¿Mejora de productividad? IMPERTINENCIAS LIBERALES de ANTONIO SALAZAR para ABC - 09.03.2011

No ha tenido empacho el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, en mostrar su contrariedad con los empresarios por no haber incrementado la contratación de trabajadores pese a la mejora de la ocupación hotelera de los últimos meses. La crítica tiene lógica política mas no económica; Rivero anunció en el debate sobre el estado de la nacionalidad que este año se crearían en Canarias 80 mil puestos de trabajo (por contextualizar la cifra, el 10% de los ofrecidos en toda España por el PSOE de 1982 y cuyos resultados podrían ser similares) demostrando que saldríamos de la crisis antes que el resto del Estado.

Teniendo en cuenta que las elecciones de mayo están a la vuelta de la esquina, el presidente ve cómo los resultados estropean tan pintoresca predicción. Claro que tiene motivos para la decepción, pero en un comportamiento muy habitual de la clase política, cuando las cosas no salen como ellos pronostican, entonces la culpa habrá de ser buscada en terceros, máximo si buscan a un chivo expiatorio con tan mala imagen —creada en buena parte por políticos de todos los partidos y sus cooperadores necesarios, los sindicatos— como son los empresarios. Pero haría bien en preguntarse Rivero y quienes comparten su aserto por qué, si las condiciones son tan propicias, no se producen más contrataciones arriesgando la calidad del producto dado. Claro que los políticos no son muy dados a esos pensamientos, teniendo un culpable a mano —la codicia es siempre reprobable— y siendo los tiempos siempre cortos, así que para qué andarse con chiquitas.

Pero más cierto es, todavía, que la repentina ocupación hotelera tiene visos de ser circunstancial y su sostenibilidad a largo plazo está por ver, por lo que la confianza en el futuro no se ha instalado por más que algunos consideren que sólo con proclamar que la crisis ha quedado atrás esto ocurre. Ocurre, también, que los operadores turísticos venían insistiendo en la falta de competitividad ante los destinos emergentes —sí, esos mismos que ven caer sus ocupaciones por la inestabilidad de sus regímenes políticos— por el excesivo coste de nuestra mano de obra y escasa productividad, por lo que es posible que los cambios que trae la situación que nos toca vivir vengan de la mano del reconocimiento de que se puede atender más habitaciones y clientes con menos personal sin que se resista la calidad del producto final ofrecido. Si esto es así, bien harían los políticos en evitar tendencias demagógicas y dejar de intervenir también —al menos, en sus intenciones— en las políticas de contratación de las empresas, que para ese papel de tonto útil ya están algunos sindicatos, como CC OO, al que tiempo le ha faltado para anunciar una posible huelga en plena Semana Santa. Soluciones habituales para problemas nuevos, lo de siempre.

Tampoco casinos. IMPERTIENCIAS LIBERALES - ANTONIO SALAZAR. ABC 22/02/2011

Una empresa norteamericana plantea la posibilidad de instalar una mini Las Vegas en Europa y todo el mundo mira para España tratando de fijar el objetivo del grupo Las Vegas Sands (LVS) propietarios de casinos de juego en Estados Unidos, Singapur y Macao. Seguramente vale la pena, pues anuncian una inversión de entre 10 y 15 mil millones de euros y la creación de 180.000 puestos de trabajo. Empero, se pasa por alto que ya hubo un proyecto similar para hacer del árido territorio aragonés de Los Monegros nuestra particular ciudad del pecado («sin city», como es conocida popularmente Las Vegas).

La Gran Scala —así se llamaría— debería haber entrado en funcionamiento el año pasado y se ha ido desinflando desde la primera inversión anunciada de 17 mil millones de euros y una actuación sobre 2 mil hectáreas y que incluiría campos de golf, 32 hoteles, casinos, 5 parques temáticos, hipódromo y hasta una plaza de toros. La oposición de muchos sectores han disminuído notablemente las expectativas sobre el proyecto y ahora se tendrán que conformar con algo de mucho menor tamaño e importancia. No es necesario recordar lo que ocurrió con la instalación del EuroDisney, que terminó en Francia por la falta de atractivo de nuestro país.

En su reciente libro, José Carlos Francisco («La reforma necesaria. Canarias ante la crisis de nuestras vidas») apuesta por convertir a Canarias en el «patio de recreo de Europa», pues América ya tiene el suyo —Las Vegas, 36 millones de turistas— y Asia el suyo —Macao, cuyos treinta casinos facturaron el último año fiscal 15 mil millones de dólares—.

