Impertinencias relacionadas con el pensamiento políticamente correcto de periodistas y políticos de las Islas Canarias



5 de septiembre de 2012

Burbuja administrativa


Un lamentable artículo de una información digital aportaba una cifra que pronto se descubrió falsa. En España, según “El aguijón”, hay más de 440 mil políticos profesionales. Una revisión de los datos ya advertía que aquello no cuadraba excesivamente y pronto fueron descartadas por inveraces mientras los políticos y quienes les escriben encontraron la forma de establecer una teoría general. Aunque en España no hay manera de determinar con precisión el número de políticos existentes, lo importante para aquellos era que la cifra se había exagerado a conveniencia con el fin de crear un cierto clima de cabreo. Lo sustantivo nunca se debate en nuestro país.
La discusión no puede centrarse solo en si son muchos o pocos los políticos que pagamos, más bien si son los que necesitamos y, todavía más, si mandan mucho sobre muchas cosas. Ese es el tipo de debate que deberíamos mantener. Por eso yerra Rajoy cuando plantea que se reducirán un 30% los concejales, muchos de los cuales no tienen apenas coste para las arcas públicas. Lo realmente importante sería reducir un 30% o más sus actuales competencias.
España es un país en el que demasiadas personas dependen de un resultado electoral. Quizás no, contrariamente a lo que decía el artículo de marras, investigadores científicos, pero sí hasta los gerentes de los hospitales. Ello explica las enormes reticencias que despierta afrontar una verdadera reforma administrativa que permita dotarnos de los entes que nos convengan a los ciudadanos, no a los políticos. Los que necesitemos y podamos pagar porque no parecen muy conscientes de que hasta la fecha hemos tenido que sufrir las burbujas financiera, inmobiliaria y administrativa que en este país se han cebado con los ciudadanos. Burbujas que tienen muchas características en común, no siendo la menor la negación expresa por parte de los políticos en los inicios de cada una de ellas. ¿Para qué ha servido la comisión que ha creado el presidente Rivero con el fin de reformular nuestra administración? Su punto de partida es que no sobran organismos ni personal público. ¿Podría esperarse sensatamente algo? Nueva York tiene 8 millones de habitantes y 51 concejales, cifra que aquí se conseguiría sumando apenas los dos principales ayuntamientos de los 88 que tenemos. ¿No hay un punto medio sobre el que llegar a un acuerdo?
Negar que tenemos muchos políticos con el pueril argumento de que una publicación infló su cifra —ante la ausencia de datos oficiales— no resuelve el problema, lo agrava. Definamos competencias, incluso fijemos qué cargos son políticos por más que no sean electos y evitemos el penoso espectáculo de negar que los gabinetes de prensa, por ejemplo, son parte del mismo ecosistema. Solo tienen que comprobar el “hooliganismo” de algunos en Twitter para entender hasta qué punto se han mimetizado con la casta política. Han dividido la sociedad en dos partes incompatibles, aquellos que pagamos esforzadamente los impuestos y quienes viven opíparamente de ellos. Y no se podrá mantener igual mucho tiempo.


