¡¡¡¡Trenes!!!!

Comentario en el programa La Gaveta del día 18 de Diciembre de 2013

Si usted, paciente oyente de la Gaveta, aun mantiene dudas sobre la naturaleza de nuestros problemas y todavía objeta cuando oye críticas sobre esos parásitos que conforman la clase política que padecemos en las islas, pensando que de sus manos deben venir las soluciones cuando no son más que parte esencial de nuestros males, hoy para usted tengo un ejemplo de libro. Se llama María del Carmen Rosario Godoy, y es la consejera de Transporte y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. La criatura ha tenido a bien anunciar que llevan gastados 24 millones de euros en proyectos para trenes a pesar de que no constituyen ninguna prioridad ni para la corporación ni para los ciudadanos. Es cierto que llega a esa conclusión cuando advierte que no hay inversores dispuestos a acometer la broma, que se irá, sin desvío presupuestario, por encima de los 1.500 millones de euros. Luego, ya se sabe. 

Lo mejor de la señora son sus explicaciones. No es una prioridad pero como 'el dinero viene de Madrid con carácter finalista si no es usado para lo que se concede hay que devolverlo, así que hacemos los estudios y damos empleo a tantos ingenieros y arquitectos que se encuentran en una complicada situación en este momento'.¡ Enternecedor! No se hará el tren por inviable pero lo que sí es cierto que ya se han pulido 24 millones de euros para empezar a hablar en algo inútil. Esto constituye por sí solo un escándalo, emparentados con otros casos similares y que muestran bien a las claras los efectos de incentivos perversos de los que se ha llenado la administración, donde lo único claro es que estas sanguijuelas gastan lo que nos quitan por la vía de la fuerza, en tal proporción que habría que hilar muy fino para no considerar los impuestos brutales que padecemos como trabajos forzados. No se le pasa por la cabeza devolver el dinero y dar carpetazo al asunto, que es lo que aconsejaría el sentido común y agradecía nuestra cartera, sino tira para adelante quitándonos nuestros dineros para dárselos a un grupo de posibles votantes que lo pasan mal, los arquitectos e ingenieros. ¿Son tan torpes como parecen o son sencillamente personajes insensibles a lo que pasa a su alrededor? Pueden ser las dos cosas. 

Este asunto de incentivos perversos pone sobre la mesa otro debate no menos inquietante. Esa austeridad imposible pero que algunos ven en todos los lados. Se ve que las garrapatas que nos gobiernan no pueden dejar de gastar por su enorme adicción a la deuda que pagamos los sufridos contribuyentes. Si no pueden dejar de gastar, la austeridad no es más que una milonga y, en ocasiones, una provocación porque no se ha trata de quitar médicos en nombre del ahorro, sino rebajar el gasto político que es el que siguen dejando intacto, así nos hundamos en la más absoluta miseria. Ayer se volvió a hablar de austeridad en el Parlamento de Canarias, debatiendo sobre el presupuesto del año 2014, que sube aumentando el endeudamiento que no son más que impuestos a futuro. Pero lo sustantivo del tema es que Canarias tendrá para el año próximo un presupuesto muy parecido al que manejó en el año 2007, el último de expansión del gasto y el Gobierno consume aproximadamente el 16% del total del PIB canario, lo mismo que entonces. Y por ponerlo en contexto, Andalucía se come el 21%, Cataluña el 13% y la comunidad autónoma de Madrid el 8,7%. Es decir, permitimos que estos politicastros de medio pelo se conviertan en actores de primer nivel de nuestra economía, con un peso muy importante pese a su tradicional torpeza y falta de acierto. 

Aquí nadie rebaja el peso e importancia de la administración y la ley de reforma que anda por el Senado camino del Congreso no resolverá ninguno de los problemas, más allá de que algunos presidentes de Cabildo o alcaldes deban bajar sus salarios. Lo realmente revolucionario habría sido eliminar administraciones sobrantes y dejar en manos públicas aquellos estrictos asuntos que no puedan hacer a día de hoy la iniciativa privada, con una norma que permitiera la retirada política en cuanto los empresarios pudiesen tomar el relevo. Pero son muchos los incentivos que existen para que eso no pase, miles de empleos de recompensa a repartir entre militantes de partido, familiares, amigos y queridas o queridos, todos en busca de la visa para un sueño en que han convertido la administración. Lo triste del asunto es que otros países redujeron considerablemente sus burocracias en plena crisis, con el Reino Unido pasando de 1.500 ayuntamientos a 340 para una población de 61 millones y medio de habitantes. Alemania tenía 25 mil ayuntamientos y ahora apenas llegan a 8.400, con 82 millones de habitantes. Bélgica pasó de 2.359 a 596 ayuntamientos y Grecia, la quebrada Grecia, de 1.034 a 355. En España, antes de esta triple burbuja que hemos sufrido en forma de tsunami, la financiera, la inmobiliaria y la administrativa, empezamos con 8.112 ayuntamientos y saldremos con 8.111, pues se produjo la única fusión de dos municipios gallegos, Cesuras y Oza dos ríos. Por cierto, la primera decisión que toma el alcalde es colocarse un sueldo de 2.800 euros netos, tres veces lo que percibía hasta esa fecha. Cuando le contaron a María Antonieta que el pueblo se estaba revolucionando porque no tenían pan para comer, ella respondió que comieran pasteles, en una frase inmortal que muestra bien a las claras hasta qué punto las prebendas del poder nublan el juicio de los responsables públicos. Sabemos cómo terminó la gracieta de Maria Antonieta. A nuestra historia la falta el punto final pero no podemos dejar que lo escriban estos pedazos de alcornoques que hemos colocado en las principales instituciones del país. 

