La entrevista que Paulino Rivero no quiere que oiga

Un geólogo canario, Antonio Afonso Rodríguez, pasó por el programa La Gaveta que se emite en Es Radio Canarias para explicar lo que sabe sobre petróleo, prospecciones y extracciones, que es mucho, pues no obstante, ha pasado casi 40 años trabajando para las principales compañías del sector que en el mundo son.

Sus argumentos, más científicos que políticos, son considerables pero lamentablemente son pocos los espacios donde puede mostrarlos habida cuenta del escaso debate que tan trascendental decisión tiene entre la población canaria, partidaria o contraria con la misma fe con la que se es del Cd. Tenerife o de la UD. Las Palmas. Algo que no debería hacernos sentir orgullosos y que debemos a unos gobernantes ensimismados en sus mullidos sillones.

Si busca argumentos, aquí tiene una buena colección de ellos

Cuerpo a tierra: es el Gobierno

No es práctica habitual en la radio ofrecer una entrevista con un invitado y esconder su identidad. En tiempos pretéritos sucedía porque quien se ocultaba tenía una información comprometedora que podía dañar su interés o salud.

Hace unas semanas nos ha tocado vivir un asunto similar. Interesándonos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que el Gobierno de Canarias cobra a las tiendas de«Compro oro» que han proliferado en las Islas, llamamos a un primer empresario que, amablemente, accedió a contarnos el origen del problema, pero cuya actitud cambió cuando se le pidió que viniese a la radio a narrar la peripecia.

Nos habló de un colega suyo, quien quizás sí tuviese el valor necesario. Este segundo empresario accede a conceder la entrevista no sin antes poner dos condiciones: su nombre no se pronunciaría y no podría citar las empresas a las que representa. Ambos empresarios explicaron sus motivos para tanta cautela de la misma forma. No quieren problemas con el Gobierno. En una democracia son los gobernantes quienes deben temer a los ciudadanos, mientras que en las dictaduras son los individuos los que sienten miedo. "¿Capisci?"

El Gobierno, desoyendo una sentencia del Tribunal Supremo de hace más de 10 años, ha decidido volver a cobrar ese impuesto (un 5,5% sobre las ventas) a estos establecimientos. Está claro que la ausencia de recursos lleva a la aparición de arbitristas, encargados de buscar nuevos supuestos por los que cobrar para mantener esa elefantiásica administración que apenas reducen.

¿Nuevos? No, aquí se comete una irregularidad manifiesta en la esperanza de que la presteza habitual de la justicia coloque las cosas en su sitio cuando el gobierno pueda afrontarlo, pero mientras, cobrará por más que probablemente obligue a cerrar a varias empresas, dañando el acceso a liquidez de muchos ciudadanos que pueden intercambiar sus propiedades ante las dificultades que existen con la banca tradicional y el crédito.

La fuerte competencia (hay muchos operadores que crecen cada día) así como la propia naturaleza del bien con el que trabajan, que cotiza internacionalmente, tiende a ajustar mucho sus beneficios, tanto que el tributo sobre gramo de oro vendido es superior a la cantidad que les quedará a los empresarios para pagar el resto de sus gastos. Un dislate.

Los empresarios mantienen que no deben pagar el impuesto, porqueellos solo transforman el oro y lo exportan, no son los últimos depositarios del mismo, lo que sí daría lugar al hecho impositivo.

Un anarquista decimonónico, Lysander Spooner, encontró razones para distinguir entre los salteadores de caminos y los gobiernos. Los primeros atracaban a las diligencias pero sabían que eran ladrones, no pretendían tener una argumentación moral para su acción. Robaban, cumplían su palabra si le entregabas la bolsa y, probablemente, no volverías a verlos en tu vida.

El Gobierno ha decidido asaltarnos a diario, nos intenta persuadir con esa legitimidad presunta con la que se rodea que es por nuestro bien y busca, no ya solo nuestro dinero, también nuestro reconocimiento. Y parece que lamentablemente va ganando.

Original publicado en el Diario ABC

Asaltar cajeros

El incidente de los cajeros automáticos de hace una semana dice mucho más de nosotros como sociedad de lo que, probablemente, estemos dispuestos a asumir. Aprovechar una anunciada migración tecnológica para sacar dinero en la esperanza de que pudiese no ser detectada y, en consecuencia, no devolverlo nos emparenta con esa España de Rinconete y Cortadillo en la que siempre estás convencido de que alguien te la va a jugar antes o después, un país ausente de valores en el que casi todo es posible.

Nadie en el gobierno canario ha hecho manifestación alguna. Investidos de una pretendida autoridad moral, quizás consideren que hacer eso con una banca que se ha ganado a pulso las antipatías de todo el mundo pudiera tener justificación. Esos mismos políticos que braman contra el fraude fiscal desde sus mullidos sillones pagados por los contribuyentes no tienen nada que decir sobre esto.