La idea es arriesgada y bien valdría estudiarla, no en vano parece que existe un turismo que demanda una potente industria de ocio que no estaría centrada solo en el juego en salas —a decir verdad, parece que la irrupción del juego online amenaza también a los casinos— sino en todo lo que ello conlleva y que estaba en el proyecto original de Los Monegros.

Se podría hacer, tal y como propone Francisco, sobre nuestros espacios obsoletos y provocar una transformación agresiva que vendría de la mano de inversores privados de la industria del ocio. ¿Seguro? No se le habrá pasado por alto al presidente de la CEOE que en la isla de Tenerife, sin ir más lejos, los casinos de juego son propiedad del Cabildo Insular y que en 2008 ya estuvieron por aquí representantes de una de las más emblemáticas salas de la ciudad norteamericana con el fin de invertir en un hotel con casino por importe de 600 millones de euros y se llevaron un no por respuesta ya que la norma no lo contempla.

Por cierto, pura lógica burocrática: los casinos de Tenerife perdieron en 2009 la nada despreciable cifra de más de tres millones de euros. El matemático uruguayo Ernesto Mordeki se plantea en un interesante trabajo si puede perder dinero un casino y llega a la conclusión de que es una posibilidad despreciable. No conoce a nuestros políticos.

Romper un Monopolio - IMPERTINENCIAS ANTONIO SALAZAR - ABC 8/2/2011

Es notable la retórica de los políticos, máxime cuando tratan de explicar que lo único que los mueve en su quehacer diario es el afán de servicio, siempre subordinado al interés general (ese que ellos mismos definen). No escapa a ese tópico político Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, quien ha explicado que la única razón que le impulsa a presentarse a la reelección es «acabar con el monopolio de Telefónica» y que será este su último mandato, «así se caiga el mundo».

¡Notable, y por partida doble! Nótese el énfasis que se pone en señalar que no está dispuesto a más sacrificios, ni siquiera en caso de hecatombe torcería su férrea voluntad, considerando que su misión está más que cumplida. Recuerda vaporosamente a Hosni Mubarak, presidente de Egipto, muy cuestionado por su pueblo y la comunidad internacional, cuando anunció que no se presentaría a la reelección pues su servicio al país ha sido ya suficiente, lo que nos lleva a concluir que el poder tiene el mismo efecto obnubilante en cualquiera que lo ostente o detente.

Pero aun más llamativa es la otra afirmación, cuando anuncia que el único fin que le lleva a una nueva cita electoral es lo que nos presenta como una misión vital: acabar con un monopolio. En las sociedades abiertas —no soy tan ingenuo para creer que vivimos en una de ellas—, la única posibilidad de acabar con monopolios privados es tener el campo de juego limpio como una patena de trabas administrativas y leyes que capen la iniciativa empresarial.

Puede haber, sin que ello implicara problema alguno, un operador con un monopolio otorgado por sus consumidores, quienes premian así su eficacia y atención a los intereses de aquellos. Si en algún momento quebrasen su confianza, habrá otros operadores con posibilidades de sustituirlos y los políticos nada deberían hacer en un caso ni en el otro.

También puede ser que exista un operador monopólico privado que aproveche sus conexiones con políticos para mantener ese status, o que proceda de un antiguo monopolio público y se siga beneficiando de pasadas prebendas. Tampoco aquí cabe la intervención política pues es sabido que la solución no puede pasar por crear competencia desde una acción pública, que nunca tendrá las consecuencias benéficas que sí tiene cuando es privada, esto es, mejora de calidad y abaratamiento de los precios.

Podría pasar que el sueño de Melchior estuviese justificado y que desde la entrada en funcionamiento del nuevo cable submarino los precios bajasen, pero cabría preguntarse si esto sucederá como una consecuencia deseable de la dinámica del mercado —sano— o por la imposición de un precio de servicio que justifique la acción política y el gasto de los más de 115 millones de euros que costará la instalación —insano—.

Es cierto que existen motivos para sospechar, a fin de cuentas, el propio Cabildo tiene una dilatada experiencia como empresario público y, lo que son las cosas, sin éxitos reconocibles. Así que más vale monopolio conocido que duopolio por conocer.

