Impertinencias relacionadas con el pensamiento políticamente correcto de periodistas y políticos de las Islas Canarias



18 de septiembre de 2012

Cerrar el círculo


Da la sensación de que el carácter de Paulino Rivero se va agriando poco a poco. Sus poco meditadas respuestas a las críticas del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, enmarcándolas en una estrategia común con el PP, son tan disparatadas como es usual pero añaden un elemento de preocupación. Descalificando se evita entrar a debatir, acaso lo que pretenden desde el Gobierno. No parece acertado desconsiderar juicios de terceros o atribuirlos a una malévola influencia del ministro Soria, colocando a quien la emite en una posición incómoda como ariete de una visión partidista concreta o cometiendo un delito de lesa patria. Por ahí no debemos pasar puesto que existen motivos suficientes para el reproche a este gobierno empeñado en tener una economía planificada de nuevo cuño pero con los resultados conocidos de pobreza y resignación.
No hay nada pro PP en decir que no es aceptable que un proyecto para construir un campo de golf tarde 10 años en salir adelante o que un muelle deportivo precise de 15 años. Es más, inversiones mimadas por ser políticamente correctas y generosamente subvencionadas, tal es el caso de las energías renovables, requieren de dos años de intenso trabajo administrativo. No resulta extraño que, mientras vemos que Cataluña lanza Barcelona World o Madrid acoge Eurovegas, en Canarias no se abre un hotel nuevo desde el año 2008 y no parece que nadie de fuera tenga la más mínima intención de invertir en este paraíso de la burocracia. ¿Criticar esto es defender la bandera del PP? ¡Ojalá los populares y el resto de partidos con poder suficiente fuesen capaces de acabar con tan delirante situación!
Claro que Rivero también afirma que «lo que quieren los empresarios es que no exista control alguno, que se pueda hacer lo que se quiera en el territorio aprovechando la situación de crisis o la promesa de crear empleo». Doble melonada pues nada de esto se dice en el documento citado, pero lo sustantivo viene en la segunda parte del argumento presidencial, explicando que la crisis es una excusa cuando más bien devora nuestros escasos recursos y ha colocado nuestra tasa de desempleo en el 33%. Conviene repetir la pregunta de los empresarios: ¿Cuál es el límite que están dispuestos a alcanzar de canarios sin empleo antes de ponerse a trabajar?
Parte de los problemas de las islas están propiciados por la cegata forma de entender las cosas del propio Rivero. En una entrevista radiofónica afirmó que entiende que algunos ciudadanos quieran más sanidad o educación privada, pero que Canarias «no es Euskadi o Cataluña donde las rentas son más altas y las personas tienen más opciones de elegir». Demuestra que, al contrario de lo que proclama, no entiende nada. Los países no tienen generosos estados del bienestar y luego se desarrollan sino que sucede lo contrario. Primero crecen económicamente y posteriormente se han ido dotando de ciertos servicios más o menos universales. Confundir la sincronía demuestra que Rivero es más parte del problema que de la solución, por más que pretenda seguir cerrando círculos.

