Trastornos

La fe que profesa Paulino Rivero en la fuerza de la ley es digna de encomio. Es lo que pasa cuando uno lleva muchos años dedicado en exclusiva a una actividad, que entiende que nada ni nadie puede oponerse a un fin, máxime si éste resulta inobjetable. Por eso ha decidido crear un nuevo órgano, pomposamente llamado «Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos», encargado de resolver los problemas que la propia burocracia ha ido creando en los últimos treinta años de expansión administrativa.

Resulta llamativo leer las apenas tres páginas del BOC en el que se anuncia su nacimiento y la exposición de motivos para hacerlo. Admite que «el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Canarias (...) resulta lastrado por la complejidad de los diferentes procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de inversión». Esto es, el gobierno reconoce la existencia de disfunciones creadas por su propio funcionamiento ordinario, pero para evitarlo no opta por reducir la reglamentación que lo provoca y fomenta, sino decide crear un comité que estudie qué proyectos pueden ser tratados de manera distinta por la misma administración, introduciendo arbitrariedad en el proceso, lo que nunca resulta ser una buena idea.

¿Cuáles serán esas actividades que se salvarán del engorro administrativo? En el artículo 3 de la norma se dice que aquellas de especial relevancia cuantitativa o cualitativa del proyecto de inversión, en la generación de empleos, o de áreas estratégicas que Rivero y su gabinete repiten como pájaros enamorados: energías limpias, innovación, nuevas tecnologías, nuevas áreas de actividad de alto valor añadido o captación de inversiones externas. ¿Qué pasará con los proyectos que no cumplan estos caprichosos requisitos gubernamentales? Seguirán sometidos a una reglamentación tan soviética como caprichosa, empeñada en que no bajen de diez los años que sean necesarios para poner en marcha un campo de golf o un puerto deportivo. Todo esto con un 34% de paro.

Escribió Anthony de Jasay que «interés general es aquel que los políticos dicen que es interés general». Todo este tipo de medidas tratan de hacer creer a la ciudadanía que lo que necesitamos son apuestas del gobierno por sectores estratégicos, en vez de intentar cambiar la forma en que nos ven desde fuera, convertirnos en un lugar amigable para hacer negocios, donde se respeten derechos de propiedad, la administración no tenga una capacidad arbitraria en su actuación ni consideren que puede ofrecerse a los elegidos un seguimiento centralizado (¡ay!) y una interlocución unificada del máximo nivel. Probablemente, esto último sea cierto, a fin de cuentas es el propio presidente quien se ha puesto al frente del mismo comité, quien -confiado en sus capacidades- lo mismo asume la política turística que preside un organismo encargado de señalar con un su infalible dedo y olfato empresarial a los llamados a alcanzar la gloria. O, como decía Ortega y Gasset, «el retorno a la causa del trastorno».

Original publicado en ABC

Obligaciones

UN llamativo titular de primera en un diario canario decía: «La crisis obliga a los canarios a viajar menos». No existe tal cosa como una obligación de viajar, pero hemos llegado a tal punto en los considerados derechos que cualquier cosa constituye uno. Los ciudadanos hacen elecciones que llevan implícitas renuncias, de tal suerte que cuando uno compra un kilo de carne está dejando de comprar igual cantidad de pescado (si sus precios fuesen similares). Por tanto, si una persona deja de viajar es porque asigna un valor menor a esta opción ante los usos alternativos que puede dar a su dinero. Por ejemplo, en vez de salir de vacaciones se queda en casa o tal vez prefiere pasar su descanso en su isla antes de coger un avión y abandonar el Archipiélago, pudiendo existir tantas opciones como personas.

Obsérvese que la noticia dice que la crisis nos hace viajar menos, no que hayamos dejado de hacerlo; de hecho, quienes siguen viajando probablemente asignen a la opción de viajar un alto grado en sus escalas de preferencias personales, siendo otros productos o servicios los que se vean «obligados» a dejar de consumir. No hay nada extraño en ello, salvo el titular de periódico, convertido en un poderoso incentivo para que venga un político a proclamar que nuestra singularidad archipielágica merece una atención especial y que los canarios estamos viendo cercenar nuestro derecho a viajar.

