Hotel Oasis

La capacidad que tiene la sociedad canaria para inmiscuirse en propiedad ajena es realmente llamativa. No solo existen un montón de normas que tienen a su disposición burócratas y políticos de toda laya y que son usadas para generar una escasez artificial, sino que cualquier colectivo e incluso medios de comunicación puede instar la actuación gubernamental sin aparente dificultad. Todo este ejercicio de planificación que pasa por el alto su esencia: es la supresión que hacen las autoridades de los planes de otras personas, imponiéndoles un plan colectivo creado por burócratas, armados con la fuerza de la ley y, por supuesto, exentos de pagar los costes que estos planes colectivos suponen a los individuos. Bastiat decía que todos los planificadores son iguales, lo que cambian son los planes. Y efectivamente, da igual que sean arquitectos, miembros de academias de las bellas artes, políticos o periodistas, aquí todo el mundo parece que tiene un plan que, encima, cuenta en público. ¡Qué impudicia!

Tal es lo que ocurre con el Hotel Oasis en el sur de Gran Canaria. Su empresa propietaria, acogiéndose a una norma que ninguno de los «abajo firmantes» impugnó, pretende demolerlo para crear uno nuevo,más acorde con los tiempos y demandas de sus clientes, invirtiendo la nada desdeñable cantidad de 46 millones de euros, en unos momentos en que nadie o casi nadie quiere hacerlo aquí. Surgen algunas voces que pretenden impedirlo, diciéndole al propietario qué tiene que hacer con el inmueble para evitar que su valor histórico desaparezca. Incluso, un editorial periodístico apuntaba que la solución pasaba por buscar compensaciones a los propietarios por esas limitaciones a sus planes iniciales, en «aras de la integridad de esta gran pieza hotelera, en la que tantos grancanarios, peninsulares y europeos han tenido vivencias memorables». A decir verdad, todos estos asuntos emocionales son meramente subjetivos, incluso la de aquellos que defienden que será una pérdida irreparable para el patrimonio cultural por su importancia como uno de los principales ejemplos de la arquitectura moderna de Canarias, junto a algunos edificios más. Uno de ellos, por cierto, el Cabildo de Gran Canaria, que no parece que sea el mejor ejemplo de actuación a seguir tras su remodelación.

Disgusta a gente tan sensible que las infraestructuras hoteleras sean de usar y tirar, como si un empresario hiciera otra cosa distinta que satisfacer necesidades presentes y futuras en un mercado dinámico y cambiante. Sin embargo, si tan convencidos están de que merece la pena salvar el Hotel Oasis, el mercado les otorga una solución que deberían considerar urgentemente: el periódico, los periodistas, los arquitectos y miembros de academias varias deben dejar en paz el dinero de los contribuyentes y lanzar una cuestación popular desde el mismo diario, poniendo ellos dinero y convenciendo a los demás para que lo hagan hasta poder comprar el inmueble. Eso es lo que debe esperarse de quienes creen defender un fin noble, que sean consecuentes con sus acciones y asuman la responsabilidad de sus actos. Todo lo demás, ganas de importunar en una tierra con el ¡¡¡¡34%!!!! de paro.

Publicado originalmente en ABC

Trastornos

La fe que profesa Paulino Rivero en la fuerza de la ley es digna de encomio. Es lo que pasa cuando uno lleva muchos años dedicado en exclusiva a una actividad, que entiende que nada ni nadie puede oponerse a un fin, máxime si éste resulta inobjetable. Por eso ha decidido crear un nuevo órgano, pomposamente llamado «Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos», encargado de resolver los problemas que la propia burocracia ha ido creando en los últimos treinta años de expansión administrativa.

Resulta llamativo leer las apenas tres páginas del BOC en el que se anuncia su nacimiento y la exposición de motivos para hacerlo. Admite que «el esfuerzo realizado desde el Gobierno de Canarias (...) resulta lastrado por la complejidad de los diferentes procedimientos administrativos relacionados con los proyectos de inversión». Esto es, el gobierno reconoce la existencia de disfunciones creadas por su propio funcionamiento ordinario, pero para evitarlo no opta por reducir la reglamentación que lo provoca y fomenta, sino decide crear un comité que estudie qué proyectos pueden ser tratados de manera distinta por la misma administración, introduciendo arbitrariedad en el proceso, lo que nunca resulta ser una buena idea.