Incendios y propiedad privada


Los políticos canarios siguen empeñados en aumentar su muy acreditada fama de no dejar pasar oportunidad alguna para hacer el ridículo. Mientras las islas ardían, unos por los otros se reprochaban acciones y omisiones sin fin. Película ya vista muchas veces, casi tantas como las de Cantinflas en la Televisión Canaria.
Con esa estomagante cantinela se pasan por alto algunos asuntos que parecen esenciales, tan solo uno preste atención a los técnicos en la materia. Por ejemplo, el fuego es parte misma de los ecosistemas, existiendo una tasa natural de incendios que haría recomendable aprender a convivir con ellos. En la década de los 60 se quemaban aproximadamente las mismas hectáreas que hoy, solo que entonces eran más pequeños y numerosos, mientras que ahora son menos habituales y más pavorosos. ¿Por qué? Varios son los motivos que podrían explicarlo. Los propietarios de entonces tenían poca confianza en la aparición de un helicóptero salvador si se iniciaba un fuego y se encargaban personalmente y sin trabas administrativas de la mejor adaptación de su propiedad a las eventualidades. Es lo que hace la propiedad privada por el medio ambiente. Hoy no es así y la gestión burocrática les impone rellenar una infinidad de papeles y el pago de tasas por efectuar cualquier acción en una propiedad rebajada a rango de concesión administrativa por unos gobernantes que la subordinan al cumplimiento de una función social, que ellos mismos determinan.
No se diría toda la verdad sin aceptar que también explica la diferencia anterior la propia eficacia de los medios disponibles. El hecho de que los conatos puedan ser de inmediato controlados permite que se acumule biomasa para futuros incendios.
Ya que tenemos que vivir expuestos a la posibilidad de incendios (solo a un político se le ocurre pensar que un riesgo próximo a cero es algo que se pueda alcanzar), hay algunas convenciones más que convendría refutar. Por un lado, no es cierto que los inviernos secos sean favorecedores de incendios en verano y sí parece que ocurre justo lo contrario, esto es, que los inviernos húmedos aumentan las probabilidades de tener peores incendios en los veranos siguientes. Por otro, los vecinos respiran aliviados cuando ven aparecer los helicópteros, por más que su eficacia en los peores momentos del fuego sea más que cuestionable, si bien son útiles en la primera fase y cuando se precisa enfriar el terreno para permitir la entrada de cuadrillas. Lanzar 1.500 litros de agua sobre una llama viva bastante tendría con no evaporarse antes de llegar al suelo.
Con lo anterior podría deducirse que, más que una base permanente de hidroaviones en Canarias, lo que necesitamos es una mejor gestión de los montes en invierno (incluso con quemas prescritas), una menor burocracia, unos derechos de propiedad mejor definidos y sin interferencias, así como una mayor y ejemplar condena a los pirómanos que, de forma premeditada, prenden fuego a nuestros bosques en verano con total desprecio a los bienes y vidas de terceros.


8 de agosto de 2012

Gabriel Calzada


En estos días de agosto se incorpora como nuevo Vicerrector General de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, el Doctor en Economía Gabriel Calzada Álvarez. Este joven canario es el fundador y presidente del Instituto Juan de Mariana, uno de los think tanks liberales más potentes del mundo. Requerido en varias ocasiones por el Congreso y el Senado de los EEUU para exponer sus ideas relacionadas con la energía y el medio ambiente, su tesis más difundida es que las subvenciones a las energías renovables son enormemente ineficientes con consecuencias no previstas por los legisladores. Por ejemplo, el enorme atraso competitivo que está sufriendo España como resultado de los altos precios que debe pagar por la energía o que, lejos de la propaganda gubernamental, se destruyen más empleos de los que son generados por las ayudas a las ‘energías limpias’. Demostró que cada empleo del sector costaba en subvenciones más de 570 mil euros. Toda un desatino para cualquier país pero más en aquel momento de incipiente crisis. Su trabajo, publicado por el Instituto que preside y la Universidad Rey Juan Carlos, levantó una enorme polvareda internacional que provocó la intervención de un portavoz de la Casa Blanca para tratar de apaciguarla.


Lo cierto es que Calzada se ha movido siempre en entornos no gratos. Hace unos años, ya en Madrid y como estudiante de Económicas, fue advertido por uno de sus profesores que con sus ideas no aprobaría determinadas asignaturas, tal es el ambiente académico español. Ello le permitió trasladarse a la Universidad de Friburgo, la última en la que impartió clases el Premio Nobel austriaco Friedrich von Hayek. Ante una situación así hay dos tipos de respuestas: lamentarse por las esquinas argumentando que una suerte de conspiración le impide a uno progresar y que se es víctima de fijaciones, inquinas y ataques. La segunda, la elegida por Calzada, fue la de apenas pararse para tomar nota de lo que ocurre y plantear una respuesta superadora, positiva, redoblando esfuerzos gracias a su colosal y contagiosa capacidad de trabajo en pos de lo que considera su misión. La suya, como la de la Universidad que ahora le acoge en Guatemala, es la de contribuir a implantar principios éticos, jurídicos y económicos en sociedades de personas libres y responsables.