Ni quienes repiten de forma acrítica y sin la menor prueba que tenemos la juventud mejor formada de la historia, esa misma juventud que se peleaba de manera literal en las puertas de los cajeros automáticos por ganar la vez. ¡Vale ya! No es la generación mejor formada, sí en la que hemos invertido esforzadamente unos recursos cuyos resultados están a la vista de todos después de veinte años de gestión nacionalista.

Esa educación a la que seguimos dedicando el 25% del presupuesto de la comunidad autónoma y cuyos resultados siguen estando a la cola de España y España a la cola de los países miembros de la OCDE. Sí, esos jóvenes de los que tan orgullosos se sienten los herederos de los Mendozas o Alduanes que siguen en el gobierno sin pagar precio alguno por su enorme mediocridad.

Unos jóvenes que no son formados, convertidos en caprichosa carne de cañón para una sociedad que mantiene a casi el 70% de ellos parados y a los que solo les han dejado dos tipos de salida legales: por aire o por mar. También asaltando cajeros automáticos creyéndose impunes o, peor aún, estimando que el dinero se puede fabricar de la nada, que existe derecho a ello y no se deriva responsabilidad alguna por hacer uso ilegítimo de él. ¡País!

Hemos sido noticia nacional. Caixabank completó sin incidencias similares cinco veces el mismo proceso, lo que nos lleva a concluir que, efectivamente, somos singulares, ultraperiféricos y un poco granujas para escarnio de la gente de bien que sigue viviendo aquí.

CaixaBank estuvo a punto de echar abajo su sistema informático esa misma noche ante la magnitud de los acontecimientos en lo que habría constituido un precedente gravísimo. Algunos ríen, otros en cambio nos preguntamos hasta qué punto de laxitud moral y valores hemos conducido a esta sociedad en la que las cosas no están bien o mal, solo cuenta si son posibles o no.

Esas personas que asaltan cajeros no tienen duda alguna sobre cuál es el segundo problema más importante de este país: «La corrupción de la clase política». No tenemos arreglo, pero tampoco lo merecemos.

Original publicado en ABC

Cuando es el gobierno quien te atraca

No es habitual hacer una entrevista en la radio con un empresario y que pida mantener el anonimato. Hoy nos ha pasado en La Gaveta, que se emite en Es Radio para Canarias, pues nuestro invitado teme por su seguridad. Se dedica al negocio de las joyerías y ha sufrido en su familia el intento de secuestro. Parece que la falta de seguridad en el sector es un clásico pese a los altos impuestos que pagan para, también, ser defendidos sin tener que llegar a los extremos de otros empresarios.

Sin embargo, no es ese del único motivo que le ha traído a la radio. Ha querido expresar su queja por otra inseguridad, la que le provoca el Gobierno de Canarias exigiendo el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (5,5% sobre la venta) a pesar de que una sentencia del 2001 da la razón a este tipo de negocios. Como siempre, estos gobiernos pirañas saldrán de rositas mientras por el camino acaban con un buen número de empresas

La entrevista, aquí 

Antxon Uriarte

Gracias al profesor de la Universidad de La Laguna, José Ramón Arévalo, hemos tenido por Tenerife al conocido catedrático de la Universidad del País Vasco, Antxon Uriarte. En 'La Gaveta' (programa que se emite ahora para toda Canarias en Es Radio) tuvimos oportunidad de dialogar un buen rato con ambos sobre el C02 y el cambio climático

Sádica administración

Resulta cinematográfico imaginar a los inspectores de trabajo en una reunión matinal antes de partir para hacer la ronda. Todos a una,gritos de «a por ellos» y, sin una sola crítica, a la calle a por los infractores.

Personajes educados leyendo a Dickens y su imagen del empresario como malvado ogro al que abatir, aquella mañana del 14 de febrero, el jefe -por norma, el más sádico de la banda- ordena visitar las floristerías. Es la forma que tiene la administración de declarar su amor por el contribuyente.

Esa fue la fecha señalada, la de San Valentín, para ordenar una redada en las tiendas que envían a domicilio flores como muestra de la buena salud de las parejas. Una fecha señalada, también por esos pequeños negocios, para poder remontar una etapa de crisis como la que estamos viviendo.

El objetivo de los pequeños émulos de Elliot Ness era pillar a los familiares, amigos y empleados ocasionales que estuviesen trabajando ese día para satisfacer una demanda puntual y limitada a la fecha.

