Peligro: Propiedad privada

LA situación no pudo ser más sorprendente. En el programa La Gaveta, de Radio Millenium, Ángel Delgado (quien fuera Gobernador Civil de la provincia, hombre del derecho, progresista que no necesita ser puesto a prueba) proclama su perplejidad por lo que había leído sobre la intención del Gobierno de Canarias de expropiar a los hoteleros que no conserven adecuadamente sus instalaciones. Afirma, incluso, que tuvo que leer dos veces la noticia para poder asumirla. Delgado es persona cabal y lo que tenemos en el Gobierno de Canarias es un ejército indocumentado absolutamente letal y nocivo para nuestra libertad y, por supuesto, para la propiedad privada, a la que pretende subordinar hasta convertirla en mera concesión administrativa. Una simple lectura a los 23 folios del borrador de la Ley de Renovación y Cualificación Turística pone los pelos de punta partiendo de una premisa aparentemente indiscutible: es un sector estratégico. Pero es estratégico pese al gobierno, no gracias a él, puesto que nuestro turismo ha sobrevivido a muchos malos consejeros, incluyendo a quien detenta en la actualidad tal responsabilidad: el mismo presidente Rivero. Esta aberración normativa afirma que «los titulares de los establecimientos y actividades turísticas tienen el deber de mantener, conservar, mejorar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones requeridas para su uso establecido por la normativa del sector», lo que les obligará a presentar ante las autoridades un informe emitido por entidades acreditadas relativo al estado de conservación. Obsérvese que son cuestiones que resolvería mejor el interés particular del hotelero, empeñado en no quedarse fuera de mercado y satisfacer las demandas de sus clientes, por lo que procederá a cuantas mejoras sean necesarias al efecto. Pero también los poderes públicos tratan a los turistas como menores de edad, atribuyéndose funciones impropias, porque aquellos dejarían pronto de acudir a establecimientos obsoletos, más en los tiempos actuales en los que la tecnología obliga a hilar siempre muy fino a quienes pretendan satisfacer las necesidades de los clientes.

La misma norma contempla que, en consecuencia, puede obligar a un empresario a acometer actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación y que, llegado el caso, podrá procederse a la sustitución del propietario por vulnerar la función social de la propiedad, sin aclarar jurídicamente qué concepto es sustituir y si se produciría compensación económica al expropiado. Solo faltaba observar, con estos antecedentes, al presidente Rivero en su siempre complaciente televisión transmitir desde el jardín de su casa en El Sauzal un programa en directo y ante los aplausos de esos personajes de tonta sonrisa de los que ha ido rodeándose, preguntar de quién es tal hotel, y tras obtener una respuesta, proclamar a voz en grito: «¡Exprópiese!».

Es posible que todo esto quede en un borrador y que incluso los tribunales decidan anular todo el desaguisado, pero lo que nos queda clarísima es la pulsión liberticida de unos gobernantes entregados con fruición a un intervencionismo atroz, tanto que sorprende a socialistas tan bien intencionados como nuestro tertuliano Ángel Delgado.

Publicado originalmente en ABC Canarias

Lo que no se ve

Un buen amigo plantea, en una conversación de café, un tema muy interesante: ¿Cómo resolvería una economía de mercado los problemas de conectividad de las islas, particularmente, los de El Hierro? El asunto nos conduce a una larga discusión hasta que uno cae en la cuenta de que hablamos de un supuesto hipotético porque Canarias dejó de ser hace ya muchos años una economía de mercado para pasar a ser uno de los lugares más intervenidos del planeta. Ni la libertad para contratar, ni el respeto a la propiedad privada ni los precios que sirven para orientar a los operadores y consumidores en una economía libre son percibidos en estas olvidadas tierras.

