De corruptela y corrupción

Comentario en La Gaveta, 18 de febrero de 2014

Hay tal cantidad de asuntos que reclaman nuestra atención que a uno le da cierta pereza comenzar La Gaveta de hoy aclarando algunos conceptos que ayer, quizás, no fueron bien entendidos en la tertulia de este programa. Cierto es que se producen alteraciones en el normal funcionamiento del programa, básicamente por el acaloramiento del debate. Pero no puede ni debe extraerse conclusiones precipitadas o parciales. Viene esto a cuento por una distinción hecha por quien les habla entre los corruptores y los corrompidos, en medio de una discusión con el senador Alarcó. No caben equívocos, la corrupción es detestable siempre y conviene seguir cercando a quienes la ejercen en sus múltiples formas, no escudarse en limitar los daños considerando que hay forma menos lesivas de los intereses de todos si solo la consideramos corruptelas. 

Si la corrupción fuese solo un asunto económico el tema tendría un arreglo relativamente sencillo; se interioriza su coste en el proceso de producción y se aplica al precio final y todos sabrían a qué atenerse. El problema de aceptar esa máxima es que estas son las típicas acciones que demuelen la convivencia pacífica de los ciudadanos y relajan la moral y confianza entre ellos. Por eso no puede ser solo un asunto económico; es, y en primer lugar, un problema moral. Y la corrupción debería ser erradicada de forma inmediata, no solo por la acción contundente de la justicia, también por las exigencias ciudadanas de no seguir otorgando sus votos a personajes de los que existen evidencias claras sobre la ausencia de honorabilidad. Pero el argumento que pretendía defender ayer, de no existir gritos e interrupciones, es que siempre es conveniente distinguir entre el soborno ofensivo y el defensivo. El ofensivo merecería una condena todavía mayor, ya que se daría cuando se pide por parte de algún grupo organizado, una serie de ventajas para hacer cosas que a otros se les impedirán, usando para ello todo el aparato coactivo a disposición del gobierno. Sin embargo, el soborno defensivo es aquel al que se ve condenado el empresario cuando observa que es la única forma de obtener lo que su competencia tiene al conocer aquella cómo se accede a ciertos centros de poder y decisión. Más que una justificación es una explicación de por qué en ocasiones ocurren estas cosas. Quizás actuaríamos mejor si aceptamos que el nivel de conocimiento y afectación que tenemos los españoles por la corrupción política, hace que se expanda todavía más esta lacra, al modo de una mancha de aceite. Llega un momento en que, cuando somos convocados por la administración para solicitarnos algún trámite, terminamos temiendo que nos creen problemas adicionales para que les ofrezcamos alguna prebenda a cambio de la agilidad que sería deseable en un mundo instantáneo y conectado. Por eso no es comparable la relación existente entre el sobornado y el sobornador; el primero defrauda a un tercero, que somos los ciudadanos que pagamos sus salarios y se aprovecha de una serie de incentivos que ellos mismos -los burócratas- van generando para que se pueda dar esa situación óptima de cara a sus planes iniciales. El sobornador, partiendo de la base que no todos actúan por los mismos motivos, se puede ver condenado a pasar por el aro si no quiere quedarse relegado y perjudicado en su interés. Es decir, el cohecho se termina convirtiendo en una ventaja competitiva en una sociedad de ladrillo, recalificación urbanística y planes generales. Todo un desatino. 

Por eso es conveniente alertar de estas cuestiones porque la mejor y más eficaz manera de atajar la corrupción es quitándole a los políticos y sus pares imprescindibles, lo burócratas, su amplios poderes para intervenir en todos los órdenes de la sociedad. No hay nada sano en crear, como hizo el Gobierno de Canarias, una comisión para analizar los proyectos estratégicos de las Islas, una serie de personas que se creen dotadas de un conocimiento privativo y superior con capacidad para decidir qué proyectos son más urgentes y conforme a su dictamen, liberarlos de la pesada losa administrativa que tendrían que seguir en el supuesto de no superar la prueba. Esto es, reducir a unos pocos años lo que llevaría una decena de engorroso trámite. Un semillero para la arbitrariedad, el cohecho y el amiguismo. 

