Cuando es el gobierno quien te atraca

No es habitual hacer una entrevista en la radio con un empresario y que pida mantener el anonimato. Hoy nos ha pasado en La Gaveta, que se emite en Es Radio para Canarias, pues nuestro invitado teme por su seguridad. Se dedica al negocio de las joyerías y ha sufrido en su familia el intento de secuestro. Parece que la falta de seguridad en el sector es un clásico pese a los altos impuestos que pagan para, también, ser defendidos sin tener que llegar a los extremos de otros empresarios.

Sin embargo, no es ese del único motivo que le ha traído a la radio. Ha querido expresar su queja por otra inseguridad, la que le provoca el Gobierno de Canarias exigiendo el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (5,5% sobre la venta) a pesar de que una sentencia del 2001 da la razón a este tipo de negocios. Como siempre, estos gobiernos pirañas saldrán de rositas mientras por el camino acaban con un buen número de empresas

La entrevista, aquí 

Antxon Uriarte

Gracias al profesor de la Universidad de La Laguna, José Ramón Arévalo, hemos tenido por Tenerife al conocido catedrático de la Universidad del País Vasco, Antxon Uriarte. En 'La Gaveta' (programa que se emite ahora para toda Canarias en Es Radio) tuvimos oportunidad de dialogar un buen rato con ambos sobre el C02 y el cambio climático

Sádica administración

Resulta cinematográfico imaginar a los inspectores de trabajo en una reunión matinal antes de partir para hacer la ronda. Todos a una,gritos de «a por ellos» y, sin una sola crítica, a la calle a por los infractores.

Personajes educados leyendo a Dickens y su imagen del empresario como malvado ogro al que abatir, aquella mañana del 14 de febrero, el jefe -por norma, el más sádico de la banda- ordena visitar las floristerías. Es la forma que tiene la administración de declarar su amor por el contribuyente.

Esa fue la fecha señalada, la de San Valentín, para ordenar una redada en las tiendas que envían a domicilio flores como muestra de la buena salud de las parejas. Una fecha señalada, también por esos pequeños negocios, para poder remontar una etapa de crisis como la que estamos viviendo.

El objetivo de los pequeños émulos de Elliot Ness era pillar a los familiares, amigos y empleados ocasionales que estuviesen trabajando ese día para satisfacer una demanda puntual y limitada a la fecha.

Aunque no se han facilitado los datos de tan audaz intervención, es de suponer que habrá enorme satisfacción en la administración por las sanciones a las que hubiera lugar, incluso si ello conduce al cierre definitivo del negocio, aun a costa de generar más paro.

Se argumenta por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Canarias que estamos en un contexto de «obligada estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad». Así que las soluciones que se les ocurren son más represión con publicidad, por si alguno no termina de captar el mensaje. Siempre quedará la cabeza del caballo metida en la cama del incumplidor.

Lo cierto es que en Canarias hay una tasa estimada de economía sumergida superior a la media nacional y que España también supera la media europea. Entra en el terreno del mito pensar que no existe economía informal en países que apreciamos por sus altos valores ciudadanos (Suecia 15,6%, Alemania 14,7% o Noruega 15,4%).

Por tanto, sería conveniente plantearse las razones que llevan a que tal cosa se produzca y podríamos apreciar que los excesivos costes laborales se elevan por encima de la productividad de algunos trabajos o que los altos salarios mínimos y las dificultades para la contratación parcial anulan el interés de las partes por cerrar acuerdos legales.

Es cierto que cabe el recurso de afirmar que estas prácticas penalizan a los que sí cumplen con todos los requisitos de contratación y pagos múltiples a la administración, pero también resulta válido responder que si no se produjese un alto grado de incumplimiento, jamás podríamos plantear un debate serio sobre el particular.

Arthur Laffer, economista, dijo hace poco que estaba claro que había excesivos impuestos sobre el tabaco porque somos conscientes de su efecto pernicioso sobre la salud, pero no está clara la razón para la elevada carga fiscal sobre el trabajo, salvo que los burócratas lo consideren también insalubre. No sería de extrañar.

Original publicado en ABC Canarias

Indemnizaciones

Los nunca bien ponderados diputados autonómicos gozan de una indemnización en virtud de su trabajo que es abonada por sus propios grupos parlamentarios al no reunir la condición suficiente para que pueda ser percibida como dieta.

El asunto resulta llamativo, pues la retribución de quienes tienen la dedicación completa está compuesta por un salario fijo (2.600 euros netos), más dietas, a las que deben sumar estos sobresueldos (sea dicho sin ánimo de mortificar).

El argumento para explicarlo es de traca: se trata de una indemnización. La Real Academia de la Lengua afirma, sin lugar a equívoco, que eso sería resarcir a alguien de un daño o perjuicio. ¡Notable! Si usted se dirige, y tiene suerte, a cualquiera de ellos obtendrá una respuesta de manual sobre el servicio público, su dedicación a lo demás o la alta idea que tienen de sí mismos y el trabajo que desempeñan.

