Impertinencias relacionadas con el pensamiento políticamente correcto de periodistas y políticos de las Islas Canarias



16 de abril de 2013

Monopolio de la violencia


La violencia legítima es un monopolio del Estado, según sentenciara en su día Max Weber. Es por ello por lo que los ciudadanos renunciamos a la defensa propia y cedemos tal actividad a los cuerpos y seguridad del Estado. No existe en nuestra tradición ni ordenamiento alternativa a ello y no parece que las cosas vayan a cambiar en el futuro inmediato.

Pero tal suerte de pacto precisa de continua renovación, reforzando a diario la confianza que debemos otorgar a las fuerzas del orden para el mantenimiento de la paz social. Eso convierte en especialmente grave los hechos que hemos conocido en las últimas semanas, que sin convertirse en comportamientos generalizados no cabe considerarse tampoco aislados o excepcionales. Por un lado, la ‘Operación ladrillo’ provocó la detención de policías del caro capricho de Paulino Rivero acusados de detención ilegal y falsedad documental, además de elevar simples faltas a delitos para aparentar una eficacia que cualquier canario bien intencionado -absténganse militantes de CC- sabe que no tiene.

No menos grave es el asunto de la Guardia Civil, 9 de cuyos miembros están imputados en la ‘Operación Botavara’ donde coleccionan casi todos los delitos que en nombre de la autoridad se puedan cometer: torturas, amenazas, detenciones ilegales, falsedad documental en diligencias y actas, tráfico de drogas y actuaciones contra las garantías constitucionales. Aparte de los datos objetivos que habrá de entender la justicia, están los aspectos subjetivos pues su comportamiento ‘chulesco y mafioso’ asustaba a los ciudadanos a los que, supuestamente, deberían servir y proteger.

Quejas sobre comportamientos que se extienden cada día por parte de unos ciudadanos atemorizados ante las reiteradas provocaciones de ciertos personajes uniformados, no se sabe bien si por iniciativa propia o por mandato jerárquico, despreciando a unos administrados que pagan sus impuestos para mantener toda esta estructura de poder y mando. Aún se recuerda en Tenerife una ‘brillante’ operación que se saldó con varias detenciones en las que se acusaba a personas honradas por mezclar ‘tabaco con heces de conejo’. Uno de aquellos guardias civiles se mostró tan hostil y agresivo con uno de los detenidos -puesto en libertad sin cargos- que el pobre hombre no ha vuelto a conciliar el sueño desde entonces. O el impresionante despliegue policial ante la Mutua de Accidentes de Canarias que se ha resuelto con el honor de los acusados mancillado y sin un delito probado.

Es posible que se pueda seguir presumiendo de la eficacia policial y seguro que encontraremos ejemplos de que tal cosa ha existido pero esto no obsta para que se corte de raíz actuaciones y comportamientos que no deben darse en un estado de derecho, castigando o suspendiendo de forma ejemplar a los que no actúan de manera recta. Caso contrario, se unirán a las muchas instituciones que están dejando hecha unos zorros su credibilidad en esta crisis, tal como la Corona, los distintos gobiernos, el poder judicial y hasta los medios de comunicación. Porque, y aquí viene lo extraordinario del asunto, nadie va a salir de este tiempo con su prestigio intacto pero nosotros aspiramos a seguir viviendo en paz.

Original publicado en ABC

Inconsistencia temporal


Los economistas suelen hablar de inconsistencia temporal cuando los gobiernos (y los particulares, a que no es el objeto del presente artículo) tienen incentivos suficientes para abandonar un plan óptimo a largo plazo reoptimizándolo de forma constante. Esto suele tener unos mejores resultados a corto plazo pero discutibles a largo.
Un ejemplo claro de lo anterior podría ser el de los dirigentes de un país que proclamen con rotundidad que no negocian con terroristas y secuestradores. Eso está bien, pues lo contrario daría lugar a que delincuentes actuaran contra ciudadanos de aquel país sabiendo que obtendrían jugosos resultados por su acción.
La inconsistencia temporal lleva a que, si hay secuestrados, el gobernante decida acceder a las peticiones del terrorista, porque aquí el plan óptimo sería evitar la muerte de sus conciudadanos.
En el caso del posible petróleo de Canarias muchos han creído ver un caso de «inconsistencia temporal» en las actuaciones de los partidos que sustentan al gobierno de Rivero. Sus pronunciamientos previos, su clamoroso paso a tesis contrarias sin siquiera ruborizarse, darían a entender que pretende establecerse una estrategia de la que pueda obtenerse del conocido como oro negro una buena tajada para los canarios y mejorar las condiciones de vida de una comunidad autónoma con el 34% de su población parada (en el caso de los jóvenes, el 70%; Grecia tiene al 55% de sus jóvenes en paro).
Si es así, nada que argumentar en contra, porque quizás las condiciones que puedan lograrse a largo plazo merezcan la pena, a pesar del ridículo estratosférico que se hace en el exterior con este tipo de planteamiento.
El problema es que desde la famosa foto de Rivero con los dirigentes de la organización ecologista radical Greenpeace en Presidencia del Gobierno, sus posibilidades para explicar un futuro cambio de opinión no son muchas.
Rivero ha decidido comprar aquel discurso y, de forma casi milimétrica al que exponían los Verdes contra el puerto de Granadilla, lo repite donde es requerido para ello. Por eso dice cosas que apenas casan con la realidad, intentando trasladar a la ciudadanía algunas ideas que son perversas en boca de cualquier persona, pero mucho más en el caso de alguien con su responsabilidad (¿?): «El PP defiende por motivos espurios la extracción del crudo».
Lo que nos lleva a una situación indigna, porque Rivero no puede adverar esa ocurrencia como tampoco puede presentarse como el único defensor de los intereses generales, que no son puestos en conflicto por un asunto como éste.
Tampoco tiene ningún pase afirmar que «Repsol pone en peligro 240.000 millones de euros», salvo para conseguir algún titular en sus periódicos de cabecera. Una cifra tan caprichosa como arbitraria, pues lo que hace es calcular lo que supone el turismo en nuestro PIB y multiplicarlo por 20 para afirmar que un vertido accidental acabaría con esa ingente cantidad de riqueza.
Es decir, si tal cosa ocurriese, todo el sector, todo, se vería reducido a cero durante veinte años. Con esto le alcanza para despreciar los 7.500 millones que afirma Repsol podría invertir en CanariasMás que un caso de inconsistencia temporal es uno de inconsistencia intelectual, lo que encaja perfectamente con Rivero y su gabinete.
Origianl publicado en ABC

2 de abril de 2013

'El gobierno es el problema'

Jorge Valín, autor de 'El gobierno es el problema', ha estado hoy en La gaveta, en EsRadio Canarias. Ha explicado algunas de las críticas que desarrolla con detalle en su recomendable libro. Audio disponible aquí Jorge Valín en La Gaveta