Normas estúpidas, consecuencias estúpidas

Normas estúpidas provocan, con frecuencia, resultados estúpidos. Al menos esto debería saber el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, cuyo departamento ha abierto expediente a un grupo de franquicias por adelantar su particular periodo de rebajas, colocándolas donde más podrían apreciarlas sus clientes: antes de Reyes.

Dice don Gustavo que había un pacto de la comisión insular de comercio en el que se establecía cuándo empezarían las rebajas, comisión que está compuesta por los sospechosos habituales, aquellos que jamás han tenido un comercio competitivo y cuya única razón de ser es quedarse tuertos con tal de dejar ciego al vecino. Comisiones insulares que, claro está, no representan a todo el comercio y mucho menos a las grandes superficies comerciales, por más que pretendan darle carácter imperativo a sus conclusiones.

También dice el director general que con normas así pretenden favorecer al pequeño comercio, pero no puede no saber que en realidad no daña a los grandes establecimientos comerciales, sino al conjunto de los ciudadanos que, escasos de presupuestos, intentan apurar sus tiempos de compra a los magros dineros de los que disponen. La retórica es apabullante, tanto como su falta de lógica económica, pues no se establece una lucha entre pequeños y grandes que debe dilucidar un benévolo y sabio gobernante, sino entre «lobbistas» que conspiran contra el interés de los ciudadanos y estos últimos, desprovistos de cualquier capacidad de interlocución ante el Gobierno (pensar que las subvencionadas organizaciones que defienden a los consumidores hacen remotamente algo parecido a esto es broma de mal gusto).

El lector se preguntará: ¿Por qué se puede expedientar a un comercio si coloca un cartel de rebajas en su escaparate cuando ha podido ver centenares de tiendas durante todo el año con descuentos importantes? Porque en esa lógica estúpida de quien jamás ha tenido un comercio pero sí un boletín oficial, se considera que los consumidores reaccionamos de manera distinta ante la palabra «rebaja» que ante sinónimos como «descuento» o «todo al 50%», por poner ejemplos cotidianos, es decir, parten del convencimiento de que los clientes somos unos infantes cuya salud económica hay que preservar, aunque, eso sí, por nuestro bien.

¿Qué tienen de malo las rebajas? Por supuesto que nada. Los consumidores consiguen más baratas mercancías que aprecian, ahorrando un dinero que pueden guardar o destinar para comprar otros bienes que igualmente necesitan o quieren. A un comerciante competitivo le permite darle salida a sus mercancías almacenadas, corregir errores previos en sus estimaciones y adecuarse rápidamente a los deseos de los clientes, función que no puede ser regulada por ningún grupo de burócratas creídos de contar con una información que solo está al alcance de los empresarios individuales. Es por ello que nos encontramos con una Dirección General de Comercio que no vela por los intereses de los consumidores, cuyas penurias para llegar a fin de mes le traen sin cuidado, sino tan solo los de aquellos que, siendo ineficientes como empresarios, buscan el amparo salvador del imperativo legal.

De éxito en éxito hasta la derrota final

Mientras media Coalición Canaria conspira contra Paulino Rivero, inasequible al desaliento sigue el presidente acudiendo puntual a su cita dominical con los lectores de su blog (www.paulinorivero.com). Su última entrada la ha titulado «Escasa visión de Estado» y critica (no es novedad) al gobierno del Partido Popular por no saber interpretar los resultados de las elecciones catalanas, al tiempo que hace una apuesta por adaptar «la organización estatal al modelo autonómico, con menos Estado».

Considera un éxito el modelo actual, lo que le lleva a plantear que precisamos de «menos dependencia del Estado y más competencias para generar economía y empleo, para multiplicar nuestra acción en las Islas». El problema es que todas estas afirmaciones están sujetas a refutación, porque el estado autonómico está más cerca de poder considerarse un fracaso que de los logros de que presume el presidente.

En estos años, hemos disparado el despilfarro económico, aumentado el gasto, multiplicado organismos y entes regionales y fragmentado la unidad de mercado por un intervencionismo cateto y atroz.

