Impertinencias relacionadas con el pensamiento políticamente correcto de periodistas y políticos de las Islas Canarias



3 de octubre de 2012

#Tfesemueve


Como era previsible, el Parlamento Europeo aceptó las enmiendas para la inclusión de Tenerife en la Red Transeuropea de Transporte. Y, de igual forma previsible, pronto se sacó pecho para proclamar urbi et orbe el gran triunfo de la sociedad civil. Vayamos por partes. Difícilmente puede considerarse un triunfo de la sociedad civil un movimiento que estaba claramente capitaneado por el Cabildo de Tenerife. Bien sea por confiar en la preparación y excelente nivel de contactos del vicepresidente Carlos Alonso o bien atendiendo a la legendaria capacidad cabildicia para ser el niño en el bautizo, el novio en la boda o el muerto en el entierro.
Esa presencia política dio pie a ciertos exabruptos que resultaban extraños en boca del resto de integrantes de la plataforma #Tfesemueve. Arremeter contra un operador aéreo que toma decisiones soberanas en función de sus intereses (criticaban que Binter se opusiese enlazar de forma directa Tenerife con destinos en África cuando hasta ahora lo hace eficazmente vía Gran Canaria), alentando viejos prejuicios pleitistas entre islas o faltando a la verdad cuando se permiten anuncios preguntando si queremos en el futuro tener que pasar por Gando para poder viajar a Madrid en avión, lo que en absoluto estaba en cuestión. Un dislate.
Llamativo resulta que toda idea de futuro que podamos plantear siga teniendo que ver con la obtención de financiación para infraestructuras. Estar en la RED supone poder pelear por los 50 mil millones de euros que se van a invertir en los próximos 25 años, un pastel demasiado goloso para dejarlo pasar. Esto en un país que, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos, ocupa el décimo lugar del mundo por calidad de infraestructuras. No hay otra categoría en la que España ocupe una posición tan de privilegio, mucho menos a la hora de contar con libertad económica (puesto 34, según el trabajo conjunto del Cato Institute y del Frasier Institute) o de facilitar la puesta en marcha de una empresa (puesto 44, ‘Doing Business’, del Banco Mundial). Por eso tenemos aeropuertos sin aviones o asistimos impertérritos a debates sobre cobros del 3% sin que la UE se corte a la hora de extender la chequera.
Se nos ha dicho también, que quedándonos fuera, nuestro futuro estaba en entredicho pero nadie parece reparar que nuestro Puerto de Santa Cruz tiene hoy menos tráfico que en 1996, que el Puerto de Granadilla no sale adelante por la pasividad y el miedo de los políticos (por cierto, honestamente, ¿es hoy necesario ese nuevo recinto portuario?), o que desde principio de los noventa el Cabildo nunca ha sabido qué quiere hacer en el Aeropuerto del Sur, más allá de contratar a un arquitecto de fama internacional para el edificio terminal o marear a todo el mundo sobre si convenía más una segunda pista que permitiese operaciones alternativas o simultáneas. Está bien presumir de unidad y logros pero no parece de recibo confundir a quienes han venido siendo parte esencial del problema con una solución de telediario.

