Oportunidades perdidas

El Gobierno de Canarias ha desaprovechado una magnífica ocasión para bajar los impuestos. El déficit extra que le autoriza Madrid, 206 millones de euros, irán a compensar las muchas ineficiencias que acumula el Gabinete de Rivero y sus secuaces. Que si pagan deudas derivadas de su pésima gestión, por ejemplo, más de 48 millones a las corporaciones locales y otros 40 que adeudan a las farmacias; rebajar listas de espera como si hubiese alguna evidencia empírica de que aquellas dependan de los recursos destinados más que la actuación política de estos irresponsables. Dinero -que es deuda- dedicado a pobreza, de la que son los máximos responsables, pretendiendo hacer creer que ellos son parte de la solución cuando sabemos ya hace mucho tiempo que son el problema. A todo esto tienen el cinismo de llamarlo gasto social, cuando es sabido que no es otra cosa que gasto político, que ellos esperan que se conviertan en votos en las próximas elecciones, sabido es que ese constituye el único objetivo de esta casta parasitaria que mal nos gobierna.

El problema, con todo, es que de haber querido convertir esos 206 millones de euros en política social, lo que tendría que haber hecho el gobierno es rebajar el IGIC del 7% actual al 5% donde estaba hasta el malhadado momento en que decidieron subirlo, a mediados del año pasado. Incluso el margen sería mayor porque la recaudación total prevista en el presupuesto para éste año son 461 millones de euros. Esto habría hecho que parte de nuestra consolidación fiscal la hiciéramos ya por la vía de la rebaja de los impuestos y gastos, no solo por el aumento de la imposición fiscal, que es al innoble ejercicio al que se han dedicado todas las administraciones. De cara a dinamizar la actividad económica, no hay muchas dudas de que el dinero en manos de sus legítimos propietarios está mejor usado y revela mejor sus preferencias que en manos de una administración que sigue sin darse por aludida en cuanto a la reducción de su tamaño. Porque nos señalan con frecuencia, lo dicen sus corifeos, que se han hecho ajustes severos en su funcionamiento. Pero lo que sabemos es que el presupuesto de la comunidad autónoma para 2013 es similar al del año 2007, ejercicio en el que empezamos a ver como todo se desplomaba. Es más, el porcentaje que destina la administración autonómica al capítulo I, al pago de salarios del personal, se sigue moviendo en porcentajes similares, pues en 2007 se dedicaba a esa partida el 20% del total del presupuesto y éste ejercicio es del 19,96%. Estos son los que nos gobiernan, que no se saben si son peor por lo que hacen o por el concepto que tienen sobre nosotros, así se desprende de su constante desprecio por la realidad. 

Cabe añadir que todo esto ha pasado con gobiernos de nacionalistas, con populares primero y socialistas después y que ni siquiera el PP, desde la oposición, ha elevado su voz para pedir que se rebajen los impuestos. Ya sabemos el poco apego que tienen los populares por las políticas liberales con las que un día decían sentirse identificados. Y no hay más que ver el nuevo impuesto que se viene encima, cuyo impacto va a ser sensible en muchos sectores. Es ese conocido como impuesto verde, uno que gravará los gases fluorados de efecto invernadero, cuyo repercusión en los supermercados será de 100 millones de euros extra -subirá la cesta de la compra- y que los hoteleros de Baleares creen que les costará 24 millones de euros adicionales- lo que se traducirá en una nueva pérdida de competitividad-. Sí, es probable que esto sea a lo que se refería Friedrich Hayek cuando dedicó su Camino de servidumbre a 'los socialistas de todos los partidos'

Gasto social

Ha sido patético comprobar el nivel de debate abierto en Canarias con motivo de la disponibilidad presupuestaria de 206 millones de euros extras aprobadas por el Gobierno central. En cada político del archipiélago, y sus asociados como sindicatos y similares, ha salido el planificador que llevan dentro para sugerir usos alternativos de ese dinero. Dinero que no deja de ser deuda, porque lo que se ha hecho es flexibilizar los criterios de déficit para este año. Y deuda, como es bien sabido, son impuestos a futuro que terminarán pagando nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, así de yerta han dejado la finca. 