Si lo anterior no le satisface y les reprende porque nada de eso justifica tan formidables estipendios, usted obtendrá una sonora descalificación en la que, con la amabilidad característica, podrá esperar epítetos como fascista, facha, cavernícola y una letanía de términos demostrativos de sus nervios y escasas lecturas.

En fin, no obtendrá ningún compromiso para variar nada porque el asunto, y aquí viene lo bueno, es legal. ¿Quién determina la legalidad? Ellos mismos, por supuesto. De la moral mejor será no ocuparse pues es asunto que excede a las capacidades y méritos de sus señorías, empachados de transparencia, dinero, langostinos y canapés.

Transparencia que ha hecho que el que suscribe lleve esperando por sus currículos profesionales más de un año (en realidad, solo uno de 60 ha respondido a una solicitud efectuada por el conducto oficial)

Es claro que debería abrirse un debate sobre la utilidad de la Cámara en función de sus resultados y nuestras necesidades, por más que nadie seriamente plantee que los políticos dejen de cobrar por su actividad.

Confundir deliberadamente los conceptos juega en favor del actual status quo, siendo probable que de aquí salgamos sin tocar ni una sola de las administraciones costosas y lesivas (no cabe entrar en si trabajan mucho o poco, que el parlamento no haga leyes es ya una buena noticia) para el conjunto de los ciudadanos, persuadidos como estamos de que han dividido a la sociedad en dos tipos de personas, aquellos que viven de los impuestos y los que, de forma esforzada, los pagamos.

Pero con todo, lo que no parece tener desperdicio es que consideren que deben ser indemnizados por su actividad sin contemplar que los únicos que estamos abandonados a nuestra suerte y sin posibilidad de ser resarcidos somos los ciudadanos, destinatarios de los desatinos de sus señorías por las que jamás deberán afrontar responsabilidad alguna.

¿No fue, acaso en esa cámara, donde se produjo una votación para expropiar su propia ampliación, anulada por la justicia, obligado a pagar el latrocinio con dinero público y no se produjo ni una simple petición de disculpas? Puestos a indemnizar, señores diputados, nosotros primero.

Original publicado en ABC Canarias

Atractivo inversor

El pasado mes de septiembre, algunos medios de comunicación  recogían la indisimulada alegría del alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito. Anunciaban que empresas de Emiratos Árabes Unidos se interesaban en el puerto deportivo, pesquero y comercial, en concurso de licitación, con un presupuesto inicial de 70 millones de euros.

La historia tiene su miga, pues pronto el director general de Puertos, Juan José Martínez, se sumó a la fiesta dando muestras de sus conocimientos geoestratégicos situando esta inversión «dentro de los objetivos de las potentes y emergentes empresas árabes».

Se sumaban estos amables inversores a otros muchos, insulares, nacionales e internacionales, que respondían a algunos esfuerzos que se estaban haciendo, como por ejemplo, «tener a varias personas encargadas de buscar inversiones en Oriente Medio», Brito dixit.

Avalaba el inusitado interés la infraestructura portuaria, siendo asunto menor la colosal inversión de 70 millones que debería comprometerse en los 500 mil metros cuadrados y una capacidad de atraque de 700 embarcaciones.

Era importante «para los políticos» pues en la época en que ataban los perros con longaniza, se desestimó un muelle deportivo de 18 millones de euros para apostar por uno que pudiese conectar al Puerto de la Cruz con la Palma, a pesar de que no hay ningún operador interesado en que tal cosa pueda ocurrir.

Un dislate que prueba, una vez más, que los dirigentes no piensan en resolver necesidad alguna, sino en inversiones que satisfagan sus egos planificadores.

En consecuencia, hace unos días, desde la propia ciudad turística han anunciado que tan imprescindible infraestructura deberá prorrogar su plazo de licitación porque no ha aparecido inversor alguno, ni insular, ni nacional ni internacional, dispuesto a meter 70 millones de euros en algo tan incierto, con lo que la desconexión con el mundo real y el exceso de ambición de políticos del tres al cuarto, se ha llevado por delante un proyecto que bien podría haber sido interesante —muelle deportivo— a cambio de nada.

Bien harían los políticos no precipitarse a la hora de anunciar colosales inversiones que, además, no dependen de ellos. Además, no es extraño que los inversores mantengan una primera y única reunión, sin que sepamos más de sus intenciones, lo que nos lleva a concluir que las melonadas que aquí se encuentran los pone pies en polvorosa.

Y si no, obsérvese que en el mismo día que nos contaban que los árabes vendrían repletos de petrodólares para invertir aquí, el propio Martínez, anunciaba que, ante la falta de ocupación del Puerto de Garachico —otro capricho de un político local—, dejaría atracar de forma gratuita en esas instalaciones a quien quisiese hacerlo.

Y ahora, póngase en la piel de un inversor dueño de 70 millones, piense en el puerto deportivo que le gustaría hacer y diga si lo haría en un lugar donde a apenas 30 kilómetros el Gobierno en sus puertos públicos regalará lo que usted debe cobrar. Y es que nuestro atractivo para generar inversión se ve que está a prueba de bromas. Debe ser la conocida Marca España

Publicado originalmente en ABC