Economía sumergida en defensa propia

Comentario en La Gaveta, 30 de Enero de 2014

Ha vuelto la matraquilla del fraude fiscal y la economía sumergida, generando los habituales comentarios en la prensa y la ruidosa reacción de las redes sociales. El tema no tiene un pase pero esto da igual porque hace tiempo que la verdad dejó de interesar para convertir cualquier dato en la confirmación de un viejo prejuicio. Esto nos obliga a algunos a repetir viejas ideas que se pueden confirmar sin demasiada complicación y sin sofisticadas búsquedas, lo que se ve no hacen periodistas que titulan alegremente. Por ejemplo, en La Provincia se dice que la economía sumergida alcanza el 30% del PIB canario, cuando en realidad el estudio dice que es del 27,9%. La diferencia puede parecer baladí pero un 2,1% sobre un PIB estimado a finales del 2012 de 40 mil millones de euros, supone un desvío de 800 millones de euros. Una cantidad, por cierto, igual a la que reclama Canarias a Madrid en concepto de justo trato.  Pero para este diario es más importante un redondeo que dé un buen titular que aproximarse a la cifra real. ¿La cifra real? No, por supuesto que no. Hay que ser muy confiado para hacer de esta estimación una noticia que no requiera mayores comprobaciones. 

De entrada se dice que el trabajo está dirigido por un profesor de la prestigiosa universidad pública de Tarragona, quien estuvo en la presentación con los autores del encargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda. En realidad, estaban el presidente y el secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda, lo que de inmediato debería prevenirnos. Son los representantes sindicales de los trabajadores de grado medio del Ministerio, no representan ni a los Abogados del Estado, ni los inspectores tributarios, ni los interventores, ni los economistas del Estado, sino los del antiguamente llamado Cuerpo de Gestión. Muy respetable, sin duda, pero no parece que el formar parte de ese sindicato les dé un plus de autoridad a la hora de hablar de política fiscal o de problemas organizativos de la inspección pues ellos, queda dicho, no son los representantes de los inspectores. 

Así que no puede resultar extraño que hagan hincapié en la falta de voluntad política para enfrentarse a este problema, el de luchar contra el fraude. Exigen nuevos y más medios para evitarlo, es decir, aumentar el gasto en esas partidas específicas. Intereses de parte. Esto en lo formal; no son más que un sindicato con muy buena prensa, que confunden deliberadamente para darse una importancia de la que carecen.

En el fondo del asunto tampoco están mucho mejor. Si ya de por si parece complicado estimar cuánta economía sumergida existe, la cosa es más difícil todavía cuando mezclan conceptos distintos. Así afirman que el mayor fraude se concentra en las grandes empresas al eludir el pago de impuestos con prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales. Podemos discutir si el sistema fiscal español permite muchas de esas elusiones fiscales pero de ahí a explicar la economía sumergida media un abismo que solo puede recorrer un técnico de hacienda entre cortado y visita al Corte Inglés. 

Más interesante - y por ello, menos reproducido por los medios de comunicación- resulta el trabajo del profesor Friedrich Schenieder quien lleva toda su vida estudiando la economía sumergida en el mundo y los flujos de dinero negro. Este profesor alemán estima una tasa de economía sumergida ligeramente inferior a la de los técnicos de Hacienda pero la achaca en primer lugar al elevadísimo nivel de desempleo, que la alimenta. También al autoempleo, ese buscarse la vida al que se dedica mucha gente sin otra posibilidad alternativa. La tercera de las causas serían las continuas subidas de impuestos indirectos, en particular el IVA o IGIC y en cuarto lugar, la moral tributaria del país que en el caso de España es cuanto menos laxa. Lo que no adivina el Sindicato en su informe, es que la insuficiencia fiscal de España no está causada por la economía sumergida, más bien es su consecuencia. Es el modelo productivo el que determina el nivel de economía golfa de un país y no al revés. Es por eso que las comunidades donde menor tasa de actividad y mayores niveles de paro hay (Andalucía, Canarias y Extremadura), con un peso relativamente importante de la agricultura (Castilla-La Mancha) o basada en servicios de bajo valor añadido como el turismo, la hostelería y el comercio exista un nivel superior de economía opaca.Así que la conclusión que se puede extraer es que no necesitamos nuevos y más medios de coacción a los ciudadanos sino encontrar un nuevo modelo económico más basado en puestos de trabajo altamente innovadores. Y eso es algo que nos debería importar mucho, máxime teniendo la oportunidad de negociar un nuevo REF que permita atraer como un imán a empresas de ese corte que quieran venir a las Islas. No ahondar en una economía que nos ha dado lo que nos ha dado pero que no nos sirve para el futuro. Ojalá que estén yendo por ahí los tiros. 