Calzada quizás no sea muy conocido en su tierra porque apenas viene en fechas señaladas que pasa con familiares y amigos, a pesar de que ha conseguido que se celebren en las Islas tres de las siete ediciones de la Universidad de verano del Instituto Juan de Mariana. Pero Gabriel Calzada no forma parte del mainstream, ni tiene reuniones periódicas con políticos para cabildear ni solicitar apoyo empresarial para misiones más o menos arriesgadas en nombre de algún presidente interplanetario. Solo es la demostración, una vez más, de que cuando las posibilidades para marcharse son elevadas, las personas suelen responder a ese incentivo de la manera más sencilla posible: poniendo tierra de por medio. Nosotros, mientras, seguimos expulsando talento.

twitter: @antoniosalazarg


24 de julio de 2012

Las cosas del Cabildo


‘Las cosas del Cabildo’ debería ser una forma de explicar las acciones y omisiones de la institución que preside Ricardo Melchior. Aunque para ser justos, ahora ha sido su sosias Carlos Alonso el que nos ha aclarado su siguiente objetivo. Forzar a una compañía privada -Binter Canarias- a establecer conexiones aéreas con África, para que Tenerife no sea ‘tratada como un segundo plato’. Por si el mensaje no es entendido con la suficiente nitidez por parte del operador aéreo, Alonso subraya que la ‘corporación está reforzando los contactos para desarrollar proyectos alternativos con otras compañías’. Todo un dislate, secundado por la Cámara de Comercio de la provincia occidental.

La empresa transportista une Canarias con algunos destinos africanos y se plantea nuevas rutas, que son estudiadas hasta el más pequeño detalle. Conviene observar que, llevados por la euforia de muchos que creían saber pero jamás asumen las consecuencias de su falta de información, ya tuvieron que cerrar con fuertes pérdidas rutas con destinos europeos hace unos años. Ahora fijan su atención en mercados próximos y establecen conexiones en virtud de la oferta que pueden hacer con su flota, propia o alquilada, y la demanda existente. Una de las razones por las que se usa Gran Canaria como base está justificada por la enorme tradición que tiene aquella isla a la hora de hacer negocios con África. No es el caso de Tenerife, cuyos empresarios -con honrosas excepciones- nunca han mostrado demasiado interés por esa zona geográfica. Sin embargo, los hay con larga data allí, de cuando las condiciones eran muchos peores (el presidente de la Cámara , Ignacio González, sabe mucho sobre ello) como en los tiempos en que Iberia hacía escala entre Madrid y alguna capital africana, de madrugada y obligando a pasar la noche en Gran Canaria, ante la ausencia de conexión con Tenerife. Llama la atención que ahora, cuando una empresa canaria tome la iniciativa, se pretenda obligarla con falaces argumentos insularistas. Para un empresario tinerfeño, África está a media hora extra y 50 € de coste más lejos que para un empresario grancanario, razón insuficiente para que se entrometa todo un Cabildo, por muy intervencionista que sea. No cabe duda, tampoco, que si todos los que ahora celebran la ocurrencia cabildicia desean hacer negocios en países vecinos cambiando su historia reciente, pronto Binter establecerá las conexiones que considere pertinentes, so pena de que aparezca un nuevo operador que en el ejercicio de la función empresarial, descubra una descoordinación entre la oferta y la demanda, implante nuevas rutas y precios para corregirlas, colocando así en una situación complicada a la empresa que no supo oír a sus clientes. Esa es la verdadera fortaleza de la economía de mercado y la libre competencia, sin necesidad de que se preste trato de favor a nuevos operadores (¿a qué o quién se refiere el vicepresidente del Cabildo cuando habla de proyectos alternativos con otras compañías?) por parte de unos políticos cada vez más emparentados con el socialismo bolivariano.

10 de julio de 2012

Desigualdad y pobreza


La situación que vivimos en las Islas no admite frivolidad alguna. La tasa de paro, los niveles de asistencia, la caridad de múltiples individuos y el trabajo concienzudo de muchas personas e instituciones no pueden quedar escondidos tras frías estadísticas. Por eso resulta sorprendente escuchar repetidamente algunos lugares comunes que poco o nada tienen que ver con la realidad. Que una parte significativa de la población pueda estar en situación de pobreza requiere de acciones que no precisan de más explicaciones, mucho menos si estas proceden de algunas instituciones concernidas que viven de generar alarma.

