Normas estúpidas, consecuencias estúpidas

Normas estúpidas provocan, con frecuencia, resultados estúpidos. Al menos esto debería saber el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, cuyo departamento ha abierto expediente a un grupo de franquicias por adelantar su particular periodo de rebajas, colocándolas donde más podrían apreciarlas sus clientes: antes de Reyes.

Dice don Gustavo que había un pacto de la comisión insular de comercio en el que se establecía cuándo empezarían las rebajas, comisión que está compuesta por los sospechosos habituales, aquellos que jamás han tenido un comercio competitivo y cuya única razón de ser es quedarse tuertos con tal de dejar ciego al vecino. Comisiones insulares que, claro está, no representan a todo el comercio y mucho menos a las grandes superficies comerciales, por más que pretendan darle carácter imperativo a sus conclusiones.

También dice el director general que con normas así pretenden favorecer al pequeño comercio, pero no puede no saber que en realidad no daña a los grandes establecimientos comerciales, sino al conjunto de los ciudadanos que, escasos de presupuestos, intentan apurar sus tiempos de compra a los magros dineros de los que disponen. La retórica es apabullante, tanto como su falta de lógica económica, pues no se establece una lucha entre pequeños y grandes que debe dilucidar un benévolo y sabio gobernante, sino entre «lobbistas» que conspiran contra el interés de los ciudadanos y estos últimos, desprovistos de cualquier capacidad de interlocución ante el Gobierno (pensar que las subvencionadas organizaciones que defienden a los consumidores hacen remotamente algo parecido a esto es broma de mal gusto).

El lector se preguntará: ¿Por qué se puede expedientar a un comercio si coloca un cartel de rebajas en su escaparate cuando ha podido ver centenares de tiendas durante todo el año con descuentos importantes? Porque en esa lógica estúpida de quien jamás ha tenido un comercio pero sí un boletín oficial, se considera que los consumidores reaccionamos de manera distinta ante la palabra «rebaja» que ante sinónimos como «descuento» o «todo al 50%», por poner ejemplos cotidianos, es decir, parten del convencimiento de que los clientes somos unos infantes cuya salud económica hay que preservar, aunque, eso sí, por nuestro bien.

¿Qué tienen de malo las rebajas? Por supuesto que nada. Los consumidores consiguen más baratas mercancías que aprecian, ahorrando un dinero que pueden guardar o destinar para comprar otros bienes que igualmente necesitan o quieren. A un comerciante competitivo le permite darle salida a sus mercancías almacenadas, corregir errores previos en sus estimaciones y adecuarse rápidamente a los deseos de los clientes, función que no puede ser regulada por ningún grupo de burócratas creídos de contar con una información que solo está al alcance de los empresarios individuales. Es por ello que nos encontramos con una Dirección General de Comercio que no vela por los intereses de los consumidores, cuyas penurias para llegar a fin de mes le traen sin cuidado, sino tan solo los de aquellos que, siendo ineficientes como empresarios, buscan el amparo salvador del imperativo legal.

De éxito en éxito hasta la derrota final

Mientras media Coalición Canaria conspira contra Paulino Rivero, inasequible al desaliento sigue el presidente acudiendo puntual a su cita dominical con los lectores de su blog (www.paulinorivero.com). Su última entrada la ha titulado «Escasa visión de Estado» y critica (no es novedad) al gobierno del Partido Popular por no saber interpretar los resultados de las elecciones catalanas, al tiempo que hace una apuesta por adaptar «la organización estatal al modelo autonómico, con menos Estado».

Considera un éxito el modelo actual, lo que le lleva a plantear que precisamos de «menos dependencia del Estado y más competencias para generar economía y empleo, para multiplicar nuestra acción en las Islas». El problema es que todas estas afirmaciones están sujetas a refutación, porque el estado autonómico está más cerca de poder considerarse un fracaso que de los logros de que presume el presidente.

En estos años, hemos disparado el despilfarro económico, aumentado el gasto, multiplicado organismos y entes regionales y fragmentado la unidad de mercado por un intervencionismo cateto y atroz.

Es evidente que de esto no tiene la culpa Rivero, o no solo, pero también es cierto que no hay nada en lo que plantea que pueda darnos una ligera idea de en qué nos beneficiaríamos de lograr lo que afirma defender, pues ni su gobierno ni los anteriores han logrado nada sustantivo para cambiar nuestro sistema, básicamente subsidiado, hacia una economía productiva. ¿Es plausible que ahora la retirada del Estado provocaría una mejora de nuestras posibilidades? Habría que ser muy militante nacionalista y del bando de Rivero para creer esto.

Paradójico resulta, también, que alguien que se ha pasado los últimos años protestando por las deficiencias en el sistema de financiación con Canarias pida ahora menor dependencia. Con los recortes, tiene una oportunidad fantástica de demostrar que es posible lo que defiende, aunque es posible que pretenda aumentar los recursos procedentes de Madrid y evitar los controles o competencias que tiene el Estado, pero eso es más incidir en los errores del sistema que apoya que apostar por algo verdaderamente nuevo.

Hasta la fecha la recaudación de impuestos ha estado centralizada y el gasto completamente descentralizado, lo que ha alentado comportamientos irresponsables con las comunidades, gastando mucho más de lo que eran capaces de generar, expandiendo hasta el infinito y más allá el gasto y el fasto. Los rescates vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) terminan por recompensar la mala gestión sin que se ponga remedio a un problema estructural de nuestro país.

Claro que da la sensación de que Rivero vende consejos que para sí no tiene, y que sus soluciones pasan por decirle a los demás qué es lo que deben hacer mientras su famosa reforma de la administración sigue durmiendo el sueño de los justos a la espera de que la propia evolución de la economía dé la falsa sensación de que ya no es precisa. Sería un penoso epílogo para un presidente amortizado, más pendiente de sus luchas intestinas que de provocar un verdadero cambio.

Original publicado en el diario ABC