Sin embargo, observa uno como nuestros políticos solo buscan nuevas fuentes de financiación estrangulando, todavía más, nuestras carteras. El Cabildo de Gran Canaria ha decido implantar un impuesto a los carburantes con el que espera recaudar entre 8 y 10 millones de euros. Bravo de Laguna ha hablado de un pequeño esfuerzo, apenas unos 60 céntimos por cada 50 litros de gasolina, añadiendo maldad a la ocurrencia. Primero porque no hay tal cosa como un sacrificio voluntario y consentido por los grancanarios. Y segundo, porque no debe ser consciente de que el Gobierno del Sr. Rajoy ha aumentado o creado más de 30 impuestos y tasas en los dos años que lleva al frente del Gobierno. La pregunta obligada sería conocer cuándo van a parar y sobre todo, cuando considerarán que estos impuestos adicionales han dejado de ser un pequeño esfuerzo para cada uno de nosotros y sí una pesada losa que impide nuestro bienestar y progreso. Claro, luego se quejarán de la economía sumergida pero esa que se practica en defensa propia. 

De dónde saca pa'tanto como destaca

Comentario en La Gaveta, programa número 2124, de 07 de enero de 2014

Todos los medios de comunicación parecen haberse puesto de acuerdo para entrevistar a José Manuel Bermúdez, alcalde por accidente de Santa Cruz de Tenerife. Tan es así que el fin de semana se publicaron entrevistas en varios periódicos de papel (aquí y aquí) que se siguen, milagrosamente, publicando en la Isla. Y a pesar de una crítica previa hecha por este periodista, al final tenían razón en la emisora decana de Canarias, cuando presentaron en uno de sus informativos unas insustanciales declaraciones de Bermúdez como las primera hechas por el mandatario en el nuevo año. ¡Cáspita! Había una competición sobre el particular y nosotros sin saberlo. Hay años en que uno no empieza con el pie derecho, para qué nos vamos a engañar.

De todas las entrevistas, la del diario La Opinión llevaba un buen titular que, entiendo, no pretendía perjudicar a quien tanto defienden aunque sea muy complicado entender las razones. Aquí es donde dijo Bermúdez que va a empezar el año trabajando duro con vistas a lograr la transformación de la capital en 2019. Impagable, sobre todo impagable. Va a trabajar duro ahora, cuando llevamos dos años larguísimos de gestión del actual equipo de gobierno marcada por la enorme ineficacia y la más absoluta parálisis. Si es el momento de trabajar duro, ¿qué ha hecho hasta hoy? Ocurre que es un caso de manual sobre incentivos a corto plazo, porque no es conveniente olvidar que será el año próximo cuando los ciudadanos que no hayan desertado todavía vuelvan a las urnas. Es cierto que adelanta que quiere ser el candidato y que, además, tiene un plan para transformar Santa Cruz de cara a finales de esta década nada prodigiosa. Lo normal, teniendo en cuenta sus capacidades y la del equipo que le acompaña, es que no tenga más propósito que ganar las próximas elecciones y que no exista plan distinto al ejecutado hasta la fecha, marcado por una paulatina deserción del comercio y empresas de todo tipo, aumento de impuestos, problemas de convivencia en el grupo de gobierno y hostigamiento a la refinería. Por supuesto, las escasas acciones que han podido ejecutar ya venían de mandatos anteriores y observamos que muchas de las que dicen tener, son herederas también del tiempo, largo, de Miguel Zerolo en la alcaldía. Así que lo que sí tiene es propaganda, mucha propaganda, fieles a la hoja de ruta habitual. 

