Cuando es el gobierno quien te atraca

No es habitual hacer una entrevista en la radio con un empresario y que pida mantener el anonimato. Hoy nos ha pasado en La Gaveta, que se emite en Es Radio para Canarias, pues nuestro invitado teme por su seguridad. Se dedica al negocio de las joyerías y ha sufrido en su familia el intento de secuestro. Parece que la falta de seguridad en el sector es un clásico pese a los altos impuestos que pagan para, también, ser defendidos sin tener que llegar a los extremos de otros empresarios.

Sin embargo, no es ese del único motivo que le ha traído a la radio. Ha querido expresar su queja por otra inseguridad, la que le provoca el Gobierno de Canarias exigiendo el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (5,5% sobre la venta) a pesar de que una sentencia del 2001 da la razón a este tipo de negocios. Como siempre, estos gobiernos pirañas saldrán de rositas mientras por el camino acaban con un buen número de empresas

La entrevista, aquí 

Antxon Uriarte

Gracias al profesor de la Universidad de La Laguna, José Ramón Arévalo, hemos tenido por Tenerife al conocido catedrático de la Universidad del País Vasco, Antxon Uriarte. En 'La Gaveta' (programa que se emite ahora para toda Canarias en Es Radio) tuvimos oportunidad de dialogar un buen rato con ambos sobre el C02 y el cambio climático

Sádica administración

Resulta cinematográfico imaginar a los inspectores de trabajo en una reunión matinal antes de partir para hacer la ronda. Todos a una,gritos de «a por ellos» y, sin una sola crítica, a la calle a por los infractores.

Personajes educados leyendo a Dickens y su imagen del empresario como malvado ogro al que abatir, aquella mañana del 14 de febrero, el jefe -por norma, el más sádico de la banda- ordena visitar las floristerías. Es la forma que tiene la administración de declarar su amor por el contribuyente.

Esa fue la fecha señalada, la de San Valentín, para ordenar una redada en las tiendas que envían a domicilio flores como muestra de la buena salud de las parejas. Una fecha señalada, también por esos pequeños negocios, para poder remontar una etapa de crisis como la que estamos viviendo.

El objetivo de los pequeños émulos de Elliot Ness era pillar a los familiares, amigos y empleados ocasionales que estuviesen trabajando ese día para satisfacer una demanda puntual y limitada a la fecha.

Aunque no se han facilitado los datos de tan audaz intervención, es de suponer que habrá enorme satisfacción en la administración por las sanciones a las que hubiera lugar, incluso si ello conduce al cierre definitivo del negocio, aun a costa de generar más paro.

Se argumenta por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Canarias que estamos en un contexto de «obligada estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad». Así que las soluciones que se les ocurren son más represión con publicidad, por si alguno no termina de captar el mensaje. Siempre quedará la cabeza del caballo metida en la cama del incumplidor.

Lo cierto es que en Canarias hay una tasa estimada de economía sumergida superior a la media nacional y que España también supera la media europea. Entra en el terreno del mito pensar que no existe economía informal en países que apreciamos por sus altos valores ciudadanos (Suecia 15,6%, Alemania 14,7% o Noruega 15,4%).

Por tanto, sería conveniente plantearse las razones que llevan a que tal cosa se produzca y podríamos apreciar que los excesivos costes laborales se elevan por encima de la productividad de algunos trabajos o que los altos salarios mínimos y las dificultades para la contratación parcial anulan el interés de las partes por cerrar acuerdos legales.

Es cierto que cabe el recurso de afirmar que estas prácticas penalizan a los que sí cumplen con todos los requisitos de contratación y pagos múltiples a la administración, pero también resulta válido responder que si no se produjese un alto grado de incumplimiento, jamás podríamos plantear un debate serio sobre el particular.

Arthur Laffer, economista, dijo hace poco que estaba claro que había excesivos impuestos sobre el tabaco porque somos conscientes de su efecto pernicioso sobre la salud, pero no está clara la razón para la elevada carga fiscal sobre el trabajo, salvo que los burócratas lo consideren también insalubre. No sería de extrañar.