Original publicado en ABC

18 de septiembre de 2012

Cerrar el círculo


Da la sensación de que el carácter de Paulino Rivero se va agriando poco a poco. Sus poco meditadas respuestas a las críticas del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, enmarcándolas en una estrategia común con el PP, son tan disparatadas como es usual pero añaden un elemento de preocupación. Descalificando se evita entrar a debatir, acaso lo que pretenden desde el Gobierno. No parece acertado desconsiderar juicios de terceros o atribuirlos a una malévola influencia del ministro Soria, colocando a quien la emite en una posición incómoda como ariete de una visión partidista concreta o cometiendo un delito de lesa patria. Por ahí no debemos pasar puesto que existen motivos suficientes para el reproche a este gobierno empeñado en tener una economía planificada de nuevo cuño pero con los resultados conocidos de pobreza y resignación.
No hay nada pro PP en decir que no es aceptable que un proyecto para construir un campo de golf tarde 10 años en salir adelante o que un muelle deportivo precise de 15 años. Es más, inversiones mimadas por ser políticamente correctas y generosamente subvencionadas, tal es el caso de las energías renovables, requieren de dos años de intenso trabajo administrativo. No resulta extraño que, mientras vemos que Cataluña lanza Barcelona World o Madrid acoge Eurovegas, en Canarias no se abre un hotel nuevo desde el año 2008 y no parece que nadie de fuera tenga la más mínima intención de invertir en este paraíso de la burocracia. ¿Criticar esto es defender la bandera del PP? ¡Ojalá los populares y el resto de partidos con poder suficiente fuesen capaces de acabar con tan delirante situación!
Claro que Rivero también afirma que «lo que quieren los empresarios es que no exista control alguno, que se pueda hacer lo que se quiera en el territorio aprovechando la situación de crisis o la promesa de crear empleo». Doble melonada pues nada de esto se dice en el documento citado, pero lo sustantivo viene en la segunda parte del argumento presidencial, explicando que la crisis es una excusa cuando más bien devora nuestros escasos recursos y ha colocado nuestra tasa de desempleo en el 33%. Conviene repetir la pregunta de los empresarios: ¿Cuál es el límite que están dispuestos a alcanzar de canarios sin empleo antes de ponerse a trabajar?
Parte de los problemas de las islas están propiciados por la cegata forma de entender las cosas del propio Rivero. En una entrevista radiofónica afirmó que entiende que algunos ciudadanos quieran más sanidad o educación privada, pero que Canarias «no es Euskadi o Cataluña donde las rentas son más altas y las personas tienen más opciones de elegir». Demuestra que, al contrario de lo que proclama, no entiende nada. Los países no tienen generosos estados del bienestar y luego se desarrollan sino que sucede lo contrario. Primero crecen económicamente y posteriormente se han ido dotando de ciertos servicios más o menos universales. Confundir la sincronía demuestra que Rivero es más parte del problema que de la solución, por más que pretenda seguir cerrando círculos.

5 de septiembre de 2012

Burbuja administrativa


Un lamentable artículo de una información digital aportaba una cifra que pronto se descubrió falsa. En España, según “El aguijón”, hay más de 440 mil políticos profesionales. Una revisión de los datos ya advertía que aquello no cuadraba excesivamente y pronto fueron descartadas por inveraces mientras los políticos y quienes les escriben encontraron la forma de establecer una teoría general. Aunque en España no hay manera de determinar con precisión el número de políticos existentes, lo importante para aquellos era que la cifra se había exagerado a conveniencia con el fin de crear un cierto clima de cabreo. Lo sustantivo nunca se debate en nuestro país.
La discusión no puede centrarse solo en si son muchos o pocos los políticos que pagamos, más bien si son los que necesitamos y, todavía más, si mandan mucho sobre muchas cosas. Ese es el tipo de debate que deberíamos mantener. Por eso yerra Rajoy cuando plantea que se reducirán un 30% los concejales, muchos de los cuales no tienen apenas coste para las arcas públicas. Lo realmente importante sería reducir un 30% o más sus actuales competencias.
España es un país en el que demasiadas personas dependen de un resultado electoral. Quizás no, contrariamente a lo que decía el artículo de marras, investigadores científicos, pero sí hasta los gerentes de los hospitales. Ello explica las enormes reticencias que despierta afrontar una verdadera reforma administrativa que permita dotarnos de los entes que nos convengan a los ciudadanos, no a los políticos. Los que necesitemos y podamos pagar porque no parecen muy conscientes de que hasta la fecha hemos tenido que sufrir las burbujas financiera, inmobiliaria y administrativa que en este país se han cebado con los ciudadanos. Burbujas que tienen muchas características en común, no siendo la menor la negación expresa por parte de los políticos en los inicios de cada una de ellas. ¿Para qué ha servido la comisión que ha creado el presidente Rivero con el fin de reformular nuestra administración? Su punto de partida es que no sobran organismos ni personal público. ¿Podría esperarse sensatamente algo? Nueva York tiene 8 millones de habitantes y 51 concejales, cifra que aquí se conseguiría sumando apenas los dos principales ayuntamientos de los 88 que tenemos. ¿No hay un punto medio sobre el que llegar a un acuerdo?
Negar que tenemos muchos políticos con el pueril argumento de que una publicación infló su cifra —ante la ausencia de datos oficiales— no resuelve el problema, lo agrava. Definamos competencias, incluso fijemos qué cargos son políticos por más que no sean electos y evitemos el penoso espectáculo de negar que los gabinetes de prensa, por ejemplo, son parte del mismo ecosistema. Solo tienen que comprobar el “hooliganismo” de algunos en Twitter para entender hasta qué punto se han mimetizado con la casta política. Han dividido la sociedad en dos partes incompatibles, aquellos que pagamos esforzadamente los impuestos y quienes viven opíparamente de ellos. Y no se podrá mantener igual mucho tiempo.


