Sádica administración

Resulta cinematográfico imaginar a los inspectores de trabajo en una reunión matinal antes de partir para hacer la ronda. Todos a una,gritos de «a por ellos» y, sin una sola crítica, a la calle a por los infractores.

Personajes educados leyendo a Dickens y su imagen del empresario como malvado ogro al que abatir, aquella mañana del 14 de febrero, el jefe -por norma, el más sádico de la banda- ordena visitar las floristerías. Es la forma que tiene la administración de declarar su amor por el contribuyente.

Esa fue la fecha señalada, la de San Valentín, para ordenar una redada en las tiendas que envían a domicilio flores como muestra de la buena salud de las parejas. Una fecha señalada, también por esos pequeños negocios, para poder remontar una etapa de crisis como la que estamos viviendo.

El objetivo de los pequeños émulos de Elliot Ness era pillar a los familiares, amigos y empleados ocasionales que estuviesen trabajando ese día para satisfacer una demanda puntual y limitada a la fecha.

Aunque no se han facilitado los datos de tan audaz intervención, es de suponer que habrá enorme satisfacción en la administración por las sanciones a las que hubiera lugar, incluso si ello conduce al cierre definitivo del negocio, aun a costa de generar más paro.

Se argumenta por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Canarias que estamos en un contexto de «obligada estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad». Así que las soluciones que se les ocurren son más represión con publicidad, por si alguno no termina de captar el mensaje. Siempre quedará la cabeza del caballo metida en la cama del incumplidor.

Lo cierto es que en Canarias hay una tasa estimada de economía sumergida superior a la media nacional y que España también supera la media europea. Entra en el terreno del mito pensar que no existe economía informal en países que apreciamos por sus altos valores ciudadanos (Suecia 15,6%, Alemania 14,7% o Noruega 15,4%).

Por tanto, sería conveniente plantearse las razones que llevan a que tal cosa se produzca y podríamos apreciar que los excesivos costes laborales se elevan por encima de la productividad de algunos trabajos o que los altos salarios mínimos y las dificultades para la contratación parcial anulan el interés de las partes por cerrar acuerdos legales.

Es cierto que cabe el recurso de afirmar que estas prácticas penalizan a los que sí cumplen con todos los requisitos de contratación y pagos múltiples a la administración, pero también resulta válido responder que si no se produjese un alto grado de incumplimiento, jamás podríamos plantear un debate serio sobre el particular.

Arthur Laffer, economista, dijo hace poco que estaba claro que había excesivos impuestos sobre el tabaco porque somos conscientes de su efecto pernicioso sobre la salud, pero no está clara la razón para la elevada carga fiscal sobre el trabajo, salvo que los burócratas lo consideren también insalubre. No sería de extrañar.

Original publicado en ABC Canarias