Original publicado en ABC Canarias

Indemnizaciones

Los nunca bien ponderados diputados autonómicos gozan de una indemnización en virtud de su trabajo que es abonada por sus propios grupos parlamentarios al no reunir la condición suficiente para que pueda ser percibida como dieta.

El asunto resulta llamativo, pues la retribución de quienes tienen la dedicación completa está compuesta por un salario fijo (2.600 euros netos), más dietas, a las que deben sumar estos sobresueldos (sea dicho sin ánimo de mortificar).

El argumento para explicarlo es de traca: se trata de una indemnización. La Real Academia de la Lengua afirma, sin lugar a equívoco, que eso sería resarcir a alguien de un daño o perjuicio. ¡Notable! Si usted se dirige, y tiene suerte, a cualquiera de ellos obtendrá una respuesta de manual sobre el servicio público, su dedicación a lo demás o la alta idea que tienen de sí mismos y el trabajo que desempeñan.

Si lo anterior no le satisface y les reprende porque nada de eso justifica tan formidables estipendios, usted obtendrá una sonora descalificación en la que, con la amabilidad característica, podrá esperar epítetos como fascista, facha, cavernícola y una letanía de términos demostrativos de sus nervios y escasas lecturas.

En fin, no obtendrá ningún compromiso para variar nada porque el asunto, y aquí viene lo bueno, es legal. ¿Quién determina la legalidad? Ellos mismos, por supuesto. De la moral mejor será no ocuparse pues es asunto que excede a las capacidades y méritos de sus señorías, empachados de transparencia, dinero, langostinos y canapés.

Transparencia que ha hecho que el que suscribe lleve esperando por sus currículos profesionales más de un año (en realidad, solo uno de 60 ha respondido a una solicitud efectuada por el conducto oficial)

Es claro que debería abrirse un debate sobre la utilidad de la Cámara en función de sus resultados y nuestras necesidades, por más que nadie seriamente plantee que los políticos dejen de cobrar por su actividad.

Confundir deliberadamente los conceptos juega en favor del actual status quo, siendo probable que de aquí salgamos sin tocar ni una sola de las administraciones costosas y lesivas (no cabe entrar en si trabajan mucho o poco, que el parlamento no haga leyes es ya una buena noticia) para el conjunto de los ciudadanos, persuadidos como estamos de que han dividido a la sociedad en dos tipos de personas, aquellos que viven de los impuestos y los que, de forma esforzada, los pagamos.

Pero con todo, lo que no parece tener desperdicio es que consideren que deben ser indemnizados por su actividad sin contemplar que los únicos que estamos abandonados a nuestra suerte y sin posibilidad de ser resarcidos somos los ciudadanos, destinatarios de los desatinos de sus señorías por las que jamás deberán afrontar responsabilidad alguna.

¿No fue, acaso en esa cámara, donde se produjo una votación para expropiar su propia ampliación, anulada por la justicia, obligado a pagar el latrocinio con dinero público y no se produjo ni una simple petición de disculpas? Puestos a indemnizar, señores diputados, nosotros primero.

Original publicado en ABC Canarias

Atractivo inversor

El pasado mes de septiembre, algunos medios de comunicación  recogían la indisimulada alegría del alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito. Anunciaban que empresas de Emiratos Árabes Unidos se interesaban en el puerto deportivo, pesquero y comercial, en concurso de licitación, con un presupuesto inicial de 70 millones de euros.

La historia tiene su miga, pues pronto el director general de Puertos, Juan José Martínez, se sumó a la fiesta dando muestras de sus conocimientos geoestratégicos situando esta inversión «dentro de los objetivos de las potentes y emergentes empresas árabes».

Se sumaban estos amables inversores a otros muchos, insulares, nacionales e internacionales, que respondían a algunos esfuerzos que se estaban haciendo, como por ejemplo, «tener a varias personas encargadas de buscar inversiones en Oriente Medio», Brito dixit.

