Seguimos mejorando

El Gobierno de Canarias plantea en ocasiones dudas razonables sobre si está integrado por incompetentes o por desalmados a la par que imprudentes. ¿Qué otra cosa, si no, se puede decir de una panda de zascandiles que niegan que conozcamos los datos sobre cuánto cuesta que veamos el fútbol de los equipos canarios de la segunda división a través de ese aparato de propaganda gubernamental que es la televisión autonómica? El asunto no tiene desperdicio pues la oposición pregunta en el Parlamento y el Gobierno replica que no facilitará ese dato porque vulneraría un pacto de confidencialidad suscrito en contrato con la empresa propietaria de los derechos televisivos, Mediapro. Hay que tener un gran cinismo para debatir, criticar, impugnar o proponer leyes de transparencia de la administración y ofrecer esta mendaz explicación sin ponerse siquiera colorado. 

Cabria preguntarse hasta dónde está obligado el gobierno a guardar silencio en un contrato de éste tipo y a quién defiende obrando de tal guisa. En el Parlamento existe una comisión de control sobre la RTVC, que deberá conocer lo que ahora se niega. Pero las propias condiciones de contratación deberían ser públicas y disponibles para el acceso de cualquier ciudadano. Así que, si al final se sabe, lo que hace el gobierno es una especialidad marca de la casa, patadón para delante. Y dan pábulo a los rumores, lo que se traduce en que se empieza a escuchar que el talón extendido para poder ver a los colosos canarios del fútbol patrio estaría en el entorno de entre los tres y cuatro millones de euros, cantidades vergonzosas en cualquier caso pero que en las condiciones actuales resultan incendiarias. 

Quizás, en un ataque de lucidez, han pensado en el Gobierno de Rivero que conocer las cantidades pagadas es un exceso que será mejor ocultar porque no están los tiempos para estos caprichos. Si es así, más le vale a este derrochador gobierno mantener en tinieblas a la opinión pública porque sería un escándalo inadmisible cuando hay gente pasando miserias que no pueden ser compensadas vía televisión y fútbol, métodos ensayados con éxito por la dictadura de Franco, esa que tan cara le resulta a Rivero. Estas cosas no pueden seguir sucediendo, no puede ser que sigamos permitiendo que los gobiernos identifiquen grupos de votantes a los que comprar con el dinero que previamente sacan de nuestros bolsillos. Que, encima, pretendan ocultar los importes o que se pasen por el forro de los caprichos principios básicos de buenas prácticas o de rendición de cuentas, algo que resultaría intolerable en cualquier democracia más o menos avanzada. No se puede permitir, sin más, que se mantengan estos privilegios de casta, con unos impuestos nórdicos y servicios tercermundistas mientras intentan mantener narcotizados a unos espectadores futbolísticos que, es seguro, desaprobarían que les sigan reduciendo servicios básicos a cambio de ver las evoluciones del equipo de sus amores.

Todavía resuena el esperpento de un gobierno de Rivero, entonces en minoría, que decretó que un partido de rivalidad entre el CD. Tenerife y la UD. Las Palmas habría de ser considerado de interés general porque se tenía que 'atender las especiales circunstancias de insularidad y dispersión poblacional que concurren en Canarias, y que el hecho insular supone un claro handicap para acudir al recinto de juego como espectadores directos’

Y es que no paramos de mejorar

Errores, no irregularidades

Si no fuera porque estamos mal acostumbrados, la intervención en el Parlamento del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortíz engrosaría desde ya la antología del disparate. Según el consejero, el director general de la Televisión Canaria no merece sanción alguna porque lo que ha encontrado la Audiencia de Cuentas son solo errores y no irregularidades. Entiende González que de existir estas últimas, la propia audiencia habría actuado de oficio y puesto en manos de la fiscalía anticorrupción la documentación. Incluso asumiendo la tesis como válida, anticipando lo que pueda ocurrir en el futuro, resulta decepcionante ese posicionamiento gubernamental que dejaría sin sanción posible los errores que cometen los responsables políticos. Este es el asunto central de la intervención de González. Si no existe irregularidad, nada más hay que hablar, porque los errores serían un asunto meramente tangencial y subjetivo, donde con una simple petición de disculpas puede quedar zanjado. 

Por supuesto que remueve las entrañas escuchar estos pronunciamientos, porque quienes nos movemos en el ámbito de lo privado estamos cada día jugándonos nuestro futuro sobre el alambre de nuestras responsabilidades. Equilibrios complejos que minimicen la comisión de errores porque cuando no tenemos un primo de Zumosol que venga a defendernos, aquellos puedan terminar por dar al traste con nuestra trayectoria, prestigio y desempeño. Ya vemos donde coloca el Gobierno el listón de sus capacidades; si no hay ningún ilícito, entonces nada hay que objetarse y el trabajo podrá seguir siendo desempeñado sin apenas contratiempos. Resulta muy tentador hacer una caricatura para plantear que solo así se puede entender el funcionamiento de este gabinete de Rivero... y de los anteriores. Todos a una en una defensa numantina de su acción de gobierno, poniendo de manifiesto esa solidaridad no competitiva tan repugnante. 

Claro que -podría ser- los oyentes se plantearan si no es acaso un error lo que cometió Willy García y que de forma inclemente y despiadada está siendo masacrado por la oposición. Un error podría ser informar hasta en tres programas distintos de la apertura de una céntrica tienda de moda donde trabaja la señora esposa del director general de la TV. Pero lo que dice el informe de la Audiencia de Cuentas para el periodo  2007-2011 es que los contratos que se firmaron no se ajustaron a criterios de eficacia, eficiencia y economía, que el 77% de las contrataciones no fuesen acordes con la objetividad y transparencia a la que está obligado como empresa pública. En total, unos 264 millones de euros que fueron adjudicados de esa forma, señalando el propio informe lo inusual de los poderes plenipotenciarios del director general. El PP ahora se rasga las vestiduras pero en su momento, y tras prometer lo único sensato que se puede hacer con las televisiones públicas que es su cierre, no solo compartió mesa y mantel con los elegidos sino que debe asumir su parte de responsabilidad al permitir todo aquel dislate que no pudo no haber sabido. Si consintieron, no vale ahora alegar indignación. 

264 Millones de euros son considerados por Ortíz un error. Si son error, no puede existir responsabilidad y si no existe responsabilidad solo quedar callar y pagar, que es lo que hacemos siempre los que asistimos atónitos a estas demostraciones impúdicas de cara dura en grado extremo. 

El único error cierto fue haber creado ese monstruo enorme y caprichoso. Sin ella no nos habríamos perdido gran cosa y quizás nos habríamos ahorrado un pastizal que terminó, como siempre, en las manos de los de siempre. Y es que como dice Juan del Castillo, ‘aquí no hace falta un monumento al soldado desconocido porque, la verdad, es que nos conocemos todos’