Editorial 17/03/2015 sobre Radio San Borondón

El Gobierno de Canarias ha decidido sancionar con 100 mil euros a Radio San Borondón lo que, lógicamente, ha sido aprovechado por la emisora para acusar al gobierno de perseguir ideológicamente a esa casa y colocarla al borde de la desaparición, también al Centro de la Cultura Popular Canaria. En la red se movilizan sus partidarios y también aquellos que festejan su cierre, unos que se quejan de la arbitrariedad del gobierno y otros que entienden que lo lógico es que caiga todo el peso de la ley sobre los que incumplen. Una pena que la discusión sea sobre lo accesorio y no sobre lo contingente. Nadie puede extrañarse de que un gobierno use el poder que ha ido arrebatando a la sociedad poco a poco y con él, usando los medios a su disposición y en exclusiva que siempre son de naturaleza violenta, persiga y amedrente a sus enemigos. Radio San Borondón parece que se ha significado por una actitud agresiva contra el gobierno e interpretan en la radio el expediente como una represalia por ello. Es posible; tampoco a mí me gusta lo que defienden ni cómo lo hacen pero la solución es bastante sencilla, no escucharlo que es lo mismo que uno espera de aquellos que discrepan de las ideas en favor de la libertad que aquí expresamos de manera continua. Pero esa defensa de la libertad es, como la justicia, universal y para todos los individuos siendo preferible vivir en una sociedad donde existan emisoras como Radio San Borondón a otra sociedad donde esas ideas no puedan expresarse por la decisión administrativa, arbitraria y caprichosa de un gobierno.

Siempre alguien podrá decir que hay un concurso público que adjudica licencias y aquellos que no resultan beneficiados deben cumplir con las reglas y cesar en sus emisiones. El problema es que resultaría conveniente impugnar el razonamiento. El espacio radioeléctrico fue considerado servicio público a principios del siglo XX con el fin de regular las comunicaciones marítimas y militares. Tiempo le faltó a los políticos para ampliar el objeto de esa restricción a las emisiones de radio y TV hasta el punto en que casi todos los países las frecuencias son meras concesiones administrativas efectuadas por los gobernantes, con la notable excepción de Guatemala. ¿Qué es lo que hicieron en la linda Guate? Estudiaron el paper del Premio Nobel de Economía Ronald Coase dirigido a la Federal Comunications Commission en que discutía que pudiera considerarse el espacio radioeléctrico un bien público. En realidad, Coase entendió que no cumplían las dos condiciones esenciales que se requieren par identificar un bien público; uno, el principio de no exclusión, que viene a significar que no se podrá impedir que alguien disfrute de ellos y no cuesta nada añadir una persona más, por ejemplo, la defensa militar. Imaginemos que Carlos no paga sus impuestos pero en un conflicto militar el ejército tendría que defenderlo porque no tiene medios para discriminar a los que no pagan. Es más, ese tipo de bien no aumenta su coste por más que incorporemos a otras personas a las que defender. El otro principio es el de no rivalidad, es decir, que el consumo de una persona no disminuye la cantidad disponible. Estas son características que tienen los bienes públicos y que la literatura económica más convencional explica para justificar que deben administrarse o regularse desde el Gobierno con el fin de evitar la sobreexplotación o impedir la aparición de free riders. Como es sencillo entender, no hay nada de esto en las frecuencias de radio y TV, que deberían haber sido adjudicadas mediante subasta pública para que fuesen a parar a las manos de quienes más las valorasen, al estilo guatemalteco, con el gobierno desempeñando una función de arbitraje, asignando áreas geográficas, regulando las potencias y vigilando que se respeten los derechos de propiedad de sus legítimos titulares. No hacerlo así provoca situaciones como las que hemos vivido, con el gobierno pudiendo favorecer o perjudicar en función de sus preferencias y actuando seguidamente para acabar con los díscolos o los que no son de su agrado. No deja de ser una paradoja que la solución más eficaz a los problemas que vive Radio San Borondón sea, precisamente, la defensa de unos sólidos principios de respeto a la propiedad privada, lo que nunca ha reivindicado. Esa sí sería una forma óptima de resolver el problema, no acudiendo a más subvenciones que no generan más que nuevos inconvenientes y añadidas deudas a las existentes.

'Cómo hacer de Canarias un caso de éxito'

El pasado día 20 presentamos en Las Palmas el libro 'Cómo hacer de Canarias un caso de éxito'. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios nos hizo los honores. Queremos darle las gracias a Agustín Manrique de Lara, a los amigos de la Mutua de Accidentes de Canarias por cedernos sus instalaciones para el debate y cuantos asistieron en un noche de tormenta y alertas al acto. 

Reproducimos la intervención de Agustín Manrique de Lara


“Cómo hacer de Canarias un caso de éxito”


Queridos amigos…


Nos reunimos hoy, 20 de noviembre, en el salón de actos de la MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS, como no puede ser de otra manera en una fecha tan señalada, para hablar de cosas importantes!