Comentario La Gaveta 18/11/2010

Que la crisis que atravesamos no haya conseguido abrir un debate serio y profundo sobre el modelo de administración que necesitamos es una demostración palmaria de la incapacidad de quienes nos gobiernan. Más allá de la anécdota de unos cuantos coches oficiales, lo cierto es que nadie se ha puesto en serio a pensar qué tipo y en qué cantidad necesitamos de la administración en Canarias. Da la sensación de que todo el mundo espera que sea una instancia de ámbito superior quien tome la decisión, de tal suerte que los Ayuntamientos no se dan por enterados, los Cabildos bastante hacen malgastando recursos y esfuerzos en contratar a conmilitones, el Gobierno de Canarias espera a que sea el Gobierno de Madrid y éste a que España pueda ser Grecia para que la Unión Europea ponga las condiciones para el rescate. Así está el patio y así de decepcionante resulta porque lo que nadie admite (salvo que se esté muy concernido y su puesto de trabajo dependa de ello) es que se pueda mantener un estado como éste, con un Gobierno en Madrid, 17 réplicas en cada comunidad autónoma, 7 cabildos y 88 Ayuntamientos. Más de 3 millones de trabajadores públicos pero 80 mil políticos que no acreditan nada que no sea vida partidaria y vivir del cuento. Nos gastamos en esas cosas más del 60% del gasto público total y éste supone casi la mitad de la riqueza nacional. Como para armar una revolución que no llegará porque hace tiempo que esos políticos descubrieron que lo mejor para su supervivencia es desarmar educativamente a los ciudadanos y consiguieron sustituir a Ortega y Gasset por Belén Esteban. ¡Todo eficacia!

Solo así se entiende que tampoco quieran retomar el asunto de las televisiones públicas, un agujero negro por el que se pagan favores y se nos cuelan los políticos también hasta en la hora de la comida. La Televisión Canaria nos cuesta al año 103 euros a cada canario y ya no es una de las más barata del estado, como si tal cosa fuese relevante y no que cada euro que nos arrebatan para dárselo al juguete de los políticos lo es en contra de nuestra voluntad y preferencias temporales. Pero 103 euros, en personas que apenas cobran 5000 euros al año es una monstruosidad que debería caer sobre las conciencias de estos dirigentes, si tal cosa tuviesen.

Así que puestos a no tocar su privilegios, ya han pedido que suban los impuestos y hasta Barragán considera que en 2012 se podría tocar y aumentar el IGIC. Y no, no debería ser ni con nuestra pasividad ni con nuestro dinero

Comentario La Gaveta 18/10/2010

Cada vez resulta más evidente que si usted quiere ser considerado experto y que le inviten a pomposos debates en no menos celebrados escenarios, como el Foro Parlamento y sociedad, pagados con dinero público y organizado siempre por la misma empresa, entonces habrá de elaborar un no muy sofisticado argumento pero lleno de ciertos tópicos del gusto de la intelectualidad patria. Así, si el debate es sobre el 'presente y futuro del binomio territorio-población', empéñese en dibujar el más sombrío panorama, busque datos que le sirvan para la comparación y agrándelos todo lo que pueda. Disfrute de las caras de terror de su auditorio.

Algo así pudo ocurrir el otro día, cuando un experto autóctono -al que le vale la presidencia de una asociación canaria de derecho urbanístico para ser considerado tal- dijo que Canarias necesitaría un territorio diez veces mayor al actual si desea mantener el ritmo de crecimiento. Supera, con tal afirmación, las cifras que hace algunos años se daban por buenas (ellos), en el sentido de que solo serían entonces necesarias 5 Canarias y deja atrás, con mucho, la cifra de tres Españas que hace algunas semanas otro agorero había calculado como necesaria para conciliar el crecimiento con un uso adecuado de suelo, agua, energía y residuos. Los expertos salieron de allí y se fueron a sus casas confortables y a seguir impartiendo doctrina mientras disfrutan de cómodos puestos de trabajo, muchas más veces de las deseables, en la esfera de lo público con el prestigio intacto y la consideración de experto sin marchitar.

Ahora pongamos que ese chipiritifláutico foro decide invitar a alguien que no exprese lugares comunes y que plantee que no hay una sola evidencia científica que permita sostener que el crecimiento de las islas está amenazado por el consumo de recursos y que las causas que propiciarían tal cuestión estarían más relacionadas con las políticas públicas, por ejemplo, con un urbanismo diseñado para convertir en millonarios a políticos, concejales, familiares y empresarios afines, amén de para financiar a los partidos políticos. Que los residuos podrían tener una solución óptima y casi infitina si alguna vez alguien se tomara en serio estudiar cómo lo hacen países y espacios limitados con un enorme crecimiento -que es riqueza para sus ciudadanos- tales como Singapur o Hong Kong mientras que las energías son una castaña porque no hay una sola norma que sirva mientras se mantiene de facto a un único operador en el sector al que un alto cargo se le ocurrió calificar de monopolio natural. Esa es la historia y los demás no son más que biempagadas tenidas de las que nada bueno cabe esperar