Es evidente que de esto no tiene la culpa Rivero, o no solo, pero también es cierto que no hay nada en lo que plantea que pueda darnos una ligera idea de en qué nos beneficiaríamos de lograr lo que afirma defender, pues ni su gobierno ni los anteriores han logrado nada sustantivo para cambiar nuestro sistema, básicamente subsidiado, hacia una economía productiva. ¿Es plausible que ahora la retirada del Estado provocaría una mejora de nuestras posibilidades? Habría que ser muy militante nacionalista y del bando de Rivero para creer esto.

Paradójico resulta, también, que alguien que se ha pasado los últimos años protestando por las deficiencias en el sistema de financiación con Canarias pida ahora menor dependencia. Con los recortes, tiene una oportunidad fantástica de demostrar que es posible lo que defiende, aunque es posible que pretenda aumentar los recursos procedentes de Madrid y evitar los controles o competencias que tiene el Estado, pero eso es más incidir en los errores del sistema que apoya que apostar por algo verdaderamente nuevo.

Hasta la fecha la recaudación de impuestos ha estado centralizada y el gasto completamente descentralizado, lo que ha alentado comportamientos irresponsables con las comunidades, gastando mucho más de lo que eran capaces de generar, expandiendo hasta el infinito y más allá el gasto y el fasto. Los rescates vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) terminan por recompensar la mala gestión sin que se ponga remedio a un problema estructural de nuestro país.

Claro que da la sensación de que Rivero vende consejos que para sí no tiene, y que sus soluciones pasan por decirle a los demás qué es lo que deben hacer mientras su famosa reforma de la administración sigue durmiendo el sueño de los justos a la espera de que la propia evolución de la economía dé la falsa sensación de que ya no es precisa. Sería un penoso epílogo para un presidente amortizado, más pendiente de sus luchas intestinas que de provocar un verdadero cambio.

Original publicado en el diario ABC

¿Austeridad?

ALGUNOS medios de comunicación se apresuran a poner el grito en el cielo y bramar contra los presupuestos que Canarias tendrá que aprobar, señalando el exacto culpable de que tal cosa ocurra: Madrid y el Gobierno de Mariano Rajoy. No es extraño que compren siempre la misma mercancía averiada que Paulino Rivero. Entre esos mensajes de alarma se nos ha dicho que los presupuestos volverán a los niveles de 2007. Resulta que ese es el último año de expansión económica y aún habrían de pasar unos cuantos antes de que nuestros siempre prudentes dirigentes tomasen nota de lo que se avecinaba. En el periodo que va de 1996 a 2007, España aumentó su gasto público un 100%, mientras que en esa misma etapa, Alemania lo hacía un 12%. Cierto es que todo parecía fiesta, los ingresos nunca terminaban y aunque fuesen fruto de una frenética actividad inmobiliaria (y por tanto finita), los gastos de la administración se iban consolidando. Ayudaba que nuestra deuda pública era baja en comparación con los países de nuestro entorno, nos financiábamos sin problemas y estaban lejos los tiempos en que viniese el organizador de la fiesta a retirar el ponche, en afortunada expresión (acaso la única) de Alan Greenspan.

Ahora es cuando vienen los problemas; la administración se encuentra tal si fuera el último año de la borrachera crediticia pero los operadores privados están mucho peor, aunque no parece que repare nadie en ellos. El sector del automóvil se mueve en niveles de 1990, el de la construcción como si estuviese en 1992 (en medio de otra crisis) y el turístico alcanzó el año pasado el mismo nivel que en 2001 (12 millones de turistas) pero por diversos factores tales como la primavera árabe o la rebaja de las tasas aéreas, pero sin la rentabilidad de entonces. El sector privado ha hecho su ajuste pero no parece que el público siga su ritmo, lo que nos impide soltar un lastre que es vital para avanzar. El presupuesto presentado en el parlamento avanza alguna subida de impuestos, la creación de nuevas figuras tributarias o el estudio de otras (esa idea disparatada de imponer una tasa turística) como forma de compensar el escaso esfuerzo que hace la administración, motivado por la pérdida de transferencias desde Madrid y no como convicción en que se hace lo correcto. El muchas veces citado estudio de Alesina(Universidad de Harvard) y Perotti (Universidad Milán) sobre consolidaciones fiscales muestra que aquellas que son más efectivas son las que reducen el gasto y no las que suben los impuestos. Rivero y su gobierno ya han subido el tramo autonómico del IRPF, el IGIC (un 40% de golpe), tasas e impuestos sinfín sin que nuestra yerta economía dé señales de mejoría. Va siendo hora de que contemple podar de verdad el aparataje administrativo que ellos mismos se han creado para satisfacer a tanto conmilitón. Y por una vez, cumplir con su histórica responsabilidad, abandonando esa imagen lastimosa y pedigüeña que tanto daño nos está haciendo.

