta podrá atender otras necesidades sociales'. No son razones ideológicas, que duda cabe, pero ojalá la aventura salga bien para que pueda sentar el necesario precedente. 

Margen tiene; su formación y conocimientos no son despreciables, inusuales incluso entre sus compañeros de corporación y partido; Su deseo de mantener una hoja de ruta propia, una presidencia caracterizada por los aciertos sin caer en los permanentes ejercicios de soberbia de su antecesor, quizás lo ayuden, casi tanto como la distancia que pueda poner con el propio Melchior por más que tenga la sensación de deuda personal con quien fuera su mentor. Pero es mucho lo que está en juego, dotarnos de una institución que sea ágil y permita ayudar sin participar en sacar grandes proyectos adelante. La privatización de los Casinos es un primer gran paso; su liberalización total debería ser al tiempo. Quizás así podamos volver a tener un atractivo inversor que necesitamos como el respirar

Seguimos mejorando

El Gobierno de Canarias plantea en ocasiones dudas razonables sobre si está integrado por incompetentes o por desalmados a la par que imprudentes. ¿Qué otra cosa, si no, se puede decir de una panda de zascandiles que niegan que conozcamos los datos sobre cuánto cuesta que veamos el fútbol de los equipos canarios de la segunda división a través de ese aparato de propaganda gubernamental que es la televisión autonómica? El asunto no tiene desperdicio pues la oposición pregunta en el Parlamento y el Gobierno replica que no facilitará ese dato porque vulneraría un pacto de confidencialidad suscrito en contrato con la empresa propietaria de los derechos televisivos, Mediapro. Hay que tener un gran cinismo para debatir, criticar, impugnar o proponer leyes de transparencia de la administración y ofrecer esta mendaz explicación sin ponerse siquiera colorado. 

Cabria preguntarse hasta dónde está obligado el gobierno a guardar silencio en un contrato de éste tipo y a quién defiende obrando de tal guisa. En el Parlamento existe una comisión de control sobre la RTVC, que deberá conocer lo que ahora se niega. Pero las propias condiciones de contratación deberían ser públicas y disponibles para el acceso de cualquier ciudadano. Así que, si al final se sabe, lo que hace el gobierno es una especialidad marca de la casa, patadón para delante. Y dan pábulo a los rumores, lo que se traduce en que se empieza a escuchar que el talón extendido para poder ver a los colosos canarios del fútbol patrio estaría en el entorno de entre los tres y cuatro millones de euros, cantidades vergonzosas en cualquier caso pero que en las condiciones actuales resultan incendiarias. 

Quizás, en un ataque de lucidez, han pensado en el Gobierno de Rivero que conocer las cantidades pagadas es un exceso que será mejor ocultar porque no están los tiempos para estos caprichos. Si es así, más le vale a este derrochador gobierno mantener en tinieblas a la opinión pública porque sería un escándalo inadmisible cuando hay gente pasando miserias que no pueden ser compensadas vía televisión y fútbol, métodos ensayados con éxito por la dictadura de Franco, esa que tan cara le resulta a Rivero. Estas cosas no pueden seguir sucediendo, no puede ser que sigamos permitiendo que los gobiernos identifiquen grupos de votantes a los que comprar con el dinero que previamente sacan de nuestros bolsillos. Que, encima, pretendan ocultar los importes o que se pasen por el forro de los caprichos principios básicos de buenas prácticas o de rendición de cuentas, algo que resultaría intolerable en cualquier democracia más o menos avanzada. No se puede permitir, sin más, que se mantengan estos privilegios de casta, con unos impuestos nórdicos y servicios tercermundistas mientras intentan mantener narcotizados a unos espectadores futbolísticos que, es seguro, desaprobarían que les sigan reduciendo servicios básicos a cambio de ver las evoluciones del equipo de sus amores.

Todavía resuena el esperpento de un gobierno de Rivero, entonces en minoría, que decretó que un partido de rivalidad entre el CD. Tenerife y la UD. Las Palmas habría de ser considerado de interés general porque se tenía que 'atender las especiales circunstancias de insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias, y que el hecho insular supone un claro handicap para acudir al recinto de juego como espectadores directos’

Y es que no paramos de mejorar

¿Billetes caros?

La última entrada en el blog de Paulino Rivero propone un tema interesante pese a que no aporta apenas novedad. Si acaso, uno observa que la reiteración de argumentos y las amenazas dejan de tener efecto y que, incluso, titulares aparentemente llamativos pasan o deberían pasar desapercibidos. ¿Cuántas veces ha señalado el presidente que Canarias es un asunto de Estado? Ayer volvió con la tonta letanía aunque mucho más sectorizada; ahora es Fomento quien tiene en Canarias un asunto de Estado. Resulta cansino porque en la lógica paulina, los aciertos son mérito suyo y si algo no funciona, la inquina del gobierno de Madrid lo explica. 

