Objetivo: nuestra ruina

Impertinencias liberales

Antonio Salazar

Objetivo: Nuestra ruina

El Gobierno de Canarias impide un hotel de cinco estrellas en el Sur de Gran Canaria y el consejero Berriel pide cordura a los perjudicados. En realidad se la debería exigir a los 600 empleados que no encontrarán trabajo en esa nueva infraestructura turística del Grupo Lopesan. 18 millones de euros que se dejan de invertir y los políticos lo explican por unas normas que ellos mismos aprueban en el parlamento. Nadie resta legitimidad a nuestra cámara de leyes pero sí sería correcto cuestionar cómo se llega a este punto. Entre los 60 parlamentarios, ¿Cuántos de ellos han trabajado en el sector turístico?¿Quiénes han creado alguna empresa turística —en realidad, la pregunta es igualmente válida para cualquier otro tipo de empresa—? Tenemos un problema porque el poder político se ha ido expandiendo hasta cotas absolutamente insoportables, poniendo en serio riesgo el futuro económico de nuestro Archipiélago.

¿Por qué es posible abortar un proyecto como éste? Sencillo, porque pueden. Tienen todo el poder coactivo en sus manos y no son excepcionales los cambios de norma para otorgarse aun más poder con el que intervenir en nuestras vidas. Hoy es un hotel de 200 camas de cinco estrellas, 18 millones de inversión y 600 puestos de trabajo. ¿La excusa? que tendría que ser de Gran Lujo para que encaje con unas leyes que son tan rígidas por razones sencillas de imaginar. Item más, si el gobierno quiere establecimientos de Gran Lujo, soluciones tiene a su alcance; Berriel puede aprovechar su singular acceso a los subvenciones y con otros como él, arriesgar ese dinero como mejor le convenga, siempre que no pretenda decirle a los hoteleros qué tipo de establecimiento satisface mejor la demanda de clientes y empresarios. 

Recientemente unos touroperadores pedían mejores establecimientos de tres estrellas, basados en las peticiones y gustos actuales de sus clientes. ¿Berriel o algún otro ocioso burócrata —perdón por la reiteración— ha hablado alguna vez con los encargados de traer turistas a Canarias?

Esta infinita fatal arrogancia del poder político se observa también en muchos otros órdenes. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se exige a la naviera Fred Olsen que para gestionar una terminal portuaria deben incluir servicios de cafetería o quiosco, como si esa elemental prueba de la función empresarial la hubiese pasado por alto una empresa noruega con muchos intereses en diversos lugares del mundo, y debiese ser reconducida en su error por un alcalde que lleva toda la vida dedicado de manera exclusiva a la política. O inversiones como la del colegio La Salle en Tenerife, donde el capricho político, un abogado pejiguera contratado, parece ser, por la competencia del gimnasio que pretendía instalarse, se frustran en su tramo final perdiéndose otros 130 puestos de trabajo.

Hablan de tecnicismos, pero cala la idea de que existen dos formas de interpretarse las asfixiantes normas canarias, según sea el grado de proximidad y cercanía al poder político. Un escenario aterrador el que nos toca vivir, donde nos fríen a impuestos para mantener costosos aparatos burocráticos cuyo único objetivo visible es arruinarnos.

Twitter: @antoniosalazarg

Original publicado en ABC

Cobrar por respirar

Cuando los opositores a las sociedades libres quieren caricaturizar lo que denuestan, no tienen empacho en afirmar que se terminaría privatizando el aire si la acción benefactora del estado no lo impidiese. Es una tontería con mucho éxito. Aunque es cierto que el aire es el único bien que cumple las condiciones para ser considerado público (no exclusión y no competencia), el ingenio empresarial ha conseguido ofrecerlo como un servicio a clientes en lugares donde es muy apreciado, por ejemplo en Hong Kong o Japón, donde parece que le atribuyen efectos desestresantes.

Esos mismos caricaturizadores de la función y creatividad empresarial mantienen una posición tibia contra las decisiones que ha venido tomando el Gobierno de Canarias a rebufo del de Madrid. Los unos por los otros han decidido darle la razón a Frederic Bastiat cuando afirmaba que el Estado es la ficción en la que unos ciudadanos pretender vivir a costa de otros, o más severamente, lo que Murray Rothbard establecía como diferencia entre dos tipos de individuos: los que pagan los impuestos y quienes viven de ellos. La originalidad, que no excepción, canaria es la irrupción de los antiguos arbitristas, personajes que en el siglo XVII sugerían a los reyes los impuestos o arbitrios que podrían ser implantados para poder seguir manteniendo la Corona y sus guerras. Solo así se entiende que el gabinete de Rivero haya creado tasas sin cuento, tantas que ahora sería factible que impusieran una por respirar. Hasta hace unos años se imponía la idea de crear una renta básica de ciudadanía, esto es, cobrar un subsidio por el hecho de vivir; nadie podrá objetar que se cobren impuestos exactamente por lo mismo, por respirar.

