La violencia legítima es un monopolio del Estado, según sentenciara en su día Max Weber. Es por ello por lo que los ciudadanos renunciamos a la defensa propia y cedemos tal actividad a los cuerpos y seguridad del Estado. No existe en nuestra tradición ni ordenamiento alternativa a ello y no parece que las cosas vayan a cambiar en el futuro inmediato.
Pero tal suerte de pacto precisa de continua renovación, reforzando a diario la confianza que debemos otorgar a las fuerzas del orden para el mantenimiento de la paz social. Eso convierte en especialmente grave los hechos que hemos conocido en las últimas semanas, que sin convertirse en comportamientos generalizados no cabe considerarse tampoco aislados o excepcionales. Por un lado, la ‘Operación ladrillo’ provocó la detención de policías del caro capricho de Paulino Rivero acusados de detención ilegal y falsedad documental, además de elevar simples faltas a delitos para aparentar una eficacia que cualquier canario bien intencionado -absténganse militantes de CC- sabe que no tiene.
No menos grave es el asunto de la Guardia Civil, 9 de cuyos miembros están imputados en la ‘Operación Botavara’ donde coleccionan casi todos los delitos que en nombre de la autoridad se puedan cometer: torturas, amenazas, detenciones ilegales, falsedad documental en diligencias y actas, tráfico de drogas y actuaciones contra las garantías constitucionales. Aparte de los datos objetivos que habrá de entender la justicia, están los aspectos subjetivos pues su comportamiento ‘chulesco y mafioso’ asustaba a los ciudadanos a los que, supuestamente, deberían servir y proteger.
Quejas sobre comportamientos que se extienden cada día por parte de unos ciudadanos atemorizados ante las reiteradas provocaciones de ciertos personajes uniformados, no se sabe bien si por iniciativa propia o por mandato jerárquico, despreciando a unos administrados que pagan sus impuestos para mantener toda esta estructura de poder y mando. Aún se recuerda en Tenerife una ‘brillante’ operación que se saldó con varias detenciones en las que se acusaba a personas honradas por mezclar ‘tabaco con heces de conejo’. Uno de aquellos guardias civiles se mostró tan hostil y agresivo con uno de los detenidos -puesto en libertad sin cargos- que el pobre hombre no ha vuelto a conciliar el sueño desde entonces. O el impresionante despliegue policial ante la Mutua de Accidentes de Canarias que se ha resuelto con el honor de los acusados mancillado y sin un delito probado.
Es posible que se pueda seguir presumiendo de la eficacia policial y seguro que encontraremos ejemplos de que tal cosa ha existido pero esto no obsta para que se corte de raíz actuaciones y comportamientos que no deben darse en un estado de derecho, castigando o suspendiendo de forma ejemplar a los que no actúan de manera recta. Caso contrario, se unirán a las muchas instituciones que están dejando hecha unos zorros su credibilidad en esta crisis, tal como la Corona, los distintos gobiernos, el poder judicial y hasta los medios de comunicación. Porque, y aquí viene lo extraordinario del asunto, nadie va a salir de este tiempo con su prestigio intacto pero nosotros aspiramos a seguir viviendo en paz.
Original publicado en ABC
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