Pero ayer se quejaba de la pérdida de plazas áreas -tres millones desde el año 2008- entre Canarias y la península. Lamenta la inacción del ministerio a quien pide una urgente reacción. Cree, sin razón, que hoy no es solo más caro viajar a la península sino más complicado, lo que desmiente rápidamente cualquier búsqueda en internet sin demasiado refinamiento. Un viaje para hoy buscado ayer y regreso mañana se puede encontrar por 158 € y con un mes vista para las mismas fechas, 65 €. Para el próximo puente del día de todos los santos, en horarios que permitan disfrutar del largo fin de semana, unos 180 €. Obviamente hay plazas para todas esas fechas con lo que no podrá argumentarse que los vuelos no existen. Debemos suponer que las empresas operadoras ajustan sus rutas a la demanda existente y si no hay más, los vuelos serán los que satisfagan las necesidades de los clientes existentes, no los que supone, en su infinita sabiduría, el Sr. Rivero. Y da la sensación de que en estos momentos, más que aviones, lo que faltan son pasajeros.

En lo que respecta al precio habrán de hacerse dos consideraciones esenciales. El valor es subjetivo y unos podremos considerar que 160 euros por un vuelo que necesitamos en este momento, a bordo de una aeronave que cuesta varias decenas de millones de euros y que nos transporta a 2500 kilómetros de nuestro lugar de origen es adecuado, mientras que otros usuarios considerarán caro el mismo aunque no tengan elementos de comparación para hacerlo. Cierto es que en el pasado se podrían incluso encontrar billetes más baratos pero por una distorsión en el mercado generada por las propias administraciones públicas y que Rivero lamenta haya desaparecido: Spanair, una empresa propiedad de un consorcio público que abarataba artificialmente las tarifas hasta límites que supusieron la ruina de la empresa y el atraco a los contribuyentes. Pero esto no debería ser considerado el ejemplo de las conexiones que necesitamos, sino una interferencia del uso y gusto de nuestros gobernantes. 

Y existe otra causa que explica la naturaleza artificial de la conformación del precio en el billete aéreo: las subvenciones al pasajero por nuestra condición de residente, algo que distorsiona los precios por la creación de un incentivo perverso para las propias compañías, que ganan más cuánto más caros sean los billetes sin que el usuario final sea consciente de ello, no obstante, el 50% del precio total lo paga el Ministerio de Fomento. Haría bien en pensar Rivero si la solución a nuestros problemas pasan por aumentar la gestión de los políticos en estos asuntos esenciales o, como diría Ortega, será ‘el retorno a la causa del trastorno’

El Bolero de Ravel

Lo bueno que tiene que el mundo se aplanó es que te vas unos días y tienes sensación de no perder mucho el hilo. La globalización o la capacidad que tienen nuestros políticos para interpretar el bolero de Ravel hasta que terminas detestando la música. Sí, el bolero de Ravel, esa pieza inmortal en que se va repitiendo la misma melodía solo cambiando el instrumento musical. Está por ver si no desconectar del todo es una gran noticia, a fin de cuentas, si uno se va unos días -por más que sea a trabajar- lo menos que puede hacer es intentar dejar atrás esta aburrida cotidianidad. 

Dos son los temas en lo que se ha lucido nuestro impagable, sobre todo impagable, presidente. De un lado, este chusco capítulo de la hora de Canarias, donde nuestro también consejero de Turismo, el incansable Rivero, quiere que, llegado el caso de que en la península adopten nuestro mismo horario, inmediatamente nosotros variaremos el nuestro para no perder lo que considera un elemento esencial y gratuito de nuestra promoción turística: cada informativo de radio acompaña la hora y el célebre latiguillo de una hora menos en Canarias. Con independencia de la importancia que esto último tenga en la captación turística o el refuerzo de marca del Archipiélago, e incluso, de si nosotros tenemos el horario de acuerdo a nuestro huso y de la respuesta sorprendente y tonta de Soria, lo peor viene a ser la idea de que las horas se cambian a capricho, que nada puede parar la determinación de un líder máximo cuando algo se le mete en la cabeza. El tiempo, ese bien preciado y escaso por definición, el que ordena todas nuestras acciones y establece cualquier preferencia que podamos tener, se medirá también en función de los caprichos de estos desarrapados ignorantes que pretenden que nada quede fuera de su alcance. Cuando alguien nos pregunte en la calle qué hora es, siempre podremos decir que la que quiera Paulino. Aunque, si de verdad quisiera ser original, siempre le quedará la posibilidad de hacer como Hugo Chávez, quien en 2007 modificó a capricho el horario del país en media hora, pasando de menos cuatro horas a menos cuatro horas y media con respecto al meridiano de Greenwich. O mejor todavía, un minuto menos que en la península para tortura de los locutores de radio nacionales y mantener tan extraordinaria promoción turística. 

El otro gran asunto que afecta a Rivero y su gobierno tiene que ver con el intento torticero de engañar a la gente de bien que queda en las Islas, gente de bien que no puede encontrarse en un gabinete tan tramposo como el que encabeza el Sr. de El Sauzal. Se sacan de la manga un informe científico sobre la incidencia de las prospecciones petrolíferas en las Islas orientales del Archipiélago y lo atribuyen a la Unesco, como si en todo caso esto constituyese un argumento de autoridad incuestionable. Pero la realidad es tozuda, y el programa ‘El hombre y la biosfera’ elabora muchos informes, algunos de los cuales llegan a la Unesco y otros siquiera son tomados en consideración. Tal es así, que incluso la Presidenta del Comité Científico de este programa, y ex consejera de Industria con el propio Rivero, Marisa Tejedor, admitió ayer que la Unesco no sabe nada del asunto. 

Ya sabíamos que son un desastre como gobierno: ahora ya tenemos claro que encima son unos mentirosos que no van a reparar en medios con tal de conseguir su fin. Y sí, también son un peligro