Vamos a hablar nada menos que de Canarias y Libertad, y vamos a explorar el camino para que estas dos palabras vuelvan a reencontrarse…

Presentar un libro que se titula “CÓMO HACER DE CANARIAS UN CASO DE ÉXITO – HACIA UN REF DE MAYOR LIBERTAD ECONÓMICA Y SEGURIDAD JURÍDICA”, es sencillo y  agradable, sobre todo si conoces las capacidades e ilusión de sus autores, a los que sin duda tampoco les habrá costado demasiado trabajo redactarlo, porque escribir sobre lo que conoces en profundidad y sobre lo que crees, es algo que debe salir solo… pero eso ya nos lo contarán ellos!!!

José Ramón Barrera es socio responsable del área de consultoría fiscal y legal de ASSAP. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, es Máster en Asesoría Fiscal de Empresas del IE y el programa superior para directivos de ESADE, además de Vocal del Instituto Atlántico de estudios Económicos y Sociales de Canarias. Este es su primer libro!!!

Antonio Salazar es Miembro de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, dirige el programa ‘La  Gaveta’, en 7.7 Es Radio Canarias y es colaborador de Abc y RTVE. Profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) y miembro del Instituto Juan de Mariana, además, es vicepresidente del Instituto Atlántico de Estudios Económicos y Sociales de Canarias. Antonio actualmente cursa el Máster de Economía del Centro de estudios Superiores On Line de Madrid, Manuel Ayau y éste es su sexto libro.

Hace pocas semanas estuve en Tenerife con José Ramón y Antonio con ocasión de la presentación de las nuevas oficinas de ASSAP. Tuvimos el privilegio de compartir ese importante momento con Carlos Rodríguez Braun, reconocido experto en pensamiento y liberalismo económico al que hoy echaremos de menos en el interesante debate que tendremos sobre los contenidos del libro que hoy se presenta.

En el mundo más desarrollado, ese mundo al que la inmensa mayoría analizamos para buscar caminos que nos aproximen o nos ayuden a consolidar la posición que hemos conquistado, se producen, como podemos leer en el libro, “cambios a una velocidad vertiginosa, que parecen ir en contra de la más amplia intervención gubernamental… cualquier iniciativa empresarial inmediatamente es expandida por el mundo, con una mejora conjunta de las condiciones allí donde es implantada. Es primordial aceptar que los gobiernos no deben intervenir en ese proceso de mercado, siquiera para salvar a empresas incapaces de adaptarse a nuevas formas de actuar y avanzar… la tecnología aumenta nuestras posibilidades de supervivencia, potencia nuestra creatividad y limita las dificultades”.

Yo colocaría este libro de José Ramón y Antonio, en la mesa de noche de muchas personas que con sus decisiones, desde las diferentes administraciones públicas, tienen la capacidad de influir en la calidad de vida de los Canarios. Y esta parte última que he comentado la subrayaría en los ejemplares que deberían leer las pocas pero influyentes personas que siguen defendiendo la insoportable intervención que soporta nuestro motor económico, el turismo, al que no le permiten ni siquiera algo tan obvio como adaptarse a la demanda existente… cuando lo que nos correspondería es estar innovado y creando tendencias.

Qué empeño en liderar, definir, planificar desde el sector público cualquier actividad económica. Ese es el gran lastre de nuestra Comunidad Autónoma! Estoy seguro que Antonio y José Ramón nos contarán algo, no todo porque hay que leer el libro, sobre experiencias de éxito en países o regiones a los que nada tenemos que envidiar por clima, situación geoestratégica, o población, pero que sin embargo avanza a mayor ritmo que nosotros.

El REF sin duda puede ser una herramienta básica, además de necesaria, para que Canarias vuelva a ser un caso de éxito, porque no debemos olvidar que hemos vivido etapas de crecimiento y desarrollo de las que podemos sentirnos orgullosos.

Algunos se resignan solo a pedir “ayudas”… definen a Canarias como algo frágil y débil porque les interesa para defender sus ideas políticas. No somos así, y la historia lo ha demostrado.

En Canarias necesitamos seguir trabajando desde el máximo consenso para conseguir:

Por un lado, un REF FISCAL que mejore las herramientas actuales, dotándolas de mayor simplicidad y seguridad jurídica, y que sea a la vez novedoso, entre otras cosas:
 abriendo instrumentos como la RIC a que puedan ser utilizados por cualquier persona física o jurídica de todo el territorio nacional, para que lo importante sea que se materialicen inversiones en Canarias generadoras de actividad económica y empleo.
creándose a su vez, sin complejos, nuevos instrumentos que faciliten la internacionalización de las empresas desde Canarias, tanto desde la prestación de servicios desde Canarias al exterior como de la aportación de activos producidos en Canarias a proyectos de inversión en el exterior.