Lo más llamativo es que en el mismo diario, con caracteres más destacados se hablaba de que La Laguna ofrece suelo municipal gratis, exención fiscal y ayudas de todo tipo para atraer empresas, intentando su alcalde reactivar proyectos parados y fomentar la instalación de nuevas industrias. Aunque desde este programa tendríamos motivos más que sobrados para cuestionar la utilidad de acciones promovidas por las administraciones, al menos pretendemos subrayar que mientras unos dicen que hacen o harán otros, como el más callado Clavijo, hacen y las diferencias entre ambos municipios son tan evidentes que apenas se requiere esfuerzo alguno en demostrarlo. Podríamos criticar que esa fe en la participación pública-privada es poco liberal y que promover acciones de este tipo requiere de un amplio margen de discrecionalidad, que no puede dársele a Juan sin quitárselo previamente a Pedro, que apostar por determinados sectores económicos desde la administración suplanta a los empresarios en su función, que es la de adivinar futuras demandas de sus clientes, añadiendo la sospecha -habitual en estos tiempos- que ciertos empresarios podrían beneficiarse de su proximidad y cercanía a los dirigentes. Qué duda cabe que oponerse a todo esto forma parte del prontuario que defendemos en La Gaveta pero no diríamos toda la verdad si no admitiésemos que en La Laguna parece que siempre hay una mejor predisposición a los negocios que en la paralizada Santa Cruz. 

Puede que ayude, y mucho, que el propio alcalde lagunero y algunos de sus colaboradores más inmediatos hayan tenido negocios abiertos con anterioridad a su responsabilidad política, que han debido pagar sus seguros autónomos y que esto les dota de cierta sensibilidad de la que carecen profesionales de la política chicharrera, donde ni Bermúdez, ni Arteaga, Díaz Estevanez o José Ángel Martín tienen experiencia alguna a la hora de promover nada que no hayan sido sus exitosas carreras políticas. Incluso la concejal Angela Mena descubrió su pasión emprendedora como hostelera una vez ya ejercía como política y en el municipio donde su esposo fue alcalde, lo que probablemente la privó de las frustraciones, problemas y burocracia por los que transita cualquiera que tenga una iniciativa empresarial. 

Así que habrá que convenir que a Bermúdez, como a algunos otros políticos, les cunde mucho de cara a la prensa sus escasas acciones y son capaces de obtener entrevistas llenas de nada. Y admitamos que, esto sí, no es exclusiva culpa suya y sí de los medios de comunicación empeñados en salvarse a cualquier precio en una situación pavorosa como la que estamos sufriendo pero que terminará no solo con el cierre inevitable de algunos sino, y esto sí es insalvable, con la credibilidad de todos. 

Reparto de la riqueza

Comentario en La Gaveta, día 2 de enero de 2014

No es por aguar la fiesta a nadie pero uno no termina de entender qué celebramos exactamente cada inicio de año. Bien está hacer fiesta y encontrar formas distintas de hacer más apacible nuestro tiempo pero convencerse que el año será cómo lo empecemos es poco realista por más que nos llenemos de toda suerte de tradiciones. Pero si reflexiona un segundo, se dará cuenta que primero se tiene que aguantar un discurso de Paulino Rivero, que bien pondría haber sido el del año pasado, o el otro, o el anterior… porque no hay nada original en lo que dice el presidente en su televisión autonómica, esa que le pagamos todos. Por si fuera poco y la cena no se le ha atragantado, es empezar el año y ser todos un poco más pobres, con una subida generalizada de precios regulados e impuestos que resulta sencillamente intolerable. La luz, el transporte público, las tasas aeroportuarias, el combustible, las cotizaciones a la seguridad social, los impuestos que pagan las gafas y las lentillas, ciertos actos notariales y barra libre para que los ayuntamientos puedan subir hasta un 10% el IBI. Los salarios siguen ajustándose, los impuestos hacia arriba sin reparo, con lo que la renta disponible de las familias sigue reduciéndose mientras no lo hace el hiperestado que nos sigue mortificando. 