Sin abandonar el sector aéreo, un columnista considera que es una mala noticia la inminente desaparición de Islas Airways, porque consolidará un monopolio en manos de Binter. Observa quien escribe que los monopolios nunca son buenos, ni siquiera aquellos que hacen bien las cosas. Esto es un error considerable porque los monopolios los pueden otorgar los consumidores premiando precisamente la pericia del operador y nada podrá objetarse. Tampoco cabe reprensión ante aquellos empresarios que aspiran a convertirse en monopólicos siempre que lo hagan satisfaciendo los deseos de sus consumidores, en una relación «win-win» donde clientes y empresas ganan. Son los monopolios otorgados por los políticos los que nunca son buenos, porque precisamente los clientes son su mercado cautivo ignorando sus preferencias y el operador se beneficia de prerrogativas y tratos de favor que impiden la aparición de nuevos competidores.

En el caso que nos ocupa, lo importante no es el número de compañías aéreas presentes, sino que las reglas sean los suficientemente abiertas para que si en algún momento Binter dejara de prestar el servicio que viene ofreciendo, se creara una oportunidad competitiva para quien desee aprovecharla. Sin embargo, en Canarias hemos apostado por machacar al operador dominante al margen de los gustos de los clientes, primando la irrupción de competencia generada ex profeso y de la mano del propio Gobierno, hasta el punto de conseguir que el consejero Berriel actúe las más de las veces como portavoz de Islas Airways, incluso en el feo asunto del fraude con los certificados de residencia.

Original publicado en ABC

#Tfesemueve

Como era previsible, el Parlamento Europeo aceptó las enmiendas para la inclusión de Tenerife en la Red Transeuropea de Transporte. Y, de igual forma previsible, pronto se sacó pecho para proclamar urbi et orbe el gran triunfo de la sociedad civil. Vayamos por partes. Difícilmente puede considerarse un triunfo de la sociedad civil un movimiento que estaba claramente capitaneado por el Cabildo de Tenerife. Bien sea por confiar en la preparación y excelente nivel de contactos del vicepresidente Carlos Alonso o bien atendiendo a la legendaria capacidad cabildicia para ser el niño en el bautizo, el novio en la boda o el muerto en el entierro.

Esa presencia política dio pie a ciertos exabruptos que resultaban extraños en boca del resto de integrantes de la plataforma #Tfesemueve. Arremeter contra un operador aéreo que toma decisiones soberanas en función de sus intereses (criticaban que Binter se opusiese enlazar de forma directa Tenerife con destinos en África cuando hasta ahora lo hace eficazmente vía Gran Canaria), alentando viejos prejuicios pleitistas entre islas o faltando a la verdad cuando se permiten anuncios preguntando si queremos en el futuro tener que pasar por Gando para poder viajar a Madrid en avión, lo que en absoluto estaba en cuestión. Un dislate.

Llamativo resulta que toda idea de futuro que podamos plantear siga teniendo que ver con la obtención de financiación para infraestructuras. Estar en la RED supone poder pelear por los 50 mil millones de euros que se van a invertir en los próximos 25 años, un pastel demasiado goloso para dejarlo pasar. Esto en un país que, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos, ocupa el décimo lugar del mundo por calidad de infraestructuras. No hay otra categoría en la que España ocupe una posición tan de privilegio, mucho menos a la hora de contar con libertad económica (puesto 34, según el trabajo conjunto del Cato Institute y del Frasier Institute) o de facilitar la puesta en marcha de una empresa (puesto 44, ‘Doing Business’, del Banco Mundial). Por eso tenemos aeropuertos sin aviones o asistimos impertérritos a debates sobre cobros del 3% sin que la UE se corte a la hora de extender la chequera.