Si se puede compartir el análisis anterior, no cabe interpretación benigna sobre el conflicto que mantienen el gobierno de Madrid y el canario a cuenta de la moratoria y el anuncio de que será llevada al Tribunal Constitucional. En ese caso solo hay una bastarda pelea por ver quién decide qué tipo de hoteles se hace en cada momento y en cada espacio, no una decisión de empresarios que de forma libre, aspiren a satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus clientes. Y eso, como siempre, es una nueva oportunidad para que aumente el poder de una casta política muy dada a generar escasez artificialmente, el mejor caldo de cultivo para sus particulares desarrollos personales y políticos

REF

Ayer se produjo uno de esos encuentros que, periodísticamente, suelen ser considerados históricos. Aunque solo sea por la falta de precedentes, quizás lo fue. Lo cierto es que se encontraron en Tenerife las dos patronales canarias, la CEOE de nuestra provincia con la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas de Gran Canaria. Hicieron un repaso a los temas que las Islas tienen pendientes y, quizás, lo más inquietante para los gobernantes, es que dieron muestra de unidad en algunos asuntos puntuales.

Se quejaron de la ausencia de inversión pública, el incremento de la presión fiscal, las cargas burocráticas y de hasta la modernización turística. Puede que no en todo les asista la razón, más si lo que buscan son privilegios para empresarios anquilosados que solo han sabido avanzar en épocas de cemento y aeropuertos a ningún sitio. Pero en general, su diagnóstico coincide con el de otras muchas personas que observan como la ansiada recuperación se demora más de lo normal por culpa de unas administraciones metomentodo guiadas por completos incompetentes. 

Sin embargo, hubo dos puntos que requieren de subrayado. Por un lado, su referencia a la compatibilidad entre petróleo y turismo apelando a la inteligencia del Gobierno para que encuentre el modo en que lo sea. Cierto es que esperar algo de la inteligencia de unos gobernantes está solo al alcance de gente con fe, pero ahí queda el pronunciamiento. 

Más grave es el asunto de la reforma del Régimen Económico y Fiscal. Un documento imprescindible para conseguir dar la vuelta como un calcetín al Archipiélago si aquí hubiese valentía suficiente para afrontarlo. No terminar cada sugerencia que se pueda hacer con un lacónico, resignado y un poco idiota ‘Bruselas eso no lo aceptará’ cuando sabemos, por experiencias de años, que de Europa hemos conseguido casi cualquier cosa que se ha intentado, por imposible que pareciera. El REF que negocian Canarias y Madrid con carácter previo solo lo conocen los políticos más directamente concernidos, sin que el resto de la humanidad sea capaz siquiera de intuir por donde van los tiros. Se sabe que se intentan bonificaciones por contratación a residentes y algunas cosas más que son del interés de los políticos. Porque he ahí una de las claves. El REF que se intuye está sobre una base tonta llena de generalidades que se aprobó en el Parlamento hace un tiempo por unos diputados que jamás se han desempeñado por cuenta propia, trabajando toda su vida como personal subalterno. Esto ya sería razón suficiente para desconfiar sobre la naturaleza del documento a aprobar. Pero es que encima, Paulino Rivero, en su muy aclamado blog, escribía el pasado domingo que quiere ‘un nuevo REF que recoja todas nuestras aspiraciones y al que han de incorporarse mecanismos de financiación que garanticen la inversión estatal, incluso ante los tribunales’. Su única preocupación, como deja continuamente en evidencia, es la financiación e inversión pública porque el proyecto político de Rivero y su gabinete es prolongar la agonía de un Archipiélago cada vez más subsidiado, dependiente y pobre. Porque a eso nos lleva más política en órdenes cada vez más extensos y hacia eso avanzamos inexorablemente. Y una buena muestra de ello es la queja ayer de los empresarios, exigiendo mayor transparencia y participación en la negociación. Y si las negociaciones no avanzan entre Madrid y Canarias, bueno sería saber hasta qué punto está influyendo los permanentes rifirrafes y enemistad manifiesta entre ambos gabinetes. 