Y, por otro lado, un REF ECONÓMICO que nos acerque, con sus medidas, al territorio peninsular, que garantice que las normas europeas, españolas, y también las canarias, faciliten la actividad económica, la inversión, y por lo tanto, la generación de empleo en Canarias.

El REF ECONÓMICO, como recomienda insistentemente Bruselas a todos sus países miembros y regiones, debe seguir los criterios recogidos en la “Small Business Act”, para que no exista ninguna norma que dificulte la actividad de las Pequeñas y Medianas Empresas.

El REF ECONÓMICO debe propiciar que Canarias vuelva a ser una Región de libertad en la que se “pueden hacer cosas”, en la que el papel de las Administraciones Públicas sea facilitar la actividad económica, facilitar la inversión, facilitar la creación de empleo…

José Ramón y Antonio hacen unas interesantísimas consideraciones y propuestas para un REF orientado a nuevos y mejores tiempos… les recomiendo que lo lean con detenimiento!

Como RUP es una realidad que necesitamos ayudas, pero más que ayudas, y lo digo con convicción, necesitamos que nos dejen trabajar, que nos dejen ser creativos, que nos dejen arriesgar, que nos dejen seguir dando saltos en el desarrollo económico de nuestra tierra, y en el bienestar de los que aquí vivimos, como los que en su día propició la agricultura de exportación, más tarde el turismo con el desarrollo de puertos y aeropuertos, y en el futuro cualquier actividad económica en la que el mercado nos permita ser competitivos.


En definitiva, lo que pedimos a las Administraciones Públicas, a todas, es que sean más sensibles hacia la actividad económica, que sigan el camino que nos marca Europa de apoyo a las empresas, para conseguir el fin último de cualquier política, altas tasas de actividad y empleo, que faciliten la sostenibilidad del estado de bienestar y el nivel de servicios que todos deseamos.

El objetivo no debe ser otro que mejorar la calidad de vida de las personas!

Termino con una frase extraída del libro: “aprovechemos nuestra situación geoestratégica y permitamos que la energía emprendedora de más de dos millones de personas se ponga en funcionamiento”.

De corruptela y corrupción

Comentario en La Gaveta, 18 de febrero de 2014

Hay tal cantidad de asuntos que reclaman nuestra atención que a uno le da cierta pereza comenzar La Gaveta de hoy aclarando algunos conceptos que ayer, quizás, no fueron bien entendidos en la tertulia de este programa. Cierto es que se producen alteraciones en el normal funcionamiento del programa, básicamente por el acaloramiento del debate. Pero no puede ni debe extraerse conclusiones precipitadas o parciales. Viene esto a cuento por una distinción hecha por quien les habla entre los corruptores y los corrompidos, en medio de una discusión con el senador Alarcó. No caben equívocos, la corrupción es detestable siempre y conviene seguir cercando a quienes la ejercen en sus múltiples formas, no escudarse en limitar los daños considerando que hay forma menos lesivas de los intereses de todos si solo la consideramos corruptelas. 

Si la corrupción fuese solo un asunto económico el tema tendría un arreglo relativamente sencillo; se interioriza su coste en el proceso de producción y se aplica al precio final y todos sabrían a qué atenerse. El problema de aceptar esa máxima es que estas son las típicas acciones que demuelen la convivencia pacífica de los ciudadanos y relajan la moral y confianza entre ellos. Por eso no puede ser solo un asunto económico; es, y en primer lugar, un problema moral. Y la corrupción debería ser erradicada de forma inmediata, no solo por la acción contundente de la justicia, también por las exigencias ciudadanas de no seguir otorgando sus votos a personajes de los que existen evidencias claras sobre la ausencia de honorabilidad. Pero el argumento que pretendía defender ayer, de no existir gritos e interrupciones, es que siempre es conveniente distinguir entre el soborno ofensivo y el defensivo. El ofensivo merecería una condena todavía mayor, ya que se daría cuando se pide por parte de algún grupo organizado, una serie de ventajas para hacer cosas que a otros se les impedirán, usando para ello todo el aparato coactivo a disposición del gobierno. Sin embargo, el soborno defensivo es aquel al que se ve condenado el empresario cuando observa que es la única forma de obtener lo que su competencia tiene al conocer aquella cómo se accede a ciertos centros de poder y decisión. Más que una justificación es una explicación de por qué en ocasiones ocurren estas cosas. Quizás actuaríamos mejor si aceptamos que el nivel de conocimiento y afectación que tenemos los españoles por la corrupción política, hace que se expanda todavía más esta lacra, al modo de una mancha de aceite. Llega un momento en que, cuando somos convocados por la administración para solicitarnos algún trámite, terminamos temiendo que nos creen problemas adicionales para que les ofrezcamos alguna prebenda a cambio de la agilidad que sería deseable en un mundo instantáneo y conectado. Por eso no es comparable la relación existente entre el sobornado y el sobornador; el primero defrauda a un tercero, que somos los ciudadanos que pagamos sus salarios y se aprovecha de una serie de incentivos que ellos mismos -los burócratas- van generando para que se pueda dar esa situación óptima de cara a sus planes iniciales. El sobornador, partiendo de la base que no todos actúan por los mismos motivos, se puede ver condenado a pasar por el aro si no quiere quedarse relegado y perjudicado en su interés. Es decir, el cohecho se termina convirtiendo en una ventaja competitiva en una sociedad de ladrillo, recalificación urbanística y planes generales. Todo un desatino. 