Como al final quien decide es el gabinete de Rivero, ayer hubo consejo de gobierno para decidir el destino final de esos millones y fue el turno de González Ortíz para su particular minuto de gloria. Revestido de esa pomposidad propia de los grandes acontecimientos y echando mano del manual para subrayar lo mal que nos trata Madrid, el consejero de economía adelantó que el 54% del crédito extra irá a asuntos sociales y el 23% a dinamización de la economía. Hay un resto importante de 48 millones que se irán a pagar los compromisos -deuda- que el ejecutivo regional mantiene con los Cabildos Insulares. Esto es lo de siempre, con unos señores repartiéndose alegremente los dineros que por la vía de la fuerza extraen de nuestros estragados bolsillos. 

La retórica contribuye al enfado ciudadano: gasto social es para éste gobierno destinar 40 millones a pagar la deuda farmacéutica o 5,4 millones para reducir la lista de espera, como si estos asuntos fueron meros ejercicios presupuestarios y no la constatación de la catastrófica gestión que viene haciendo la Consejera de sanidad, Brígida Mendoza. También considera social, en un retorcimiento de las palabras digno de mejor causa, dotar con 110.000 euros para que ningún universitario que tenga los requisitos se quede sin una beca pública. Habrá hecho las delicias de los demagogos que se tragan cualquier intervención de nuestros bien pagados políticos. Lo que ha hecho el gobierno central es modificar las condiciones de acceso a las becas para que accedan a ellas los estudiantes que cumplan unos determinados requisitos, que han sido elevados. Por cierto, una beca que completa el 20% del coste total de los estudios que han de pagar quienes los hacen pues el 80% restante lo reciben el conjunto de ellos sin atender a merecimiento y requisito alguno. Así que, por lo explicado, lo que hará el Gobierno de Canarias es destinar esa cifra, algo más de 100 mil euros, para atender a alumnos que no cumplan los requisitos formales de acceso, en un nuevo ejercicio de redistribución de la riqueza por una vía ineficiente, arbitraria y algo idiota. Una tontería más en el juego político que no sirve para nada, pero es algo que no puede sorprender de un gobierno ineficaz y torpe como el de Paulino Rivero. 

Como el cuadro no estaba completo, el consejero González afirmó, sin rubor, que el próximo presupuesto será de base casi cero, que es como si se pudiese estar medio embarazado. Porque un presupuesto de base cero es aquel que empieza desde la nada, sin antecedentes sobre los que fijar ninguna partida presupuestaria. Sin ir más lejos, el primer presupuesto que se elaboró en Canarias hace ya casi 30 años. Otra cosa bien distinta es que estén buscando una razonada justificación para meter la tijera de una vez y por todas en ese pesebre en el que abreva tanto parásito. Y eso sí, no tendría precio

La culpa es de los administrados

Este es el comentario de opinión con el que hemos vuelto a la radio, ahora en 7.7 Es Radio en Canarias.

El curso político arranca con las mismas tonterías con las que cerró el anterior. No es previsible un cambio de rumbo y casi está descartado que sea por mero desinterés -no son tan insensatos- aunque sí por pura incompetencia. De este modo, solo nos queda ponernos a rezar para que las previsiones hechas públicas este fin de semana por la CEOE en Tenerife en su informe de coyuntura del segundo trimestrese cumplan y que, efectivamente, la recesión quede atrás, para que al menos la cifra de paro (casi un 34%) no se eleve con la contrataciones que se puedan efectuar en el sector turístico por la influencia que tendrá el invierno de Egipto y su eventual desvío de visitantes a las Islas. Si es así, podemos confiar en que de esta salgamos, no por el gobierno sino pese a él. 

Un ejemplo de esto es la mentalidad que no ha cambia en este circo del Gobierno de Canarias. Años hablando de la administración, de la necesidad de su reforma, de simplificar la burocracia para que abrir un negocio no sea un campo de minas, conversaciones y diálogos que también ha secundado el presidente Rivero, perorando de economía y emprendimiento social como nuevos ejes de un futuro necesariamente mejor. Sin entrar en detalles sobre lo que entiende Rivero por economía social, sí que es pertinente traer a colación lo que le contó a Hugo Ferrer, directivo de una empresa de inversión afincada en Lanzarote llamada Inbestia, quien quejándose de que su empresa había tardado 40 días en ser creada y que tal trámite en Reino Unido se hace en uno solo, el presidente, con ademan muy serio, explicó que allí ‘se basan en la confianza en el administrado mientras que en España no se puede confiar en el administrado porque es demasiado deshonesto’