Comentario La Gaveta 14/10/2010

El gobierno no quiere más edificios elevados para uso residencial en Santa Cruz. Un organismo burocrático como la COTMAC considera que el nivel máximo de construcción y habitantes por hectárea ha de ser 400 vecinos y 12.000 metros cuadrados. Eso es en lo que han terminado convirtiendo al suelo y los legítimos derechos de propiedad, en una asfixiante maraña administrativa sometida a los caprichos de los políticos y funcionarios, pues no otra cosa es un Plan, un ejercicio de planificación donde unos sujetos toman decisiones que afectan derechos de terceros sin que ellos tengan que pagar nada sobre los posibles daños que causen.

En apoyo a esa pretensión, el consejero Domingo Berriel se ha permitido la frivolidad de considerar que ciertas zonas de Santa Cruz tienen una densidad de población asiática. ¿Qué habrá querido decir? Quizás ha pretendido hacer una gracieta considerando que somos como Hong Kong pero mejor lo descartamos pues las rentas y calidad pública del antiguo protectatorado británico nada tiene que ver con las nuestras. O quizás quiso decir Singapur, donde vive una de las sociedades más dinámicas y prósperas del planeta, lo que invalida la comparación. Es posible que quisiera decir Sao Paulo, por ejemplo, donde un urbanismo de concentración, unos políticos incapaces cuando no corruptos y una gran bolsa de pobreza hace más viable la comparación. Yo sé que la populosa ciudad brasileña no es asiática pero no lo tengo tan claro en el caso de los políticos que asuelan Canarias.

Vale ya de asustar con modelos donde las sociedades prosperan y sus individuos deciden vivir como mejor les place valorando las ventajas e inconvenientes que eso les comporta sin pararse a pensar si sus dirigentes consideran que son muchos, equivocados e idiotas. Parece más lógico que quien no desee vivir en las urbes se traslade a zonas donde sí puedan disfrutar de jardines, vistas o mar pero también debería ser lógico que el mercado, y no los burócratas, decidiera si caben o no más torres en Santa Cruz. A decir verdad, cuando han tenido posibilidad de manifestarse han agotado las promociones casi sobre plano por más que fuesen otros tiempos. Mejor estarían los políticos callados y permitir que los ciudadanos y los promotores sean los que intenten casar oferta con demanda. Por cierto, y en esa lógica intervencionista, ¿en una isla no sería más lógico crecer en altura para consumir menos territorio o ganarlo con más espacios públicos?

Comentario La Gaveta 07/10/2010

Han tenido reflejos tanto el Cabildo Insular de Tenerife como el Gobierno de Canarias para exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores que se tome en serio la expropiación de Agroisleña, llevada a cabo por el Gobierno de Hugo Chávez. Resulta menos meritorio si se tiene en cuenta que sus posibilidades de acción están muy limitadas salvo para instar la acción de otra institución, por más que el Ministerio de Moratinos haya sido siempre muy comprensivo con la deriva totalitaria del gobierno venezolano.

Las explicaciones televisadas del mandatario han sido muy llamativas pues justifica la intervención de la empresa al considerarla parte de un oligopolio de intermediarios especulativos que provocan un alza en el precio de los alimentos, eficaz falacia económica que enseguida encuentra seguidores, incluso en esta tierra tan llena de zafios intelectuales que compran cualquier mercancía averiada y discursos que se compadecen poco con la realidad y la experiencia. Alguna ya han tenido en la propia Venezuela, donde el control y fijación de precios de productos -burocráticamente considerados básicos- tuvieron su consecuencia habitual: desasbastecimiento en los lineales de los supermercados.

Por otro lado, esperar que los legítimos propietarios de Agroisleña recuperen su propiedad es complicado porque no hay muchos antecedentes de vuelta atrás por parte el El Gorila Rojo pero mucho menos si tal cosa depende de la acción exterior del Gobierno de ZP, incapaz siquiera de pedir una disculpa diplomática cuando el embajador de Venezuela en España, un tal Juan Ramón Serrat se ha atrevido a decir que las confesiones de dos etarras en el sentido de haber recibido instrucción terrorista en aquel país pudieron haberse tomado bajo tortura por parte de la Guardia Civil. Así es de dócil el Gabinete de ZP con Chávez y así defiende el interés legítimo de los españoles en el exterior. Nunca pensé que pudiese decir algo así, pero para esto, casi mejor sería ser francés.