Original publicado en el periódico ABC

Hotel Oasis

La capacidad que tiene la sociedad canaria para inmiscuirse en propiedad ajena es realmente llamativa. No solo existen un montón de normas que tienen a su disposición burócratas y políticos de toda laya y que son usadas para generar una escasez artificial, sino que cualquier colectivo e incluso medios de comunicación puede instar la actuación gubernamental sin aparente dificultad. Todo este ejercicio de planificación que pasa por el alto su esencia: es la supresión que hacen las autoridades de los planes de otras personas, imponiéndoles un plan colectivo creado por burócratas, armados con la fuerza de la ley y, por supuesto, exentos de pagar los costes que estos planes colectivos suponen a los individuos. Bastiat decía que todos los planificadores son iguales, lo que cambian son los planes. Y efectivamente, da igual que sean arquitectos, miembros de academias de las bellas artes, políticos o periodistas, aquí todo el mundo parece que tiene un plan que, encima, cuenta en público. ¡Qué impudicia!

Tal es lo que ocurre con el Hotel Oasis en el sur de Gran Canaria. Su empresa propietaria, acogiéndose a una norma que ninguno de los «abajo firmantes» impugnó, pretende demolerlo para crear uno nuevo,más acorde con los tiempos y demandas de sus clientes, invirtiendo la nada desdeñable cantidad de 46 millones de euros, en unos momentos en que nadie o casi nadie quiere hacerlo aquí. Surgen algunas voces que pretenden impedirlo, diciéndole al propietario qué tiene que hacer con el inmueble para evitar que su valor histórico desaparezca. Incluso, un editorial periodístico apuntaba que la solución pasaba por buscar compensaciones a los propietarios por esas limitaciones a sus planes iniciales, en «aras de la integridad de esta gran pieza hotelera, en la que tantos grancanarios, peninsulares y europeos han tenido vivencias memorables». A decir verdad, todos estos asuntos emocionales son meramente subjetivos, incluso la de aquellos que defienden que será una pérdida irreparable para el patrimonio cultural por su importancia como uno de los principales ejemplos de la arquitectura moderna de Canarias, junto a algunos edificios más. Uno de ellos, por cierto, el Cabildo de Gran Canaria, que no parece que sea el mejor ejemplo de actuación a seguir tras su remodelación.

Disgusta a gente tan sensible que las infraestructuras hoteleras sean de usar y tirar, como si un empresario hiciera otra cosa distinta que satisfacer necesidades presentes y futuras en un mercado dinámico y cambiante. Sin embargo, si tan convencidos están de que merece la pena salvar el Hotel Oasis, el mercado les otorga una solución que deberían considerar urgentemente: el periódico, los periodistas, los arquitectos y miembros de academias varias deben dejar en paz el dinero de los contribuyentes y lanzar una cuestación popular desde el mismo diario, poniendo ellos dinero y convenciendo a los demás para que lo hagan hasta poder comprar el inmueble. Eso es lo que debe esperarse de quienes creen defender un fin noble, que sean consecuentes con sus acciones y asuman la responsabilidad de sus actos. Todo lo demás, ganas de importunar en una tierra con el ¡¡¡¡34%!!!! de paro.

Publicado originalmente en ABC

Trastornos

La fe que profesa Paulino Rivero en la fuerza de la ley es digna de encomio. Es lo que pasa cuando uno lleva muchos años dedicado en exclusiva a una actividad, que entiende que nada ni nadie puede oponerse a un fin, máxime si éste resulta inobjetable. Por eso ha decidido crear un nuevo órgano, pomposamente llamado «Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos», encargado de resolver los problemas que la propia burocracia ha ido creando en los últimos treinta años de expansión administrativa.