Lo de El Hierro no deja de ser un nuevo capítulo en el que se ponen de manifiesto, otra vez, como los políticos tomaron posiciones que jamás les deberíamos haber consentido. No hay precios porque el coste de los billetes no reflejan su valor real gracias a las subvenciones a las mercancías o pasajeros y las soluciones a futuro, con decreto de Obligaciones de Servicio Público (OSP) incluido, harán que las personas puedan desplazarse pagando de forma directa -el resto lo harán mediante impuestos siempre que el Gobierno abone lo que adeuda a los operadores- una fracción insignificante del coste total del billete (habrá subvención que puede llegar a ser del 75%). Tampoco existe libertad para contratar pues los operadores son denunciados por no despachar billetes a alborotadores como el propio presidente insular, Alpidio Armas, ni se permite atender esas rutas con criterios empresariales para establecer qué tipo de barco, en qué frecuencia y bajo qué condiciones pueden unir a El Hierro con el resto de Islas. Y por supuesto, la propiedad privada alcanza categoría de broma pesada cuando todo un presidente del Gobierno afirma, sin rubor alguno —lo que empieza a ser una característica destacada de Rivero—, que no permitirá a los operadores hacer lo que les venga en gana.

Se podrá argüir que solo en esos supuestos se puede asegurar una cierta conectividad entre islas y que la intervención gubernamental se hace imperativa; sin embargo, esto está lejos de ser evidente por muy intuitivo que pueda parecernos, porque no hemos permitido poner en marcha la función empresarial de individuos creativos, capaces e ingeniosos que descubren oportunidades de ganancias donde otros solo observan necesidades de decreto. La cifra dada sobre las conexiones necesarias de comunicación marítima de aquella isla nos la da una comisión de transporte integrada por muchos políticos y algunos empresarios, pero de esos que no pagarán ninguna factura por cometer un error empresarial, con lo que sus peticiones deberían ser revisadas con cuidado. Crear ahora unas OSP añadirá más inconvenientes que ventajas, sobre todo si atendemos a las experiencias que conocemos del transporte aéreo, blindado de futura competencia en las rutas interinsulares gracias a las restrictivas condiciones que imponen. La solución no puede ser ni venir de quienes crean los problemas y esto es algo que hace tiempo debería habernos hecho reaccionar.

Original en el periódico ABC

Objetivo: nuestra ruina

Impertinencias liberales

Antonio Salazar

Objetivo: Nuestra ruina

El Gobierno de Canarias impide un hotel de cinco estrellas en el Sur de Gran Canaria y el consejero Berriel pide cordura a los perjudicados. En realidad se la debería exigir a los 600 empleados que no encontrarán trabajo en esa nueva infraestructura turística del Grupo Lopesan. 18 millones de euros que se dejan de invertir y los políticos lo explican por unas normas que ellos mismos aprueban en el parlamento. Nadie resta legitimidad a nuestra cámara de leyes pero sí sería correcto cuestionar cómo se llega a este punto. Entre los 60 parlamentarios, ¿Cuántos de ellos han trabajado en el sector turístico?¿Quiénes han creado alguna empresa turística —en realidad, la pregunta es igualmente válida para cualquier otro tipo de empresa—? Tenemos un problema porque el poder político se ha ido expandiendo hasta cotas absolutamente insoportables, poniendo en serio riesgo el futuro económico de nuestro Archipiélago.

¿Por qué es posible abortar un proyecto como éste? Sencillo, porque pueden. Tienen todo el poder coactivo en sus manos y no son excepcionales los cambios de norma para otorgarse aun más poder con el que intervenir en nuestras vidas. Hoy es un hotel de 200 camas de cinco estrellas, 18 millones de inversión y 600 puestos de trabajo. ¿La excusa? que tendría que ser de Gran Lujo para que encaje con unas leyes que son tan rígidas por razones sencillas de imaginar. Item más, si el gobierno quiere establecimientos de Gran Lujo, soluciones tiene a su alcance; Berriel puede aprovechar su singular acceso a los subvenciones y con otros como él, arriesgar ese dinero como mejor le convenga, siempre que no pretenda decirle a los hoteleros qué tipo de establecimiento satisface mejor la demanda de clientes y empresarios. 

Recientemente unos touroperadores pedían mejores establecimientos de tres estrellas, basados en las peticiones y gustos actuales de sus clientes. ¿Berriel o algún otro ocioso burócrata —perdón por la reiteración— ha hablado alguna vez con los encargados de traer turistas a Canarias?

