De corruptela y corrupción

Comentario en La Gaveta, 18 de febrero de 2014

Hay tal cantidad de asuntos que reclaman nuestra atención que a uno le da cierta pereza comenzar La Gaveta de hoy aclarando algunos conceptos que ayer, quizás, no fueron bien entendidos en la tertulia de este programa. Cierto es que se producen alteraciones en el normal funcionamiento del programa, básicamente por el acaloramiento del debate. Pero no puede ni debe extraerse conclusiones precipitadas o parciales. Viene esto a cuento por una distinción hecha por quien les habla entre los corruptores y los corrompidos, en medio de una discusión con el senador Alarcó. No caben equívocos, la corrupción es detestable siempre y conviene seguir cercando a quienes la ejercen en sus múltiples formas, no escudarse en limitar los daños considerando que hay forma menos lesivas de los intereses de todos si solo la consideramos corruptelas. 

Si la corrupción fuese solo un asunto económico el tema tendría un arreglo relativamente sencillo; se interioriza su coste en el proceso de producción y se aplica al precio final y todos sabrían a qué atenerse. El problema de aceptar esa máxima es que estas son las típicas acciones que demuelen la convivencia pacífica de los ciudadanos y relajan la moral y confianza entre ellos. Por eso no puede ser solo un asunto económico; es, y en primer lugar, un problema moral. Y la corrupción debería ser erradicada de forma inmediata, no solo por la acción contundente de la justicia, también por las exigencias ciudadanas de no seguir otorgando sus votos a personajes de los que existen evidencias claras sobre la ausencia de honorabilidad. Pero el argumento que pretendía defender ayer, de no existir gritos e interrupciones, es que siempre es conveniente distinguir entre el soborno ofensivo y el defensivo. El ofensivo merecería una condena todavía mayor, ya que se daría cuando se pide por parte de algún grupo organizado, una serie de ventajas para hacer cosas que a otros se les impedirán, usando para ello todo el aparato coactivo a disposición del gobierno. Sin embargo, el soborno defensivo es aquel al que se ve condenado el empresario cuando observa que es la única forma de obtener lo que su competencia tiene al conocer aquella cómo se accede a ciertos centros de poder y decisión. Más que una justificación es una explicación de por qué en ocasiones ocurren estas cosas. Quizás actuaríamos mejor si aceptamos que el nivel de conocimiento y afectación que tenemos los españoles por la corrupción política, hace que se expanda todavía más esta lacra, al modo de una mancha de aceite. Llega un momento en que, cuando somos convocados por la administración para solicitarnos algún trámite, terminamos temiendo que nos creen problemas adicionales para que les ofrezcamos alguna prebenda a cambio de la agilidad que sería deseable en un mundo instantáneo y conectado. Por eso no es comparable la relación existente entre el sobornado y el sobornador; el primero defrauda a un tercero, que somos los ciudadanos que pagamos sus salarios y se aprovecha de una serie de incentivos que ellos mismos -los burócratas- van generando para que se pueda dar esa situación óptima de cara a sus planes iniciales. El sobornador, partiendo de la base que no todos actúan por los mismos motivos, se puede ver condenado a pasar por el aro si no quiere quedarse relegado y perjudicado en su interés. Es decir, el cohecho se termina convirtiendo en una ventaja competitiva en una sociedad de ladrillo, recalificación urbanística y planes generales. Todo un desatino. 

Por eso es conveniente alertar de estas cuestiones porque la mejor y más eficaz manera de atajar la corrupción es quitándole a los políticos y sus pares imprescindibles, lo burócratas, su amplios poderes para intervenir en todos los órdenes de la sociedad. No hay nada sano en crear, como hizo el Gobierno de Canarias, una comisión para analizar los proyectos estratégicos de las Islas, una serie de personas que se creen dotadas de un conocimiento privativo y superior con capacidad para decidir qué proyectos son más urgentes y conforme a su dictamen, liberarlos de la pesada losa administrativa que tendrían que seguir en el supuesto de no superar la prueba. Esto es, reducir a unos pocos años lo que llevaría una decena de engorroso trámite. Un semillero para la arbitrariedad, el cohecho y el amiguismo. 

Si se puede compartir el análisis anterior, no cabe interpretación benigna sobre el conflicto que mantienen el gobierno de Madrid y el canario a cuenta de la moratoria y el anuncio de que será llevada al Tribunal Constitucional. En ese caso solo hay una bastarda pelea por ver quién decide qué tipo de hoteles se hace en cada momento y en cada espacio, no una decisión de empresarios que de forma libre, aspiren a satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus clientes. Y eso, como siempre, es una nueva oportunidad para que aumente el poder de una casta política muy dada a generar escasez artificialmente, el mejor caldo de cultivo para sus particulares desarrollos personales y políticos