Señoras y señores, a un lado la política; al otro los sufridos paganinis, es decir, usted y yo

Invertir 19 millones en Canarias

Publicaba ayer el periódico El Economista algo que deja muy mal parada a esta comunidad autónoma, lo que no constituye novedad alguna puesto que hacemos méritos suficientes para ello. Explica ese diario económico que Mercadona invertirá 19 millones de euros en dos supermercados en Lanzarote tras 10 años de espera. Luego vendrá Paulino Rivero a decir que quiere impulsar una mayor agilidad burocrática para que la administración no entorpezca nuevas inversiones de las que estamos huérfanos. Pero pensemos un poco más allá; Mercadona es una empresa instalada en casi toda España, que ofrece unos precios bajos por productos alimenticios que son muy apreciados por sus clientes, así lo demuestran sus formidables cifras de negocio, máxime en esta época de crisis. Su actividad no tiene apenas impacto ambiental, no es insalubre, ni ruidosa ni molesta. Su personal está satisfecho y su convenio laboral es la envidia de mucha gente, no solo de quiénes no tienen trabajo. Salarios por encima de la media, descanso en festivo y otros beneficios que han hecho de la compañía una de las más apreciadas del país. Así que sus clientes se benefician de los precios bajos, sus proveedores tienen a quién venderle, su trabajadores están satisfechos... 

Fijan su objetivo en una isla que hasta ese momento se caracteriza por unos precios de la compra extraordinariamente elevados y unos productores locales que se benefician de numerosas ayudas europeas que le son dadas para que hagan lo contrario de lo que vienen haciendo, esto es, reducir la factura que tienen que pagar los conejeros por la alimentación. Cabe preguntarse qué demonios puede pasar para que un empresario tarde 10 años (6 de crisis brutal) para poder invertir en Canarias 19 millones de euros. La respuesta es tan sencilla como inquietante. Por un lado, una legislación dañina que obliga a cuidar mucho las dimensiones de los nuevos supermercados, porque pasada cierta cantidad de metros cuadrados de superficie de venta la licencia específica se tiene que solicitar al Gobierno Regional y comenzar un calvario burocrático que parece no terminar nunca. Esa cantidad es arbitraria y establece qué administración otorga qué licencia, por más que al final debas lidiar con todas para una cosa y la contraria, o la misma pedida por duplicado, tal es el disparate en que se ha convertido toda la normativa regional. Todo esto en tiempos de la directiva Bolkenstein.

Lidl pudo entrar en su momento por una sentencia judicial; Mercadona lo hace ahora agotando los plazos que la administración le ha ido imponiendo para permitirle abrir. La misma administración que ha venido velando por los intereses de empresarios ineficientes que viven de las subvenciones que han ido consiguiendo unos políticos solícitos con los menos competitivos y no hay que ser muy malpensado para entender qué clases de motivaciones puede haber detrás, con aquellos sujetos recurriendo al poder político puesto que son incapaces de confiar en sus habilidades empresariales. A nadie se le escapa que según la elección del establecimiento de compra, se puede ahorrar una familia de cuatro miembros hasta 2.000 euros al año. Multipliquen esa cantidad por los 10 años que le ha costado a Mercadona entrar en Lanzarote y tendrán bien claro el efecto carísimo de la intervención política en Canarias. 20.000 € de renta familiar que habrían podido tener usos distintos al único que permitió el gobierno en su ceguera intencionada. Y sí, esa es también una deuda que tiene el Gobierno con los ciudadanos y que, de igual modo, es impagable