Esta infinita fatal arrogancia del poder político se observa también en muchos otros órdenes. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se exige a la naviera Fred Olsen que para gestionar una terminal portuaria deben incluir servicios de cafetería o quiosco, como si esa elemental prueba de la función empresarial la hubiese pasado por alto una empresa noruega con muchos intereses en diversos lugares del mundo, y debiese ser reconducida en su error por un alcalde que lleva toda la vida dedicado de manera exclusiva a la política. O inversiones como la del colegio La Salle en Tenerife, donde el capricho político, un abogado pejiguera contratado, parece ser, por la competencia del gimnasio que pretendía instalarse, se frustran en su tramo final perdiéndose otros 130 puestos de trabajo.

Hablan de tecnicismos, pero cala la idea de que existen dos formas de interpretarse las asfixiantes normas canarias, según sea el grado de proximidad y cercanía al poder político. Un escenario aterrador el que nos toca vivir, donde nos fríen a impuestos para mantener costosos aparatos burocráticos cuyo único objetivo visible es arruinarnos.

Twitter: @antoniosalazarg

Original publicado en ABC

Cobrar por respirar

Cuando los opositores a las sociedades libres quieren caricaturizar lo que denuestan, no tienen empacho en afirmar que se terminaría privatizando el aire si la acción benefactora del estado no lo impidiese. Es una tontería con mucho éxito. Aunque es cierto que el aire es el único bien que cumple las condiciones para ser considerado público (no exclusión y no competencia), el ingenio empresarial ha conseguido ofrecerlo como un servicio a clientes en lugares donde es muy apreciado, por ejemplo en Hong Kong o Japón, donde parece que le atribuyen efectos desestresantes.

Esos mismos caricaturizadores de la función y creatividad empresarial mantienen una posición tibia contra las decisiones que ha venido tomando el Gobierno de Canarias a rebufo del de Madrid. Los unos por los otros han decidido darle la razón a Frederic Bastiat cuando afirmaba que el Estado es la ficción en la que unos ciudadanos pretender vivir a costa de otros, o más severamente, lo que Murray Rothbard establecía como diferencia entre dos tipos de individuos: los que pagan los impuestos y quienes viven de ellos. La originalidad, que no excepción, canaria es la irrupción de los antiguos arbitristas, personajes que en el siglo XVII sugerían a los reyes los impuestos o arbitrios que podrían ser implantados para poder seguir manteniendo la Corona y sus guerras. Solo así se entiende que el gabinete de Rivero haya creado tasas sin cuento, tantas que ahora sería factible que impusieran una por respirar. Hasta hace unos años se imponía la idea de crear una renta básica de ciudadanía, esto es, cobrar un subsidio por el hecho de vivir; nadie podrá objetar que se cobren impuestos exactamente por lo mismo, por respirar.

Distinta consideración merece esa disparatada idea de implantar una serie nueva de impuestos bajo criterios medioambientales. Gravar el transporte de la electricidad, cobrar por las antenas de telefonía, o crear impuestos a las grandes superficies, con la delicadeza gubernamental de señalar que no podrán ser repercutidos sobre los consumidores siquiera por pacto entre las partes, nos coloca en una complicada tesitura: Es difícil saber si nuestros gobernantes son más temerarios o más incapaces. No es complicado entender, salvo para la burocrática mente, que si una empresa ve aumentado sus costes operativos y no puede trasladarlos a sus precios, que algo pasará. No debería extrañarnos, por tanto, que nuestras redes de transporte eléctrico empezasen a mostrar fatiga sin que puedan repararse con la pericia necesaria por falta de recursos. Eso no será culpa, pongamos por caso, de Endesa sino de unos políticos empeñados en defender una idea que nadie se cree: como no hay un problema de gastos, aumentan los ingresos subiendo los impuestos y cargándose, de paso, un principio esencial en cualquier economía que merezca llamarse de mercado, la libertad para contratar pues tal cosa es impedir trasladar al precio los costes operativos entre empresas o particulares. Una economía intervenida como solución a los problemas causados por el mismo intervencionismo. ¡Notable! Eso sí, ya vendrán los neoliberales a cobrar por respirar. ¡En fin!

Original publicado en ABC Canarias

Paraísos fiscales

HACE unas semanas, en el programa «El debate de La 1», de RTVE en Canarias, se trató el asunto de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Fiel a la costumbre, enseguida derivó la disputa hacia uno de los tópicos más usuales cuando estos temas se tratan, a saber, los paraísos fiscales y el fraude. Y, por no romper la tradición, se confundió la «elusión fiscal» con el fraude fiscal, incorporando al debate a las famosas Sicav. Vayamos por partes.