Se nos ha dicho también, que quedándonos fuera, nuestro futuro estaba en entredicho pero nadie parece reparar que nuestro Puerto de Santa Cruz tiene hoy menos tráfico que en 1996, que el Puerto de Granadilla no sale adelante por la pasividad y el miedo de los políticos (por cierto, honestamente, ¿es hoy necesario ese nuevo recinto portuario?), o que desde principio de los noventa el Cabildo nunca ha sabido qué quiere hacer en el Aeropuerto del Sur, más allá de contratar a un arquitecto de fama internacional para el edificio terminal o marear a todo el mundo sobre si convenía más una segunda pista que permitiese operaciones alternativas o simultáneas. Está bien presumir de unidad y logros pero no parece de recibo confundir a quienes han venido siendo parte esencial del problema con una solución de telediario.

Original publicado en ABC

Cerrar el círculo

Da la sensación de que el carácter de Paulino Rivero se va agriando poco a poco. Sus poco meditadas respuestas a las críticas del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, enmarcándolas en una estrategia común con el PP, son tan disparatadas como es usual pero añaden un elemento de preocupación. Descalificando se evita entrar a debatir, acaso lo que pretenden desde el Gobierno. No parece acertado desconsiderar juicios de terceros o atribuirlos a una malévola influencia del ministro Soria, colocando a quien la emite en una posición incómoda como ariete de una visión partidista concreta o cometiendo un delito de lesa patria. Por ahí no debemos pasar puesto que existen motivos suficientes para el reproche a este gobierno empeñado en tener una economía planificada de nuevo cuño pero con los resultados conocidos de pobreza y resignación.

No hay nada pro PP en decir que no es aceptable que un proyecto para construir un campo de golf tarde 10 años en salir adelante o que un muelle deportivo precise de 15 años. Es más, inversiones mimadas por ser políticamente correctas y generosamente subvencionadas, tal es el caso de las energías renovables, requieren de dos años de intenso trabajo administrativo. No resulta extraño que, mientras vemos que Cataluña lanza Barcelona World o Madrid acoge Eurovegas, en Canarias no se abre un hotel nuevo desde el año 2008 y no parece que nadie de fuera tenga la más mínima intención de invertir en este paraíso de la burocracia. ¿Criticar esto es defender la bandera del PP? ¡Ojalá los populares y el resto de partidos con poder suficiente fuesen capaces de acabar con tan delirante situación!

Claro que Rivero también afirma que «lo que quieren los empresarios es que no exista control alguno, que se pueda hacer lo que se quiera en el territorio aprovechando la situación de crisis o la promesa de crear empleo». Doble melonada pues nada de esto se dice en el documento citado, pero lo sustantivo viene en la segunda parte del argumento presidencial, explicando que la crisis es una excusa cuando más bien devora nuestros escasos recursos y ha colocado nuestra tasa de desempleo en el 33%. Conviene repetir la pregunta de los empresarios: ¿Cuál es el límite que están dispuestos a alcanzar de canarios sin empleo antes de ponerse a trabajar?

Parte de los problemas de las islas están propiciados por la cegata forma de entender las cosas del propio Rivero. En una entrevista radiofónica afirmó que entiende que algunos ciudadanos quieran más sanidad o educación privada, pero que Canarias «no es Euskadi o Cataluña donde las rentas son más altas y las personas tienen más opciones de elegir». Demuestra que, al contrario de lo que proclama, no entiende nada. Los países no tienen generosos estados del bienestar y luego se desarrollan sino que sucede lo contrario. Primero crecen económicamente y posteriormente se han ido dotando de ciertos servicios más o menos universales. Confundir la sincronía demuestra que Rivero es más parte del problema que de la solución, por más que pretenda seguir cerrando círculos.

Publicado originalmente en ABC Canarias

Burbuja administrativa

Un lamentable artículo de una información digital aportaba una cifra que pronto se descubrió falsa. En España, según “El aguijón”, hay más de 440 mil políticos profesionales. Una revisión de los datos ya advertía que aquello no cuadraba excesivamente y pronto fueron descartadas por inveraces mientras los políticos y quienes les escriben encontraron la forma de establecer una teoría general. Aunque en España no hay manera de determinar con precisión el número de políticos existentes, lo importante para aquellos era que la cifra se había exagerado a conveniencia con el fin de crear un cierto clima de cabreo. Lo sustantivo nunca se debate en nuestro país.