Incendios y propiedad privada


Los políticos canarios siguen empeñados en aumentar su muy acreditada fama de no dejar pasar oportunidad alguna para hacer el ridículo. Mientras las islas ardían, unos por los otros se reprochaban acciones y omisiones sin fin. Película ya vista muchas veces, casi tantas como las de Cantinflas en la Televisión Canaria.
Con esa estomagante cantinela se pasan por alto algunos asuntos que parecen esenciales, tan solo uno preste atención a los técnicos en la materia. Por ejemplo, el fuego es parte misma de los ecosistemas, existiendo una tasa natural de incendios que haría recomendable aprender a convivir con ellos. En la década de los 60 se quemaban aproximadamente las mismas hectáreas que hoy, solo que entonces eran más pequeños y numerosos, mientras que ahora son menos habituales y más pavorosos. ¿Por qué? Varios son los motivos que podrían explicarlo. Los propietarios de entonces tenían poca confianza en la aparición de un helicóptero salvador si se iniciaba un fuego y se encargaban personalmente y sin trabas administrativas de la mejor adaptación de su propiedad a las eventualidades. Es lo que hace la propiedad privada por el medio ambiente. Hoy no es así y la gestión burocrática les impone rellenar una infinidad de papeles y el pago de tasas por efectuar cualquier acción en una propiedad rebajada a rango de concesión administrativa por unos gobernantes que la subordinan al cumplimiento de una función social, que ellos mismos determinan.
No se diría toda la verdad sin aceptar que también explica la diferencia anterior la propia eficacia de los medios disponibles. El hecho de que los conatos puedan ser de inmediato controlados permite que se acumule biomasa para futuros incendios.
Ya que tenemos que vivir expuestos a la posibilidad de incendios (solo a un político se le ocurre pensar que un riesgo próximo a cero es algo que se pueda alcanzar), hay algunas convenciones más que convendría refutar. Por un lado, no es cierto que los inviernos secos sean favorecedores de incendios en verano y sí parece que ocurre justo lo contrario, esto es, que los inviernos húmedos aumentan las probabilidades de tener peores incendios en los veranos siguientes. Por otro, los vecinos respiran aliviados cuando ven aparecer los helicópteros, por más que su eficacia en los peores momentos del fuego sea más que cuestionable, si bien son útiles en la primera fase y cuando se precisa enfriar el terreno para permitir la entrada de cuadrillas. Lanzar 1.500 litros de agua sobre una llama viva bastante tendría con no evaporarse antes de llegar al suelo.
Con lo anterior podría deducirse que, más que una base permanente de hidroaviones en Canarias, lo que necesitamos es una mejor gestión de los montes en invierno (incluso con quemas prescritas), una menor burocracia, unos derechos de propiedad mejor definidos y sin interferencias, así como una mayor y ejemplar condena a los pirómanos que, de forma premeditada, prenden fuego a nuestros bosques en verano con total desprecio a los bienes y vidas de terceros.


