'Public Choise y petróleo'

El más que evidente divorcio entre ciudadanos y políticos puede tener sus causas en el claro fracaso de la gestión pública en todos los órdenes. Teóricos de la Escuela de la Elección Pública, tales como Gordon Tullock o el recientemente fallecido James Buchanan, enuncian hasta cinco razones fundamentales para que tal cosa ocurra. La primera, el efecto de la racionalidad de la ignorancia, señala que es perfectamente racional mantenerse ignorante sobre aquellas cuestiones que son complejas (el coste de informarse es elevado) o están más allá de nuestro control (la posibilidad de que nuestro voto sea el decisivo es, en Canarias, 10 veces más alta que sacarse la lotería nacional). La segunda sería la aparición de pequeños grupos de interés que buscan privilegios de parte, que nada tienen que ver con los intereses de la mayoría silenciosa que nadie se preocupa por defender. La tercera es el efecto de la representación no vinculante, motivada porque los electores no manifiestan sus preferencias sobre temas concretos, sino tan solo eligen un representante, que podrá cambiar de opinión sobre aquello que ofreció en campaña sin sanción, pues no hay manera de establecer vínculo alguno entre lo ofrecido y lo concedido, lo que incrementa los incentivos para que las personas decidan desinteresarse por los asuntos públicos. También estudiaron (cuarta razón) el efecto de la miopía gubernamental relacionada con el horizonte temporal inmediato con el que se desenvuelven los políticos, con políticas orientadas siempre al corto plazo, pues no son capaces de ver más allá de las próximas elecciones. Un político está obligado a maximizar sus votos para mañana, con lo que si uno decidiera plantear las cosas a largo plazo estaría condenado a perder su puesto. Y la quinta está relacionada con la carencia de incentivos para actuar de forma eficiente. Una determinada línea de acción pública se mantendrá en el tiempo con independencia de su eficiencia económica siempre que sea respaldada por los electores, lo que ha llevado a tomar decisiones de expandir el tamaño de los gobiernos más que reducirlos si se pensaba en su rentabilidad electoral. Para evitarlo sería necesario establecer algún nexo para quien toma la decisión que lo vincule con su coste o beneficio.

No solo podemos entender el cada vez menos disimulado desdén de los ciudadanos con la cosa pública, sino también las relaciones de los dirigentes con temas estratégicos cuyo impacto positivo pueda observarse a largo plazo (pensar que dentro de 10 años, con los primeros barriles de petróleo saliendo de Canarias, Paulino Rivero seguiría siendo presidente no es una quimera, es una pesadilla macabra). Y añade alguna nota de interés: con los incentivos que genera el actual sistema institucional, ¿la refinería de Santa Cruz podría haberse instalado alguna vez? ¿Puede discutirse su impacto económico y social, la transferencia de conocimiento, el saber acumulado, la mejora de los planes de estudios para que los canarios pudieran formarse y terminar trabajando en esa instalación? Duelen las preguntas, pero mucho más las respuestas.

Original publicado en ABC Canarias