No es práctica habitual en la radio ofrecer una entrevista con un invitado y esconder su identidad. En tiempos pretéritos sucedía porque quien se ocultaba tenía una información comprometedora que podía dañar su interés o salud.
Hace unas semanas nos ha tocado vivir un asunto similar. Interesándonos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que el Gobierno de Canarias cobra a las tiendas de«Compro oro» que han proliferado en las Islas, llamamos a un primer empresario que, amablemente, accedió a contarnos el origen del problema, pero cuya actitud cambió cuando se le pidió que viniese a la radio a narrar la peripecia.
Nos habló de un colega suyo, quien quizás sí tuviese el valor necesario. Este segundo empresario accede a conceder la entrevista no sin antes poner dos condiciones: su nombre no se pronunciaría y no podría citar las empresas a las que representa. Ambos empresarios explicaron sus motivos para tanta cautela de la misma forma. No quieren problemas con el Gobierno. En una democracia son los gobernantes quienes deben temer a los ciudadanos, mientras que en las dictaduras son los individuos los que sienten miedo. "¿Capisci?"
El Gobierno, desoyendo una sentencia del Tribunal Supremo de hace más de 10 años, ha decidido volver a cobrar ese impuesto (un 5,5% sobre las ventas) a estos establecimientos. Está claro que la ausencia de recursos lleva a la aparición de arbitristas, encargados de buscar nuevos supuestos por los que cobrar para mantener esa elefantiásica administración que apenas reducen.
¿Nuevos? No, aquí se comete una irregularidad manifiesta en la esperanza de que la presteza habitual de la justicia coloque las cosas en su sitio cuando el gobierno pueda afrontarlo, pero mientras, cobrará por más que probablemente obligue a cerrar a varias empresas, dañando el acceso a liquidez de muchos ciudadanos que pueden intercambiar sus propiedades ante las dificultades que existen con la banca tradicional y el crédito.
La fuerte competencia (hay muchos operadores que crecen cada día) así como la propia naturaleza del bien con el que trabajan, que cotiza internacionalmente, tiende a ajustar mucho sus beneficios, tanto que el tributo sobre gramo de oro vendido es superior a la cantidad que les quedará a los empresarios para pagar el resto de sus gastos. Un dislate.
Los empresarios mantienen que no deben pagar el impuesto, porqueellos solo transforman el oro y lo exportan, no son los últimos depositarios del mismo, lo que sí daría lugar al hecho impositivo.
Un anarquista decimonónico, Lysander Spooner, encontró razones para distinguir entre los salteadores de caminos y los gobiernos. Los primeros atracaban a las diligencias pero sabían que eran ladrones, no pretendían tener una argumentación moral para su acción. Robaban, cumplían su palabra si le entregabas la bolsa y, probablemente, no volverías a verlos en tu vida.
El Gobierno ha decidido asaltarnos a diario, nos intenta persuadir con esa legitimidad presunta con la que se rodea que es por nuestro bien y busca, no ya solo nuestro dinero, también nuestro reconocimiento. Y parece que lamentablemente va ganando.
Original publicado en el Diario ABC
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