8 de agosto de 2012

Gabriel Calzada


En estos días de agosto se incorpora como nuevo Vicerrector General de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, el Doctor en Economía Gabriel Calzada Álvarez. Este joven canario es el fundador y presidente del Instituto Juan de Mariana, uno de los think tanks liberales más potentes del mundo. Requerido en varias ocasiones por el Congreso y el Senado de los EEUU para exponer sus ideas relacionadas con la energía y el medio ambiente, su tesis más difundida es que las subvenciones a las energías renovables son enormemente ineficientes con consecuencias no previstas por los legisladores. Por ejemplo, el enorme atraso competitivo que está sufriendo España como resultado de los altos precios que debe pagar por la energía o que, lejos de la propaganda gubernamental, se destruyen más empleos de los que son generados por las ayudas a las ‘energías limpias’. Demostró que cada empleo del sector costaba en subvenciones más de 570 mil euros. Toda un desatino para cualquier país pero más en aquel momento de incipiente crisis. Su trabajo, publicado por el Instituto que preside y la Universidad Rey Juan Carlos, levantó una enorme polvareda internacional que provocó la intervención de un portavoz de la Casa Blanca para tratar de apaciguarla.


Lo cierto es que Calzada se ha movido siempre en entornos no gratos. Hace unos años, ya en Madrid y como estudiante de Económicas, fue advertido por uno de sus profesores que con sus ideas no aprobaría determinadas asignaturas, tal es el ambiente académico español. Ello le permitió trasladarse a la Universidad de Friburgo, la última en la que impartió clases el Premio Nobel austriaco Friedrich von Hayek. Ante una situación así hay dos tipos de respuestas: lamentarse por las esquinas argumentando que una suerte de conspiración le impide a uno progresar y que se es víctima de fijaciones, inquinas y ataques. La segunda, la elegida por Calzada, fue la de apenas pararse para tomar nota de lo que ocurre y plantear una respuesta superadora, positiva, redoblando esfuerzos gracias a su colosal y contagiosa capacidad de trabajo en pos de lo que considera su misión. La suya, como la de la Universidad que ahora le acoge en Guatemala, es la de contribuir a implantar principios éticos, jurídicos y económicos en sociedades de personas libres y responsables.

Calzada quizás no sea muy conocido en su tierra porque apenas viene en fechas señaladas que pasa con familiares y amigos, a pesar de que ha conseguido que se celebren en las Islas tres de las siete ediciones de la Universidad de verano del Instituto Juan de Mariana. Pero Gabriel Calzada no forma parte del mainstream, ni tiene reuniones periódicas con políticos para cabildear ni solicitar apoyo empresarial para misiones más o menos arriesgadas en nombre de algún presidente interplanetario. Solo es la demostración, una vez más, de que cuando las posibilidades para marcharse son elevadas, las personas suelen responder a ese incentivo de la manera más sencilla posible: poniendo tierra de por medio. Nosotros, mientras, seguimos expulsando talento.

twitter: @antoniosalazarg


24 de julio de 2012

Las cosas del Cabildo


‘Las cosas del Cabildo’ debería ser una forma de explicar las acciones y omisiones de la institución que preside Ricardo Melchior. Aunque para ser justos, ahora ha sido su sosias Carlos Alonso el que nos ha aclarado su siguiente objetivo. Forzar a una compañía privada -Binter Canarias- a establecer conexiones aéreas con África, para que Tenerife no sea ‘tratada como un segundo plato’. Por si el mensaje no es entendido con la suficiente nitidez por parte del operador aéreo, Alonso subraya que la ‘corporación está reforzando los contactos para desarrollar proyectos alternativos con otras compañías’. Todo un dislate, secundado por la Cámara de Comercio de la provincia occidental.

