El Gobierno de Canarias ha decidido sancionar con 100 mil euros a Radio San Borondón lo que, lógicamente, ha sido aprovechado por la emisora para acusar al gobierno de perseguir ideológicamente a esa casa y colocarla al borde de la desaparición, también al Centro de la Cultura Popular Canaria. En la red se movilizan sus partidarios y también aquellos que festejan su cierre, unos que se quejan de la arbitrariedad del gobierno y otros que entienden que lo lógico es que caiga todo el peso de la ley sobre los que incumplen. Una pena que la discusión sea sobre lo accesorio y no sobre lo contingente. Nadie puede extrañarse de que un gobierno use el poder que ha ido arrebatando a la sociedad poco a poco y con él, usando los medios a su disposición y en exclusiva que siempre son de naturaleza violenta, persiga y amedrente a sus enemigos. Radio San Borondón parece que se ha significado por una actitud agresiva contra el gobierno e interpretan en la radio el expediente como una represalia por ello. Es posible; tampoco a mí me gusta lo que defienden ni cómo lo hacen pero la solución es bastante sencilla, no escucharlo que es lo mismo que uno espera de aquellos que discrepan de las ideas en favor de la libertad que aquí expresamos de manera continua. Pero esa defensa de la libertad es, como la justicia, universal y para todos los individuos siendo preferible vivir en una sociedad donde existan emisoras como Radio San Borondón a otra sociedad donde esas ideas no puedan expresarse por la decisión administrativa, arbitraria y caprichosa de un gobierno.
Siempre alguien podrá decir que hay un concurso público que adjudica licencias y aquellos que no resultan beneficiados deben cumplir con las reglas y cesar en sus emisiones. El problema es que resultaría conveniente impugnar el razonamiento. El espacio radioeléctrico fue considerado servicio público a principios del siglo XX con el fin de regular las comunicaciones marítimas y militares. Tiempo le faltó a los políticos para ampliar el objeto de esa restricción a las emisiones de radio y TV hasta el punto en que casi todos los países las frecuencias son meras concesiones administrativas efectuadas por los gobernantes, con la notable excepción de Guatemala. ¿Qué es lo que hicieron en la linda Guate? Estudiaron el paper del Premio Nobel de Economía Ronald Coase dirigido a la Federal Comunications Commission en que discutía que pudiera considerarse el espacio radioeléctrico un bien público. En realidad, Coase entendió que no cumplían las dos condiciones esenciales que se requieren par identificar un bien público; uno, el principio de no exclusión, que viene a significar que no se podrá impedir que alguien disfrute de ellos y no cuesta nada añadir una persona más, por ejemplo, la defensa militar. Imaginemos que Carlos no paga sus impuestos pero en un conflicto militar el ejército tendría que defenderlo porque no tiene medios para discriminar a los que no pagan. Es más, ese tipo de bien no aumenta su coste por más que incorporemos a otras personas a las que defender. El otro principio es el de no rivalidad, es decir, que el consumo de una persona no disminuye la cantidad disponible. Estas son características que tienen los bienes públicos y que la literatura económica más convencional explica para justificar que deben administrarse o regularse desde el Gobierno con el fin de evitar la sobreexplotación o impedir la aparición de free riders. Como es sencillo entender, no hay nada de esto en las frecuencias de radio y TV, que deberían haber sido adjudicadas mediante subasta pública para que fuesen a parar a las manos de quienes más las valorasen, al estilo guatemalteco, con el gobierno desempeñando una función de arbitraje, asignando áreas geográficas, regulando las potencias y vigilando que se respeten los derechos de propiedad de sus legítimos titulares. No hacerlo así provoca situaciones como las que hemos vivido, con el gobierno pudiendo favorecer o perjudicar en función de sus preferencias y actuando seguidamente para acabar con los díscolos o los que no son de su agrado. No deja de ser una paradoja que la solución más eficaz a los problemas que vive Radio San Borondón sea, precisamente, la defensa de unos sólidos principios de respeto a la propiedad privada, lo que nunca ha reivindicado. Esa sí sería una forma óptima de resolver el problema, no acudiendo a más subvenciones que no generan más que nuevos inconvenientes y añadidas deudas a las existentes.
Siempre alguien podrá decir que hay un concurso público que adjudica licencias y aquellos que no resultan beneficiados deben cumplir con las reglas y cesar en sus emisiones. El problema es que resultaría conveniente impugnar el razonamiento. El espacio radioeléctrico fue considerado servicio público a principios del siglo XX con el fin de regular las comunicaciones marítimas y militares. Tiempo le faltó a los políticos para ampliar el objeto de esa restricción a las emisiones de radio y TV hasta el punto en que casi todos los países las frecuencias son meras concesiones administrativas efectuadas por los gobernantes, con la notable excepción de Guatemala. ¿Qué es lo que hicieron en la linda Guate? Estudiaron el paper del Premio Nobel de Economía Ronald Coase dirigido a la Federal Comunications Commission en que discutía que pudiera considerarse el espacio radioeléctrico un bien público. En realidad, Coase entendió que no cumplían las dos condiciones esenciales que se requieren par identificar un bien público; uno, el principio de no exclusión, que viene a significar que no se podrá impedir que alguien disfrute de ellos y no cuesta nada añadir una persona más, por ejemplo, la defensa militar. Imaginemos que Carlos no paga sus impuestos pero en un conflicto militar el ejército tendría que defenderlo porque no tiene medios para discriminar a los que no pagan. Es más, ese tipo de bien no aumenta su coste por más que incorporemos a otras personas a las que defender. El otro principio es el de no rivalidad, es decir, que el consumo de una persona no disminuye la cantidad disponible. Estas son características que tienen los bienes públicos y que la literatura económica más convencional explica para justificar que deben administrarse o regularse desde el Gobierno con el fin de evitar la sobreexplotación o impedir la aparición de free riders. Como es sencillo entender, no hay nada de esto en las frecuencias de radio y TV, que deberían haber sido adjudicadas mediante subasta pública para que fuesen a parar a las manos de quienes más las valorasen, al estilo guatemalteco, con el gobierno desempeñando una función de arbitraje, asignando áreas geográficas, regulando las potencias y vigilando que se respeten los derechos de propiedad de sus legítimos titulares. No hacerlo así provoca situaciones como las que hemos vivido, con el gobierno pudiendo favorecer o perjudicar en función de sus preferencias y actuando seguidamente para acabar con los díscolos o los que no son de su agrado. No deja de ser una paradoja que la solución más eficaz a los problemas que vive Radio San Borondón sea, precisamente, la defensa de unos sólidos principios de respeto a la propiedad privada, lo que nunca ha reivindicado. Esa sí sería una forma óptima de resolver el problema, no acudiendo a más subvenciones que no generan más que nuevos inconvenientes y añadidas deudas a las existentes.