Distinta consideración merece esa disparatada idea de implantar una serie nueva de impuestos bajo criterios medioambientales. Gravar el transporte de la electricidad, cobrar por las antenas de telefonía, o crear impuestos a las grandes superficies, con la delicadeza gubernamental de señalar que no podrán ser repercutidos sobre los consumidores siquiera por pacto entre las partes, nos coloca en una complicada tesitura: Es difícil saber si nuestros gobernantes son más temerarios o más incapaces. No es complicado entender, salvo para la burocrática mente, que si una empresa ve aumentado sus costes operativos y no puede trasladarlos a sus precios, que algo pasará. No debería extrañarnos, por tanto, que nuestras redes de transporte eléctrico empezasen a mostrar fatiga sin que puedan repararse con la pericia necesaria por falta de recursos. Eso no será culpa, pongamos por caso, de Endesa sino de unos políticos empeñados en defender una idea que nadie se cree: como no hay un problema de gastos, aumentan los ingresos subiendo los impuestos y cargándose, de paso, un principio esencial en cualquier economía que merezca llamarse de mercado, la libertad para contratar pues tal cosa es impedir trasladar al precio los costes operativos entre empresas o particulares. Una economía intervenida como solución a los problemas causados por el mismo intervencionismo. ¡Notable! Eso sí, ya vendrán los neoliberales a cobrar por respirar. ¡En fin!

Original publicado en ABC Canarias

Paraísos fiscales

HACE unas semanas, en el programa «El debate de La 1», de RTVE en Canarias, se trató el asunto de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Fiel a la costumbre, enseguida derivó la disputa hacia uno de los tópicos más usuales cuando estos temas se tratan, a saber, los paraísos fiscales y el fraude. Y, por no romper la tradición, se confundió la «elusión fiscal» con el fraude fiscal, incorporando al debate a las famosas Sicav. Vayamos por partes.

La elusión fiscal se produce cuando son aprovechados los recursos legales disponibles para pagar el menor número de impuestos posibles. Esto se puede hacer de diversas maneras y una de ellas es usando, legalmente, los paraísos fiscales. Existen estrategias muy distintas que conocen bien los profesionales de la asesoría. Las famosas Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) se caracterizan por una baja tributación (1%) siempre y cuando no repartan sus beneficios entre sus accionistas, caso contrario tributarían por su tipo marginal. Por supuesto que pagan impuestos y la alternativa no es su prohibición para aumentar la recaudación del Estado, sino poner en fuga a esos ahorradores que buscarán países no tan hostiles con el ahorro privado.

Con más eficacia que razón, se incide en la vinculación de los paraísos fiscales con actividades irregulares, como si todo el dinero allí depositado fuese de procedencia ilícita, algo que casa mal con la realidad a pesar de ser lo intuitivo. Según un estudio de la Universidad de Basilea sobre crimen, terrorismo y lavado de dinero, solo hay un paraíso fiscal (Antigua y Barbuda) entre los territorios investigados (30).

Otra cuestión distinta es la razón de la existencia de lugares de baja tributación a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué tienen en común Mónaco, Suiza, Luxemburgo, Andorra o Liechtenstein? Unos estándares de desarrollo muy elevados, una baja tasa de desempleo y una administración menor y más eficaz, además de ser lugares donde iniciar un negocio no supone un esfuerzo económico y burocrático desalentador. Es decir, lugares que son paraísos en vez del infierno en que hemos convertido nuestro territorio, mucho más tras la reciente subida de impuestos decretada por el gabinete de Paulino Rivero, a la espera de nuevas subidas impositivas por el resto de administraciones, nacionales o locales. Unos elevados impuestos, acompañados por el sentir general de que son usados de manera negligente y que en absoluto responden a las necesidades más acuciantes, pero que sí se usan de manera exclusiva en servir los intereses de los administradores, son el mejor estímulo para la elusión y hasta la evasión fiscal. Al final, eso sí, les quedará el magro consuelo de seguir saqueando las nóminas de los funcionarios y las de aquellos que no podemos evitar que nos metan la mano en el bolsillo. Mientras, seguiremos manteniendo una elefantiásica organización administrativa que no nos sirve para nada y que, además, no podemos pagar. Debe ser cosa del paraíso del que presumimos en Canarias.

Original publicado en el diario ABC