El Ministro Montoro ya ha dicho que hay que ingresar más, que el ajuste en las plantillas públicas se ha terminado y que el número de asesores y personal enchufado es el adecuado a las necesidades del país, la reforma administrativa está concluida y debemos dar por bueno los supuestos esfuerzos que todos estos parásitos dicen que han hecho. Nuestro bolsillo, estragado hasta un punto de difícil vuelta atrás, es quien lo ha hecho pero no buscamos más consuelo que tratar de recuperar el ahorro perdido que terminó en los bolsillos de tantos buscadores de renta a los que los políticos identifican y compran a cambio de un futuro voto. Es tal el nivel de presión y esfuerzo fiscal, dos conceptos que los técnicos de Hacienda agrupados bajo las siniestras siglas de Gestha no distinguen, que hasta el 50,4% de los votantes de IU creen que lo mejor que le vendría a la economía española sería una rebaja de los impuestos, según una encuesta publicada el miércoles por el periódico El Mundo. Por cierto, en esa misma encuesta hay otro dato igualmente llamativo. Es el grupo de edad que va de los 19 a los 29 años el que cree en mayor medida que la solución pasa por aumentar el gasto público y no bajar los impuestos, que podría interpretarse por el alto paro que sufren los jóvenes, en Canarias casi el 65% entre los menores de 25 años, y que los salarios de los que sí tienen trabajo son más bajos aunque también porque son los que en mayor medida han estado sometidos a una sistemática propaganda que pasaba por alentar el aumento del gasto, subidas de impuestos a los ricos y una eficaz redistribución de la riqueza. Torpezas atribuibles a la enseñanza que reciben pero también a la incomprensible acción de muchos medios de comunicación que apenas reflexionan sobre las cosas que pretenden denunciar. Solo así se puede defender un titular que diga que ‘5.869 canarios mueven el 4% de la riqueza declarada en España’, como si esto por sí mismo constituyese delito alguno y sin detenerse en el pequeño detalle, se ve que sin importancia, de que los canarios somos aproximadamente el 4% del total de habitantes en el país. Pero parte de una premisa ideológica absolutamente detestable que ha contribuido a traernos hasta aquí. Se induce a pensar que la riqueza está dada y que es función de las administraciones buscar mecanismos para repartirla con acuerdos que son presentados siempre como justos, sin entender lo esencial. 

La riqueza obtenida en buena lid surge de la satisfacción de necesidades ciudadanas por parte de los empresarios y sus fortunas son la recompensa a ese descubrimiento de oportunidades que pasaron desapercibidas previamente a otros empresarios, menos perspicaces. Que existan ricos está lejos de ser una mala noticia e incluso que fuesen súper ricos debería alegrarnos porque mostraría que han sido capaces de sacar sus empresas de las limitadas fronteras del archipiélago. Es más, esas personas con enormes patrimonios suelen ser mucho menos sensibles a las amenazas y presiones gubernamentales, lo que explica la permanente referencia como ideal de los políticos y periodistas, cuando no son la misma cosa, a las pequeñas empresas, aquellas sobre las que sí pueden influir y a las que pueden amedrentar. No todas las fortunas se construyen de igual forma, que duda cabe. Hay algunas hechas en base, no al descubrimiento de oportunidades empresariales, sino a la proximidad con el poder del que obtienen privilegios sin cuento y es imposible no aceptar este presupuesto conociendo casos tan destacados como el de Miguel Concepción y Rivero. Pero las soluciones no pasan por seguir satanizando la creación y atesoramiento de riqueza, más bien por la exigencia de pocas reglas, claras y universales para todos y un apartamiento de la política de las áreas que no requieran de su intermediación. 

Mientras se podrá seguir alentando bajas pasiones contra la gente que ha construido legítimos patrimonios, usando a los tontos útiles del sindicato de los técnicos de hacienda, cuatreros dedicados a poner en marcha ventiladores que salpiquen de porquería a todo el mundo, incapaces de distinguir la evasión fiscal (delictiva) de la elusión fiscal (que no solo no es delito, más bien algo que cualquier familia de bien debería hacer para abaratar su factura fiscal de forma legal). Que sigan confundiendo patrimonio vinculándolo al PIB, indicadores que nada tienen que ver entre sí pero que son muy adecuados para seguir señalando a las personas a las que odiar, su única función. O esa diferencia de género absurda, en la que también subrayan que los hombres adinerados del Archipiélago superan en 249 a las mujeres, como si tal cosa pretendiese ser alguna demostración de un error que debería ser corregido por una nueva norma. Decía el periodista Santiago Amón que en España no cabía un tonto más. Se precipitó, desde que nos abandonara en 1988 parece que seguimos sin 'números clausus'.