Resulta llamativo leer las apenas tres páginas del BOC en el que se anuncia su nacimiento y la exposición de motivos para hacerlo. Admite que «el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Canarias (...) resulta lastrado por la complejidad de los diferentes procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de inversión». Esto es, el gobierno reconoce la existencia de disfunciones creadas por su propio funcionamiento ordinario, pero para evitarlo no opta por reducir la reglamentación que lo provoca y fomenta, sino decide crear un comité que estudie qué proyectos pueden ser tratados de manera distinta por la misma administración, introduciendo arbitrariedad en el proceso, lo que nunca resulta ser una buena idea.

¿Cuáles serán esas actividades que se salvarán del engorro administrativo? En el artículo 3 de la norma se dice que aquellas de especial relevancia cuantitativa o cualitativa del proyecto de inversión, en la generación de empleos, o de áreas estratégicas que Rivero y su gabinete repiten como pájaros enamorados: energías limpias, innovación, nuevas tecnologías, nuevas áreas de actividad de alto valor añadido o captación de inversiones externas. ¿Qué pasará con los proyectos que no cumplan estos caprichosos requisitos gubernamentales? Seguirán sometidos a una reglamentación tan soviética como caprichosa, empeñada en que no bajen de diez los años que sean necesarios para poner en marcha un campo de golf o un puerto deportivo. Todo esto con un 34% de paro.

Escribió Anthony de Jasay que «interés general es aquel que los políticos dicen que es interés general». Todo este tipo de medidas tratan de hacer creer a la ciudadanía que lo que necesitamos son apuestas del gobierno por sectores estratégicos, en vez de intentar cambiar la forma en que nos ven desde fuera, convertirnos en un lugar amigable para hacer negocios, donde se respeten derechos de propiedad, la administración no tenga una capacidad arbitraria en su actuación ni consideren que puede ofrecerse a los elegidos un seguimiento centralizado (¡ay!) y una interlocución unificada del máximo nivel. Probablemente, esto último sea cierto, a fin de cuentas es el propio presidente quien se ha puesto al frente del mismo comité, quien -confiado en sus capacidades- lo mismo asume la política turística que preside un organismo encargado de señalar con un su infalible dedo y olfato empresarial a los llamados a alcanzar la gloria. O, como decía Ortega y Gasset, «el retorno a la causa del trastorno».

Original publicado en ABC

Obligaciones

UN llamativo titular de primera en un diario canario decía: «La crisis obliga a los canarios a viajar menos». No existe tal cosa como una obligación de viajar, pero hemos llegado a tal punto en los considerados derechos que cualquier cosa constituye uno. Los ciudadanos hacen elecciones que llevan implícitas renuncias, de tal suerte que cuando uno compra un kilo de carne está dejando de comprar igual cantidad de pescado (si sus precios fuesen similares). Por tanto, si una persona deja de viajar es porque asigna un valor menor a esta opción ante los usos alternativos que puede dar a su dinero. Por ejemplo, en vez de salir de vacaciones se queda en casa o tal vez prefiere pasar su descanso en su isla antes de coger un avión y abandonar el Archipiélago, pudiendo existir tantas opciones como personas.

Obsérvese que la noticia dice que la crisis nos hace viajar menos, no que hayamos dejado de hacerlo; de hecho, quienes siguen viajando probablemente asignen a la opción de viajar un alto grado en sus escalas de preferencias personales, siendo otros productos o servicios los que se vean «obligados» a dejar de consumir. No hay nada extraño en ello, salvo el titular de periódico, convertido en un poderoso incentivo para que venga un político a proclamar que nuestra singularidad archipielágica merece una atención especial y que los canarios estamos viendo cercenar nuestro derecho a viajar.