Por eso es conveniente alertar de estas cuestiones porque la mejor y más eficaz manera de atajar la corrupción es quitándole a los políticos y sus pares imprescindibles, lo burócratas, su amplios poderes para intervenir en todos los órdenes de la sociedad. No hay nada sano en crear, como hizo el Gobierno de Canarias, una comisión para analizar los proyectos estratégicos de las Islas, una serie de personas que se creen dotadas de un conocimiento privativo y superior con capacidad para decidir qué proyectos son más urgentes y conforme a su dictamen, liberarlos de la pesada losa administrativa que tendrían que seguir en el supuesto de no superar la prueba. Esto es, reducir a unos pocos años lo que llevaría una decena de engorroso trámite. Un semillero para la arbitrariedad, el cohecho y el amiguismo. 

Si se puede compartir el análisis anterior, no cabe interpretación benigna sobre el conflicto que mantienen el gobierno de Madrid y el canario a cuenta de la moratoria y el anuncio de que será llevada al Tribunal Constitucional. En ese caso solo hay una bastarda pelea por ver quién decide qué tipo de hoteles se hace en cada momento y en cada espacio, no una decisión de empresarios que de forma libre, aspiren a satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus clientes. Y eso, como siempre, es una nueva oportunidad para que aumente el poder de una casta política muy dada a generar escasez artificialmente, el mejor caldo de cultivo para sus particulares desarrollos personales y políticos

Economía sumergida en defensa propia

Comentario en La Gaveta, 30 de Enero de 2014

Ha vuelto la matraquilla del fraude fiscal y la economía sumergida, generando los habituales comentarios en la prensa y la ruidosa reacción de las redes sociales. El tema no tiene un pase pero esto da igual porque hace tiempo que la verdad dejó de interesar para convertir cualquier dato en la confirmación de un viejo prejuicio. Esto nos obliga a algunos a repetir viejas ideas que se pueden confirmar sin demasiada complicación y sin sofisticadas búsquedas, lo que se ve no hacen periodistas que titulan alegremente. Por ejemplo, en La Provincia se dice que la economía sumergida alcanza el 30% del PIB canario, cuando en realidad el estudio dice que es del 27,9%. La diferencia puede parecer baladí pero un 2,1% sobre un PIB estimado a finales del 2012 de 40 mil millones de euros, supone un desvío de 800 millones de euros. Una cantidad, por cierto, igual a la que reclama Canarias a Madrid en concepto de justo trato.  Pero para este diario es más importante un redondeo que dé un buen titular que aproximarse a la cifra real. ¿La cifra real? No, por supuesto que no. Hay que ser muy confiado para hacer de esta estimación una noticia que no requiera mayores comprobaciones. 

De entrada se dice que el trabajo está dirigido por un profesor de la prestigiosa universidad pública de Tarragona, quien estuvo en la presentación con los autores del encargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda. En realidad, estaban el presidente y el secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda, lo que de inmediato debería prevenirnos. Son los representantes sindicales de los trabajadores de grado medio del Ministerio, no representan ni a los Abogados del Estado, ni los inspectores tributarios, ni los interventores, ni los economistas del Estado, sino los del antiguamente llamado Cuerpo de Gestión. Muy respetable, sin duda, pero no parece que el formar parte de ese sindicato les dé un plus de autoridad a la hora de hablar de política fiscal o de problemas organizativos de la inspección pues ellos, queda dicho, no son los representantes de los inspectores. 

Así que no puede resultar extraño que hagan hincapié en la falta de voluntad política para enfrentarse a este problema, el de luchar contra el fraude. Exigen nuevos y más medios para evitarlo, es decir, aumentar el gasto en esas partidas específicas. Intereses de parte. Esto en lo formal; no son más que un sindicato con muy buena prensa, que confunden deliberadamente para darse una importancia de la que carecen.

En el fondo del asunto tampoco están mucho mejor. Si ya de por si parece complicado estimar cuánta economía sumergida existe, la cosa es más difícil todavía cuando mezclan conceptos distintos. Así afirman que el mayor fraude se concentra en las grandes empresas al eludir el pago de impuestos con prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales. Podemos discutir si el sistema fiscal español permite muchas de esas elusiones fiscales pero de ahí a explicar la economía sumergida media un abismo que solo puede recorrer un técnico de hacienda entre cortado y visita al Corte Inglés. 