 No tiene un pase hablar de desigualdad para justificar que deba actuarse, puesto que la economía no es juego de suma cero donde unos tienen merced a que otros dejaron de poseer. De igual forma, no resulta sano señalar, como ha hecho Cáritas recientemente y sin ninguna base, que el 0,2% de la población canaria controla o posea el 80% de la riqueza que se genera en las Islas. Puestos ante la evidencia, lo único que han podido balbucear es que la cifra no se obtuvo de ningún registro oficial, sino de algo escuchado en una emisora de radio y sin más contraste. Eso no fue obstáculo para que muchos programas de radio, TV y artículos se refiriesen al dato, porque nada gusta más a un periodista que la confirmación de un viejo prejuicio. Lo malo del aserto es que confunde dos cuestiones que no tienen relación directa, tales como la desigualdad y la pobreza. La primera no siempre es un problema pero la segunda siempre lo es. ¿Acaso es preferible un territorio donde todos tengan poco en cantidades iguales a uno donde todos tengan mucho en cantidades desiguales? Claro que no. Esto explicaría también esa definición de la pobreza relativa, que establece que una persona está en ella cuando no obtiene el 75% del ingreso medio del lugar que se trate y que da lugar a curiosas paradojas, porque ya no se mide la satisfacción de necesidades básicas, desvirtuando tanto los resultados que provoca que Cuba sea un país idílicamente homogéneo y preferible a Noruega, Hong Kong o Estados Unidos. Esto explica también las razones por las que en España, incluso en el mejor momento económico con una tasa de paro del 8%, seguía presentando a casi uno de cada cuatro españoles en el umbral de la pobreza. ¿Tiene sentido hacerlo así? No parece. 

Nuestro problema no es, en esencia, que algunas familias tengan recursos si estos han sido obtenidos en buena lid, en una economía abierta y satisfaciendo necesidades ajenas, sino que exista una lista enorme de personas en situación agónica que requieren de soluciones inmediatas para dejar atrás tan complicado momento. La explicación de la desigualdad es hacer trampas al solitario, algo a lo que nos han acostumbrado los políticos como excusa para sus reiteradas subidas de impuestos y que sería deseable no fuese imitado por instituciones tan serias como Cáritas o Cruz Roja.


27 de junio de 2012

Peligro: Propiedad privada


LA situación no pudo ser más sorprendente. En el programa La Gaveta, de Radio Millenium, Ángel Delgado (quien fuera Gobernador Civil de la provincia, hombre del derecho, progresista que no necesita ser puesto a prueba) proclama su perplejidad por lo que había leído sobre la intención del Gobierno de Canarias de expropiar a los hoteleros que no conserven adecuadamente sus instalaciones. Afirma, incluso, que tuvo que leer dos veces la noticia para poder asumirla. Delgado es persona cabal y lo que tenemos en el Gobierno de Canarias es un ejército indocumentado absolutamente letal y nocivo para nuestra libertad y, por supuesto, para la propiedad privada, a la que pretende subordinar hasta convertirla en mera concesión administrativa. Una simple lectura a los 23 folios del borrador de la Ley de Renovación y Cualificación Turística pone los pelos de punta partiendo de una premisa aparentemente indiscutible: es un sector estratégico. Pero es estratégico pese al gobierno, no gracias a él, puesto que nuestro turismo ha sobrevivido a muchos malos consejeros, incluyendo a quien detenta en la actualidad tal responsabilidad: el mismo presidente Rivero. Esta aberración normativa afirma que «los titulares de los establecimientos y actividades turísticas tienen el deber de mantener, conservar, mejorar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones requeridas para su uso establecido por la normativa del sector», lo que les obligará a presentar ante las autoridades un informe emitido por entidades acreditadas relativo al estado de conservación. Obsérvese que son cuestiones que resolvería mejor el interés particular del hotelero, empeñado en no quedarse fuera de mercado y satisfacer las demandas de sus clientes, por lo que procederá a cuantas mejoras sean necesarias al efecto. Pero también los poderes públicos tratan a los turistas como menores de edad, atribuyéndose funciones impropias, porque aquellos dejarían pronto de acudir a establecimientos obsoletos, más en los tiempos actuales en los que la tecnología obliga a hilar siempre muy fino a quienes pretendan satisfacer las necesidades de los clientes.
La misma norma contempla que, en consecuencia, puede obligar a un empresario a acometer actuaciones de conservación, mejora y rehabilitación y que, llegado el caso, podrá procederse a la sustitución del propietario por vulnerar la función social de la propiedad, sin aclarar jurídicamente qué concepto es sustituir y si se produciría compensación económica al expropiado. Solo faltaba observar, con estos antecedentes, al presidente Rivero en su siempre complaciente televisión transmitir desde el jardín de su casa en El Sauzal un programa en directo y ante los aplausos de esos personajes de tonta sonrisa de los que ha ido rodeándose, preguntar de quién es tal hotel, y tras obtener una respuesta, proclamar a voz en grito: «¡Exprópiese!».
Es posible que todo esto quede en un borrador y que incluso los tribunales decidan anular todo el desaguisado, pero lo que nos queda clarísima es la pulsión liberticida de unos gobernantes entregados con fruición a un intervencionismo atroz, tanto que sorprende a socialistas tan bien intencionados como nuestro tertuliano Ángel Delgado.

