Han tenido reflejos tanto el Cabildo Insular de Tenerife como el Gobierno de Canarias para exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores que se tome en serio la expropiación de Agroisleña, llevada a cabo por el Gobierno de Hugo Chávez. Resulta menos meritorio si se tiene en cuenta que sus posibilidades de acción están muy limitadas salvo para instar la acción de otra institución, por más que el Ministerio de Moratinos haya sido siempre muy comprensivo con la deriva totalitaria del gobierno venezolano.
Las explicaciones televisadas del mandatario han sido muy llamativas pues justifica la intervención de la empresa al considerarla parte de un oligopolio de intermediarios especulativos que provocan un alza en el precio de los alimentos, eficaz falacia económica que enseguida encuentra seguidores, incluso en esta tierra tan llena de zafios intelectuales que compran cualquier mercancía averiada y discursos que se compadecen poco con la realidad y la experiencia. Alguna ya han tenido en la propia Venezuela, donde el control y fijación de precios de productos -burocráticamente considerados básicos- tuvieron su consecuencia habitual: desasbastecimiento en los lineales de los supermercados.
Por otro lado, esperar que los legítimos propietarios de Agroisleña recuperen su propiedad es complicado porque no hay muchos antecedentes de vuelta atrás por parte el El Gorila Rojo pero mucho menos si tal cosa depende de la acción exterior del Gobierno de ZP, incapaz siquiera de pedir una disculpa diplomática cuando el embajador de Venezuela en España, un tal Juan Ramón Serrat se ha atrevido a decir que las confesiones de dos etarras en el sentido de haber recibido instrucción terrorista en aquel país pudieron haberse tomado bajo tortura por parte de la Guardia Civil. Así es de dócil el Gabinete de ZP con Chávez y así defiende el interés legítimo de los españoles en el exterior. Nunca pensé que pudiese decir algo así, pero para esto, casi mejor sería ser francés.
Las explicaciones televisadas del mandatario han sido muy llamativas pues justifica la intervención de la empresa al considerarla parte de un oligopolio de intermediarios especulativos que provocan un alza en el precio de los alimentos, eficaz falacia económica que enseguida encuentra seguidores, incluso en esta tierra tan llena de zafios intelectuales que compran cualquier mercancía averiada y discursos que se compadecen poco con la realidad y la experiencia. Alguna ya han tenido en la propia Venezuela, donde el control y fijación de precios de productos -burocráticamente considerados básicos- tuvieron su consecuencia habitual: desasbastecimiento en los lineales de los supermercados.
Por otro lado, esperar que los legítimos propietarios de Agroisleña recuperen su propiedad es complicado porque no hay muchos antecedentes de vuelta atrás por parte el El Gorila Rojo pero mucho menos si tal cosa depende de la acción exterior del Gobierno de ZP, incapaz siquiera de pedir una disculpa diplomática cuando el embajador de Venezuela en España, un tal Juan Ramón Serrat se ha atrevido a decir que las confesiones de dos etarras en el sentido de haber recibido instrucción terrorista en aquel país pudieron haberse tomado bajo tortura por parte de la Guardia Civil. Así es de dócil el Gabinete de ZP con Chávez y así defiende el interés legítimo de los españoles en el exterior. Nunca pensé que pudiese decir algo así, pero para esto, casi mejor sería ser francés.
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