Los nunca bien ponderados diputados autonómicos gozan de una indemnización en virtud de su trabajo que es abonada por sus propios grupos parlamentarios al no reunir la condición suficiente para que pueda ser percibida como dieta.
El asunto resulta llamativo, pues la retribución de quienes tienen la dedicación completa está compuesta por un salario fijo (2.600 euros netos), más dietas, a las que deben sumar estos sobresueldos (sea dicho sin ánimo de mortificar).
El argumento para explicarlo es de traca: se trata de una indemnización. La Real Academia de la Lengua afirma, sin lugar a equívoco, que eso sería resarcir a alguien de un daño o perjuicio. ¡Notable! Si usted se dirige, y tiene suerte, a cualquiera de ellos obtendrá una respuesta de manual sobre el servicio público, su dedicación a lo demás o la alta idea que tienen de sí mismos y el trabajo que desempeñan.
Si lo anterior no le satisface y les reprende porque nada de eso justifica tan formidables estipendios, usted obtendrá una sonora descalificación en la que, con la amabilidad característica, podrá esperar epítetos como fascista, facha, cavernícola y una letanía de términos demostrativos de sus nervios y escasas lecturas.
En fin, no obtendrá ningún compromiso para variar nada porque el asunto, y aquí viene lo bueno, es legal. ¿Quién determina la legalidad? Ellos mismos, por supuesto. De la moral mejor será no ocuparse pues es asunto que excede a las capacidades y méritos de sus señorías, empachados de transparencia, dinero, langostinos y canapés.
Transparencia que ha hecho que el que suscribe lleve esperando por sus currículos profesionales más de un año (en realidad, solo uno de 60 ha respondido a una solicitud efectuada por el conducto oficial)
Es claro que debería abrirse un debate sobre la utilidad de la Cámara en función de sus resultados y nuestras necesidades, por más que nadie seriamente plantee que los políticos dejen de cobrar por su actividad.
Confundir deliberadamente los conceptos juega en favor del actual status quo, siendo probable que de aquí salgamos sin tocar ni una sola de las administraciones costosas y lesivas (no cabe entrar en si trabajan mucho o poco, que el parlamento no haga leyes es ya una buena noticia) para el conjunto de los ciudadanos, persuadidos como estamos de que han dividido a la sociedad en dos tipos de personas, aquellos que viven de los impuestos y los que, de forma esforzada, los pagamos.
Pero con todo, lo que no parece tener desperdicio es que consideren que deben ser indemnizados por su actividad sin contemplar que los únicos que estamos abandonados a nuestra suerte y sin posibilidad de ser resarcidos somos los ciudadanos, destinatarios de los desatinos de sus señorías por las que jamás deberán afrontar responsabilidad alguna.
¿No fue, acaso en esa cámara, donde se produjo una votación para expropiar su propia ampliación, anulada por la justicia, obligado a pagar el latrocinio con dinero público y no se produjo ni una simple petición de disculpas? Puestos a indemnizar, señores diputados, nosotros primero.
Original publicado en ABC Canarias
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