Más interesante - y por ello, menos reproducido por los medios de comunicación- resulta el trabajo del profesor Friedrich Schenieder quien lleva toda su vida estudiando la economía sumergida en el mundo y los flujos de dinero negro. Este profesor alemán estima una tasa de economía sumergida ligeramente inferior a la de los técnicos de Hacienda pero la achaca en primer lugar al elevadísimo nivel de desempleo, que la alimenta. También al autoempleo, ese buscarse la vida al que se dedica mucha gente sin otra posibilidad alternativa. La tercera de las causas serían las continuas subidas de impuestos indirectos, en particular el IVA o IGIC y en cuarto lugar, la moral tributaria del país que en el caso de España es cuanto menos laxa. Lo que no adivina el Sindicato en su informe, es que la insuficiencia fiscal de España no está causada por la economía sumergida, más bien es su consecuencia. Es el modelo productivo el que determina el nivel de economía golfa de un país y no al revés. Es por eso que las comunidades donde menor tasa de actividad y mayores niveles de paro hay (Andalucía, Canarias y Extremadura), con un peso relativamente importante de la agricultura (Castilla-La Mancha) o basada en servicios de bajo valor añadido como el turismo, la hostelería y el comercio exista un nivel superior de economía opaca.Así que la conclusión que se puede extraer es que no necesitamos nuevos y más medios de coacción a los ciudadanos sino encontrar un nuevo modelo económico más basado en puestos de trabajo altamente innovadores. Y eso es algo que nos debería importar mucho, máxime teniendo la oportunidad de negociar un nuevo REF que permita atraer como un imán a empresas de ese corte que quieran venir a las Islas. No ahondar en una economía que nos ha dado lo que nos ha dado pero que no nos sirve para el futuro. Ojalá que estén yendo por ahí los tiros. 

Sin embargo, observa uno como nuestros políticos solo buscan nuevas fuentes de financiación estrangulando, todavía más, nuestras carteras. El Cabildo de Gran Canaria ha decido implantar un impuesto a los carburantes con el que espera recaudar entre 8 y 10 millones de euros. Bravo de Laguna ha hablado de un pequeño esfuerzo, apenas unos 60 céntimos por cada 50 litros de gasolina, añadiendo maldad a la ocurrencia. Primero porque no hay tal cosa como un sacrificio voluntario y consentido por los grancanarios. Y segundo, porque no debe ser consciente de que el Gobierno del Sr. Rajoy ha aumentado o creado más de 30 impuestos y tasas en los dos años que lleva al frente del Gobierno. La pregunta obligada sería conocer cuándo van a parar y sobre todo, cuando considerarán que estos impuestos adicionales han dejado de ser un pequeño esfuerzo para cada uno de nosotros y sí una pesada losa que impide nuestro bienestar y progreso. Claro, luego se quejarán de la economía sumergida pero esa que se practica en defensa propia. 

De dónde saca pa'tanto como destaca

Comentario en La Gaveta, programa número 2124, de 07 de enero de 2014

Todos los medios de comunicación parecen haberse puesto de acuerdo para entrevistar a José Manuel Bermúdez, alcalde por accidente de Santa Cruz de Tenerife. Tan es así que el fin de semana se publicaron entrevistas en varios periódicos de papel (aquí y aquí) que se siguen, milagrosamente, publicando en la Isla. Y a pesar de una crítica previa hecha por este periodista, al final tenían razón en la emisora decana de Canarias, cuando presentaron en uno de sus informativos unas insustanciales declaraciones de Bermúdez como las primera hechas por el mandatario en el nuevo año. ¡Cáspita! Había una competición sobre el particular y nosotros sin saberlo. Hay años en que uno no empieza con el pie derecho, para qué nos vamos a engañar.

De todas las entrevistas, la del diario La Opinión llevaba un buen titular que, entiendo, no pretendía perjudicar a quien tanto defienden aunque sea muy complicado entender las razones. Aquí es donde dijo Bermúdez que va a empezar el año trabajando duro con vistas a lograr la transformación de la capital en 2019. Impagable, sobre todo impagable. Va a trabajar duro ahora, cuando llevamos dos años larguísimos de gestión del actual equipo de gobierno marcada por la enorme ineficacia y la más absoluta parálisis. Si es el momento de trabajar duro, ¿qué ha hecho hasta hoy? Ocurre que es un caso de manual sobre incentivos a corto plazo, porque no es conveniente olvidar que será el año próximo cuando los ciudadanos que no hayan desertado todavía vuelvan a las urnas. Es cierto que adelanta que quiere ser el candidato y que, además, tiene un plan para transformar Santa Cruz de cara a finales de esta década nada prodigiosa. Lo normal, teniendo en cuenta sus capacidades y la del equipo que le acompaña, es que no tenga más propósito que ganar las próximas elecciones y que no exista plan distinto al ejecutado hasta la fecha, marcado por una paulatina deserción del comercio y empresas de todo tipo, aumento de impuestos, problemas de convivencia en el grupo de gobierno y hostigamiento a la refinería. Por supuesto, las escasas acciones que han podido ejecutar ya venían de mandatos anteriores y observamos que muchas de las que dicen tener, son herederas también del tiempo, largo, de Miguel Zerolo en la alcaldía. Así que lo que sí tiene es propaganda, mucha propaganda, fieles a la hoja de ruta habitual. 