Avalaba el inusitado interés la infraestructura portuaria, siendo asunto menor la colosal inversión de 70 millones que debería comprometerse en los 500 mil metros cuadrados y una capacidad de atraque de 700 embarcaciones.

Era importante «para los políticos» pues en la época en que ataban los perros con longaniza, se desestimó un muelle deportivo de 18 millones de euros para apostar por uno que pudiese conectar al Puerto de la Cruz con la Palma, a pesar de que no hay ningún operador interesado en que tal cosa pueda ocurrir.

Un dislate que prueba, una vez más, que los dirigentes no piensan en resolver necesidad alguna, sino en inversiones que satisfagan sus egos planificadores.

En consecuencia, hace unos días, desde la propia ciudad turística han anunciado que tan imprescindible infraestructura deberá prorrogar su plazo de licitación porque no ha aparecido inversor alguno, ni insular, ni nacional ni internacional, dispuesto a meter 70 millones de euros en algo tan incierto, con lo que la desconexión con el mundo real y el exceso de ambición de políticos del tres al cuarto, se ha llevado por delante un proyecto que bien podría haber sido interesante —muelle deportivo— a cambio de nada.

Bien harían los políticos no precipitarse a la hora de anunciar colosales inversiones que, además, no dependen de ellos. Además, no es extraño que los inversores mantengan una primera y única reunión, sin que sepamos más de sus intenciones, lo que nos lleva a concluir que las melonadas que aquí se encuentran los pone pies en polvorosa.

Y si no, obsérvese que en el mismo día que nos contaban que los árabes vendrían repletos de petrodólares para invertir aquí, el propio Martínez, anunciaba que, ante la falta de ocupación del Puerto de Garachico —otro capricho de un político local—, dejaría atracar de forma gratuita en esas instalaciones a quien quisiese hacerlo.

Y ahora, póngase en la piel de un inversor dueño de 70 millones, piense en el puerto deportivo que le gustaría hacer y diga si lo haría en un lugar donde a apenas 30 kilómetros el Gobierno en sus puertos públicos regalará lo que usted debe cobrar. Y es que nuestro atractivo para generar inversión se ve que está a prueba de bromas. Debe ser la conocida Marca España

Publicado originalmente en ABC

Normas estúpidas, consecuencias estúpidas

Normas estúpidas provocan, con frecuencia, resultados estúpidos. Al menos esto debería saber el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, cuyo departamento ha abierto expediente a un grupo de franquicias por adelantar su particular periodo de rebajas, colocándolas donde más podrían apreciarlas sus clientes: antes de Reyes.

Dice don Gustavo que había un pacto de la comisión insular de comercio en el que se establecía cuándo empezarían las rebajas, comisión que está compuesta por los sospechosos habituales, aquellos que jamás han tenido un comercio competitivo y cuya única razón de ser es quedarse tuertos con tal de dejar ciego al vecino. Comisiones insulares que, claro está, no representan a todo el comercio y mucho menos a las grandes superficies comerciales, por más que pretendan darle carácter imperativo a sus conclusiones.

También dice el director general que con normas así pretenden favorecer al pequeño comercio, pero no puede no saber que en realidad no daña a los grandes establecimientos comerciales, sino al conjunto de los ciudadanos que, escasos de presupuestos, intentan apurar sus tiempos de compra a los magros dineros de los que disponen. La retórica es apabullante, tanto como su falta de lógica económica, pues no se establece una lucha entre pequeños y grandes que debe dilucidar un benévolo y sabio gobernante, sino entre «lobbistas» que conspiran contra el interés de los ciudadanos y estos últimos, desprovistos de cualquier capacidad de interlocución ante el Gobierno (pensar que las subvencionadas organizaciones que defienden a los consumidores hacen remotamente algo parecido a esto es broma de mal gusto).

El lector se preguntará: ¿Por qué se puede expedientar a un comercio si coloca un cartel de rebajas en su escaparate cuando ha podido ver centenares de tiendas durante todo el año con descuentos importantes? Porque en esa lógica estúpida de quien jamás ha tenido un comercio pero sí un boletín oficial, se considera que los consumidores reaccionamos de manera distinta ante la palabra «rebaja» que ante sinónimos como «descuento» o «todo al 50%», por poner ejemplos cotidianos, es decir, parten del convencimiento de que los clientes somos unos infantes cuya salud económica hay que preservar, aunque, eso sí, por nuestro bien.