La discusión no puede centrarse solo en si son muchos o pocos los políticos que pagamos, más bien si son los que necesitamos y, todavía más, si mandan mucho sobre muchas cosas. Ese es el tipo de debate que deberíamos mantener. Por eso yerra Rajoy cuando plantea que se reducirán un 30% los concejales, muchos de los cuales no tienen apenas coste para las arcas públicas. Lo realmente importante sería reducir un 30% o más sus actuales competencias.

España es un país en el que demasiadas personas dependen de un resultado electoral. Quizás no, contrariamente a lo que decía el artículo de marras, investigadores científicos, pero sí hasta los gerentes de los hospitales. Ello explica las enormes reticencias que despierta afrontar una verdadera reforma administrativa que permita dotarnos de los entes que nos convengan a los ciudadanos, no a los políticos. Los que necesitemos y podamos pagar porque no parecen muy conscientes de que hasta la fecha hemos tenido que sufrir las burbujas financiera, inmobiliaria y administrativa que en este país se han cebado con los ciudadanos. Burbujas que tienen muchas características en común, no siendo la menor la negación expresa por parte de los políticos en los inicios de cada una de ellas. ¿Para qué ha servido la comisión que ha creado el presidente Rivero con el fin de reformular nuestra administración? Su punto de partida es que no sobran organismos ni personal público. ¿Podría esperarse sensatamente algo? Nueva York tiene 8 millones de habitantes y 51 concejales, cifra que aquí se conseguiría sumando apenas los dos principales ayuntamientos de los 88 que tenemos. ¿No hay un punto medio sobre el que llegar a un acuerdo?

Negar que tenemos muchos políticos con el pueril argumento de que una publicación infló su cifra —ante la ausencia de datos oficiales— no resuelve el problema, lo agrava. Definamos competencias, incluso fijemos qué cargos son políticos por más que no sean electos y evitemos el penoso espectáculo de negar que los gabinetes de prensa, por ejemplo, son parte del mismo ecosistema. Solo tienen que comprobar el “hooliganismo” de algunos en Twitter para entender hasta qué punto se han mimetizado con la casta política. Han dividido la sociedad en dos partes incompatibles, aquellos que pagamos esforzadamente los impuestos y quienes viven opíparamente de ellos. Y no se podrá mantener igual mucho tiempo.

Publicado originalmente en el Diario ABC

Incendios y propiedad privada

Los políticos canarios siguen empeñados en aumentar su muy acreditada fama de no dejar pasar oportunidad alguna para hacer el ridículo. Mientras las islas ardían, unos por los otros se reprochaban acciones y omisiones sin fin. Película ya vista muchas veces, casi tantas como las de Cantinflas en la Televisión Canaria.

Con esa estomagante cantinela se pasan por alto algunos asuntos que parecen esenciales, tan solo uno preste atención a los técnicos en la materia. Por ejemplo, el fuego es parte misma de los ecosistemas, existiendo una tasa natural de incendios que haría recomendable aprender a convivir con ellos. En la década de los 60 se quemaban aproximadamente las mismas hectáreas que hoy, solo que entonces eran más pequeños y numerosos, mientras que ahora son menos habituales y más pavorosos. ¿Por qué? Varios son los motivos que podrían explicarlo. Los propietarios de entonces tenían poca confianza en la aparición de un helicóptero salvador si se iniciaba un fuego y se encargaban personalmente y sin trabas administrativas de la mejor adaptación de su propiedad a las eventualidades. Es lo que hace la propiedad privada por el medio ambiente. Hoy no es así y la gestión burocrática les impone rellenar una infinidad de papeles y el pago de tasas por efectuar cualquier acción en una propiedad rebajada a rango de concesión administrativa por unos gobernantes que la subordinan al cumplimiento de una función social, que ellos mismos determinan.

No se diría toda la verdad sin aceptar que también explica la diferencia anterior la propia eficacia de los medios disponibles. El hecho de que los conatos puedan ser de inmediato controlados permite que se acumule biomasa para futuros incendios.