Sin abandonar el sector aéreo, un columnista considera que es una mala noticia la inminente desaparición de Islas Airways, porque consolidará un monopolio en manos de Binter. Observa quien escribe que los monopolios nunca son buenos, ni siquiera aquellos que hacen bien las cosas. Esto es un error considerable porque los monopolios los pueden otorgar los consumidores premiando precisamente la pericia del operador y nada podrá objetarse. Tampoco cabe reprensión ante aquellos empresarios que aspiran a convertirse en monopólicos siempre que lo hagan satisfaciendo los deseos de sus consumidores, en una relación «win-win» donde clientes y empresas ganan. Son los monopolios otorgados por los políticos los que nunca son buenos, porque precisamente los clientes son su mercado cautivo ignorando sus preferencias y el operador se beneficia de prerrogativas y tratos de favor que impiden la aparición de nuevos competidores.

En el caso que nos ocupa, lo importante no es el número de compañías aéreas presentes, sino que las reglas sean los suficientemente abiertas para que si en algún momento Binter dejara de prestar el servicio que viene ofreciendo, se creara una oportunidad competitiva para quien desee aprovecharla. Sin embargo, en Canarias hemos apostado por machacar al operador dominante al margen de los gustos de los clientes, primando la irrupción de competencia generada ex profeso y de la mano del propio Gobierno, hasta el punto de conseguir que el consejero Berriel actúe las más de las veces como portavoz de Islas Airways, incluso en el feo asunto del fraude con los certificados de residencia.

Original publicado en ABC

#Tfesemueve

Como era previsible, el Parlamento Europeo aceptó las enmiendas para la inclusión de Tenerife en la Red Transeuropea de Transporte. Y, de igual forma previsible, pronto se sacó pecho para proclamar urbi et orbe el gran triunfo de la sociedad civil. Vayamos por partes. Difícilmente puede considerarse un triunfo de la sociedad civil un movimiento que estaba claramente capitaneado por el Cabildo de Tenerife. Bien sea por confiar en la preparación y excelente nivel de contactos del vicepresidente Carlos Alonso o bien atendiendo a la legendaria capacidad cabildicia para ser el niño en el bautizo, el novio en la boda o el muerto en el entierro.

Esa presencia política dio pie a ciertos exabruptos que resultaban extraños en boca del resto de integrantes de la plataforma #Tfesemueve. Arremeter contra un operador aéreo que toma decisiones soberanas en función de sus intereses (criticaban que Binter se opusiese enlazar de forma directa Tenerife con destinos en África cuando hasta ahora lo hace eficazmente vía Gran Canaria), alentando viejos prejuicios pleitistas entre islas o faltando a la verdad cuando se permiten anuncios preguntando si queremos en el futuro tener que pasar por Gando para poder viajar a Madrid en avión, lo que en absoluto estaba en cuestión. Un dislate.

Llamativo resulta que toda idea de futuro que podamos plantear siga teniendo que ver con la obtención de financiación para infraestructuras. Estar en la RED supone poder pelear por los 50 mil millones de euros que se van a invertir en los próximos 25 años, un pastel demasiado goloso para dejarlo pasar. Esto en un país que, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos, ocupa el décimo lugar del mundo por calidad de infraestructuras. No hay otra categoría en la que España ocupe una posición tan de privilegio, mucho menos a la hora de contar con libertad económica (puesto 34, según el trabajo conjunto del Cato Institute y del Frasier Institute) o de facilitar la puesta en marcha de una empresa (puesto 44, ‘Doing Business’, del Banco Mundial). Por eso tenemos aeropuertos sin aviones o asistimos impertérritos a debates sobre cobros del 3% sin que la UE se corte a la hora de extender la chequera.

Se nos ha dicho también, que quedándonos fuera, nuestro futuro estaba en entredicho pero nadie parece reparar que nuestro Puerto de Santa Cruz tiene hoy menos tráfico que en 1996, que el Puerto de Granadilla no sale adelante por la pasividad y el miedo de los políticos (por cierto, honestamente, ¿es hoy necesario ese nuevo recinto portuario?), o que desde principio de los noventa el Cabildo nunca ha sabido qué quiere hacer en el Aeropuerto del Sur, más allá de contratar a un arquitecto de fama internacional para el edificio terminal o marear a todo el mundo sobre si convenía más una segunda pista que permitiese operaciones alternativas o simultáneas. Está bien presumir de unidad y logros pero no parece de recibo confundir a quienes han venido siendo parte esencial del problema con una solución de telediario.

Original publicado en ABC