¿Qué tienen de malo las rebajas? Por supuesto que nada. Los consumidores consiguen más baratas mercancías que aprecian, ahorrando un dinero que pueden guardar o destinar para comprar otros bienes que igualmente necesitan o quieren. A un comerciante competitivo le permite darle salida a sus mercancías almacenadas, corregir errores previos en sus estimaciones y adecuarse rápidamente a los deseos de los clientes, función que no puede ser regulada por ningún grupo de burócratas creídos de contar con una información que solo está al alcance de los empresarios individuales. Es por ello que nos encontramos con una Dirección General de Comercio que no vela por los intereses de los consumidores, cuyas penurias para llegar a fin de mes le traen sin cuidado, sino tan solo los de aquellos que, siendo ineficientes como empresarios, buscan el amparo salvador del imperativo legal.

De éxito en éxito hasta la derrota final

Mientras media Coalición Canaria conspira contra Paulino Rivero, inasequible al desaliento sigue el presidente acudiendo puntual a su cita dominical con los lectores de su blog (www.paulinorivero.com). Su última entrada la ha titulado «Escasa visión de Estado» y critica (no es novedad) al gobierno del Partido Popular por no saber interpretar los resultados de las elecciones catalanas, al tiempo que hace una apuesta por adaptar «la organización estatal al modelo autonómico, con menos Estado».

Considera un éxito el modelo actual, lo que le lleva a plantear que precisamos de «menos dependencia del Estado y más competencias para generar economía y empleo, para multiplicar nuestra acción en las Islas». El problema es que todas estas afirmaciones están sujetas a refutación, porque el estado autonómico está más cerca de poder considerarse un fracaso que de los logros de que presume el presidente.

En estos años, hemos disparado el despilfarro económico, aumentado el gasto, multiplicado organismos y entes regionales y fragmentado la unidad de mercado por un intervencionismo cateto y atroz.

Es evidente que de esto no tiene la culpa Rivero, o no solo, pero también es cierto que no hay nada en lo que plantea que pueda darnos una ligera idea de en qué nos beneficiaríamos de lograr lo que afirma defender, pues ni su gobierno ni los anteriores han logrado nada sustantivo para cambiar nuestro sistema, básicamente subsidiado, hacia una economía productiva. ¿Es plausible que ahora la retirada del Estado provocaría una mejora de nuestras posibilidades? Habría que ser muy militante nacionalista y del bando de Rivero para creer esto.

Paradójico resulta, también, que alguien que se ha pasado los últimos años protestando por las deficiencias en el sistema de financiación con Canarias pida ahora menor dependencia. Con los recortes, tiene una oportunidad fantástica de demostrar que es posible lo que defiende, aunque es posible que pretenda aumentar los recursos procedentes de Madrid y evitar los controles o competencias que tiene el Estado, pero eso es más incidir en los errores del sistema que apoya que apostar por algo verdaderamente nuevo.

Hasta la fecha la recaudación de impuestos ha estado centralizada y el gasto completamente descentralizado, lo que ha alentado comportamientos irresponsables con las comunidades, gastando mucho más de lo que eran capaces de generar, expandiendo hasta el infinito y más allá el gasto y el fasto. Los rescates vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) terminan por recompensar la mala gestión sin que se ponga remedio a un problema estructural de nuestro país.

Claro que da la sensación de que Rivero vende consejos que para sí no tiene, y que sus soluciones pasan por decirle a los demás qué es lo que deben hacer mientras su famosa reforma de la administración sigue durmiendo el sueño de los justos a la espera de que la propia evolución de la economía dé la falsa sensación de que ya no es precisa. Sería un penoso epílogo para un presidente amortizado, más pendiente de sus luchas intestinas que de provocar un verdadero cambio.

Original publicado en el diario ABC