Sobre este asunto caben dos preguntas esenciales, la primera muy previsible: ¿De verdad puede un político español, por muy presidente autonómico que sea, hablar de deshonestidad de los administrados? Obviamente no, porque si hay algo que algunos no estamos dispuestos a tolerar es que añadan escarnio a su sistemática tomadura de pelo en su quehacer diario. Una cosa es que resulten unos manirrotos, unos pésimos gestores, en algunos casos corruptos y otra es que crean que no pueden aliviar la carga burocrática porque los españoles son unos golfos. Quizás es que piensan que cualquiera valdría para hacer la misma labor que ellos mismos.

La otra cuestión es también imprescindible y no incompatible con la anterior. Aceptemos que somos el país de ‘Rinconete y Cortadillo’. La picaresca no es un destino inexorable al que se conduzcan los ciudadanos sin poder ponerse remedio. Se alienta con una administración del tamaño de la que tenemos, en la que es casi imposible asumir todas las exigencias para abrir un negocio, de tal suerte que algunos intentar no ser detectados en lo que consideran pequeños defectos de forma pero que sirven para construir argumentos tan endebles como los de Rivero. Los empresarios no están llamados a satisfacer las necesidades ajenas en el momento de comenzar su actividad, solo buscan atender al poder burocrático y su asfixiante presencia. Y así, le guste o no, es imposible salir adelante

El programa 'La gaveta' completo -el número 2040- se puede escuchar aquí 

Carlos Rodríguez Braun

Carlos Rodríguez Braun tiene un nuevo libro en el mercado ('Panfletos liberales III', LID Editorial 2013) y siguiendo la tradición lo hemos presentado en La Gaveta, de Es Radio Canarias.

Aunque no cantó, estamos por sugerir que el próximo libro recoja un CD con sus mejores recreaciones y canciones de regalo para sus seguidores. La entrevista, aquí

Juan Ramón Rallo

El director del Instituto Juan de Mariana pasó por 'la Gaveta' (ES Radio Canarias, de lunes a viernes de 13,30 a 15 horas) para hablar de su último libro, 'Crónicas de la Gran Recesión II' (Unión Editorial, 2013). También para anunciar el inminente inicio de la Universidad de Verano que el Instituto celebra, un año más, en Lanzarote .

Se puede escuchar aquí

¡Tire ese muro, D. Paulino!

El 12 de junio de 1987, en la Puerta de Brandeburgo, Ronald Reaganpronunció tan elocuente frase ante el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov. Lo que siguió es conocido por todos; el muro no se cayó, lo tiró el ansia de libertad de quienes se veían oprimidos por él.

El muro es un símbolo que no precisa de manifestación física porque sigue existiendo en las mentes de muchos gobernantes, empeñados enreproducir políticas de planificación centralizada que no han funcionado jamás ni podrán hacerlo por la propia imposibilidad de establecer correctamente el cálculo económico.

Sin embargo, la hostilidad a la propiedad privada, el empecinamiento por ordenar los sectores económicos o el recelo en la libertad de los ciudadanos provoca alteraciones notables causadas por unos políticos de espaldas al curso de la historia y unos ciudadanos aleccionados como consecuencia de una educación pública que inocula tempranamente esos viejos, apolillados y letales estigmas.

En cualquier lugar civilizado, el hecho mismo de la expropiación temporal de las viviendas propiedad de la banca e inmobiliarias habría provocado una alarma justificada. En Canarias no. Vivimos tiempos en que la finalidad primera de nuestros gobernantes es señalarnos a quién debemos odiar y a partir de ahí, usar la fuerza de la ley para actuar con el respaldo de una adormilada opinión pública.

Una vez justificada tal acción, ¿qué detendrá a una banda de cuatreros en sus planes si son capaces de inventar un motivo? Sucede igual ante hechos como el del Hotel Oasis, donde apelando a un vaporoso concepto como el del interés general o defender derechos colectivos con una protección superior a los individuales, se permite quebrantar la legítima acción de unos empresarios en su propiedad con el aplauso sistemático de los medios de comunicación y una clase política que cabría englobar en «socialistas de todos los partidos», en feliz definición de F. Hayek.

