Los periódicos Público y La Razón han hecho de los anuncios de contactos en el resto de la prensa escrita una particular batalla que, de momento, han ganado por mor de unos diputados que se ve no tienen muchas cosas de las que preocuparse. Ambos diarios, de lectores con votos distintos pero ideológicamente similares y que podríamos encasillar en lo que Hayek llamó 'socialistas de todos los partidos', se oponían a publicar ese tipo de anuncio aunque no contentos con ello, han presionado todo lo posible para conseguir que los políticos regulasen sobre el particular. Y éstos ya han anunciado que darán un tiempo para que los diarios los retiren en virtud de una autoregulación que no parece tal ya que, caso contrario, dejarán de recibir esas mismas empresas publicidad institucional, una tarta a repartir de más de 193 millones de euros. ¡Notable! Te dan una directriz, indicando las consecuencias de su incumplimiento y a eso lo llaman autoregulación por más que parezca la representación de la celebérrima escena de la película El Padrino y aquella oferta que no se podría rechazar.
La España biempensante y durmiente, aplaudió. Sin embargo, nadie parece reparar en lo sustantivo del asunto, donde unos políticos trazan un objetivo en apariencia inobjetable, introducen una ley y votan en el parlamento como si tal cosa les fuera de su incumbencia y no de lectores y empresas periodísticas que nada puedan hacer ante una nueva demostración de expansión ilimitada del poder y de amenazas nada veladas. Si hay lectores afligidos o molestos por la visión de esos anuncios, su oferta de diarios sin ese tipo de publicidad ha aumentado en los últimos tiempos, no solo con los ya citados, sino con La Gaceta o el gratuito 20 minutos, sin necesidad de que vengan unos políticos salvadores de moral ajena.
Porque lo que aquí está en juego es la libertad pero también los costes de la coacción, así como las consecuencias no visibles que podrán derivarse ya que
la desaparición de los anuncios no garantiza que pase lo mismo con la prostitución, del mismo modo que la prohibición de las drogas no acaba con el consumo de
estas sustancias ni las medidas de control del fraude fiscal impide la existencia de un amplio porcentaje movido en economía sumergida. Ya se sabe que esta es la lógica del poder político, últimamente muy empeñado en convertirse en tutor de todos y cada uno de los ciudadanos de este país.
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