Lo más llamativo es que en el mismo diario, con caracteres más destacados se hablaba de que La Laguna ofrece suelo municipal gratis, exención fiscal y ayudas de todo tipo para atraer empresas, intentando su alcalde reactivar proyectos parados y fomentar la instalación de nuevas industrias. Aunque desde este programa tendríamos motivos más que sobrados para cuestionar la utilidad de acciones promovidas por las administraciones, al menos pretendemos subrayar que mientras unos dicen que hacen o harán otros, como el más callado Clavijo, hacen y las diferencias entre ambos municipios son tan evidentes que apenas se requiere esfuerzo alguno en demostrarlo. Podríamos criticar que esa fe en la participación pública-privada es poco liberal y que promover acciones de este tipo requiere de un amplio margen de discrecionalidad, que no puede dársele a Juan sin quitárselo previamente a Pedro, que apostar por determinados sectores económicos desde la administración suplanta a los empresarios en su función, que es la de adivinar futuras demandas de sus clientes, añadiendo la sospecha -habitual en estos tiempos- que ciertos empresarios podrían beneficiarse de su proximidad y cercanía a los dirigentes. Qué duda cabe que oponerse a todo esto forma parte del prontuario que defendemos en La Gaveta pero no diríamos toda la verdad si no admitiésemos que en La Laguna parece que siempre hay una mejor predisposición a los negocios que en la paralizada Santa Cruz. 

Puede que ayude, y mucho, que el propio alcalde lagunero y algunos de sus colaboradores más inmediatos hayan tenido negocios abiertos con anterioridad a su responsabilidad política, que han debido pagar sus seguros autónomos y que esto les dota de cierta sensibilidad de la que carecen profesionales de la política chicharrera, donde ni Bermúdez, ni Arteaga, Díaz Estevanez o José Ángel Martín tienen experiencia alguna a la hora de promover nada que no hayan sido sus exitosas carreras políticas. Incluso la concejal Angela Mena descubrió su pasión emprendedora como hostelera una vez ya ejercía como política y en el municipio donde su esposo fue alcalde, lo que probablemente la privó de las frustraciones, problemas y burocracia por los que transita cualquiera que tenga una iniciativa empresarial. 

Así que habrá que convenir que a Bermúdez, como a algunos otros políticos, les cunde mucho de cara a la prensa sus escasas acciones y son capaces de obtener entrevistas llenas de nada. Y admitamos que, esto sí, no es exclusiva culpa suya y sí de los medios de comunicación empeñados en salvarse a cualquier precio en una situación pavorosa como la que estamos sufriendo pero que terminará no solo con el cierre inevitable de algunos sino, y esto sí es insalvable, con la credibilidad de todos. 

Reparto de la riqueza

Comentario en La Gaveta, día 2 de enero de 2014

No es por aguar la fiesta a nadie pero uno no termina de entender qué celebramos exactamente cada inicio de año. Bien está hacer fiesta y encontrar formas distintas de hacer más apacible nuestro tiempo pero convencerse que el año será cómo lo empecemos es poco realista por más que nos llenemos de toda suerte de tradiciones. Pero si reflexiona un segundo, se dará cuenta que primero se tiene que aguantar un discurso de Paulino Rivero, que bien pondría haber sido el del año pasado, o el otro, o el anterior… porque no hay nada original en lo que dice el presidente en su televisión autonómica, esa que le pagamos todos. Por si fuera poco y la cena no se le ha atragantado, es empezar el año y ser todos un poco más pobres, con una subida generalizada de precios regulados e impuestos que resulta sencillamente intolerable. La luz, el transporte público, las tasas aeroportuarias, el combustible, las cotizaciones a la seguridad social, los impuestos que pagan las gafas y las lentillas, ciertos actos notariales y barra libre para que los ayuntamientos puedan subir hasta un 10% el IBI. Los salarios siguen ajustándose, los impuestos hacia arriba sin reparo, con lo que la renta disponible de las familias sigue reduciéndose mientras no lo hace el hiperestado que nos sigue mortificando. 

