LA situación no pudo ser más sorprendente. En el programa La Gaveta, de Radio Millenium, Ángel Delgado (quien fuera Gobernador Civil de la provincia, hombre del derecho, progresista que no necesita ser puesto a prueba) proclama su perplejidad por lo que había leído sobre la intención del Gobierno de Canarias de expropiar a los hoteleros que no conserven adecuadamente sus instalaciones. Afirma, incluso, que tuvo que leer dos veces la noticia para poder asumirla. Delgado es persona cabal y lo que tenemos en el Gobierno de Canarias es un ejército indocumentado absolutamente letal y nocivo para nuestra libertad y, por supuesto, para la propiedad privada, a la que pretende subordinar hasta convertirla en mera concesión administrativa. Una simple lectura a los 23 folios del borrador de la Ley de Renovación y Cualificación Turística pone los pelos de punta partiendo de una premisa aparentemente indiscutible: es un sector estratégico. Pero es estratégico pese al gobierno, no gracias a él, puesto que nuestro turismo ha sobrevivido a muchos malos consejeros, incluyendo a quien detenta en la actualidad tal responsabilidad: el mismo presidente Rivero. Esta aberración normativa afirma que «los titulares de los establecimientos y actividades turísticas tienen el deber de mantener, conservar, mejorar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones requeridas para su uso establecido por la normativa del sector», lo que les obligará a presentar ante las autoridades un informe emitido por entidades acreditadas relativo al estado de conservación. Obsérvese que son cuestiones que resolvería mejor el interés particular del hotelero, empeñado en no quedarse fuera de mercado y satisfacer las demandas de sus clientes, por lo que procederá a cuantas mejoras sean necesarias al efecto. Pero también los poderes públicos tratan a los turistas como menores de edad, atribuyéndose funciones impropias, porque aquellos dejarían pronto de acudir a establecimientos obsoletos, más en los tiempos actuales en los que la tecnología obliga a hilar siempre muy fino a quienes pretendan satisfacer las necesidades de los clientes.
La misma norma contempla que, en consecuencia, puede obligar a un empresario a acometer actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación y que, llegado el caso, podrá procederse a la sustitución del propietario por vulnerar la función social de la propiedad, sin aclarar jurídicamente qué concepto es sustituir y si se produciría compensación económica al expropiado. Solo faltaba observar, con estos antecedentes, al presidente Rivero en su siempre complaciente televisión transmitir desde el jardín de su casa en El Sauzal un programa en directo y ante los aplausos de esos personajes de tonta sonrisa de los que ha ido rodeándose, preguntar de quién es tal hotel, y tras obtener una respuesta, proclamar a voz en grito: «¡Exprópiese!».
Es posible que todo esto quede en un borrador y que incluso los tribunales decidan anular todo el desaguisado, pero lo que nos queda clarísima es la pulsión liberticida de unos gobernantes entregados con fruición a un intervencionismo atroz, tanto que sorprende a socialistas tan bien intencionados como nuestro tertuliano Ángel Delgado.