La elusión fiscal se produce cuando son aprovechados los recursos legales disponibles para pagar el menor número de impuestos posibles. Esto se puede hacer de diversas maneras y una de ellas es usando, legalmente, los paraísos fiscales. Existen estrategias muy distintas que conocen bien los profesionales de la asesoría. Las famosas Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) se caracterizan por una baja tributación (1%) siempre y cuando no repartan sus beneficios entre sus accionistas, caso contrario tributarían por su tipo marginal. Por supuesto que pagan impuestos y la alternativa no es su prohibición para aumentar la recaudación del Estado, sino poner en fuga a esos ahorradores que buscarán países no tan hostiles con el ahorro privado.

Con más eficacia que razón, se incide en la vinculación de los paraísos fiscales con actividades irregulares, como si todo el dinero allí depositado fuese de procedencia ilícita, algo que casa mal con la realidad a pesar de ser lo intuitivo. Según un estudio de la Universidad de Basilea sobre crimen, terrorismo y lavado de dinero, solo hay un paraíso fiscal (Antigua y Barbuda) entre los territorios investigados (30).

Otra cuestión distinta es la razón de la existencia de lugares de baja tributación a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué tienen en común Mónaco, Suiza, Luxemburgo, Andorra o Liechtenstein? Unos estándares de desarrollo muy elevados, una baja tasa de desempleo y una administración menor y más eficaz, además de ser lugares donde iniciar un negocio no supone un esfuerzo económico y burocrático desalentador. Es decir, lugares que son paraísos en vez del infierno en que hemos convertido nuestro territorio, mucho más tras la reciente subida de impuestos decretada por el gabinete de Paulino Rivero, a la espera de nuevas subidas impositivas por el resto de administraciones, nacionales o locales. Unos elevados impuestos, acompañados por el sentir general de que son usados de manera negligente y que en absoluto responden a las necesidades más acuciantes, pero que sí se usan de manera exclusiva en servir los intereses de los administradores, son el mejor estímulo para la elusión y hasta la evasión fiscal. Al final, eso sí, les quedará el magro consuelo de seguir saqueando las nóminas de los funcionarios y las de aquellos que no podemos evitar que nos metan la mano en el bolsillo. Mientras, seguiremos manteniendo una elefantiásica organización administrativa que no nos sirve para nada y que, además, no podemos pagar. Debe ser cosa del paraíso del que presumimos en Canarias.

Original publicado en el diario ABC

Competencias para incompetentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso considerar la posibilidad de que las autonomías devolviesen las competencias en sanidad, justicia y educación, lo que conllevaría un ahorro estimado de 48 mil millones de euros. El solo enunciado de esa cifra haría imprescindible abrir el debate, pero pronto pasó a segundo plano por el escaso apoyo que recibió incluso —o principalmente— de su propio partido. Alguna crítica magra en argumentos, lo que podría dar a entender que muchos jamás han dedicado un solo segundo a reflexionar sobre el asunto y, en consecuencia, balbucearon una débil defensa destinada a defender el actual «status quo».

Fernando Ríos, Comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales del Gobierno de Canarias, dijo en el marco de un interesante seminario que está celebrando la Real Sociedad Económica Amigos del País en Tenerife que resultaba evidente que con el traspaso de competencias a las comunidades autónomas se habían producido enormes avances en Sanidad y Educación, hasta el punto de convertir en irrefutable tal aseveración. ¡No tan aprisa!

Para comparar lo que ha sido la evolución en esas dos sensibles materias, deberíamos fijarnos en su evolución comparada y no contra una fotografía en blanco y negro de las Islas de hace 30 años. Está en la lógica política que nos hagan pensar en un coche con claxon y pañuelo blanco agitado por la ventanilla en señal de socorro y anunciando emergencia poniendo en peligro su seguridad y la de los demás frente a un moderna ambulancia medicalizada. Solo que es una estafa emocional porque tal cosa ocurre ya en todas las comunidades autónomas y no hay ninguna prueba de que si la gestión fuese del Ministerio eso seguiría igual.