El Ministro Montoro ya ha dicho que hay que ingresar más, que el ajuste en las plantillas públicas se ha terminado y que el número de asesores y personal enchufado es el adecuado a las necesidades del país, la reforma administrativa está concluida y debemos dar por bueno los supuestos esfuerzos que todos estos parásitos dicen que han hecho. Nuestro bolsillo, estragado hasta un punto de difícil vuelta atrás, es quien lo ha hecho pero no buscamos más consuelo que tratar de recuperar el ahorro perdido que terminó en los bolsillos de tantos buscadores de renta a los que los políticos identifican y compran a cambio de un futuro voto. Es tal el nivel de presión y esfuerzo fiscal, dos conceptos que los técnicos de Hacienda agrupados bajo las siniestras siglas de Gestha no distinguen, que hasta el 50,4% de los votantes de IU creen que lo mejor que le vendría a la economía española sería una rebaja de los impuestos, según una encuesta publicada el miércoles por el periódico El Mundo. Por cierto, en esa misma encuesta hay otro dato igualmente llamativo. Es el grupo de edad que va de los 19 a los 29 años el que cree en mayor medida que la solución pasa por aumentar el gasto público y no bajar los impuestos, que podría interpretarse por el alto paro que sufren los jóvenes, en Canarias casi el 65% entre los menores de 25 años, y que los salarios de los que sí tienen trabajo son más bajos aunque también porque son los que en mayor medida han estado sometidos a una sistemática propaganda que pasaba por alentar el aumento del gasto, subidas de impuestos a los ricos y una eficaz redistribución de la riqueza. Torpezas atribuibles a la enseñanza que reciben pero también a la incomprensible acción de muchos medios de comunicación que apenas reflexionan sobre las cosas que pretenden denunciar. Solo así se puede defender un titular que diga que ‘5.869 canarios mueven el 4% de la riqueza declarada en España’, como si esto por sí mismo constituyese delito alguno y sin detenerse en el pequeño detalle, se ve que sin importancia, de que los canarios somos aproximadamente el 4% del total de habitantes en el país. Pero parte de una premisa ideológica absolutamente detestable que ha contribuido a traernos hasta aquí. Se induce a pensar que la riqueza está dada y que es función de las administraciones buscar mecanismos para repartirla con acuerdos que son presentados siempre como justos, sin entender lo esencial. 

La riqueza obtenida en buena lid surge de la satisfacción de necesidades ciudadanas por parte de los empresarios y sus fortunas son la recompensa a ese descubrimiento de oportunidades que pasaron desapercibidas previamente a otros empresarios, menos perspicaces. Que existan ricos está lejos de ser una mala noticia e incluso que fuesen súper ricos debería alegrarnos porque mostraría que han sido capaces de sacar sus empresas de las limitadas fronteras del archipiélago. Es más, esas personas con enormes patrimonios suelen ser mucho menos sensibles a las amenazas y presiones gubernamentales, lo que explica la permanente referencia como ideal de los políticos y periodistas, cuando no son la misma cosa, a las pequeñas empresas, aquellas sobre las que sí pueden influir y a las que pueden amedrentar. No todas las fortunas se construyen de igual forma, que duda cabe. Hay algunas hechas en base, no al descubrimiento de oportunidades empresariales, sino a la proximidad con el poder del que obtienen privilegios sin cuento y es imposible no aceptar este presupuesto conociendo casos tan destacados como el de Miguel Concepción y Rivero. Pero las soluciones no pasan por seguir satanizando la creación y atesoramiento de riqueza, más bien por la exigencia de pocas reglas, claras y universales para todos y un apartamiento de la política de las áreas que no requieran de su intermediación. 

Mientras se podrá seguir alentando bajas pasiones contra la gente que ha construido legítimos patrimonios, usando a los tontos útiles del sindicato de los técnicos de hacienda, cuatreros dedicados a poner en marcha ventiladores que salpiquen de porquería a todo el mundo, incapaces de distinguir la evasión fiscal (delictiva) de la elusión fiscal (que no solo no es delito, más bien algo que cualquier familia de bien debería hacer para abaratar su factura fiscal de forma legal). Que sigan confundiendo patrimonio vinculándolo al PIB, indicadores que nada tienen que ver entre sí pero que son muy adecuados para seguir señalando a las personas a las que odiar, su única función. O esa diferencia de género absurda, en la que también subrayan que los hombres adinerados del Archipiélago superan en 249 a las mujeres, como si tal cosa pretendiese ser alguna demostración de un error que debería ser corregido por una nueva norma. Decía el periodista Santiago Amón que en España no cabía un tonto más. Se precipitó, desde que nos abandonara en 1988 parece que seguimos sin 'números clausus'. 

¡¡¡¡Trenes!!!!

Comentario en el programa La Gaveta del día 18 de Diciembre de 2013

Si usted, paciente oyente de la Gaveta, aun mantiene dudas sobre la naturaleza de nuestros problemas y todavía objeta cuando oye críticas sobre esos parásitos que conforman la clase política que padecemos en las islas, pensando que de sus manos deben venir las soluciones cuando no son más que parte esencial de nuestros males, hoy para usted tengo un ejemplo de libro. Se llama María del Carmen Rosario Godoy, y es la consejera de Transporte y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. La criatura ha tenido a bien anunciar que llevan gastados 24 millones de euros en proyectos para trenes a pesar de que no constituyen ninguna prioridad ni para la corporación ni para los ciudadanos. Es cierto que llega a esa conclusión cuando advierte que no hay inversores dispuestos a acometer la broma, que se irá, sin desvío presupuestario, por encima de los 1.500 millones de euros. Luego, ya se sabe. 