Hemos dejado demasiadas cosas en manos de los gobiernos y, pasados casi seis años desde el inicio de la crisis, no vemos que se retiren ni tengan intención de hacerlo. Mandan mucho sobre muchas cosas y las consecuencias de ello las estamos pagando vía impuestos presentes y futuros (no otra cosa son las emisiones de deuda).

En sus manos hay casinos —los únicos que son una ruina en el mundo civilizado—, campos de golf, fábricas de leche y yogures ... Hasta una actividad como la formación de personal para el turismo vía Hoteles Escuela les lleva a perder más de cuatro millones de euros al año, sin formar adecuadamente y compitiendo deslealmente con empresas que se juegan sus cuartos en un mercado cambiante y competitivo.

Es el momento de decir, con Reagan, «tire ese muro, Don Paulino», ese velo ideológico del que impregna toda su actuación y privatice todo lo que esté a su alcance. Seguro que hay empresarios que estarían encantados en asumir el rol que la administración se atribuye, pero con resultados muy superiores. Y Hecansa es una buena forma de empezar.

Original publicado en ABC

'Public Choise y petróleo'

El más que evidente divorcio entre ciudadanos y políticos puede tener sus causas en el claro fracaso de la gestión pública en todos los órdenes. Teóricos de la Escuela de la Elección Pública, tales como Gordon Tullock o el recientemente fallecido James Buchanan, enuncian hasta cinco razones fundamentales para que tal cosa ocurra. La primera, el efecto de la racionalidad de la ignorancia, señala que es perfectamente racional mantenerse ignorante sobre aquellas cuestiones que son complejas (el coste de informarse es elevado) o están más allá de nuestro control (la posibilidad de que nuestro voto sea el decisivo es, en Canarias, 10 veces más alta que sacarse la lotería nacional). La segunda sería la aparición de pequeños grupos de interés que buscan privilegios de parte, que nada tienen que ver con los intereses de la mayoría silenciosa que nadie se preocupa por defender. La tercera es el efecto de la representación no vinculante, motivada porque los electores no manifiestan sus preferencias sobre temas concretos, sino tan solo eligen un representante, que podrá cambiar de opinión sobre aquello que ofreció en campaña sin sanción, pues no hay manera de establecer vínculo alguno entre lo ofrecido y lo concedido, lo que incrementa los incentivos para que las personas decidan desinteresarse por los asuntos públicos. También estudiaron (cuarta razón) el efecto de la miopía gubernamental relacionada con el horizonte temporal inmediato con el que se desenvuelven los políticos, con políticas orientadas siempre al corto plazo, pues no son capaces de ver más allá de las próximas elecciones. Un político está obligado a maximizar sus votos para mañana, con lo que si uno decidiera plantear las cosas a largo plazo estaría condenado a perder su puesto. Y la quinta está relacionada con la carencia de incentivos para actuar de forma eficiente. Una determinada línea de acción pública se mantendrá en el tiempo con independencia de su eficiencia económica siempre que sea respaldada por los electores, lo que ha llevado a tomar decisiones de expandir el tamaño de los gobiernos más que reducirlos si se pensaba en su rentabilidad electoral. Para evitarlo sería necesario establecer algún nexo para quien toma la decisión que lo vincule con su coste o beneficio.

No solo podemos entender el cada vez menos disimulado desdén de los ciudadanos con la cosa pública, sino también las relaciones de los dirigentes con temas estratégicos cuyo impacto positivo pueda observarse a largo plazo (pensar que dentro de 10 años, con los primeros barriles de petróleo saliendo de Canarias, Paulino Rivero seguiría siendo presidente no es una quimera, es una pesadilla macabra). Y añade alguna nota de interés: con los incentivos que genera el actual sistema institucional, ¿la refinería de Santa Cruz podría haberse instalado alguna vez? ¿Puede discutirse su impacto económico y social, la transferencia de conocimiento, el saber acumulado, la mejora de los planes de estudios para que los canarios pudieran formarse y terminar trabajando en esa instalación? Duelen las preguntas, pero mucho más las respuestas.

Original publicado en ABC Canarias