¡A por ellos!

Ha publicado el periódico ABC este fin de semana que Coalición Canaria ha iniciado una campaña en contra de la compañía Binter por su monopolio en el mercado aéreo interinsular. No son pocos los medios que tiene el gobierno a su alcance cuando decide ir a por alguien, bien sea una empresa o un particular, como bien sabe la propia Binter, la refinería de Cepsa o el grupo de comunicación El Día. Al poder le gusta la gente obediente, las empresas sumisas y que no generen problemas. Y si esto no ocurre, comienza una voraz persecución que casi nunca termina bien para los damnificados. El poder omnímodo del que gozan nuestros gobernantes, sin apenas límites y secundados por una sociedad que se traga cualquier propaganda que les señale el enemigo a odiar, por lo general una empresa monopólica, o una cuya actividad pueda provocar externalidades o una que se dedique sistemáticamente a criticar a un gobierno, que previamente se arroga una supremacía moral al proclamar que ellos representan el bien común y la crítica que se hace es bastarda, mal intencionada o contraria a ese ideal armónico que pretenden hacernos pasar por óptimo un gobierno de Rivero como si fuésemos una masa aborregada en la que todos nos hemos convertido en clones de Barragán o Marrero. 

No es conveniente descartar que consigan algunos de estos objetivos. La refinería de Cepsa está cada vez más cerca de irse, pero no de Santa Cruz, sino de la isla en un ejercicio de irresponsabilidad que tiene nombre y apellidos y cuyas consecuencias no serán solo económicas, sino de imagen exterior al mandar una señal clara sobre el respeto que aquí se reconoce a la propiedad privada, pues eso y no otra cosa es lo que está en juego. Una refinería que se irá, terrenos que quedarán liberados y sobre ellos caerán los de siempre, como si no tuviésemos pruebas claras hasta la fecha de su insaciable apetito urbanístico por razones claramente definidas. 

Binter Canarias es la empresa a cobrarse en estos momentos por diversos motivos muy llamativos. Contrariamente a lo que cuenta el Gobierno, no es su carácter monopólico lo que irrita a los nacionalistas sino lo respondona que ha salido. Primero, al observar las trampas presuntas que se cometían por parte de un operador íntimamente vinculado con el presidente Rivero, presentaron una denuncia para que se investigase si era correcto su proceder. Esto trajo consigo la apertura de expedientes, la paralización del cobro de subvenciones y una penalización al conjunto de los canarios en forma de exigencia del certificado de residencia para viajar (y la cerrazón absurda de la ministra Pastor). Todo por el comportamiento irresponsable del empresario de cabecera de Rivero, el ínclito Miguel Concepción. Islas Arways está fuera de mercado, no por las prácticas de Binter, sino por la impericia de quienes creen que se pueden y deben hacer negocios a la sombra del poder, siendo señalados para recibir subvenciones de toda naturaleza- las administraciones regalaban el dinero para promoción turística, esa fenomenal engañifa con la que se excusa todo- y que encima deciden usar de forma artera las subvenciones. 

Por si fuera poco, si Binter Canarias es un monopolio se puede deber a varias razones. Por ejemplo, que sea como consecuencia de un servicio que los canarios valoramos y premiamos. Esto es, puede que no sea un problema y que ese monopolio le haya sido otorgado por nosotros, los clientes. Para saber si esto es así, el mercado debería estar lo suficientemente abierto para que mañana puedan incorporarse nuevos operadores aéreos dispuestos a competir por los varios millones de pasajeros que durante el año nos movemos entre las Islas, un mercado que está lejos de ser residual y sí un magnifico negocio por el que competir… si se dan las condiciones. 

El problema es que existen unas obligaciones de servicio público que establecen el número de frecuencias y vuelos a las que están las compañías obligadas, fijando al tiempo un rango de precios mínimos y máximos, sobre el que opera la subvención que recibimos los pasajeros, no las compañías, por volar entre islas. Todo regulado, ojo. Con un incentivo tan poderoso, primero, las compañías que no están implantadas en las Islas observan empresarialmente que Binter tiene una fuerza no desdeñable, con un conocimiento del mercado que vale su peso en oro, como ha demostrado superando todos los obstáculos en forma de competencia que le han ido colocando en los últimos 20 años, incluso cuando venían apadrinados por el mismísimo Rivero. Segundo, si existe un rango de precio máximo y mínimo, y una subvención que supone la mitad del precio del billete, lo normal es que el operador se aproxime al precio máximo más que el precio mínimo pues carecen de incentivos para ello. Como siempre, la burocracia puede crear problemas no tan alejados de los que pretendía resolver. 

Si el Gobierno quiere acabar con los monopolios lo tiene a su alcance: que hagan desaparecer las subvenciones, las obligaciones de servicio público y permita que el mercado sea quien decida cuántas compañías pueden operar entre islas. Y llegado ese momento, podremos saber incluso a qué destinos se puede viajar, para evitar ridículos como el del Cabildo de Tenerife cuando arremetió contra Binter por no colocar vuelos directos entre la Isla y algunos destinos africanos, alegando la compañía que no existía mercado para ello. La respuesta institucional fue promover la aparición de nuevos operadores que ahora llevan sus vuelos vacíos a Marruecos (en noviembre de 2013, la ocupación es del 29% y ha dejado ya de operar de forma directa entre Tenerife y Casablanca, dándole la razón a Binter). Todo un éxito de planificación burocrática que no desalentará a estos manirrotos en futuras campañas de acoso y derribo a las empresas privadas que no son de su agrado.