5 de septiembre de 2012

Burbuja administrativa


Un lamentable artículo de una información digital aportaba una cifra que pronto se descubrió falsa. En España, según “El aguijón”, hay más de 440 mil políticos profesionales. Una revisión de los datos ya advertía que aquello no cuadraba excesivamente y pronto fueron descartadas por inveraces mientras los políticos y quienes les escriben encontraron la forma de establecer una teoría general. Aunque en España no hay manera de determinar con precisión el número de políticos existentes, lo importante para aquellos era que la cifra se había exagerado a conveniencia con el fin de crear un cierto clima de cabreo. Lo sustantivo nunca se debate en nuestro país.
La discusión no puede centrarse solo en si son muchos o pocos los políticos que pagamos, más bien si son los que necesitamos y, todavía más, si mandan mucho sobre muchas cosas. Ese es el tipo de debate que deberíamos mantener. Por eso yerra Rajoy cuando plantea que se reducirán un 30% los concejales, muchos de los cuales no tienen apenas coste para las arcas públicas. Lo realmente importante sería reducir un 30% o más sus actuales competencias.
España es un país en el que demasiadas personas dependen de un resultado electoral. Quizás no, contrariamente a lo que decía el artículo de marras, investigadores científicos, pero sí hasta los gerentes de los hospitales. Ello explica las enormes reticencias que despierta afrontar una verdadera reforma administrativa que permita dotarnos de los entes que nos convengan a los ciudadanos, no a los políticos. Los que necesitemos y podamos pagar porque no parecen muy conscientes de que hasta la fecha hemos tenido que sufrir las burbujas financiera, inmobiliaria y administrativa que en este país se han cebado con los ciudadanos. Burbujas que tienen muchas características en común, no siendo la menor la negación expresa por parte de los políticos en los inicios de cada una de ellas. ¿Para qué ha servido la comisión que ha creado el presidente Rivero con el fin de reformular nuestra administración? Su punto de partida es que no sobran organismos ni personal público. ¿Podría esperarse sensatamente algo? Nueva York tiene 8 millones de habitantes y 51 concejales, cifra que aquí se conseguiría sumando apenas los dos principales ayuntamientos de los 88 que tenemos. ¿No hay un punto medio sobre el que llegar a un acuerdo?
Negar que tenemos muchos políticos con el pueril argumento de que una publicación infló su cifra —ante la ausencia de datos oficiales— no resuelve el problema, lo agrava. Definamos competencias, incluso fijemos qué cargos son políticos por más que no sean electos y evitemos el penoso espectáculo de negar que los gabinetes de prensa, por ejemplo, son parte del mismo ecosistema. Solo tienen que comprobar el “hooliganismo” de algunos en Twitter para entender hasta qué punto se han mimetizado con la casta política. Han dividido la sociedad en dos partes incompatibles, aquellos que pagamos esforzadamente los impuestos y quienes viven opíparamente de ellos. Y no se podrá mantener igual mucho tiempo.


Incendios y propiedad privada


Los políticos canarios siguen empeñados en aumentar su muy acreditada fama de no dejar pasar oportunidad alguna para hacer el ridículo. Mientras las islas ardían, unos por los otros se reprochaban acciones y omisiones sin fin. Película ya vista muchas veces, casi tantas como las de Cantinflas en la Televisión Canaria.
Con esa estomagante cantinela se pasan por alto algunos asuntos que parecen esenciales, tan solo uno preste atención a los técnicos en la materia. Por ejemplo, el fuego es parte misma de los ecosistemas, existiendo una tasa natural de incendios que haría recomendable aprender a convivir con ellos. En la década de los 60 se quemaban aproximadamente las mismas hectáreas que hoy, solo que entonces eran más pequeños y numerosos, mientras que ahora son menos habituales y más pavorosos. ¿Por qué? Varios son los motivos que podrían explicarlo. Los propietarios de entonces tenían poca confianza en la aparición de un helicóptero salvador si se iniciaba un fuego y se encargaban personalmente y sin trabas administrativas de la mejor adaptación de su propiedad a las eventualidades. Es lo que hace la propiedad privada por el medio ambiente. Hoy no es así y la gestión burocrática les impone rellenar una infinidad de papeles y el pago de tasas por efectuar cualquier acción en una propiedad rebajada a rango de concesión administrativa por unos gobernantes que la subordinan al cumplimiento de una función social, que ellos mismos determinan.
No se diría toda la verdad sin aceptar que también explica la diferencia anterior la propia eficacia de los medios disponibles. El hecho de que los conatos puedan ser de inmediato controlados permite que se acumule biomasa para futuros incendios.
Ya que tenemos que vivir expuestos a la posibilidad de incendios (solo a un político se le ocurre pensar que un riesgo próximo a cero es algo que se pueda alcanzar), hay algunas convenciones más que convendría refutar. Por un lado, no es cierto que los inviernos secos sean favorecedores de incendios en verano y sí parece que ocurre justo lo contrario, esto es, que los inviernos húmedos aumentan las probabilidades de tener peores incendios en los veranos siguientes. Por otro, los vecinos respiran aliviados cuando ven aparecer los helicópteros, por más que su eficacia en los peores momentos del fuego sea más que cuestionable, si bien son útiles en la primera fase y cuando se precisa enfriar el terreno para permitir la entrada de cuadrillas. Lanzar 1.500 litros de agua sobre una llama viva bastante tendría con no evaporarse antes de llegar al suelo.
Con lo anterior podría deducirse que, más que una base permanente de hidroaviones en Canarias, lo que necesitamos es una mejor gestión de los montes en invierno (incluso con quemas prescritas), una menor burocracia, unos derechos de propiedad mejor definidos y sin interferencias, así como una mayor y ejemplar condena a los pirómanos que, de forma premeditada, prenden fuego a nuestros bosques en verano con total desprecio a los bienes y vidas de terceros.