Lo mejor de la señora son sus explicaciones. No es una prioridad pero como 'el dinero viene de Madrid con carácter finalista si no es usado para lo que se concede hay que devolverlo, así que hacemos los estudios y damos empleo a tantos ingenieros y arquitectos que se encuentran en una complicada situación en este momento'.¡ Enternecedor! No se hará el tren por inviable pero lo que sí es cierto que ya se han pulido 24 millones de euros para empezar a hablar en algo inútil. Esto constituye por sí solo un escándalo, emparentados con otros casos similares y que muestran bien a las claras los efectos de incentivos perversos de los que se ha llenado la administración, donde lo único claro es que estas sanguijuelas gastan lo que nos quitan por la vía de la fuerza, en tal proporción que habría que hilar muy fino para no considerar los impuestos brutales que padecemos como trabajos forzados. No se le pasa por la cabeza devolver el dinero y dar carpetazo al asunto, que es lo que aconsejaría el sentido común y agradecía nuestra cartera, sino tira para adelante quitándonos nuestros dineros para dárselos a un grupo de posibles votantes que lo pasan mal, los arquitectos e ingenieros. ¿Son tan torpes como parecen o son sencillamente personajes insensibles a lo que pasa a su alrededor? Pueden ser las dos cosas. 

Este asunto de incentivos perversos pone sobre la mesa otro debate no menos inquietante. Esa austeridad imposible pero que algunos ven en todos los lados. Se ve que las garrapatas que nos gobiernan no pueden dejar de gastar por su enorme adicción a la deuda que pagamos los sufridos contribuyentes. Si no pueden dejar de gastar, la austeridad no es más que una milonga y, en ocasiones, una provocación porque no se ha trata de quitar médicos en nombre del ahorro, sino rebajar el gasto político que es el que siguen dejando intacto, así nos hundamos en la más absoluta miseria. Ayer se volvió a hablar de austeridad en el Parlamento de Canarias, debatiendo sobre el presupuesto del año 2014, que sube aumentando el endeudamiento que no son más que impuestos a futuro. Pero lo sustantivo del tema es que Canarias tendrá para el año próximo un presupuesto muy parecido al que manejó en el año 2007, el último de expansión del gasto y el Gobierno consume aproximadamente el 16% del total del PIB canario, lo mismo que entonces. Y por ponerlo en contexto, Andalucía se come el 21%, Cataluña el 13% y la comunidad autónoma de Madrid el 8,7%. Es decir, permitimos que estos politicastros de medio pelo se conviertan en actores de primer nivel de nuestra economía, con un peso muy importante pese a su tradicional torpeza y falta de acierto. 

Aquí nadie rebaja el peso e importancia de la administración y la ley de reforma que anda por el Senado camino del Congreso no resolverá ninguno de los problemas, más allá de que algunos presidentes de Cabildo o alcaldes deban bajar sus salarios. Lo realmente revolucionario habría sido eliminar administraciones sobrantes y dejar en manos públicas aquellos estrictos asuntos que no puedan hacer a día de hoy la iniciativa privada, con una norma que permitiera la retirada política en cuanto los empresarios pudiesen tomar el relevo. Pero son muchos los incentivos que existen para que eso no pase, miles de empleos de recompensa a repartir entre militantes de partido, familiares, amigos y queridas o queridos, todos en busca de la visa para un sueño en que han convertido la administración. Lo triste del asunto es que otros países redujeron considerablemente sus burocracias en plena crisis, con el Reino Unido pasando de 1.500 ayuntamientos a 340 para una población de 61 millones y medio de habitantes. Alemania tenía 25 mil ayuntamientos y ahora apenas llegan a 8.400, con 82 millones de habitantes. Bélgica pasó de 2.359 a 596 ayuntamientos y Grecia, la quebrada Grecia, de 1.034 a 355. En España, antes de esta triple burbuja que hemos sufrido en forma de tsunami, la financiera, la inmobiliaria y la administrativa, empezamos con 8.112 ayuntamientos y saldremos con 8.111, pues se produjo la única fusión de dos municipios gallegos, Cesuras y Oza dos ríos. Por cierto, la primera decisión que toma el alcalde es colocarse un sueldo de 2.800 euros netos, tres veces lo que percibía hasta esa fecha. Cuando le contaron a María Antonieta que el pueblo se estaba revolucionando porque no tenían pan para comer, ella respondió que comieran pasteles, en una frase inmortal que muestra bien a las claras hasta qué punto las prebendas del poder nublan el juicio de los responsables públicos. Sabemos cómo terminó la gracieta de Maria Antonieta. A nuestra historia la falta el punto final pero no podemos dejar que lo escriban estos pedazos de alcornoques que hemos colocado en las principales instituciones del país.