¿Cuáles serán esas actividades que se salvarán del engorro administrativo? En el artículo 3 de la norma se dice que aquellas de especial relevancia cuantitativa o cualitativa del proyecto de inversión, en la generación de empleos, o de áreas estratégicas que Rivero y su gabinete repiten como pájaros enamorados: energías limpias, innovación, nuevas tecnologías, nuevas áreas de actividad de alto valor añadido o captación de inversiones externas. ¿Qué pasará con los proyectos que no cumplan estos caprichosos requisitos gubernamentales? Seguirán sometidos a una reglamentación tan soviética como caprichosa, empeñada en que no bajen de diez los años que sean necesarios para poner en marcha un campo de golf o un puerto deportivo. Todo esto con un 34% de paro.

Escribió Anthony de Jasay que «interés general es aquel que los políticos dicen que es interés general». Todo este tipo de medidas tratan de hacer creer a la ciudadanía que lo que necesitamos son apuestas del gobierno por sectores estratégicos, en vez de intentar cambiar la forma en que nos ven desde fuera, convertirnos en un lugar amigable para hacer negocios, donde se respeten derechos de propiedad, la administración no tenga una capacidad arbitraria en su actuación ni consideren que puede ofrecerse a los elegidos un seguimiento centralizado (¡ay!) y una interlocución unificada del máximo nivel. Probablemente, esto último sea cierto, a fin de cuentas es el propio presidente quien se ha puesto al frente del mismo comité, quien -confiado en sus capacidades- lo mismo asume la política turística que preside un organismo encargado de señalar con un su infalible dedo y olfato empresarial a los llamados a alcanzar la gloria. O, como decía Ortega y Gasset, «el retorno a la causa del trastorno».

Original publicado en ABC

Obligaciones

UN llamativo titular de primera en un diario canario decía: «La crisis obliga a los canarios a viajar menos». No existe tal cosa como una obligación de viajar, pero hemos llegado a tal punto en los considerados derechos que cualquier cosa constituye uno. Los ciudadanos hacen elecciones que llevan implícitas renuncias, de tal suerte que cuando uno compra un kilo de carne está dejando de comprar igual cantidad de pescado (si sus precios fuesen similares). Por tanto, si una persona deja de viajar es porque asigna un valor menor a esta opción ante los usos alternativos que puede dar a su dinero. Por ejemplo, en vez de salir de vacaciones se queda en casa o tal vez prefiere pasar su descanso en su isla antes de coger un avión y abandonar el Archipiélago, pudiendo existir tantas opciones como personas.

Obsérvese que la noticia dice que la crisis nos hace viajar menos, no que hayamos dejado de hacerlo; de hecho, quienes siguen viajando probablemente asignen a la opción de viajar un alto grado en sus escalas de preferencias personales, siendo otros productos o servicios los que se vean «obligados» a dejar de consumir. No hay nada extraño en ello, salvo el titular de periódico, convertido en un poderoso incentivo para que venga un político a proclamar que nuestra singularidad archipielágica merece una atención especial y que los canarios estamos viendo cercenar nuestro derecho a viajar.

Sin abandonar el sector aéreo, un columnista considera que es una mala noticia la inminente desaparición de Islas Airways, porque consolidará un monopolio en manos de Binter. Observa quien escribe que los monopolios nunca son buenos, ni siquiera aquellos que hacen bien las cosas. Esto es un error considerable porque los monopolios los pueden otorgar los consumidores premiando precisamente la pericia del operador y nada podrá objetarse. Tampoco cabe reprensión ante aquellos empresarios que aspiran a convertirse en monopólicos siempre que lo hagan satisfaciendo los deseos de sus consumidores, en una relación «win-win» donde clientes y empresas ganan. Son los monopolios otorgados por los políticos los que nunca son buenos, porque precisamente los clientes son su mercado cautivo ignorando sus preferencias y el operador se beneficia de prerrogativas y tratos de favor que impiden la aparición de nuevos competidores.

En el caso que nos ocupa, lo importante no es el número de compañías aéreas presentes, sino que las reglas sean los suficientemente abiertas para que si en algún momento Binter dejara de prestar el servicio que viene ofreciendo, se creara una oportunidad competitiva para quien desee aprovecharla. Sin embargo, en Canarias hemos apostado por machacar al operador dominante al margen de los gustos de los clientes, primando la irrupción de competencia generada ex profeso y de la mano del propio Gobierno, hasta el punto de conseguir que el consejero Berriel actúe las más de las veces como portavoz de Islas Airways, incluso en el feo asunto del fraude con los certificados de residencia.

Original publicado en ABC