Estas y otras muchas cosas han cambiado y para bien, pero no como una prueba irrefutable de eficaz gestión autonómica y sí de haber sabido aprovechar los enormes avances tecnológicos que se han producido en estos últimos 30 años, más rápidos y eficaces que en los cinco siglos anteriores. A decir verdad, tenemos una mejor sanidad porque la ciencia se ha desarrollado y la hemos podido pagar con el esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos.

Con la educación nos encontramos en similar situación, ya que la comparación no puede hacerse con la que existía previamente sino en el contexto global en el que se deben mover los estudiantes, en un mundo plano en el que resultan escasamente competitivos. Nuestro nivel está a la cola de España y de los países OCDE, con lo que es complicado establecer «más verdades irrefutables».

Incluso podría decirse que la cercanía competencial ha sido un freno más que una ventaja ya que resulta complicado pensar en un modelo peor, con una «captura del regulador» al estilo de la protagonizada en su día por el sindicato STEC, en tiempos de Mendoza y Alduán, de cuyos efectos no hemos podido recuperarnos todavía. Es posible que Aguirre esté equivocada pero no será por las razones que argumenta Fernando Ríos.

Original publicado en ABC  http://www.abc.es/20120417/local-canarias/abci-salaz-201204170847.html#.T40op5imsl0.twitter

Torpes, viajeros y arrogantes

A finales de la década de los 80 en el siglo pasado, una empresa tabaquera canaria se enfrentaba a una complicada coyuntura provocada por los apresurados cambios que vivía el sector, con el agravante de un monopolio estatal en proceso de privatización que distorsionaba la competencia. Plantean entonces la posibilidad de hacer una reconversión de personal dedicado a las labores del tabaco para que, con formación y voluntariamente, pudieran dedicarse al sector turístico.

Detrás de esa posibilidad, latía con fuerza la idea del grupo empresarial de diversificar su actividad y crear un hotel de lujo en Canarias que rompiese con el paradigma del sol y la playa y que, al tiempo, sirviese para que los visitantes que acudían al sur de Tenerife fuesen de un poder adquisitivo mayor. Decir eso en tiempos en los que lo habitual eran turistas camorristas que venían en búsqueda, además de sol, de alcohol barato no resultaba del todo normal. Tanto que no lo era que las autoridades de entonces —que con algún ligero retoque de caras, son las mismas de hoy— se opusieron con fuerza, porque no entendían que se dejara una labor industrial tradicional y se empezara una turística de incierto resultado. Esas ideas que solo se pueden defender cuando siempre se ha sido personal subalterno y no un empresario visionario que pretende adelantarse a los acontecimientos. Afortunadamente, se impuso el criterio empresarial y nació el Gran Hotel Bahía del Duque, que contra aquellos pronósticos agoreros lleva ya casi dos décadas de funcionamiento eficaz, resistiendo dos crisis colosales y elevando la categoría del destino.

Principios de 2012. Otros visionarios creen que existe petróleo en las aguas canarias y se empeñan en su extracción, comprometiendo para ello inversiones iniciales que superarían los 100 millones de euros, generando actividad industrial de diversa naturaleza y la creación de muchos puestos de trabajo en una tierra asolada por el desempleo con tasas de economía de guerra (Canarias supera el 30% mientras que la franja de Gaza apenas supera el 25%). Los políticos de ahora —recuerde, con algún pequeño retoque en las caras, los mismos de entonce— dicen que cómo vamos a poner en peligro nuestro sector turístico por una actividad industrial pesada que apenas aporta nada.

¿Qué tienen en común ambas historias? Básicamente que los políticos, borrachos de fatal arrogancia, son incapaces de observar lo que los empresarios sí adelantan, pues mientras estos intentan anticipar futuros desajustes que se produzcan en la sociedad ejerciendo la función empresarial, nuestra muy bien pagada clase política se dedica a garantizar intereses a corto plazo sin haber generado jamás un solo puesto de trabajo en buena lid y sin pagar las consecuencias de sus erradas suposiciones.

Cuando un empresario comete un error empresarial puro, asume la responsabilidad de su bolsillo, algo que jamás hemos visto se produzca entre nuestra viajera dirigencia, que lo mismo pone trabas a inversiones millonarias aquí que se va a pontificar a Uruguay y Argentina sobre las bondades de invertir en turismo y energías renovables.

Original en: http://www.abc.es/20120404/local-canarias/abci-salaza-201204041251.html#.T3wsKrPTKd4.twitter