Ya que tenemos que vivir expuestos a la posibilidad de incendios (solo a un político se le ocurre pensar que un riesgo próximo a cero es algo que se pueda alcanzar), hay algunas convenciones más que convendría refutar. Por un lado, no es cierto que los inviernos secos sean favorecedores de incendios en verano y sí parece que ocurre justo lo contrario, esto es, que los inviernos húmedos aumentan las probabilidades de tener peores incendios en los veranos siguientes. Por otro, los vecinos respiran aliviados cuando ven aparecer los helicópteros, por más que su eficacia en los peores momentos del fuego sea más que cuestionable, si bien son útiles en la primera fase y cuando se precisa enfriar el terreno para permitir la entrada de cuadrillas. Lanzar 1.500 litros de agua sobre una llama viva bastante tendría con no evaporarse antes de llegar al suelo.

Con lo anterior podría deducirse que, más que una base permanente de hidroaviones en Canarias, lo que necesitamos es una mejor gestión de los montes en invierno (incluso con quemas prescritas), una menor burocracia, unos derechos de propiedad mejor definidos y sin interferencias, así como una mayor y ejemplar condena a los pirómanos que, de forma premeditada, prenden fuego a nuestros bosques en verano con total desprecio a los bienes y vidas de terceros.

Publicado originalmente en el diario ABC

Gabriel Calzada

En estos días de agosto se incorpora como nuevo Vicerrector General de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, el Doctor en Economía Gabriel Calzada Álvarez. Este joven canario es el fundador y presidente del Instituto Juan de Mariana, uno de los think tanks liberales más potentes del mundo. Requerido en varias ocasiones por el Congreso y el Senado de los EEUU para exponer sus ideas relacionadas con la energía y el medio ambiente, su tesis más difundida es que las subvenciones a las energías renovables son enormemente ineficientes con consecuencias no previstas por los legisladores. Por ejemplo, el enorme atraso competitivo que está sufriendo España como resultado de los altos precios que debe pagar por la energía o que, lejos de la propaganda gubernamental, se destruyen más empleos de los que son generados por las ayudas a las ‘energías limpias’. Demostró que cada empleo del sector costaba en subvenciones más de 570 mil euros. Toda un desatino para cualquier país pero más en aquel momento de incipiente crisis. Su trabajo, publicado por el Instituto que preside y la Universidad Rey Juan Carlos, levantó una enorme polvareda internacional que provocó la intervención de un portavoz de la Casa Blanca para tratar de apaciguarla.

Lo cierto es que Calzada se ha movido siempre en entornos no gratos. Hace unos años, ya en Madrid y como estudiante de Económicas, fue advertido por uno de sus profesores que con sus ideas no aprobaría determinadas asignaturas, tal es el ambiente académico español. Ello le permitió trasladarse a la Universidad de Friburgo, la última en la que impartió clases el Premio Nobel austriaco Friedrich von Hayek. Ante una situación así hay dos tipos de respuestas: lamentarse por las esquinas argumentando que una suerte de conspiración le impide a uno progresar y que se es víctima de fijaciones, inquinas y ataques. La segunda, la elegida por Calzada, fue la de apenas pararse para tomar nota de lo que ocurre y plantear una respuesta superadora, positiva, redoblando esfuerzos gracias a su colosal y contagiosa capacidad de trabajo en pos de lo que considera su misión. La suya, como la de la Universidad que ahora le acoge en Guatemala, es la de contribuir a implantar principios éticos, jurídicos y económicos en sociedades de personas libres y responsables.

Calzada quizás no sea muy conocido en su tierra porque apenas viene en fechas señaladas que pasa con familiares y amigos, a pesar de que ha conseguido que se celebren en las Islas tres de las siete ediciones de la Universidad de verano del Instituto Juan de Mariana. Pero Gabriel Calzada no forma parte del mainstream, ni tiene reuniones periódicas con políticos para cabildear ni solicitar apoyo empresarial para misiones más o menos arriesgadas en nombre de algún presidente interplanetario. Solo es la demostración, una vez más, de que cuando las posibilidades para marcharse son elevadas, las personas suelen responder a ese incentivo de la manera más sencilla posible: poniendo tierra de por medio. Nosotros, mientras, seguimos expulsando talento.

twitter: @antoniosalazarg

Original publicado en ABC