Aunque no se han facilitado los datos de tan audaz intervención, es de suponer que habrá enorme satisfacción en la administración por las sanciones a las que hubiera lugar, incluso si ello conduce al cierre definitivo del negocio, aun a costa de generar más paro.

Se argumenta por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Canarias que estamos en un contexto de «obligada estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad». Así que las soluciones que se les ocurren son más represión con publicidad, por si alguno no termina de captar el mensaje. Siempre quedará la cabeza del caballo metida en la cama del incumplidor.

Lo cierto es que en Canarias hay una tasa estimada de economía sumergida superior a la media nacional y que España también supera la media europea. Entra en el terreno del mito pensar que no existe economía informal en países que apreciamos por sus altos valores ciudadanos (Suecia 15,6%, Alemania 14,7% o Noruega 15,4%).

Por tanto, sería conveniente plantearse las razones que llevan a que tal cosa se produzca y podríamos apreciar que los excesivos costes laborales se elevan por encima de la productividad de algunos trabajos o que los altos salarios mínimos y las dificultades para la contratación parcial anulan el interés de las partes por cerrar acuerdos legales.

Es cierto que cabe el recurso de afirmar que estas prácticas penalizan a los que sí cumplen con todos los requisitos de contratación y pagos múltiples a la administración, pero también resulta válido responder que si no se produjese un alto grado de incumplimiento, jamás podríamos plantear un debate serio sobre el particular.

Arthur Laffer, economista, dijo hace poco que estaba claro que había excesivos impuestos sobre el tabaco porque somos conscientes de su efecto pernicioso sobre la salud, pero no está clara la razón para la elevada carga fiscal sobre el trabajo, salvo que los burócratas lo consideren también insalubre. No sería de extrañar.

Original publicado en ABC Canarias

Indemnizaciones

Los nunca bien ponderados diputados autonómicos gozan de una indemnización en virtud de su trabajo que es abonada por sus propios grupos parlamentarios al no reunir la condición suficiente para que pueda ser percibida como dieta.

El asunto resulta llamativo, pues la retribución de quienes tienen la dedicación completa está compuesta por un salario fijo (2.600 euros netos), más dietas, a las que deben sumar estos sobresueldos (sea dicho sin ánimo de mortificar).

El argumento para explicarlo es de traca: se trata de una indemnización. La Real Academia de la Lengua afirma, sin lugar a equívoco, que eso sería resarcir a alguien de un daño o perjuicio. ¡Notable! Si usted se dirige, y tiene suerte, a cualquiera de ellos obtendrá una respuesta de manual sobre el servicio público, su dedicación a lo demás o la alta idea que tienen de sí mismos y el trabajo que desempeñan.

Si lo anterior no le satisface y les reprende porque nada de eso justifica tan formidables estipendios, usted obtendrá una sonora descalificación en la que, con la amabilidad característica, podrá esperar epítetos como fascista, facha, cavernícola y una letanía de términos demostrativos de sus nervios y escasas lecturas.

En fin, no obtendrá ningún compromiso para variar nada porque el asunto, y aquí viene lo bueno, es legal. ¿Quién determina la legalidad? Ellos mismos, por supuesto. De la moral mejor será no ocuparse pues es asunto que excede a las capacidades y méritos de sus señorías, empachados de transparencia, dinero, langostinos y canapés.

Transparencia que ha hecho que el que suscribe lleve esperando por sus currículos profesionales más de un año (en realidad, solo uno de 60 ha respondido a una solicitud efectuada por el conducto oficial)

Es claro que debería abrirse un debate sobre la utilidad de la Cámara en función de sus resultados y nuestras necesidades, por más que nadie seriamente plantee que los políticos dejen de cobrar por su actividad.

Confundir deliberadamente los conceptos juega en favor del actual status quo, siendo probable que de aquí salgamos sin tocar ni una sola de las administraciones costosas y lesivas (no cabe entrar en si trabajan mucho o poco, que el parlamento no haga leyes es ya una buena noticia) para el conjunto de los ciudadanos, persuadidos como estamos de que han dividido a la sociedad en dos tipos de personas, aquellos que viven de los impuestos y los que, de forma esforzada, los pagamos.

Pero con todo, lo que no parece tener desperdicio es que consideren que deben ser indemnizados por su actividad sin contemplar que los únicos que estamos abandonados a nuestra suerte y sin posibilidad de ser resarcidos somos los ciudadanos, destinatarios de los desatinos de sus señorías por las que jamás deberán afrontar responsabilidad alguna.

¿No fue, acaso en esa cámara, donde se produjo una votación para expropiar su propia ampliación, anulada por la justicia, obligado a pagar el latrocinio con dinero público y no se produjo ni una simple petición de disculpas? Puestos a indemnizar, señores diputados, nosotros primero.

Original publicado en ABC Canarias