12 de junio de 2012

Lo que no se ve


Un buen amigo plantea, en una conversación de café, un tema muy interesante: ¿Cómo resolvería una economía de mercado los problemas de conectividad de las islas, particularmente, los de El Hierro? El asunto nos conduce a una larga discusión hasta que uno cae en la cuenta de que hablamos de un supuesto hipotético porque Canarias dejó de ser hace ya muchos años una economía de mercado para pasar a ser uno de los lugares más intervenidos del planeta. Ni la libertad para contratar, ni el respeto a la propiedad privada ni los precios que sirven para orientar a los operadores y consumidores en una economía libre son percibidos en estas olvidadas tierras.
Lo de El Hierro no deja de ser un nuevo capítulo en el que se ponen de manifiesto, otra vez, como los políticos tomaron posiciones que jamás les deberíamos haber consentido. No hay precios porque el coste de los billetes no reflejan su valor real gracias a las subvenciones a las mercancías o pasajeros y las soluciones a futuro, con decreto de Obligaciones de Servicio Público (OSP) incluido, harán que las personas puedan desplazarse pagando de forma directa -el resto lo harán mediante impuestos siempre que el Gobierno abone lo que adeuda a los operadores- una fracción insignificante del coste total del billete (habrá subvención que puede llegar a ser del 75%). Tampoco existe libertad para contratar pues los operadores son denunciados por no despachar billetes a alborotadores como el propio presidente insular, Alpidio Armas, ni se permite atender esas rutas con criterios empresariales para establecer qué tipo de barco, en qué frecuencia y bajo qué condiciones pueden unir a El Hierro con el resto de Islas. Y por supuesto, la propiedad privada alcanza categoría de broma pesada cuando todo un presidente del Gobierno afirma, sin rubor alguno —lo que empieza a ser una característica destacada de Rivero—, que no permitirá a los operadores hacer lo que les venga en gana.
Se podrá argüir que solo en esos supuestos se puede asegurar una cierta conectividad entre islas y que la intervención gubernamental se hace imperativa; sin embargo, esto está lejos de ser evidente por muy intuitivo que pueda parecernos, porque no hemos permitido poner en marcha la función empresarial de individuos creativos, capaces e ingeniosos que descubren oportunidades de ganancias donde otros solo observan necesidades de decreto. La cifra dada sobre las conexiones necesarias de comunicación marítima de aquella isla nos la da una comisión de transporte integrada por muchos políticos y algunos empresarios, pero de esos que no pagarán ninguna factura por cometer un error empresarial, con lo que sus peticiones deberían ser revisadas con cuidado. Crear ahora unas OSP añadirá más inconvenientes que ventajas, sobre todo si atendemos a las experiencias que conocemos del transporte aéreo, blindado de futura competencia en las rutas interinsulares gracias a las restrictivas condiciones que imponen. La solución no puede ser ni venir de quienes crean los problemas y esto es algo que hace tiempo debería habernos hecho reaccionar.