La empresa transportista une Canarias con algunos destinos africanos y se plantea nuevas rutas, que son estudiadas hasta el más pequeño detalle. Conviene observar que, llevados por la euforia de muchos que creían saber pero jamás asumen las consecuencias de su falta de información, ya tuvieron que cerrar con fuertes pérdidas rutas con destinos europeos hace unos años. Ahora fijan su atención en mercados próximos y establecen conexiones en virtud de la oferta que pueden hacer con su flota, propia o alquilada, y la demanda existente. Una de las razones por las que se usa Gran Canaria como base está justificada por la enorme tradición que tiene aquella isla a la hora de hacer negocios con África. No es el caso de Tenerife, cuyos empresarios -con honrosas excepciones- nunca han mostrado demasiado interés por esa zona geográfica. Sin embargo, los hay con larga data allí, de cuando las condiciones eran muchos peores (el presidente de la Cámara , Ignacio González, sabe mucho sobre ello) como en los tiempos en que Iberia hacía escala entre Madrid y alguna capital africana, de madrugada y obligando a pasar la noche en Gran Canaria, ante la ausencia de conexión con Tenerife. Llama la atención que ahora, cuando una empresa canaria tome la iniciativa, se pretenda obligarla con falaces argumentos insularistas. Para un empresario tinerfeño, África está a media hora extra y 50 € de coste más lejos que para un empresario grancanario, razón insuficiente para que se entrometa todo un Cabildo, por muy intervencionista que sea. No cabe duda, tampoco, que si todos los que ahora celebran la ocurrencia cabildicia desean hacer negocios en países vecinos cambiando su historia reciente, pronto Binter establecerá las conexiones que considere pertinentes, so pena de que aparezca un nuevo operador que en el ejercicio de la función empresarial, descubra una descoordinación entre la oferta y la demanda, implante nuevas rutas y precios para corregirlas, colocando así en una situación complicada a la empresa que no supo oír a sus clientes. Esa es la verdadera fortaleza de la economía de mercado y la libre competencia, sin necesidad de que se preste trato de favor a nuevos operadores (¿a qué o quién se refiere el vicepresidente del Cabildo cuando habla de proyectos alternativos con otras compañías?) por parte de unos políticos cada vez más emparentados con el socialismo bolivariano.

10 de julio de 2012

Desigualdad y pobreza


La situación que vivimos en las Islas no admite frivolidad alguna. La tasa de paro, los niveles de asistencia, la caridad de múltiples individuos y el trabajo concienzudo de muchas personas e instituciones no pueden quedar escondidos tras frías estadísticas. Por eso resulta sorprendente escuchar repetidamente algunos lugares comunes que poco o nada tienen que ver con la realidad. Que una parte significativa de la población pueda estar en situación de pobreza requiere de acciones que no precisan de más explicaciones, mucho menos si estas proceden de algunas instituciones concernidas que viven de generar alarma.

 No tiene un pase hablar de desigualdad para justificar que deba actuarse, puesto que la economía no es juego de suma cero donde unos tienen merced a que otros dejaron de poseer. De igual forma, no resulta sano señalar, como ha hecho Cáritas recientemente y sin ninguna base, que el 0,2% de la población canaria controla o posea el 80% de la riqueza que se genera en las Islas. Puestos ante la evidencia, lo único que han podido balbucear es que la cifra no se obtuvo de ningún registro oficial, sino de algo escuchado en una emisora de radio y sin más contraste. Eso no fue obstáculo para que muchos programas de radio, TV y artículos se refiriesen al dato, porque nada gusta más a un periodista que la confirmación de un viejo prejuicio. Lo malo del aserto es que confunde dos cuestiones que no tienen relación directa, tales como la desigualdad y la pobreza. La primera no siempre es un problema pero la segunda siempre lo es. ¿Acaso es preferible un territorio donde todos tengan poco en cantidades iguales a uno donde todos tengan mucho en cantidades desiguales? Claro que no. Esto explicaría también esa definición de la pobreza relativa, que establece que una persona está en ella cuando no obtiene el 75% del ingreso medio del lugar que se trate y que da lugar a curiosas paradojas, porque ya no se mide la satisfacción de necesidades básicas, desvirtuando tanto los resultados que provoca que Cuba sea un país idílicamente homogéneo y preferible a Noruega, Hong Kong o Estados Unidos. Esto explica también las razones por las que en España, incluso en el mejor momento económico con una tasa de paro del 8%, seguía presentando a casi uno de cada cuatro españoles en el umbral de la pobreza. ¿Tiene sentido hacerlo así? No parece. 

Nuestro problema no es, en esencia, que algunas familias tengan recursos si estos han sido obtenidos en buena lid, en una economía abierta y satisfaciendo necesidades ajenas, sino que exista una lista enorme de personas en situación agónica que requieren de soluciones inmediatas para dejar atrás tan complicado momento. La explicación de la desigualdad es hacer trampas al solitario, algo a lo que nos han acostumbrado los políticos como excusa para sus reiteradas subidas de impuestos y que sería deseable no fuese imitado por instituciones tan serias como Cáritas o Cruz Roja.